Desaparecen, y no sabemos. Desaparecen, y desconocemos. Desaparecen, y sufrimos su ausencia como si nos hubieran arrancado un miembro del cuerpo. Desaparecen, cada día, cuando siguen pasando los años y aún no sabemos dónde están. Nadie sabe, o hay quienes no quieren que se sepa. Y la impunidad, el llanto silencioso, el caminar cansino, detrás de una verdad que, aunque lejana, es quizás, más cercana de lo que se puede cualquiera imaginar.
El 30 de agosto es el día internacional del detenido desaparecido, uno de esos días que es fácil agregar al calendario de aniversarios caretas, pero que no debe ser tomado así. Cuando hablamos de detenidos desaparecidos hablamos de personas que fueron víctimas de terrorismo, de un mecanismo de persecución, torturas, secuestros y otros procedimientos inhumanos que el Estado les hizo padecer. Cuando hablamos de Estado no olvidemos que hablamos de personas, de funcionarios que en cargos de poder tomaron decisiones nefastas, y al día de hoy siguen sin hacerse cargo. Como dijo Elena Zaffaroni, la presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay "la suma de omisiones de los poderes del Estado, terminan reafirmando la omertá". En ese contexto, el grupo uruguayo al que pertenece realizó un evento en la Sala Zitarrosa, de Montevideo, con un aforo repleto, que fue transmitido a través de YouTube. El encuentro fue moderado por el periodista José María Caraballo, tomando participación presencial, además de Zaffaroni, Lucía Giudice y Óscar Detouet, abogada y docente de historia respectivamente.
La profesional Lucía Giudice, del Instituto de Estudios Sociales y Legales del Uruguay (IELSUR), recordó la responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales de las muchachas de abril, y del caso de Luis Eduardo González. En sus palabras estuvo presente el reclamo al Estado uruguayo, que "es un derecho de los familiares, cuyo cumplimiento opera como medida de reparación", que el Estado debe resolver sin ningún tipo de excusa. La angustia "no se mitiga con informaciones o con pistas", dijo. En su discurso leyó un fragmento del libro 'La nave de los locos', que menciona "el polvo del olvido y el polvo de la muerte", reflexionando en que es una realidad, aunque existe la sensación de que los crímenes de Estado fueron algo pasajero. Pero "es el Estado el que debe asumir esta responsabilidad", y no los familiares ni la gente en las calles. Exigió además "una política de Estado seria y responsable tendiente a obtener la verdad"; "solo de esta forma podemos decir que vivimos en un estado de derecho".
El profesor de Historia Óscar Detouet, recordó los juicios que, en Roma, el pasado 8 de julio de este año, ratificaron la condena a 13 militares uruguayos, y dieron prisión definitiva al exmilitar Jorge Tróccoli. En un listado de fechas importantes, recordó que en diciembre de 1986 se votó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, conocida como la ley de impunidad. En 1989 el pueblo la ratificó, dejando a la justicia dormir amparada en una ley infundida por el miedo. "Obediencia de vida", le decían a esa ley. Entre otros datos, recordó que a Troccoli se lo juzgó como italiano. Este hombre había escapado de la justicia, porque la sentencia que la Justicia de Italia le daba era la cadena perpetua. Pasaron años y unas 60 audiencias públicas, antes de que el represor recibiera la merecida condena.
Detouet habló también de la cadena de represiones como un plan mafioso, que no puede prescribir. Recordó además la coordinación con la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que fue demostrada a través de un documento oficial. Referenció también el testimonio de Isabel Allende, hija del expresidente chileno, para recordar cuando Zelmar Michelini (hijo) declaró ante estos tribunales que su padre le llamó la atención para que se cuidara de la policía.
"Los testigos son sobrevivientes y víctimas", recordó el profesor, que dijo Sara Méndez en su testimonio ante el Tribunal de Roma. En 2009, en Uruguay, en Argentina en 2016, recién fue reconocido el Plan Cóndor, que fue investigado directamente por primera vez en Roma, donde se ratificó "el valor universal de la justicia", ya que "la verdad es un derecho universal".
Detouet solicitó "que se haga público un índice descriptivo de la documentación atesorada en las agencias de Inteligencia del Estado", y la "creación de un Archivo Nacional de la memoria como entidad pública", que reúna información, documentos, fotos, etc, que se transformen en fuente de información, verdad y derecho a saber. También llamó a declarar ciudadanas ilustres a María Bellizi, Aurora Meloni, Cristina Miura, Marta Casal, Marta Giordano y Graciela Borelli, que fueron "iniciadoras de este juicio histórico". Y cerró su ponencia parafraseando a José Martí: "La mejor manera de decir, es hacer".
Elena Zaffaroni habló en representación de la agrupación de Madres y Familiares, reflexionando sobre "el sentido presente de la desaparición forzada", que está "marcada por la desesperación por encontrarlos vivos". También destacó "la fuerza que nos ha dado la incorporación de las nuevas generaciones, que están profundamente unidas por todas las luchas", "donde el centro es el respeto y el valor de la vida". Recordó también la lucha en el sur de América, de los pueblos originarios, de los jóvenes, que no acepta "el lugar del miedo, del individualismo protector, y que abrirá puertas al futuro". "Hoy no deberíamos estar hablando nosotros sino escuchando a las nuevas generaciones", sobre "educación, diversidad, disidencias, feminismos, medio ambiente. Sus miradas deberían incidir más en nuestro camino, y esto nos lo debemos".
"Estamos muy mal", señaló, "porque no hemos logrado las garantías" para no repetir las mismas acciones del pasado, "que no lograron aún tocar el corazón del terrorismo de Estado y sus crímenes". "La responsabilidad que el Estado asume verbalmente no la ha llevado a la práctica", enfatizó. La ley de Caducidad, que mantuvo sus efectos por 25 años, lo hizo por los gobiernos, que sometieron "al Poder Judicial al filtro previo del Ejecutivo. Sin frenos la impunidad caminará siempre junto al poder", advirtió Zaffaroni, y fue contundente al decir que "el juicio al terrorismo de Estado sigue pendiente".
La representante de Madres y Familiares lamentó que los gobiernos no se hicieron cargo de llevar a la justicia a los crímenes perpetrados por sus funcionarios, y que, en cambio, "todos los avances los ha logrado la movilización social". "La denuncia y la memoria quedaron sobre nuestros hombros".
Todos los gobiernos han sido responsables del estado actual de impunidad, recalcó Zaffaroni, y dijo que el Estado envió un "mensaje mafioso", que ejemplariza e intimida "a toda la sociedad", y que amenaza a todas las luchas; es "un crimen que no cesa" hasta que no se haga justicia. "Para que esta historia no se repita debemos encontrarlos".
A partir de 2005, dijo Zaffaroni, comenzó a buscarse justicia, logrando las primeras sentencias de los culpables de los crímenes de Estado, pero los gobiernos del Frente Amplio "no fueron a más", no exigieron todos los datos para continuar con la búsqueda de los desaparecidos, a pesar de "que sabían dónde buscar". Y aunque reconoció cierta voluntad política del actual presidente Luis Lacalle Pou, dijo que "ningún gobierno exigió a fondo la información que, sabemos, existe".
Hubo una instalación estructural de impunidad, que infiltró todos los ámbitos. También señaló al Parlamento, que no se movilizó para conseguir justicia, y cuestionó la necesidad de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Mencionó el caso Roslik, diciendo que es absolutamente inaceptable que se haya tomado como cosa juzgada, cuando aún su caso no fue resuelto y nadie fue responsabilizado por su muerte.
Por otro lado, si bien valoró positivamente la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, llevada adelante por el fiscal Ricardo Perciballe, lamentó que de todas formas "nada ha conducido al encuentro de los desaparecidos". "La suma de omisiones de los poderes del Estado terminan reafirmando la omertá". Cada una de las fuerzas políticas se deben hacer cargo, ya que es su responsabilidad "terminar con esta falta de compromiso con la democracia". "Su omisión en tantísimos años han dañado profundamente ellos valores" que "cimientan nuestra convivencia", y permiten la impunidad.
La LUC fue otro tema destacado en el discurso de la representante de Madres y Familiares, que se congratularon con la junta de firmas que permitió llamar a referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
"Todos somos familiares", cerró Zaffaroni.
El encuentro culminó con la música del dúo Spuntone-Mendaro.
Siluetazo por los desaparecidos
Decenas de siluetas coparon la ciudad para recordar las presencias de los casi 200 desaparecidos que el Estado uruguayo silenció, ocultó, enterró y desapareció, y de los que aún no se sabe su destino. En barrios como Santa Catalina, Ciudad Vieja, Cordón, Aguada, Capurro, La Teja y Cerro entre otros, plazas, muros, bancos, y otros rincones de la ciudad nos recordaron que aún, el Estado no dio respuestas, y que, aunque nada sabemos de ellas y ellos, siguen siendo familiares, siguen siendo personas.
----------------
*Foto de portada: captura de video, Elena Zaffaroni
*Foto 2: Emilia Alza de Our Voice