El tribunal oral de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua, el 15 de octubre de 2012, a un excabo primero, junto a los marinos, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real. A pocos días de cumplirse 49 años de la Masacre de Trelew, quedó firme su condena. Se trata de Carlos Amado Marandino, uno de los tres marinos condenados hace casi nueve años. Si bien aquella sentencia fue confirmada parcialmente en 2014, la Corte Suprema de Justicia demoró seis años en resolver los planteos de la defensa, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa y manifestó, además, que como su defensa no volvió a recurrir en queja a la Corte, su sentencia finalmente quedó firme. Marandino fue uno de los grandes responsables de los homicidios de presos políticos en la base aeronaval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.
Dos años después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara las condenas, se revocó también la absolución de Rubén Norberto Paccagnini, que era el jefe de la base Almirante Zar, y de Jorge Bautista, uno de los encubridores de la masacre. Los otros cuatro culpables murieron.
Aquella decisión fue recurrida, la Corte demoró seis años en resolver el planteo y finalmente devolvió el expediente a la Sala III de la Casación, que en mayo último rechazó un recurso extraordinario.
Existe un sexto imputado en la causa que fue el gran ausente en el juicio oral. Él es Roberto Guillermo Bravo, a quien la Armada envió como agregado militar a Washington poco tiempo después de la masacre. Su comportamiento antes, durante y después de la masacre está evidenciado, tras el testimonio de los tres sobrevivientes, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar; su impronta de acoso permanente y su cinismo fueron característicos; desde que los militantes de las FAR, el ERP y Montoneros se fugaron del penal de Rawson fueron encerrados en la base Zar, sufriendo todo tipo de amenazas antes de los fusilamientos ("ya van a ver lo que es meterse con la Marina, van a ver lo que es el terror antiguerrillero"), hasta que dieron los disparos finales.
Regodeándose en su acomodada vida de próspero empresario radicado en North Miami, Florida, Roberto Guillermo Bravo continúa, aún hoy, impune en el país que lo asiló (ciudadano norteamericano desde 1987). El estado argentino solicitó su extradición sin suerte en dos ocasiones. Mientras tanto, cuatro familiares de las víctimas de la masacre presentaron en octubre pasado una demanda civil en una Corte del Distrito Sur de Florida, patrocinados por el Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés), los estudios de abogados Keker, Van Nest & Peters y Markus / Moss PLLP, en colaboración con el CELS.
Bravo estuvo fugazmente detenido en 2019 a partir del segundo pedido de extradición del gobierno argentino, pero recuperó su libertad luego de pagar una garantía de 5 millones de dólares y otro millón de dólares de fianza.
Si no es ahora lo de Bravo, se hará seguramente justicia en algún momento. Pero sería importante que la sentencia no se convierta en un castigo post mortem.
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*Foto de portada: pagina12.com