Luego de 48 años, el represor y exintegrante de la OCOA (Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas) en la época de la dictadura, Armando Méndez, fue procesado con prisión, por el homicidio muy especialmente agravado de Gerardo Alter.
Méndez, que se desempeñó durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle como director de Aduanas, fue llevado a la cárcel el pasado jueves 21 por la jueza Silvia Urioste, que dictaminó la sentencia al represor.
Gerardo Alter, de 27 años, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores en Argentina, y se encontraba en Montevideo en intercambio de mensajes con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros). Fue secuestrado el 19 de agosto de 1973 en Camino Maldonado y Camino Veracierto, junto a Jorge Selves y a Walter Arteche, y trasladado al batallón de Infantería N°1 (Batallón Florida). Allí fue sometido a golpes y picana eléctrica, y murió esa misma noche producto de las torturas.
Secreto de Estado
El ministro de Defensa, Javier García, declaró como reservada la documentación sobre un Tribunal de Honor al que fue convocado Méndez, a raíz de un pedido de acceso a la información pública por parte de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. García declaró a medios locales que la totalidad de las actuaciones del Tribunal de Honor del teniente Coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban quedaban reservadas por un período de 15 años desde su clasificación.
La explicación del ministro fue que ese Tribunal contenía información de índole comercial, por lo que, dijo, no corresponde que yo lo divulgue.
Temas económicos y personales, en otros Tribunales de Honor sobre crímenes de la dictadura
Ignacio Errandonea en representación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos salió al cruce de las declaraciones del ministro García, señalando que, en otras oportunidades, Tribunales de Honor de militares como Manuel Cordero o a Gilberto Vázquez, fueron convocados por temas personales o comerciales, y ahí surgieron informaciones vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura militar.
Justamente, lo que trascendió en los medios locales fue que la citación a Méndez al Tribunal que ahora se declara confidencial, surgió a partir del Operativo Conserva, una maniobra que implicaba la exportación a Argentina de ganado en pie para fabricar corned beef y traerlo nuevamente a Uruguay para exportarlo. El negociado involucró en su momento a personajes como Gregorio “Goyo Álvarez y empresarios del sector frigorífico de la época. En ese entonces, Armando Méndez era el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), y habría sido llamado a declarar al respecto.
El Operativo Conserva fue uno de los delitos económicos más graves cometidos en la época de la dictadura, e implicó una pérdida para el Estado de más de 12 millones de dólares. El caso también involucró a la esposa de Álvarez, Rosario Flores, que integraba el directorio de varias empresas frigoríficas, y Enrique Tarigo, en ese entonces director del Frigorífico Carrasco, entre otros.
No es la primera vez, explicó Errandonea, que se clasifica información de Tribunales de Honor con este argumento.
La ley 18.381 sobre el derecho de acceso a la información pública, en el artículo 12 es muy clara al hablar sobre derechos humanos: (Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos). Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiere a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos. (*)
¿Habrá que esperar hasta el 2036 para conocer la información, cuando ya todos los represores, torturadores y asesinos, estén muertos?
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*Foto de portada: Memoria Plenaria y Justicia