Jueves 28 Marzo 2024
Por Claudio Rojas desde Chile-1 de setiembre de 2021

Este miércoles 25 de agosto, el juez Daniel Urrutia Laubreaux llegó hasta la Convención para exponer -en la Subcomisión de Marco General de DDHH, Ambientales y de la Naturaleza- sobre la necesidad de refundar el sistema judicial que hasta ahora ha funcionado bajo los principios del autoritarismo, colonialismo, racismo, heteropatriarcado, machismo y clasismo.

"Si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó (tras el 18-O), no hubiesen existido los cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir, sobre todo las víctimas y sus familias. Gustavo Gatica no hubiera perdido su visión", dijo durante los 10 minutos de presentación, que fue seguida por preguntas de los convencionales. "Un ejemplo incontestable es que la Corte de Apelaciones de Santiago ha rechazado todos y cada uno de los recursos que intentaron poner el freno a la represión".

“Detrás de cada violación a los Derechos Humanos, un juez convalidó o se hizo cómplice o encubridora de aquello", recalcó.

Su gremio, que en ocasiones anteriores lo había defendido, en esta oportunidad marcó distancia. "Sus dichos no representan la opinión mayoritaria del gremio", dijo la Asociación de Magistrados por redes sociales, el jueves 26. "Tampoco compartimos el tenor de sus apreciaciones, que aluden, desde la generalidad, a quienes integran el actual escalafón primario del Poder Judicial".

Urrutia es dirigente de la Asociación de Magistrados y su intervención derivó en que la presidenta metropolitana pidiera que dejara el cargo, lo que éste habría rechazado.

“El poder judicial debe controlar al Ministerio Público para evitar investigaciones arbitrarias. Detrás de cada violación a los DDHH hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación", aseguró Urrutia.

Daniel Urrutia, juez del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, ha sido durante años uno de los pocos magistrados que critica abiertamente el sistema judicial del país. En 2004 en su tesis -como diplomado sobre derechos humanos y democracia- propuso que el Poder Judicial debía pedir perdón por su rol durante la dictadura militar y reconocer las violaciones a los derechos humanos y adoptar medidas de reparación. Como resultado fue sancionado por la Corte Suprema con una medida disciplinaria de censura por escrito, lo que impulsó al abogado a demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal internacional dictó su sentencia en agosto de 2020, donde establece que el Estado de Chile es "responsable internacionalmente por coartar la libertad de pensamiento y expresión de un juez".

En entrevista a Radio Universidad de Chile, desnudó los fundamentos de la corrupción del sistema judicial chileno:

-En relación a las causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido, ¿se ve la misma actitud del Ministerio Público? ¿A qué atribuye esta diferencia?

“Hace un mes tuvimos la información del INDH de que el Ministerio Público ha archivado 2.500 de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las han archivado, causas que, en su mayoría, son imprescriptibles porque son violaciones a los derechos humanos, los casos de tortura son imprescriptibles. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público archiva 2.500 causas como si fueran causas comunes cuando no lo son? ¿Y qué responsabilidad tiene ese fiscal que archivó esa causa? Esa pregunta es parte de una auditoría ciudadana y de una rendición de cuentas por parte de la Fiscalía, ¿hicieron todas las diligencias necesarias, desde el punto de vista nacional e internacional, para efectos de contar con los medios probatorios necesarios? ¿O solamente se quedaron con el parte policial o una orden de investigar antes que señala que fuimos, concurrimos y no había nada? Para cerrar y archivar 2.500 causas, parece que tiene que ver más con lo último”.

“La Defensoría de la Niñez ha señalado que se han archivado 500 causas de víctimas adolescentes. O sea, teniendo nosotros la obligación internacional de proceder con rapidez y verdad con mayor razón en los casos que incluyen a niños, niñas y adolescentes, tenemos esta situación en la que se archivan 500 causas en las que son víctimas. Eso nos habla de falta de seriedad, de diligencia y de oportunidad en el establecimiento de los recursos necesarios por parte del órgano persecutor para enfrentar estas investigaciones de delitos graves, cuando estamos hablando de la mayor crisis de derechos humanos desde la vuelta a la democracia en el país”.

-¿Qué señal se da a la sociedad con este actuar del Ministerio Público?

“Hay alguien que señaló por redes sociales que por qué no le daban clases de ética al profesor, haciendo justamente el símil en esta desproporción y en esta discriminación que se percibe por parte del órgano persecutor que, ojo, tiene la obligación y tiene a su cargo la política criminal. Es decir, ellos son los encargados en el Estado de Chile de desarrollar justamente ese tipo de persecución. O sea, cómo se persigue es responsabilidad del Ministerio Público, no del gobierno ni del Poder Judicial. Ellos tienen esa responsabilidad constitucional y no puede ser arbitraria su persecución, tiene que estar en base a ciertos antecedentes y situaciones. Al parecer, esta desproporción entre una y otra, como por ejemplo las violaciones a los DDHH, no parece razonable”.

-¿Es sólo una cuestión de percepción?

“No es una cuestión de percepción cuando ya hay varios estudios y varios expertos internacionales que señalan que el Ministerio Público no está siendo diligente ni profesional en las investigaciones de violaciones a los DD.HH. Ese contraste es inaceptable. Tenemos el informe del año pasado del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Fundación del Debido Proceso Legal (DPLF) y de la Universidad de Chile, que señalan que no se cumplen estándares internacionales en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Es mucho más grave un caso de tortura que romper un torniquete, en eso estaremos todos de acuerdo, la pregunta es por qué el Ministerio Público no lo ve. Qué es lo que pasa en el Ministerio Público que no hay ese desarrollo de proporcionalidad. Además, con una pena tan alta, de ocho años, que incluso muchas veces el Ministerio Público pide esa pena para un homicidio o por ejemplo violación. Entonces, la conducta del profesor, ¿es más grave que un homicidio? Eso es lo que las personas no entienden”.

-Hay quienes han planteado que, dadas las prolongadas prisiones preventivas a las que se ha sometido a imputados por desórdenes y sumado al hecho de que las causas por violaciones a DDHH se cierren sin responsables, habría una suerte de inercia vengativa contra las personas que participaron del estallido. ¿Qué le parece esa idea?

“Yo creo que es cierto, y que eso se ve en las querellas que presenta el Gobierno. En todas las querellas que presenta el Ejecutivo siempre se infla más la situación, se apoyan muchas veces en las declaraciones y en lo que arma justamente la policía de Carabineros. Y que hemos visto, una y otra vez, que han resultado en ser montajes. Obviamente no son todos los casos, pero ya existiendo una gran cantidad de casos en los cuales hay un patrón que habla del invento de pruebas en contra de personas, hay que responder a esa situación con mayor acuciosidad y con mayor revisión”.

“Eso es lo que uno ve en las querellas del Gobierno, que en general no hay una reflexión acerca de si pudo o no existir un problema probatorio. Presentan estas querellas a través del Ministerio del Interior y las intendencias con un ánimo yo no diría de venganza, sino que un ánimo ejemplificador, desde su perspectiva, para intentar dar señales y evitar esas situaciones en el futuro. Pero en casos graves, en las violaciones a los derechos humanos, ¿dónde está el Gobierno querellándose?”.

-Hay quienes dicen que la jerarquía que usted señala, en la que son más graves aquellos delitos en contra de los bienes materiales que aquellos en contra de las personas, se debe a que el modelo económico de alguna manera ha permeado en nuestro Código Penal. ¿Está de acuerdo?

“El Código Penal es un ejemplo de política criminal de clase, eso es. ¿Quién escribió el Código Penal? La elite gobernante del año 1870: abogados, hombres y propietarios. Ellos escribieron el Código Penal, y un ejemplo evidente que se vuelve a repetir históricamente es el ejemplo del delito de usurpación de tierras. En el Código Penal chileno robar una vaca es más grave que robar tierras. ¿Es razonable esto? Obviamente no, ¿y por qué el robo de una vaca tiene una pena similar al homicidio y el robo de un fundo tiene una pena de multa? Porque está escrito en la década de 1870, y en ese momento en Chile los que escribieron el Código Penal estaban robándole las tierras a los mapuches. Entonces, si alguien los perseguía, solo les aplicaban una multa por robar tierras. Y eso está vigente hasta ahora, entonces, ¿por qué cuando los mapuches ahora recuperan un terreno o, digamos, cometen un delito de usurpación al revés, no les aplican una multa? Lo que hacen es aplicarles la Ley Antiterrorista, porque si aplican la usurpación tendrían solo una multa económica y baja, además. En cambio, con la Ley Antiterrorista tienen penas de 10, 15 o 20 años de cárcel”.

“Entonces, efectivamente, toda la construcción legal es una construcción de clase. No se puede entender de otra manera, porque aquellos que escribieron nuestro Código Penal eran hombres propietarios blancos, y eso permea toda la estructura”.

Luego de que el juez del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, resolviera rebajar las medidas cautelares de los imputados en el caso primera línea, la Corte de Apelaciones de Santiago lo relegó a un Juzgado de Cobranza Laboral

Fuentes judiciales aseguraron a Interferencia que varios miembros de esa Corte de Apelaciones buscarán hoy lunes realizar un pleno para, de alguna forma, amonestar o sancionar a Urrutia. Hay mucha presión para lograr sanciones, comenta una de las fuentes consultadas. No pueden dejar pasar el hecho de que los apuntara con el dedo como una suerte de cómplices de las violaciones a los derechos humanos.

Según estas fuentes, quienes lideran la arremetida en contra de Urrutia serían los magistrados Antonio Ulloa y Juan Cristóbal Mera, respaldados por algunos ministros de la Corte Suprema. Entre estos se nombran a Arturo Prado Puga, Ángela Vivanco y Juan Eduardo Fuentes, parte de la camarilla de los magistrados más conservadores del máximo tribunal.

Otra magistrada de la Suprema que estaría pujando por sanciones en contra del juez sería Rosa Egnem. En su presentación en la Convención, Urrutia recordó que durante la dictadura casi todos los jueces encubrieron de manera activa o pasiva los crímenes de lesa humanidad. Y dio un ejemplo: la ministra Egnem, quien en 1978 admitió haber ocultado información sobre la masacre de Laja ocurrida el 18 de septiembre de 1973. En ese hecho civiles y Carabineros ejecutaron a 19 trabajadores de la CMPC, del grupo Matte.

Además, también se estarían moviendo los hilos para que la Asociación Nacional de Magistrados pase al juez Urrutia al Tribunal de Honor por sus dichos ante la Convención Constituyente. En ese grupo gremial el magistrado Ulloa ha desempeñado durante años un papel importante.

Llama la atención que un grupo poderoso del poder judicial busque sancionar al juez Urrutia por haber expuesto sus opiniones acerca del funcionamiento de ese poder del Estado en materia de derechos humanos. Esto porque muchos magistrados, en especial de la Corte Suprema, no son tímidos a la hora de dar entrevistas y exponer sus puntos de vista.

Mientras esto ocurre cada día más, el juez Urrutia se gana la admiración y respeto del pueblo.

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*Foto de portada: radiouniversidaddechile.com