En los próximos días recordaremos un año más del fatídico golpe de Estado de 1973, del asalto al poder de una Junta Militar, cuyo objetivo fue derrocar a un gobierno democrático elegido por el pueblo y asesinar a su presidente, Salvador Allende, para "en el nombre de la patria" atacar cobardemente a un pueblo desarmado. En ese momento todos los enunciados valóricos y éticos propios de la carrera militar, de honor militar, de amor y lealtad a la patria, así como el juramento de defender la Constitución de la República, se fueron al trasto de la basura, junto con la doctrina militar, la que se sustenta en la no deliberación y la obediencia de los militares al poder civil.
Por ello es que resulta vergonzoso escuchar cómo los mandos militares continúan hoy exaltando estos valores que, contrastados con la realidad y con el pasado reciente de las FFAA, son vacíos y ofensivos para todos los chilenos y chilenas, pero especialmente para las mujeres, quienes, con una valentía y persistencia admirables, continúan exigiendo verdad y justicia por el asesinato de sus familiares y por la cobarde decisión de hacer desaparecer sus cuerpos para ocultar el crimen cometido.
¿Es que acaso los chilenos y chilenas no sabemos que los miles de encarcelados y encarceladas, torturados, torturadas, asesinados y asesinadas, son las víctimas de una política de exterminio orientada por la junta militar que dirigió el violento derrocamiento de Salvador Allende, con la complicidad de una justicia que miró para el lado permitiendo que se cometieran atrocidades? O ¿es que no se sabe que todos los centros de detención, tortura y exterminio, que se instalaron en el país, estuvieron a cargo de militares y carabineros y que la mayoría, fueron cuarteles del ejército, bases aéreas, navales, buques y comisarias?
Muy por el contrario, existe suficiente evidencia, testimonios, que señalan que las 3.453 personas detenidas/desaparecidas o ejecutadas políticas y los 112.194 compatriotas torturados y torturadas, fueron obra de militares y carabineros, quienes actuaron como agentes del Estado, vinculados a una estructura de mando determinada, ya sea en los aparatos de seguridad como la DINA o la CNI u otros comandos creados para cometer estas fechorías, con vinculaciones institucionales.
En los casi 50 años transcurridos desde 1973 los distintos gobiernos postdictadura, lo que hicieron, fue avalar esta mentira, subordinando la verdad y el sufrimiento de compatriotas afectados con las violaciones a los derechos humanos, a los pactos y compromisos que hicieron con la dictadura para facilitar la transición a la democracia, haciéndose cómplices de la narrativa mentirosa con la que los mandos militares intentan desvirtuar el contexto histórico en el cual las FFAA ocuparon militarmente su país, y lo intervinieron para derrocar el gobierno de Allende.
Sin embargo, todos los gobiernos se olvidaron, o no le dieron importancia, a los continuos reclamos de militares patriotas que, en la Marina, en la Fuerza Aérea, además de miembros de Carabineros y de la policía de Investigaciones, denunciaron y se opusieron al golpe de estado de 1973, entregando una y otra vez la versión de lo que realmente sucedió antes durante y después del golpe. Son muchos los militares torturados, hechos prisioneros y otros que murieron por mantenerse leales a sus principios, leales con su pueblo y que son ejemplos de patriotismo, honor en el cumplimiento del deber y el respeto a la dignidad de las personas, valores que constituyen un referente válido y permanente para la formación de las futuras generaciones de militares chilenos.
Quienes nos opusimos a la barbarie genocida de 1973, no aceptamos y rechazamos las versiones justificadoras de los crímenes que cometieron militares y Carabineros, crímenes cobardes, cuyos hechores pretenden ocultar, arrastrando a las FFAA a una defensa corporativa, ensuciando el honor de generaciones de oficiales y suboficiales quienes no aceptan tales fechorías pero que no tienen un espacio para manifestar su desacuerdo.
Es necesario agregar, que producto de los pactos que se hicieron con la dictadura, las FFAA aún mantienen una línea de continuidad con la concepción de defensa que se instaló en la Constitución de la dictadura de 1980, lo que les otorga autonomía y formas de organización cerradas a la sociedad, con una Justicia militar que castiga a militares quienes no están de acuerdo con las versiones justificadoras de las violaciones de los DDHH ni con la corrupción que hoy compromete a los altos mandos militares. Autonomía que permite, además, la injerencia política de las FFAA en espacios que no son de su competencia: autonomía frente al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial.
Y es esta línea de continuidad de las políticas de defensa dictatoriales, refrendadas en la Constitución de 1980, se asume la Seguridad Nacional como la doctrina de las instituciones militares chilenas (incluyendo Carabineros), legitimando sus directrices, las que se toman como objetivos de la FFAA señalando que su rol fundamental y del Estado chileno, es la seguridad nacional y la permanente persecución del enemigo interno.
Todo esto conforma una impunidad que cincuenta años después de 1973 es intolerable, a estas alturas las FFAA no pueden continuar manteniendo u ocultando una historia comprometida con el crimen y el abuso. Ya lo intentaron con la anuencia de los gobiernos post dictadura en los últimos 31 años, sin éxito, porque el olvido no puede ocultar un periodo en el cual causaron daños irreparables a miles de compatriotas.
Como ya se ha dicho antes, todos los centros de tortura y de exterminio fueron instalados en dependencias militares o bajo la supervisión de militares, con oficiales a cargo de ellos y de la vigilancia de prisioneros. Toda esa información existe, pero hace falta la voluntad política de los gobiernos, voluntad de la justicia y la actitud valiente de los actuales mandos militares, para desprenderse de los criminales que se ocultan entre sus filas.
Es cierto que la mayoría de estos criminales ya no están en servicio activo, pero mantienen todos sus privilegios, en acuerdo a los grados militares con los que dejaron la institución militar, y estos se mantienen constituidos en organizaciones con presupuesto y vinculación con las FFAA incluso para financiar la defensa de los criminales que fueron juzgados y que están presos en la cárcel de lujo de Punta Peuco. Estos jubilados actúan como un muro que impide que la verdad salga a flote, incidiendo en la opinión militar, en la formación de los oficiales y suboficiales, algunos de ellos ejerciendo como profesores en las academias militares y otros, que se encuentran, en total impunidad, ocupando cargos públicos y actuando como los principales negacionistas del pasado horrendo que construyeron.
Pero a pesar de esta realidad torcida, hoy vemos, con esperanza, que Chile cambió y es cierto, lo vemos en la participación ciudadana, principalmente en los y las jóvenes, quienes exigen sus derechos, lo que permitió que hoy un grupo de constitucionales elegidos democráticamente, diseñaran un nuevo pacto social, una nueva Constitución, y cambios que también deben llegar a las FFAA y Carabineros. Es también una buena noticia y un cambio muy cualitativo, el que los y las constituyentes elegidos y elegidas para diseñar una nueva Constitución, se han comprometido a crear vínculos de participación social, para hacer de la redacción del texto constitucional un lugar de encuentro ciudadano, esfuerzo que debe abarcar la política de defensa nacional, definiendo los fines y objetivos que permitan a las FFAA y Carabineros superar los enclaves dictatoriales aún existentes.
Más allá de la teoría política y de la denominada ciencia militar, lo nuevo que esperamos de la Constitución democrática, es una política de defensa nacional que oriente el rol de las Fuerzas Armadas en un Estado Social Democrático y de Derecho, con líneas de comunicación con el poder civil, que garanticen que la subordinación militar al poder civil sea efectiva y transparente, entendiendo la política de defensa como una política pública, lo que permite abrir la discusión de la defensa a la participación de la ciudadanía, constituyéndose en un rasgo importante y diferenciador.
Si bien es cierto que el monopolio de la fuerza legítima ha sido confiado al Estado y a las instituciones militares, profesionalizadas y entrenadas con esos fines, estas deben cumplir su rol de acuerdo con reglas establecidas en y para la democracia, asegurándose el irrestricto respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos, transparentando su actuación frente al pueblo. Nunca más deben existir leyes secretas ni ámbitos oscuros o discrecionales, donde se ha anidado la corrupción y el abuso en las FFAA. Las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, estas y las demás normas que les son aplicables, deben ser conocidas y de manera transparente por todos y todas los chilenos y chilenas.
De esta manera la obediencia, no beligerancia, profesionalidad, jerarquización y disciplina, además de ser normas jurídicas obligantes, son valores y principios que deben ordenar la conducta de los militares y el desarrollo de toda la actividad de las Fuerzas Armadas, formando parte sustantiva de su código ético, como valores permanentes de toda su actuación, en la legalidad del funcionamiento militar y en la conducta militar. Así se establece la diferencia con la política de defensa y seguridad de la dictadura, la que transformó todos estos valores en una formalidad subordinada a la obediencia ciega, a un poder militar elitista y corrupto, que lesionó profundamente la profesión militar, distorsionando la verdad para ocultar los actos delictivos que cometieron.
Son muchos más los ámbitos que deben estar en una Constitución democrática, pero por ahora surge una pregunta final ¿cómo lograr que los cambios que se orienten para las FFAA desde el nuevo contrato social se cumplan en las instituciones militares sin refundar las FFAA y Carabineros, como una condición necesaria para acercar a estas instituciones a la realidad que está viviendo el país? Refundar no significa terminar con las instituciones militares, hablamos de cambios profundos que en su conjunto son imprescindibles para lograr que los militares y carabineros, se adapten a los desafíos que impone la actualidad y respondan a las necesidades democráticas que el país les demanda.
Es difícil pensar, que, si los procesos de formación de oficiales y suboficiales, encerrados en los cuarteles, sin vinculación o con una relación formal con el mundo civil, lleven a las fuerzas armadas a abrirse a los desafíos y cambios que Chile exige, llevando los valores de la democracia al interior de los cuarteles. En un sentido totalmente contrario, los procesos de formación militar tal como están las cosas hoy son una herramienta de control ideológico, a través de la cual se asegura la lealtad de los militares a la doctrina de la seguridad nacional y a sus mandos institucionales, por sobre los intereses nacionales.
La asimilación de los nuevos objetivos y directrices de la Constitución democrática pasa por lo tanto y obligatoriamente por cambios profundos y necesarios en las FFAA los que se inician en el reconocimiento ante el país de las violaciones a los Derechos Humanos que cometieron en nuestra historia reciente, porque esta historia representa la degradación profunda de la profesión militar. Con este reconocimiento será posible asimilar lo que la nueva Constitución debe establecer, que los derechos humanos son la columna vertebral de la sociedad democrática, inclusiva y justa por construir, directrices que deben ser, por lo tanto, parte de la vida institucional de las FFAA porque la asimilación de estos valores por parte de los militares evitará la no repetición del pasado funesto que vivimos.
Así entonces, todas las mentiras justificadoras de este pasado, mientras no se eliminen de una vez, continuaran favoreciendo la existencia de las visiones dictatoriales, así como, la cobardía de no enfrentarlas y de no aislar de las FFAA. a los criminales escondidos detrás de sus uniformes.
Si no hacemos esto vamos a continuar repitiendo la historia, lo comprobamos durante y después de la rebelión social de 2019, periodo en el cual las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas armadas y de orden, nos llevaran de vuelta a un pasado que creíamos que no se iba a repetir, en el que estudiantes, trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres volvimos a ser víctimas de la acción represiva de agentes del Estado bajo el argumento de mantener el orden público y la seguridad nacional.
Esperemos que en las FFAA surjan liderazgos militares que al dejar de amparar la impunidad protegiendo a criminales, faciliten las cosas y permitan que de verdad aflore el sentimiento patriótico, que seguramente existe en una mayoría de los militares, hoy sin voz, obstaculizado por el negacionismo obtuso y cobarde, para que en conjunto con la sociedad sean garantías de la no repetición de lo vivido hace cinco décadas atrás.
Finalmente, el pasado es una lección que nos persigue y para aprender de él, en 1973 los militares persiguieron y asesinaron personas como servicio a la patria. La Junta Militar y todos los oficiales y suboficiales quienes estuvieron a cargo de centros de detención y exterminio, glorificaron el torturar y matar como un supuesto acto de valentía y heroísmo, luego repartieron condecoraciones y premios materiales por estas aberraciones, reclamando hasta el día de hoy, una victoria militar en una guerra que nunca fue.
Basta de mentiras, las FFAA ya no pueden continuar amparando a criminales en sus filas. Esperamos que la dictadura de Pinochet termine pronto.
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*Foto de portada: elordenmundial.com / Augusto Pinochet y Henry Kissinger