Interpol Chile notificó la detención en Italia de Reinhard Doring Falkenberg, quien formaba parte de “Colonia Dignidad” –un conocido lugar de tortura en tiempos de la dictadura de Pinochet a unos 350 km al Sur de Santiago en la localidad de Parral- quien a la vez se encontraba prófugo de la justicia, por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en Colonia Dignidad.
Doring Falkenberg se fugó de Chile en 2005, antes de ser procesado por los secuestros de Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo, ocurridos en 1976.
La información fue comunicada a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.
Ahora, la jueza que investiga violaciones a los Derechos Humanos durante el período 1973-1990 deberá decidir si pide su extradición a Italia.
El detenido, nacido en 1946, habría estado implicado en diversos delitos cometidos en Colonia Dignidad, asentamiento alemán que fue fundado por Paul Schäfer.
Desde el 2005 Doring vivía en la ciudad de Gronau protegido por el Estado de Alemania, debido a que tiene dicha nacionalidad y la justicia germana no extradita sus ciudadanos, aunque sean criminales.
Chilenos víctimas de abuso sexual, junto a sus familias, han encabezado una lucha emblemática y hoy siguen batallando por obtener reparación. Los niños chilenos abusados en la década de 1990 por Paul Schäfer y sus acompañantes, en la secta alemana en el sur de Chile, hoy son adultos.
“No nos han respondido nada”, lamenta Johan Cisternas en conversación con DW. Él es uno de los más de 10 firmantes junto con los abogados Hernán Fernández y Winfried Hempel.
Ellos solicitan que Alemania intervenga para hacer cumplir un acuerdo que este Estado habría contribuido a sellar. En mayo enviaron una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, y a los parlamentarios de la Comisión Colonia Dignidad del Bundestag para pedir su intervención.
“Por acción o por omisión, Chile y Alemania son responsables de la tragedia de violación de los Derechos Humanos. Deben dialogar y resolver eso juntos. Hay una obligación ética y jurídica internacional de Alemania, se trata de violaciones de Derechos Humanos de ciudadanos chilenos y alemanes, cometidos por alemanes”, afirma el abogado Fernández.
El Gobierno alemán ha reiterado que no puede intervenir en asuntos judiciales en territorio chileno, pero las víctimas creen que sí tiene formas de involucrarse. Ya hay precedentes: “De la misma forma como patrocinaron el acuerdo para levantar el embargo que afectaba a la colonia desde 1996”, relata Hempel.
En ese acuerdo, por el que Villa Baviera se comprometía a pagar futuras indemnizaciones al Fisco y a privados, quedaron hipotecadas como garantía cuatro propiedades de 3700 hectáreas en total.
Hoy las víctimas denuncian que la dirigencia de Villa Baviera ha incumplido lo acordado. A pesar de que, en 2013, la Corte Suprema confirmó la obligación de pagar la indemnización, la gerencia no ha entregado el dinero y ha impedido que los terrenos sean rematados.
Los afectados explican que la dirigencia realiza una serie de maniobras dilatorias, como la transferencia de las propiedades a otras empresas, apelaciones, impugnación de trámites o exigencia de nuevas tasaciones.
En fin, es un tema complejo que habría que investigar a fondo.
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*Foto de portada: lared.com