Matar a un niño es imperdonable. Desde el punto de vista de un operativo policial es imperdonable. Y si lo vemos con ojos humanos es doblemente imperdonable. Y si nos paramos en las antípodas de la derecha sigue siendo imperdonable. Y según la mayoría de las doctrinas religiosas, también es imperdonable. Si tienes familia y lo haces, es doblemente imperdonable. No hay excusas, si se pertenece a una fuerza de seguridad, ni por asomo, ni porque se me escapó un tiro, ni porque hubo un error, ni siquiera porque estaba oscuro, había confusión, estaba drogado, etc, etc.
Aun si soslayáramos nuestro juicio, si fuéramos contemplativos con estos personajes, ni siquiera así, podríamos dejar de lado la tremenda saña, maldad y odio que marcaron sus actos. Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca, policías, supieron siempre y fueron conscientes de lo que estaban haciendo, y por esto fueron condenados a prisión perpetua, por el crimen de Facundo Ferreira, un inocente, de escasos 12 años.
El terrible hecho aconteció el 8 de marzo de 2018. El gobierno provincial por entonces, había respaldado la versión policial, de que hubo un enfrentamiento donde los menores iniciaron los disparos y estos señores de uniforme actuaron en defensa propia. El ministro de Seguridad provincial Claudio Maley fue la voz contante de esta versión que chocaba con los testimonios y las pruebas, declarando que “no se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión; como es su deber y obligación”.
Maley disparó tamaña declaración codo a codo con la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien dibujó en los medios una versión de menores disparando, para justificar la violencia policial y así poder imponer su tan querida "doctrina Chocobar”. Mientras tanto, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban otra realidad. En las pantallas se ve cómo los policías manipularon la escena del crimen mientras el joven agonizaba sin ser asistido.
Durante el juicio, las pruebas marcaron la animal y demencial conducta de los agentes. Se mostraron las pruebas de que los policías dieron aviso a la justicia una hora y media después y que el niño fue ingresado a un hospital con un nombre falso, destacando (con especial énfasis) que lo anotaron como mayor de edad. Las investigaciones confirmaron que los tiros habían provenido del lado de los policías; luego se comprobó que Díaz Cáceres realizó seis tiros a corta distancia y Montes de Oca tres.
Sacando trapos al sol y pasando facturas, tenemos que hacer notar que la máxima autoridad provincial, el entonces gobernador Juan Manzur nunca habló públicamente del caso, pero los abogados de los policías continuaron siendo subvencionados por su gobernación. El juez Facundo Maggio que fue nombrado por Manzur, pese a ser abogado de genocidas, negó las prisiones preventivas, por lo que Díaz Cáceres continuó cumpliendo otras funciones en el 911 y Montes de Oca solo fue detenido tras robar una cartera.
Ante tanta impunidad, en febrero del 2020, Malvina Ferreira, tía de Facundo, denunció: “el gobernador nos quiere hacer callar con casas, poniéndonos una panadería” y durante el proceso, Mercedes la abuela de Facundo, ratificó ese ofrecimiento durante una reunión con Maley.
"El tribunal resolvió que para un policía disparar por la espalda es uno de los delitos más graves del Código Penal", declaró la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien durante el desarrollo del juicio oral acompañó a los familiares y fue veedora del proceso.
Además de las sentencias, se dictó la prisión preventiva para ambos agentes por el término de seis meses o hasta que la condena quede firme. El tribunal de la Sala I de la Cámara Conclusional consideró a ambos coautores de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el ejercicio abusivo de la función de los miembros de las fuerzas de seguridad, agravado por el uso de armas de fuego, e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Por otro lado, el tribunal rechazó hacer lugar a una investigación por encubrimiento, a Diego Darío Lescano. El entonces oficial principal, hoy subcomisario, fue señalado por la querella como quien dirigió las maniobras para alterar la escena del crimen. La fiscalía había pedido para él la pena máxima.
Al finalizar la audiencia, familiares de los policías quisieron cargar contra la integridad física de la mamá y de la abuela del niño. A los pocos minutos de dictada la sentencia, la familia fue amenazada de muerte. Bautista González Montes de Oca, hermano de uno de los dos policías condenados, le dijo a Rita Ferreira, tía de Facundo: "Mi hermano está preso, pero ya va a salir. Facundo está tres metros bajo tierra y no sale más. Y a vos te voy a dar un tiro en medio de la frente”.
Malvina, otra de sus tías, expresó que al fin tienen "algo de paz, después de tres años y medio, al fin se hace justicia. Todo fue una pesadilla. Perdimos a Facundo y tuvimos que soportar las amenazas de la policía, las extorsiones del Gobierno y que difamen a nuestro pequeño". Su madre, Romina, recordó: "le dispararon a quemarropa a un nene que no cometía ningún delito, e insisten en ensuciar su nombre". Y denunció: "El hermano de Montes de Oca amenazó a mi hermana en plena sentencia y todos miraron para otro lado".
Seguimos contemplando cómo la doctrina Chocobar sigue infectándonos a todos, a los operadores de “seguridad”, a sus familiares, a la opinión pública, a parte de la prensa que no denuncia, a ustedes queridos lectores que se cobijan con el beneficio de la duda, por si se les cruza por la cabeza de que hay un ejército de menores que en este momento están tomando la república por las armas, amenazando la democracia.
No señores, a pesar de lo que se difundió el día de su asesinato, Facundo estaba desarmado y ni mil condenas serán suficientes para pagar su vida.
--------------------
*Foto de portada: laizquierdadiario.com
*Foto 2: tiempoargentino.com