Un grupo de activistas sociales y organizaciones de derechos humanos reclaman, desde hace años, que, a la base naval 'Capitán de Corbeta Ernesto Motto', ubicada en el balneario de La Paloma, en el departamento de Rocha, le sea cambiado el nombre, por considerar que es reivindicativo del terrorismo de Estado.
El golpe de Estado en Uruguay, oficialmente se inició el 27 de junio de 1973, pero como ha demostrado la reconstrucción histórica, no solo de la dictadura uruguaya, sino de las dictaduras del cono sur en general, las operaciones represivas, las listas negras, las tareas de inteligencia sin orden judicial, los allanamientos irregulares, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios bajo apremio y otras modalidades persecutorias y subversivas, llevadas a cabo por miembros desviados del Estado, comenzaron a desarrollarse sistemáticamente un tiempo antes.
Quizás, el elemento más representativo de este periodo nefasto sea, precisamente, la existencia -en el período predictadura- de los escuadrones de la muerte. Estos grupos operativos y tácticos, estuvieron compuestos, en general, por elementos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, entreverados con agentes de inteligencia de varias nacionalidades; grupos que fueron organizados y entrenados por fuerzas militares extranjeras, que respondían a sectores concentrados con fuertes intereses económicos y políticos en la región. Su dinámica, como ha sido demostrada en los numerosos juicios de lesa humanidad, llevados en múltiples países en el mundo, destacando los procesos judiciales argentinos, fue tendiente a cumplir objetivos desestabilizadores a nivel institucional, político y cultural. Las operaciones realizadas estaban hechas en base a tareas de inteligencia, espionaje, secuestros e interrogatorios bajo apremio. Como está demostrado, muchos de estos grupos, además de consolidarse como escuadrones de exterminio, se abocaron a realizar tareas propias de la criminalidad organizada, como los secuestros extorsivos y el contrabando, entre otros numerosos delitos.
Estos escuadrones de la muerte, comenzaron a operar sistemáticamente en Uruguay a mediados de la década del 60. Según informes desclasificados del gobierno de los EEUU, la Embajada norteamericana en Uruguay, había informado, en 1972, sobre la existencia de estos grupos, los cuales se encontraban operativos desde 1966. El informe los responsabiliza de las desapariciones de Abel Ayala y Héctor Castagnetto en julio y agosto de 1971 respectivamente. Además, los responsabilizaba por los asesinatos de Manuel Ramos Filippini en 1971 y de Ibero Gutiérrez en 1972.
El 'Comando Caza Tupamaros', se organizó con el objetivo explícito en su nombre: detectar e individualizar a los miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-Tupamaros) y anularlos. Las operaciones de inteligencia afectaron a miembros de la agrupación guerrillera y a personas satélites de estas. Secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones fueron las consecuencias directas de la operativa del escuadrón, que fue constituido oficialmente en 1971 por el exsubsecretario del Ministerio del Interior Carlos Pirán, quien a través del agente Nelson Bardesio conformó un grupo compuesto por los agentes Alberto Quinalbar Sosa, Hernán Silvera Techera, Estanislao Lamenza Castro y Oscar Rodao, todos dependientes del ministerio. Este grupo operó directamente vinculado al Estado Mayor Naval. Aquí, en este momento de la historia, entra en el escenario de operaciones Ernesto Motto. Su función, era oficiar de enlace entre ambos estamentos del Estado.
El 24 de febrero de 1972, el MLN, secuestró a Nelson Bardesio y consiguió, que describiera la forma en la que se había orquestado y organizado el grupo. A partir de esta declaración que se conoció popularmente como las 'actas de Bardesio’, y que fueron leídas en el congreso a mediados de abril de 1972, el MLN-Tupamaros, organizó la serie de atentados contra los miembros del escuadrón de la muerte, que tuvieron lugar en la jornada del 14 de abril de 1972, donde las fuerzas represivas contestaron con máxima violencia, fuera de todo procedimiento legal, realizando allanamientos y ejecuciones sumarias en numerosos puntos de Montevideo. Este día, daría pie a la declaración de 'estado de guerra interno', bajo el cual se iniciarían los procesos que decantarían en la etapa militar de la dictadura.
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, consideró, ya en 2009, la existencia de este escuadrón de la muerte, su constitución, su dinámica y su lugar dentro del organigrama represivo. Además, Perciballe, le dio estatus de imprescriptibles al considerarlos delitos de lesa humanidad. Los crímenes cometidos por este grupo, entre 1971 y 1972, tienen la particularidad de ser previos a la declaración formal del golpe de Estado, y por tal motivo no están contemplados por la ley de caducidad, la cual impide, contra todo derecho internacional, el enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros el Estado.
Aquella mañana del 14 de abril de 1972, durante la avanzada del MLN, se dio muerte a Ernesto Motto. Su deceso, fue considerado desde entonces por los sectores de la Armada Nacional, como un estandarte de los caídos contra “guerra antisubversiva”. Poco más, se podría considerar, que desde estos sectores tienen a Motto como un ejemplo a seguir.
Motto, junto a los demás miembros del ‘Comando Caza Tupamaros’, secuestró, torturó, asesinó y desapareció de manera ilegal y extrajudicial a ciudadanos que estaban amparados por derechos constitucionales. Estos aberrantes crímenes fueron realizados en línea y en coherencia con un mando militar y civil que dispuso el macro proyecto político y económico que asoló, y asola, la región.
La primera reivindicación de estos crímenes la realizó Juan María Bordaberry, el 5 de junio de 1973, aún en “democracia”, cuando por decreto determinó que la base naval del balneario La Paloma tomara el nombre 'Capitán de Corbeta Ernesto Motto'. El 13 de setiembre de 1994, estando nuevamente en “democracia”, durante la gestión de Luis Alberto Lacalle, padre del actual del actual presidente, el Parlamento dio carácter de ley a aquel decreto de Bordaberry. El Parlamento uruguayo, compuesto por blancos, colorados, frenteamplistas y demás, convirtió en “ley”, la reivindicación del terrorismo de Estado.
Este gesto, perdura hasta hoy. En un contexto donde fuerzas políticas del extremo derecho, acompañados por sectores de la ciudadanía, buscan nuevamente discutir la libertad de los presos (más vale decir represores), condenados por crímenes de lesa humanidad. Estos gestos, que parecen insignificantes, se convierten en significativos.
Significativos, porque demuestran la debilidad, la indulgencia y la fragilidad de un Estado, que se disfraza de democrático frente a genocidas que avasallaron, no solo el derecho sino también a la sociedad, de manera déspota. El mismo Estado que luego, con todo el rigor de la ley, llena las cárceles de jóvenes por delitos que, aunque condenables (en los casos que tienen condena) no son en ninguna manera comparables con los de los represores que actuaron a conciencia, y que hasta el día de hoy no muestran remordimiento alguno, negándose sistemáticamente a colaborar con la justicia.
Es importante considerar que estas personas, que no han realizado ningún intento conciliatorio con la sociedad a la que han agredido y ofendido tienen, por regla general, una convicción dogmática y operativa, que no debemos dejar de lado al momento de analizar estos temas.
Hagamos un paralelismo: Diría el fiscal italiano Nino Di Matteo, refiriéndose a la posibilidad de liberar a los detenidos mafiosos, condenados por actos terroristas: “Si ese asociado no da una señal clara de cambio y no demuestra una voluntad efectiva de alejarse para siempre de la asociación, ese soldado seguirá siendo, a los ojos de Cosa Nostra, uno de sus miembros para siempre”. Esto quiere decir que, para la organización, y para el “soldado”, que la pertenencia al sistema criminal es perpetua, lo que implica una operatividad directa. ¿A qué se dedican los represores prófugos de la justicia durante su libertad? ¿A qué se dedica un asesino, torturador, espía, secuestrador y violador durante sus ratos “libres”?
No nos engañemos, mientras los responsables, civiles y militares, de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la etapa militar de la dictadura estén libres, y por lo tanto operativos, la dictadura continúa su curso.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos, no evocan el desmantelamiento de las estructuras militares: exigen su democratización, lo que significa devolverle la dignidad a estas fuerzas.
Vergüenza, debería sentir un ciudadano, que se une por convicción patriótica y solidaria a prestar servicio en las fuerzas armadas o de seguridad, al tener que estar sometido a las lógicas criminales, y por qué no mafiosas, que se esconden a la vista en las instituciones del Estado. Vergüenza deberían sentir los legisladores y demás actores sociales que hoy, a través de artilugios y “medias democracias”, no hacen otra cosa que reivindicar el terrorismo de Estado.
--------------------
*Foto de portada: lapalomadiariodigital.com