El candidato a diputado nacional, economista y autoproclamado libertario, Javier Milei, confirmó haber trabajado como asesor del entonces diputado Antonio Bussi, mientras este ocupo su bancada a partir de 1999. Bussi luego sería condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la etapa militar de la dictadura en Argentina.
Esta confirmación surgió a partir de un confrontamiento mediático entre el excéntrico economista y el legislador porteño Leandro Santoro, quien es uno de los principales exponentes del espacio liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández.
Días atrás, Milei había acusado a Santoro de ser un parásito del Estado, puesto que el legislador de origen radical se jactaba de realizar política desde los 14 años. "¿Alguna vez laburaste en el sector privado?", provocó el economista.
Santoro salió al cruce de las acusaciones y provocaciones mediáticas y respondió: "Milei fue empleado del Congreso de la Nación en 1994 y reportó para el exgeneral genocida Antonio Domingo Bussi, que era diputado nacional". También agregó: "Es una doble contradicción de Milei. Primero porque habla en contra de la política y del Estado, pero resulta que era empleado público. Y segundo, habla de que se restringió la libertad en pandemia y él trabajó para un genocida que gobernó de facto la provincia de Tucumán. Si hubo momento en la historia de nuestro país en que se cercenaron las libertades individuales y políticas fue justamente ese. Es desopilante que viniendo de ese lugar levante las banderas de la libertad".
Antonio Bussi tiene un historial terrorífico. Luego de incursionar como observador en la guerra de Vietnam, en 1975 siendo general de brigada se ocupó de comandar el Operativo Independencia que se implementó en Tucumán para combatir el foco de guerrilla que pretendía instalar el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la selva tucumana. La maniobra militar impuesta por el Ejército fue arrolladora y en poco tiempo extinguió el grupo armado. A raíz del operativo se instaló, en la localidad Famaillá, el primer Centro Clandestino de Detención llamado "La Escuelita”. A partir de esta medida el secuestro y tortura de personas se implementaría de forma sistemática en toda la provincia. Bussi fue un innovador en este tema al descentralizar los centros de tortura logrando así ocultar a los detenidos de las inspecciones realizadas por los organismos de Derechos Humanos.
Al confirmarse el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, Bussi, fue nombrado Interventor de la provincia de Tucumán, lo que implicaba que ejercía el poder ejecutivo en todo el territorio provincial. Desde ese lugar se desempeñó como un tirano, tal como supo nombrarlo alguna vez el periodista Tomás Eloy Martínez. Bussi fue responsable de más de mil desapariciones, incontables detenciones y torturas.
Recientemente, el diario Página/12, recopilo el testimonio de un exconscripto que sirvió bajo órdenes de Bussi, y declaró haber presenciado la participación directa del represor en la tortura y asesinato de al menos dos personas. "Por esos dos exclusivamente ha ido Bussi. Siempre los tenían en slip, bien atados con sogas, boca abajo (...). Empezó a garrotearlos como dos horas, preguntándoles cosas, haciéndolos sufrir. Bussi ha agarrado con una manguera a garrotear hasta que los ha muerto. Esa noche los ha muerto a esos dos personalmente. Al otro día nos han empezado a regalar cajas de cigarrillos, me acuerdo que a mí me han regalado tres cajas".
Otro considerable testimonio es el del gendarme Omar Eduardo Torres, quien aseguró que Bussi le daba personalmente el tiro de gracia a los fusilados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Finalizada la etapa militar de la dictadura, Antonio Bussi, quien había sido favorecido con las leyes de la impunidad de Menem, se recicló como político y asumió como diputado en 1993. Luego sería gobernador de la provincia por el voto popular.
Durante las investigaciones que realizó el juez español Baltasar Garzón, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio argentino, quedaron al descubierto una serie de irregularidades en el patrimonio de Bussi y de su familia directa, entre las que se encontraban varias cuentas bancarias secretas y numerosas propiedades que le fueron embargadas, por no poder justificar legalmente su origen; en su momento alegó que eran producto de "becas otorgadas por el Ejército y el gobierno de los Estados Unidos".
En 1999 volvió a triunfar en las elecciones a diputado provincial, pero no pudo asumir por la impugnación propuesta por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos; luego de una serie de apelaciones la Corte Suprema dictaminó que podía asumir su cargo, pero, ya para ese momento, el período había finalizado. En el 2003 logró imponerse como candidato a intendente de San Martin de Tucumán, pero tampoco logró asumir,y fue finalmente detenido por los crímenes cometidos.
Recién en el 2008 sería condenado a cadena perpetua por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse, quien siendo senador en funciones había sido secuestrado la madrugada del golpe. Por esta causa también fue condenado Luciano Benjamín Menéndez. Ya condenado Bussi, fue favorecido con prisión domiciliaria por su estado de salud; murió en el 2011, habiendo sido destituido del Ejército por los crímenes cometidos.
--------------------
*Foto de portada: prensaobrera.com