¿Dónde está Santiago? Una pregunta que supo marcar presencia por varios días en Argentina; pregunta que guardaba para algunos, no solo deseos sinceros. La opinión y los actores políticos ante la desaparición del joven sureño se sumergieron en una larga historia de avances y retrocesos en los resultados que la justicia podía ofrecer. Este cuento superó algunos fantasmas desde la transición hacia la democracia, pero también se quedó con numerosos hábitos difíciles de ignorar, ciertas continuidades. Continuaron los intentos del anterior gobierno de desligarse de toda responsabilidad en el caso por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en la parcialidad de los jueces que estuvieron a cargo de la causa, quienes hicieron que se perdieran los tiempos necesarios en las primeras semanas de la investigación (y lo siguen haciendo) y en las prácticas de encubrimiento de la Gendarmería Nacional. Se pusieron de manifiesto también continuidades en cómo se instalaron hipótesis falsas afirmando que Santiago Maldonado estaba viajando, algo que se utilizaba mucho también durante la dictadura, para referirse al paradero de los desaparecidos. Continuidades que duelen pero que también fueron interrumpidas. Tal vez, en la mente de la exministra Bullrich, se proyectaron recuerdos de su perfecta relación con Gendarmería, como cuando proclamó, en medio de la crisis por la muerte de Santiago Maldonado que ella no iría “a tirar un gendarme por la ventana”. Hoy, el incómodo silencio, “tal vez” sea un indicio de que semejante romance, (Bullrich-gendarmería), habría caducado.
El sábado 17 de abril de este año, los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi publicaron en el sitio web “El Destape” pruebas de que la gestión de Mauricio Macri no sólo ejecutó la represión de Gendarmería en Cushamen, ese nefasto 1° de agosto del 2017, sino que además ejecutó de manera voraz las acciones para encubrir los hechos y hasta influyó en el Poder Judicial, para llevar la causa hasta velocidad cero, un proceso que ya lleva 4 años y dos gobiernos.
Dicha publicación hace referencia a los resultados de la investigación realizada al celular del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, relacionados al caso Maldonado. La investigación se dio en el marco de una causa judicial por espionaje ilegal de exfuncionarios donde deja al descubierto los operadores de Macri interviniendo directamente en la causa judicial de Maldonado.
El 22 de septiembre de 2017 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aceptó la recusación hacia el juez federal Guido Otranto, solicitada por la familia Maldonado, y puso en su reemplazo al juez federal de Gustavo Lleral.
Ese mismo día Darío Nieto, anotó en su celular: “Gustavo Lleral. Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos. Mahiques va a verlo el lunes”, haciendo referencia al actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y en ese entonces subsecretario en el Ministerio de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
La reacción de Sergio Maldonado, no se hizo esperar y expresó su profunda preocupación. Lo hizo a través de Twitter y allí mismo anunció la decisión como querellante de pedir la nulidad del proceso judicial inaugurado por Guido Otranto y continuado por Gustavo Lleral, hasta su “cierre”, en noviembre de 2018.
“Lleral es nuestro dijo Darío Nieto. Borinsky jugaba al Paddle con Macri. Otranto hablaba con Noceti, nos pinchaba el celular, pero no buscaba a Santiago. Ávila, perseguía Mapuches y defendía a La Gendarmería. Y #CorteSuprema? Saquen a Lleral, e investiguen Desaparición Forzada”, expresó por Twiter Sergio Maldonado, el 17 de abril de este año.
En declaraciones al periódico La Izquierda Diario, Sergio Maldonado afirmó: “queda cada vez más demostrado cómo el macrismo se sentaba directamente con el Poder Judicial para dirigir la causa. La fiscal Ávila era directamente la abogada de Gendarmería. Otranto, en vez de buscar a Santiago y recibirnos a los familiares, se sentaba con el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, no buscaba a Santiago y nos pinchaba los teléfonos. Y Lleral es a quien directamente lo pusieron para plantar el cuerpo”.
Sergio tiene la postura de que Lleral apareció para paralizar la causa: “Habrán dicho ‘si se quejan de que el juez Otranto no los escucha y que no es humano, pongamos a alguien que hable con la madre y los hermanos de Santiago’. Pero él fue cómplice desde el principio. Cuando asumió en la causa me dijo que tenía mi teléfono pinchado, pero no modificó nada sobre eso”, dijo. Y en este punto es vital recordar que la Gendarmería fue denunciada penalmente por espionaje ilegal a la familia Maldonado y a organismos de derechos humanos. En 2017 la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, presentó un escrito en el Juzgado Federal N°7 a cargo del juez Sebastián Casanello, en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal de la Gendarmería Nacional, conocido como “Proyecto X”.
“¿Qué más pruebas hacen falta para demostrar la complicidad entre ellos? Nosotros siempre lo tuvimos claro. Lo vimos cuando el mismo juez llamó a mi vieja el 29 de noviembre de 2018 para avisarle que cerraba la causa porque estaba recibiendo ‘presiones’. Directamente el macrismo operó a Lleral para que garantizara la impunidad”, asegura Sergio. Y agrega: “ahora más que nunca es necesario que haya un juez imparcial y que realmente investigue. Lleral ni siquiera hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1° de agosto de 2017”.
El hermano de Santiago también fue muy crítico ante el accionar del gobierno del Alberto: “La denuncia del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, contra Pablo Noceti y la Gendarmería lo que hace también es demostrar que no se va a investigar, porque esa causa cayó en manos del propio Lleral, quien ya dijo que Santiago se ahogó solo y la Gendarmería no tiene nada que ver”, afirmó.
Sobre este último punto, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, declaró a La Izquierda Diario que, con las nuevas pruebas conocidas, desde la querella entienden que “el Poder Ejecutivo podría presentar, cuanto antes, denuncias ante el Consejo de la Magistratura para averiguar esa relación que tuvo Lleral con el Gobierno en la causa. También para investigar el rol del juez Borinsky en el caso, como el de todos los jueces que participaron de alguna u otra forma en la causa”.
Sergio recuerda que Mariano Borinsky, miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, “es quien rechazó el pedido de recusación del juez Lleral y de la fiscal Ávila, quien también nos rechazó la propuesta de conformar un grupo de expertos independientes para investigar qué pasó con Santiago y quien también se negó a nuestro pedido de que se investigue en el marco de una desaparición forzada”.
Estamos ante el mismo juez que en las últimas semanas quedó demostrado que “visitó” al menos quince veces al entonces presidente Macri en la Quinta de Olivos.
El pasado 23 de junio, la fiscalía solicitó el procesamiento de tres jefes de Gendarmería, y aunque la causa principal por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado había entrado en un laberinto de parálisis judicial, nunca estuvo terminada ni cerrada como se pretendió. Luego de sucesivos fallos de instancias superiores, el juez Lleral tuvo que activarla y lo hizo al sumar otra investigación abierta sobre las irregularidades que cometió la Gendarmería durante el operativo represivo del 1 de agosto de 2017 en la comunidad mapuche de Cushamen.
"Si finalmente el juez avanza con todo lo que no hizo hasta ahora, se investigaría todo junto, esto implica analizar la ilegalidad del operativo y la flagrancia trucha que invocó el gobierno de Cambiemos para avanzar sobre la Pu Lof sin orden judicial, y la muerte de Maldonado en la idea de que, por ejemplo, pudo haber habido torturas tales como haberlo dejado morir de frío, una audaz posibilidad que introdujo el fallo de Casación", afirmó el abogado Mauricio Rojas, querellante en la causa por la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
El fiscal federal Federico Baquioni solicitó la declaración indagatoria de los gendarmes Juan Pablo Escola, jefe del escuadrón 36 de Esquel; Marcelo Ferreyra y Víctor Vaquila Ocampo por posible comisión de "daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público". Lo hizo en el marco del pedido de reapertura de la investigación respecto a "posibles irregularidades desplegadas por agentes de Gendarmería Nacional y que precedieron el fatal desenlace investigado en la causa 8232/2017, es decir el expediente madre del caso Maldonado". En septiembre de 2019 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, y determinó que la muerte de Santiago fue "traumática y dudosa por haber acontecido en un contexto de intervención estatal". Baquioni reclama que se haga la reconstrucción de los hechos, una medida que nunca se concretó.
La denuncia inicial sobre la incursión de los cuatro escuadrones de Gendarmería para hacer cesar el corte de la ruta cuarenta por una docena de jóvenes, había sido archivada por inexistencia de delito en la fiscalía de Silvina Ávila, que aplicó el manual completo dictado por el gobierno basado en la supuesta legalidad para actuar cuando el delito se está cometiendo en flagrancia. En los hechos, la interrupción del tránsito había cesado hacía horas, y fue más bien producto del operativo cerrojo desplegado para impedir que la comunidad recibiera ayuda o pudiera salir a informar lo que sucedía detrás de la tranquera. El corte había sido motivado por el encarcelamiento de su lonko, Facundo Jones Huala en Bariloche.
Cuando tuvo que intervenir la Cámara de Casación expresó que la muerte de Maldonado no fue una desaparición forzada, pero, en un fallo engañoso y confuso, indicó que había que investigar otros posibles escenarios, en acuerdo con el planteo de la APDH respecto del nexo de causalidad entre la irrupción armada de centenares de gendarmes y el asesinato del joven viajero anarquista, en consonancia con la hipótesis del CELS sobre un posible abandono de persona. El camarista Gustavo Hornos, en voto disidente, avaló que se siga investigando la desaparición forzada, pero yendo aún más allá. Cuando aparecieron imágenes de aquella represión, que incluyó la quema y el secuestro de todas las pertenencias de los mapuches (ropa, frazadas, juguetes, libros) y donde también desapareció la mochila de Maldonado, el abogado Rojas presentó una denuncia ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que abrió una causa, pero nunca lo informó en el expediente: "Estuvo dormida, la cerraron en 2019 y ahora Lleral la suma a la causa madre porque se lo ordenó Casación", explicó el letrado. Para el fiscal Baquioni se trata de un caso de "violencia institucional".
Por su parte, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, advirtió que sobre el juez Lleral todavía pesan sus recusaciones, y todos los planteos en la Corte Suprema están sin resolver, por lo tanto, cualquier iniciativa podría ser decretada luego como nula.
"Lleral ya había dicho que eran asuntos separados, y además quedaron absueltos los mapuches Matías Santana y Nicolás Jones Huala en la causa 8144/2017 abierta por el corte de la ruta", recordó Heredia.
"Entre las medidas que le pedí en su momento a Lleral y no hizo lugar, fue levantar los restos de esa fogata que hicieron los gendarmes para analizar el material y descartar o no si estaba la mochila de Santiago que nunca encontró. Hacer desaparecer la mochila puede ser la explicación de esa fogata. Se lo pedí por escrito y el 12 de diciembre de 2017 cuando fuimos al territorio", afirmó.
En tanto, el 6 de julio Guido Otranto fue beneficiado por el Consejo de la Magistratura, que ni siquiera trató el expediente. Es más, se archivó el juicio político del que fuera el primer juez que investigó la desaparición de Santiago. Y a pesar de que se lo separó por "parcialidad" a favor de una fuerza federal sospechada en una desaparición forzada y se lo responsabilizó por las arbitrariedades cometidas por la Gendarmería el día de la desaparición de Santiago y el Consejo Superior de la Magistratura, cerró su pedido por juicio político, sin siquiera tratarlo.
La presentación de pedido de juicio político había sido hecha por los entonces diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Myriam Bregman (FIT) y Horacio Pietragalla (FpV), quienes actualmente se desempeñan como titular de la INADI, legisladora porteña y secretario de Derechos Humanos, respectivamente.
Los legisladores señalaron, que Otranto sabía del hostigamiento que venía sufriendo el Pu Lof en Resistencia Cushamen desde la primera represión, meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado; e incluso había convocado a principios de 2016 a una mesa de diálogo de la que participaba la comunidad, pero la suspendió un año más tarde.
Sin embargo, lo que terminó por expulsar a Otranto de la causa fueron sus declaraciones en una entrevista al diario La Nación, donde expuso su posición respecto de la inocencia del personal de Gendarmería que actuó en la represión y aseguró, cuando aún el cuerpo estaba desaparecido, que Maldonado se había ahogado.
--------------------
*Foto de portada: diariocontexto.com
*Foto 2: cadenadelosandesfm.com.ar