Por Claudio Rojas, desde Chile-23 de noviembre de 2021

Pablo Marchant, militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue abatido por efectivos policiales el pasado 9 de julio, en supuesto enfrentamiento en el sector de Casa Piedra, en la ruta que une Tranapuente con Carahue, mientras realizaban una acción de sabotaje en contexto de recuperación territorial a Forestal Mininco (Grupo Matte). Como es de costumbre, la información emanada por el Gobierno habló de un supuesto enfrentamiento, al igual que con el asesinato de Yordan Llempi a manos de infantes de Marina, hace menos de un mes en Cañete (Región del Biobío). 

Los hechos

Han pasado cuatro meses y la familia de Pablo Marchant denunciaba que hasta ahora aún no había avances en la investigación que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía. Debido a las dudas de la familia respecto al resultado de la autopsia, en octubre pasado el abogado Rodrigo Román contactó al doctor Bernardo Morales, exjefe de Tanatología del Servicio Médico Legal (SML), para la realización de un segundo peritaje con el objetivo de corroborar lo descrito en un informe anterior.

El abogado detalla varios puntos que plantean baches en la investigación. Primero considera que el SML ha dado varias muestras de falta de profesionalismo en la rigurosidad de sus trabajos en los últimos años, existiendo fundadas sospechas de que no fue un solo impacto de proyectil el que terminó con la vida de Pablo Marchant, sino que hubo un segundo disparo.

Un “Preinforme Metapericial Forense Criminalístico”, realizado por el tanatólogo Bernardo Morales, revelaría que el impacto de bala fue “con apoyo del cañón en el punto de entrada del proyectil balístico” y en posición de ejecutado.

Después del asesinato de Pablo Marchant a manos de Carabineros, tanto la PDI como la Fiscalía fueron incapaces de entregar certezas sobre su deceso. La investigación sobre el asesinato de Pablo Marchant permanecía estancada, sin resultados concluyentes desde el SML, y tampoco desde los sumarios al interior de Carabineros.

Testimonios

El abogado de la familia, Rodrigo Román, explicó al medio Resumen que: “Pudimos confirmar que estamos en presencia de una ejecución extra judicial, que consistió en un disparo con apoyo en la cabeza. El primer impacto lo hiere en el brazo y el segundo es derechamente un disparo con apoyo en la nuca que significó su instantánea muerte”

Sobre la posible ejecución de Pablo Marchant, el abogado enfatizó en que, “lo curioso, por decir lo menos, es que esta información no fue levantada por el SML de Temuco, que fue el que practicó la autopsia el mismo día, tampoco por la Fiscalía, si no que fue gracias a un meta peritaje encargado por la familia, y a cuatro meses se revela que ni por lejos fue la mentira del falso enfrentamiento, sino que lo que aquí ocurrió, fue una ejecución”.

Las pericias del médico habrían arrojado además que “por la posición de las piernas él habría estado de rodillas y recibió el disparo con apoyo en su cabeza con una escopeta». Román agregó que «resulta increíble que en 2021 comprender tanta bestialidad, tanta cobardía”.

Con esta nueva información, el abogado declaró: “Luego de haber recibido esta impactante información y en temas estrictamente jurídicos, lo que debe pasar es que el Ministerio Público asuma su responsabilidad de hacer síntesis y proceder en principio a la formalización, al menos, de los autores de los disparos y eventualmente de todos quienes resulten responsables, como autores o encubridores”.

“La policía chilena ejecuta a una persona de rodillas. Esto es despreciable moralmente, y condenable judicialmente (…). Como intervinientes nos importa que el foco esté en que se establezcan las circunstancias en las que ocurrió esta ejecución extrajudicial, un asesinato por agentes del Estado sin un proceso judicial. El paso a seguir con el pre informe, es solicitar a Fiscalía que proceda con la formalización, y que se ventile un juicio oral para determinar las responsabilidades. Estos cuatro carabineros siguen en funciones ya que no han sido formalizados”, concluye Román.

Miriam Gutiérrez, madre de Pablo Marchant detalló: “Las irregularidades se dieron desde el primer minuto. Primero, no me llamó nadie de Fiscalía, Carabineros o la PDI, para informarme que era a Pablo a quien habían matado. Quienes me informaron a mi fueron las comunidades. Luego, llegando al SML, no me dejaron ver el cuerpo, tampoco me dejaron estar en la autopsia, pese a que a él le aplicaron el protocolo de Minnesota que dice que debe haber si o si un familiar presente”.

Las excusas desde el SML, para impedir que la propia madre del comunero pudiese ver el cuerpo fueron “que estaba irreconocible y que posiblemente no se iba a poder velar con el ataúd abierto, después que teníamos que esperar a que la doctora saliera y cuando salió ya se había hecho la autopsia y me explicó que Pablo tenía su cara intacta. En la autopsia habían más de cinco personas, entonces ¿Por qué se me negó a mí la entrada? Tampoco me dejaron vestirlo, por último, despedirme de él, tampoco me dejaron”, según indicó.

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*Foto de portada: nodal.am