Asesinatos y secuestros a cuatro días del golpe de Estado en Argentina
 
Por Andrés Volpe desde Argentina-27 de octubre de 2021

Era el 29 de marzo de 1976 y el Comité Central del PRT-ERP se encontraba a punto de comenzar una reunión urgente: habían pasado cuatro días del golpe de Estado y la agrupación político- militar necesitaba un plan. El hecho aconteció en una quinta ubicada en Moreno, zona oeste del conurbano bonaerense, conocida como 'La Pastoril'. Pero no llegaron ni a empezar: cerca del mediodía un operativo ilegal del Ejército y de la Policía bonaerense interrumpió a los tiros: siete militantes fueron asesinados y otros ocho secuestrados, trasladados a diferentes centros clandestinos de detención y torturados; solo sobrevivieron cuatro, entre ellos quien entonces era un niño de siete años.

Por este baño de sangre, el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín comenzó a juzgar este jueves a cinco militares y a tres policías, todos retirados, por este operativo ilegal que nucleó al Ejército y a la Policía bonaerense.

Rodolfo Ortiz estaba en ese momento entre los que participaban de la reunión a la que acudieron miembros de la cúpula del PRT-ERP y algunas agrupaciones aliadas, como el MIR de Chile, con el objetivo de analizar lo acontecido, a cuatro días de haber comenzado el golpe, y cerrar filas políticas, según los testimonios. La idea era que todo pareciera una reunión entre amigos. El domingo jugaron a la pelota y comieron todos juntos. El debate político se realizaría el día lunes. Hablaron un poco de mañana y almorzaron. Por la tarde mientras se predisponían a descansar un rato antes de volver a las tratativas el lugar y la reunión ya estaban en la mira del Ejército. La alerta de huida, vino de los compañeros que estaban de campana. Pero ya era demasiado tarde y estaban rodeados. 

La masacre arrojó las muertes de los militantes María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Víctor Hugo González Lemos y Ruperto Méndez, en La Pastoril, cuyos cuerpos fueron trasladados a la Comisaría 1ra de Moreno, inhumados sin identificar en el cementerio local y décadas después, hallados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Otras siete personas fueron secuestradas: Leonor Inés Herrera, Juan Domingo del Gesso, Héctor Osvaldo Villarreal, Carlos Guillermo Gerónimo Elena y Rodolfo, la pareja de Viviana, que habían participado de la reunión en la quinta; Benigno Gerardo Tomadoni y Mariana Alba Pinault eran dos vecinos que se habían acercado al lugar para ver qué estaba pasando, que fueron detenidos ilegalmente y torturados en la Comisaría 1ra de Moreno. Ortiz, Herrera y Del Gesso fueron vistos en el centro clandestino de detención Cuatrerismo/Puente 12. Los dos primeros fueron asesinados, el tercero permanece desaparecido, al igual que Elena. Villarreal fue llevado supuestamente al Batallón Logístico X de Villa Martelli y posteriormente a diversas Unidades Penitenciarias hasta recuperar su libertad.

Entre los que tuvieron la suerte de escapar, figuran la dirigencia de la agrupación, Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Menna. Los militantes Juan Santiago Mangini, Nelson Alberto Agorio y Héctor Geraldo Chávez también lo hicieron, consiguieron un auto, pero no llegaron muy lejos. Fueron interceptados por la policía en las cercanías y se entregaron, aunque de todos modos fueron asesinados. Con ellos llevaban a Eduardo Garbarino Pico, un niño de siete años que estaba en la quinta. Las fuerzas lo llevaron a "una dependencia policial o del Ejército aún no identificada", cuenta el requerimiento fiscal de elevación a juicio, y luego dejado en una casa. Será uno de los testigos del debate.

Los primeros pasos en la investigación suponían que del operativo sólo habían participado efectivos policiales de la Comisaría 1ra de Moreno. Pero luego declararon varios soldados conscriptos de la época que dijeron que el Ejército estaba desde hacía días en la zona y revelaron que había una operación. Y se completó el cuadro. En el requerimiento fiscal, quedó establecido que participaron, al menos, la Compañía de Ingenieros 10 del Ejército, con asiento en Pablo Podestá, y la Compañía de Ingenieros de Agua 601 de la fuerza, con asiento en Campo de Mayo del Ejército Argentino, además de la Comisaría 1ra de Moreno, que prestó efectivos y funcionó como centro clandestino.

Existen elementos que permiten afirmar que lejos de haber sido un operativo casual y fortuito, el mismo obedeció a una planificación previa, sostiene el documento fiscal que pide juicio oral y público para los policías Julio Pérez y Juan José Ruiz, hoy retirados, al momento de los hechos efectivos de la 1ra de Moreno; y a los militares retirados Juan Carlos Jocker, Eduiardo Sakamoto, Juan Manuel Giraud, Carlos Alberto Guardiola y Héctor Alberto Raffo, jerarcas y segundas líneas de las compañías involucradas tras la investigación. 

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*Foto de portada: elcactus.com