La Corte Suprema anuló la prisión domiciliaria del exministro pro dictadura Jaime Lamont Smart

Por Andrés Volpe, desde Argentina-22 de octubre de 2021

Desde la comodidad de su elegante domicilio de la calle Libertad en Buenos Aires, durante el proceso de reorganización nacional, Jaime Lamont Smart alias “Jimmy”, estuvo dedicado a sugerirles a sus compañeros del regimen dictatorial que resguarden información sobre lo sucedido, hasta el año 2040. La macabra lógica es simple, los criminales no estarán vivos para entonces y los familiares de sus víctimas, tampoco.

“Papá está recomendando a los que están presos, ya con cadena perpetua, que dejen información en algún lugar seguro con la indicación de que se conozca en 2040”, le dijo su hijo, Jaime Smart, a las periodistas Carolina Arenes y Astrid Pikielny en el libro “Hijos de los 70”.

Smart nunca dio información en los procesos judiciales, incluso llegó a afirmar que no se enteraba de lo que sucedía y que sólo sabía lo que publicaban los periódicos.

Lo cierto es que “Jimmy” el exministro de Gobierno bonaerense de facto fue condenado a prisión perpetua en tres causas: Circuito Camps (2012), La Cacha (2014) y Brigada de San Justo (2020). Ninguna de esas sentencias aún está firme. Además, fue uno de los integrantes del llamado “Camarón”, el tribunal que se dedicó a juzgar a militantes durante los años ‘70. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, anuló una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que le concedía su prisión domiciliaria.

Jaime Lamont Smart, que gozó de bastante tranquilidad durante el gobierno de Mauricio Macri, siguió por un tiempo bañándose de impunidad, e inclusive, siguió disfrutando de su jubilación de privilegio. Y desde hace un año, está siendo juzgado junto a otros 17 represores sobre los crímenes cometidos en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.

La Corte Suprema repuso al magistrado que él buscó, para apartar de sus causas por delitos de lesa humanidad, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, y ahora anuló una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que le concedía la prisión domiciliaria.

Desde entonces, Kreplak lo procesó y elevó a juicio por los crímenes en la Comisaría VIII y por el homicidio del militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Horacio “Chupete” Benavides. Ya está indagado por el centro clandestino que funcionó en 1 y 60 y restaría que Kreplak resuelva su situación en esa causa también. Kreplak es el único juez penal que interviene en las causas contra Smart, ya que Alejo Ramos Padilla está excusado por haber sido uno de sus denunciantes cuando actuaba como abogado querellante.

Los jueces de la Corte Suprema, dejaron sin efecto un fallo de la Casación, que le otorgaba la prisión domiciliaria a Smart en la causa por crímenes cometidos en la brigada de investigaciones de Lanús. Los integrantes del máximo tribunal se remitieron a lo que habían dicho en 2013, en el caso de Jorge Olivera Róvere, responsable de la subzona de la Capital Federal, sobre que las prisiones domiciliarias no eran automáticas para mayores de 70 años y que se debía tener en cuenta los riesgos procesales.

Smart fue, junto a Miguel Etchecolatz, uno de los “puntales ciudadanos” de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Con un extenso historial en dictaduras, en 1968 fue nombrado fiscal por Juan Carlos Onganía. Posteriormente, Roberto Levingston lo promovió como juez integrante de lo que se conoció como el “Camarón”. Como abogado, además de defenderse a sí mismo, lo ha hecho con colegas represores como Albano Arguindegui.

Es imprescindible entender que son cientos los genocidas que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Y es necesario recordar que gran parte de esos delitos fueron juzgados muy tardíamente. Sin embargo, hay miles de culpables de todas las fuerzas armadas, de seguridad, penitenciarias, de inteligencia y civiles, que son cómplices y que nunca llegaron a pisar un tribunal, por lo tanto, deberíamos señalar una urgente agenda para sus juicios y castigos.

El caso de Smart constituye un punto testigo sobre la responsabilidad civil en el ejercicio del terrorismo de Estado. Adiós, “por el momento” a la prisión domiciliaria de este criminal por sus delitos en dictadura.

Tengamos memoria, fueron 30 mil desaparecidos.

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*Foto de portada: YouTube

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