¿Es en serio? Existe una agrupación de familiares de terroristas de Estado, exfuncionarios y militares, que en la época de la dictadura civil militar atentaron contra cientos de personas, matándolas a tiros, haciéndolas sufrir hasta la muerte, cometiendo abusos sexuales y otros delitos dignos de una película de terror. A pesar de ser gente violenta, sádica y cruel, las familias crearon una organización: "Familiares de prisioneros políticos" -sí, así le llaman- para recopilar argumentos y hacer lobby, no solo para liberarles de la prisión, sino también y sobre todo, para asegurarse de que ninguno de los “pobres viejitos” -palabras de la escritora Mercedes Vigil- tenga que padecer el escarnio de terminar en prisión.
"Tengo formación católica y están escritos en la base de nuestra civilización el perdón y la prescripción, que es otra forma de perdón", dice el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que, aunque no va a la iglesia, recuerda claramente los fundamentos del buen cristiano. Para él es importante lograr que no se juzgue más a los responsables de las razias y desapariciones, porque ya pasaron muchos años y hay que pasar a una nueva etapa como país: "No digo que entierre ni olvide, pero sí que perdone", declara.
El otro proyecto de ley que presentó en el Parlamento es, el que el Foro de Montevideo -un grupo de ciudadanos, encabezado por la escritora Mercedes Vigil- acompañó, presentando en Presidencia el pasado 8 de noviembre una carta donde sus integrantes solicitaban la liberación de los presos de la cárcel de Domingo Arena, ancianos de más de 70 años de edad. Domenech, hábilmente, apuntó a buscar la creación de una ley que libere a todos los mayores de 65 años, con el argumento de que nos guían razones de orden humanitario.
Ambos proyectos, que el senador impulsó en representación de su partido, encontraron apoyo en los familiares, que fueron convocados por la comisión de Constitución y Códigos del Senado, para plantear su punto de vista acerca de la posibilidad de liberar a los presos de más de 65 años.
Ruth Ballestrino, la hija del coronel retirado Alberto Ballestrino, se presentó con lágrimas en los ojos el pasado 23 de noviembre ante la comisión del Senado, donde planteó que no entiende por qué su padre está preso, después de 48 años de la muerte por torturas, de Óscar Fernández Mendieta en mayo de 1973, cuando era solamente un alférez.
"Hay unas palabras que se dicen mucho y yo las comparto: verdad, justicia y memoria", dice Ballestrino en defensa de su padre y del resto de criminales de lesa humanidad que lo acompañan en el centro de reclusión penitenciaria de Domingo Arena: "Les pedimos a ustedes que, por favor, se fijen quiénes están en Domingo Arena", dijo a los legisladores.
La mujer, que es nieta del general Alberto Ballestrino, una de las grandes figuras del golpe de Estado en Uruguay e integrante de la logia tenientes de Artigas, señaló que los responsables de los crímenes son las autoridades, y que ya están muertos: "Soy arquitecta y, si pasa algo en la obra, yo soy la responsable. No es el peón que estaba ahí abajo", fue su argumento en favor del represor.
"Mi padre tenía 21 años, hoy tiene 70. Tiene marcapasos", agregó en su defensa.
"Creíamos que se iba a tomar en cuenta (...) quién tenía autoridad y quién no", remarcó.
A su entender, la aplicación de la ley interpretativa de la ley de Caducidad en 2011, que permite juzgar a criminales de delitos de lesa humanidad, fue el punto de partida de la injusticia que viven sus familias: "A partir de allí se abren todos los casos y empiezan todas estas causas, tipo cacería de brujas donde entran todos los nuevos presos, que son los que están ahora", fue su valoración.
Victoria Ubillos fue otra de las integrantes del movimiento pro represores, que se presentó ante la comisión del Senado. Su padre, Ariel Ubillos, se encuentra preso desde setiembre de este año por el asesinato de Hugo de los Santos en setiembre de 1973.
"No tenemos derecho a transmitirles a las futuras generaciones todo este odio y rencor", dijo Ubillos, defendiendo la postura de excarcelar a los represores que, como el padre, cumplen condenas con avanzada edad, décadas después de cometidos los crímenes. Particularmente Ariel Ubillos está siendo investigado, por abuso sexual y torturas junto a otros 99 militares, por un grupo de 28 expresas políticas, que desde 2011 esperan respuestas de la justicia.
Diego Flores, esposo de Victoria Ubillos, y representante del grupo de familiares de condenados por el terrorismo de Estado, asistió también a la comisión del Senado, donde planteó los intereses de la organización: "Lo que queremos es que se derogue la ley interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", aseguró.
Arremetida contra el fiscal Ricardo Perciballe
Ballestrino atacó al fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, a quien acusó de no tener pruebas para juzgar a los condenados.
"Él dice que el recuerdo de los denunciantes en las causas se construye en base a un relato colectivo y que la obtención de pruebas de hechos ocurridos hace más de 40 años es contraria a la lógica de un trabajo de investigación", y dijo que las acusaciones se arman con "un relato colectivo".
Recordando una entrevista de Perciballe, que Brecha le hiciera en agosto, aseguró que el fiscal "en lugar de admitir que no se tienen pruebas contra una persona, se concluye que debido a esa dificultad se debe flexibilizar la valoración de la prueba y condenar en base a indicios". En ese sentido, cuestionó la causa que responsabiliza penalmente a José Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez Ernesto Ramas y Ricardo Medina, por los asesinatos de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, a quienes se encontró muertos en Buenos Aires, junto a los cuerpos de Rosario Barredo y William Whitelaw.
"Hay unas palabras que se dicen mucho y yo las comparto: verdad, justicia y memoria. Sé que esas palabras se han tomado como una bandera de la izquierda, en contra del otro lado, por decirlo así", dijo Ballestrino, y finalizó: "Pero quiero decir que yo también creo en la verdad, creo en la justicia y creo en la memoria".
Pero la justicia, la memoria y la verdad, no tienen colores ni banderas. No responden a intereses personales, de logias, de fuerzas militares, de empresarios. La justicia, la memoria y la verdad, son valores que están por encima de las personas, y son la esperanza y la lucha que nos queda como sociedad; para ser justos con los que sufrieron, para no olvidar los abusos y crímenes, y para traer al conocimiento público la verdad de los hechos, que hasta ahora se han querido y se sigue queriendo silenciar.
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*Foto de portada: laizquierdadiario.com