Por Antimafia Dos Mil-4 de octubre de 2021

Luego de tres años del primer fallo, la Cámara Federal de Casación en un fallo dividido, confirmó las condenas para Pedro Müller, exdirectivo de Ford Argentina, y Héctor Francisco Jesús Sibila, exjefe de seguridad de Ford Argentina, a 10 y 12 años de prisión respectivamente, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 obreros de la planta Ford en General Pacheco.

Por un lado, los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques confirmaron las dos condenas que habían sido establecidas en el 2018 por el Tribunal Oral Federal n°1 de San Martín, mientras que Guillermo Yacobucci, el tercer miembro de la Cámara, solo convalidó la condena que pesa sobre Sibila.

La tercera condena confirmada por la Cámara de Casación, en este caso de forma unánime, es contra Santiago Omar Riveros, exjefe del IV Cuerpo del Ejército, quien había sido condenado en primera instancia a 15 años. Riveros tiene otras condenas a cadena perpetua tanto en Argentina como en Italia.

Los delitos, considerados de lesa humanidad por los cuales fueron condenados, se vinculan a la detención ilegal y tormentos agravados contra 24 obreros de la planta. En algunos casos los obreros fueron secuestrados en el lugar de trabajo y detenidos en el quincho del campo de deportes, dentro del predio de la planta, donde fueron torturados antes de ser trasladados a otros centros clandestinos de detención dentro del circuito represivo. En la causa quedó demostrado que los directivos de la compañía además de proveer vehículos para los operativos represivos y otros insumos, confeccionaron listas con los nombres, los legajos, e incluso fotografías de sus obreros, que entregaron a las fuerzas militares.

Müller era el gerente de manufactura de la planta y uno de los miembros del directorio de la empresa automotriz Ford Argentina, dependiente de Ford Company. En la práctica ante la ausencia del presidente del directorio Müller era quien lo reemplazaba.

El presidente de Ford Argentina era Juan María Nicolás Enrique Julián Courard, quien también estaba acusado, pero murió impune durante el proceso, al igual que Guillermo Galarraga, quien era gerente de relaciones laborales. Courard además durante el periodo comprendido entre 1976 y 1979 fue el presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), que nucleaba a todos los empresarios del sector, siendo este rol tradicionalmente de rotación anual, la persistencia en la función del directivo de Ford evidencia la posición de privilegio de la compañía en aquellos años, en los que vio exponenciadas sus ganancias.

Los directivos de la compañía tenían pleno conocimiento sobre las actividades represivas que se realizaron en la planta, e incluso en el periodo que los detenidos permanecieron en carácter de desaparecidos, la compañía, enviaba telegramas a las familias exigiendo que los obreros se presentaran a trabajar, utilizando esta maniobra como justificativo para su despido.

En el caso de Sibila, que ocupaba el rol de encargado de seguridad de la planta, se había retirado del ejército en el 62, con el rango de Mayor. Ya en 1976, en plena etapa militar de la dictadura fue ascendido a teniente coronel. En el 2004 se mantenía en “actividad” bajo disposición de la Embajada de los Estados Unidos.

"La firma y sus altos directivos no sólo conocían y colaboraban con las fuerzas ejecutoras del terrorismo estatal, sino que realizaron un aporte activo, directo y coordinado con el propósito de lograr una política de disciplinamiento que favoreciera los niveles de producción", alegó Slokar en su voto. Además, agregó: “Se pudo comprobar la crisis económica que había padecido el sector automotriz desde principios de la década del ’70, de la cual esta empresa no fue ajena, aunada a la activa organización gremial de los trabajadores de planta durante los años 1975 y 1976; así a partir del 24 de marzo de 1976 Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados”.

Parte de la flota de vehículos que la empresa dispuso para el régimen eran sin patentamiento, lo que implica que no podían ser identificados, en especial los modelos Falcon, que fueron todo un símbolo del terrorismo de Estado.

La confirmación de esta condena implica un enorme paso en materia de responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad; queda en evidencia “el entramado represivo dentro de las fábricas y la persecución de trabajadores y agremiados sindicales a partir del aporte del sector empresarial para el plan sistemático. Se lo utilizó, además, con un beneficio económico que se tradujo en la reducción de la gestión de conflictos laborales o gremiales", refirió por su parte Ángeles Ramos, la fiscal que conduce la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad.

Los empresarios de Ford Argentina, son los primeros de la lista de condenados por crímenes de lesa humanidad en quedar con condena firme. La causa de Marcos Levin, quien fue dueño de la empresa La Veloz del Norte, aún se encuentra en revisión en el máximo tribunal. Al igual que la causa que investiga a Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma, donde semanas atrás, la Corte dejó sin efecto los recursos presentados por la defensa del acusado permitiendo que el proceso siguiera su curso. En total hay 30 causas donde son investigadas las responsabilidades de empresarios en el accionar represivo de la dictadura durante la etapa militar. De los civiles procesados, un siete por ciento son empresarios.

Mientras, la casa matriz de Ford, sigue sin realizar declaraciones al respecto.

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*Foto de portada: izquierdaweb.com

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