Caso Santiago Maldonado: a cuatro años de su desaparición forzada seguida de muerte
 
Fueron años de impunidad
 
Por Andrés Volpe, desde Argentina-30 de Julio de 2021

“Me avisa el que fue así le tiro unos pesos”, tuiteó el referente de la ultraderecha Yamil Santoro al conocer que el Gobierno porteño en un acto cargado de alevosa y simbólica impunidad, había enviado a retirar un busto de Santiago Maldonado que se había colocado el pasado 24 de marzo (día de la memoria) en la Plaza de Mayo, al cumplirse 45 años del inicio de la última dictadura genocida. Ante la reacción de su hermano Sergio Maldonado que apuntó: “No te queda otra que pagarle a alguien que lo haga. Sos muy cagón para hacerlo vos solo”. La respuesta no se hizo esperar: “Para nada, no pierdo el tiempo con boludeces”.

En presencia de la excesiva e innecesaria provocación, el hecho parece representar una molestia para Santoro y muchos otros, pero refleja un comportamiento común, sistemático y criminal, efectuado muy a conciencia por parte de la derecha argentina. Ellos vienen sembrando a través de los medios en boca insolente de los referentes del periodismo o mejor dicho de los “terroristas de la información”; dicho de otro modo, no es otra cosa que parte de la estrategia de la operación contrainsurgente en la que nos vemos envueltos actualmente según declaraciones hechas a este medio, por parte de la periodista Stella Calloni. Esta estrategia busca desterrar el sentimiento de humanidad, a través del odio, de la división, de la duda, enturbiar las aguas, crear discordia, y desviarnos de las causas comunes y justas. La participación de Santiago en ese rincón alejado de la Patagónia representaba todo lo bueno de una lucha justa, exponía la idea de “común- unidad” y de solidaridad, algo que el poder quiere desterrar de cuajo.

Podremos muchas veces ante estos hechos soslayarnos de nuestra empatía, estar confundidos, pero nunca podremos huir de preguntas básicas y fundamentales que rayan un simple sentido común. ¿Podríamos quedarnos de brazos cruzados si nos matan a un hermano, a un hijo o a un amigo en circunstancias poco transparentes y encima se burlan de nosotros? ¿Podríamos callarnos ante la injusticia? ¿Podríamos hacer oídos sordos cuando mienten con alevosa maldad?

Santiago Maldonado no era “el vago que se ahogó solo en un charco” como el gobierno de Mauricio Macri intentó hacernos creer. Desapareció el 1 de agosto del 2017, tras la violenta represión de Gendarmería en la Lof en resistencia Cushamen, en la provincia de Chubut. Estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez.

En el marco de una tensión creciente entre la Comunidad Mapuche de Cushamen, en enero de 2017 el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, tildó de “terroristas” y “delincuentes” a los manifestantes de dicha comunidad que mantiene desde hace años una disputa por las tierras adquiridas por el grupo Benetton.

Existen en el baúl de la administración de Mauricio Macri demasiados cabos sueltos que son necesarios resaltar porque constituyen el origen y el final de una historia matriz del terrorismo de estado de estos tiempos:

El 1 de agosto de 2017 se realiza un violento operativo sobre la comunidad de Cushamen con la presencia de Pablo Noceti (jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad). La Gendarmería empieza a disparar contra los mapuches, primero en la ruta y luego entra al territorio y los persigue hasta el río; según testimonios, Santiago no puede cruzar y lo agarran.

El 4 de agosto de 2017 Sergio Maldonado, hermano de Santiago, asiste a la audiencia realizada en el Juzgado de Esquel, en la que la Gendarmería debía presentar un informe del operativo pedido por el juez, pero no lo hace y sólo declara que no lo tienen detenido.

Gerardo Milman, secretario de seguridad Interior, asegura que ni la comunidad Mapuche, ni la familia de Santiago Maldonado, colaboran con los peritajes. Lo cual es falso, ya que las autoridades del Gobierno hasta este punto nunca se habían comunicado con la familia y se había realizado el 5 de agosto el peritaje por parte de Prefectura Naval Argentina. Se trata de instalar de esta manera la idea que el Gobierno no investiga porque las partes no colaboran.

Con el empeño de caratular el hecho de “Desaparición forzosa de persona” a “Persona desaparecida”, proponen una recompensa de $500.000 para aquellos que informen donde está Santiago Maldonado. Empiezan a aparecer en medios de comunicación, versiones falsas de que Santiago en verdad no está desaparecido y está viajando por la provincia de Entre Ríos, hasta que fue desmentido a las pocas horas de haberse instalado. Esta lucha, de falsa información, genera distracción en miles de personas que empezaron a sensibilizarse con el tema, instalando la sospecha de que Santiago no estaba desaparecido.

Casi 10 días después de la desaparición de Santiago, se procede a allanar los escuadrones de Gendarmería. En primera instancia el de Esquel y por la tarde el del Bolsón. Se encuentran cabellos y una soga que podrían pertenecer a Santiago, los cuales son guardados como prueba para cotejamiento de ADN. Cabe aclarar, que los vehículos utilizados por Gendarmería Nacional durante el operativo, fueron lavados y los precintos de seguridad violentados. Esto fue reconocido por el Defensor Público Oficial. Gendarmería no declaró haber usado vehículos del tipo Unimog durante el operativo, pero videos y grabaciones mostraron que se encontraban vehículos de este tipo durante la represión de Cushamen. Los cabellos y la soga fueron encontrados en un vehículo del tipo Unimog, en unos conos, como los que se ven en este video donde una camioneta pasa sospechosamente con nylons negros y algo que se presume, puede ser la mochila de Santiago.

El juez federal de Esquel a cargo de la investigación, Guido Otranto, encabeza junto al fiscal Oscar Oroun y efectivos de la Policía Federal y de Prefectura Naval, un rastrillaje en la comunidad mapuche Pu Lof, en el departamento chubutense de Cushamen. En el operativo encuentran un collar que pertenece a Santiago, a 100 metros del lugar en donde habían hallado su gorro el sábado 5, y donde los testigos indican que Santiago fue golpeado por efectivos de Gendarmería.

El mismo día, 16 de agosto, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, expuso en el Senado ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, y allí quitó importancia a los operativos de Gendarmería, cuestionando duramente la contribución de la familia, la hipótesis de la desaparición forzada y el tiempo que pasó hasta que se presentó el caso en la justicia. Fue desmentida unas horas después.

Santiago Maldonado 2

Dos días después, la Gendarmería entrega el listado con los 130 nombres de quienes participaron del procedimiento represivo el 1ero de agosto en Cushamen, y esta información fue proporcionada con demora, respecto a los tiempos estipulados por la Justicia. En un comienzo, Gendarmeria le contestó a la fiscal que sólo 8 gendarmes habían participado del operativo.

Por ese entonces Ariel Garzi, amigo de Santiago, denuncia públicamente que estaba bajo el régimen de testigo protegido hasta que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio sus datos en la exposición que hizo en el Senado el 16 de agosto. Ariel llamó a Santiago al día siguiente de su desaparición y alguien atendió durante 22 segundos.

Representantes de organismos de derechos humanos se reunieron el 22 de agosto con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano. Sin embargo, fue una reunión sin ningún resultado positivo. “Salimos peor de lo que entraron porque siguen mintiendo”, afirmaron, reclamando la renuncia de Pablo Nocetti, el jefe de Gabinete de Seguridad, presente el día del violento operativo. La reunión terminó abruptamente cuando Garavano se retiró enojado porque le dijeron: “Ustedes saben lo que pasó con Santiago y no lo dicen”.

Entre los organismos que acompañaron se encontraban: Madres de Plaza de Mayo LF, Abuelas de Plaza de Mayo, Cels, H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Medh, APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y LADH

Dos días después, la Fiscalía Federal de Esquel cambia la carátula de la causa a: “Desaparición forzada de persona”. Este delito trae implícita la responsabilidad de miembros del Estado. De esta manera, la investigación se dirige hacia las fuerzas de seguridad, en especial a la Gendarmería.

Al día siguiente el comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari dijo en una entrevista que siguieron “órdenes precisas” del Ministerio de Seguridad durante la represión del 1 de agosto, cuando desapareció Santiago.

Tres días después el 29 de agosto, la fiscal subrogante Silvina Ávila, eleva un informe al Ministerio de Justicia, para que el Estado argentino envíe al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y la CIDH, sobre lo realizado en la causa. Sin embargo, se omiten diversos elementos que comprometen a los gendarmes y no se contemplan los testimonios tomados en el territorio por la Procuraduría de Violencia Institucional que señalan que los gendarmes se llevaron a Santiago. Además, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, señaló otras omisiones, como que la filmación de la Gendarmería del operativo (que es obligatoria) no está completa, que sus agentes ingresaron a la comunidad cuando la orden judicial se limitaba al despeje de la ruta 40 y que no se menciona el rol del jefe de gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, entre otras cosas.

En un cambio de discurso, el 6 de septiembre, el secretario de DDHH de la Nación, Claudio Avruj declara que la principal hipótesis apunta hacia la Gendarmería. En tanto, el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Durán, confirmó, al ser interpelado en la Legislatura, que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Nación, Pablo Noceti, diseñó el operativo de represión que el 1 de agosto realizó Gendarmería al mismo tiempo que desligó a la Policía de Chubut. Mientras tanto, salen a la luz irregularidades en el procedimiento de Gendarmería Nacional, como la falta de la grabación completa del operativo y las declaraciones del Defensor Oficial sobre las pruebas que fueran eliminadas frente al Juez Otranto.

Al día siguiente, en conferencia de prensa junto a la familia de Santiago, la abogada de la familia, Verónica Heredia, indica además, que los libros de actuación de Gendarmería Nacional fueron adulterados.

Ante las crecientes contradicciones que debilitan la defensa de la Gendarmería sostenida por los funcionarios de La Casa Rosada y el reconocimiento de que gran parte de la sociedad considera responsable al Estado, Hernán Iglesias Illa, coordinador de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete, expone la nueva posición que asume el gobierno: “Lo peor que podría haber pasado es que algún gendarme suelto le haya pegado a Maldonado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente….Eso no podría ser parte de un plan de gobierno”.

En un nuevo intento de orientar la investigación hacia un “homicidio culposo” y alejarla de la “desaparición forzada”, el 11 de septiembre, el gendarme Robledo asegura, en un sumario interno, que formó parte de un grupo de ocho uniformados que llegó hasta el río y que le pegó un piedrazo a un hombre que estaba “a unos 30 metros”.

Al día siguiente, el juez Otranto cancela la declaración de Andrea Millañanco, la primera persona fuera de la Pu Lof de Cushamen en enterarse que había un desaparecido, para tomar testimonio, en cambio, a tres gendarmes del Escuadrón 35; dos de ellos cumplían funciones de cocineros y no entraron al territorio, el otro era Robledo. Además, el Gobierno le informa al representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, que no promoverán la conformación de un grupo de expertos independientes para investigar la desaparición de Santiago Maldonado porque “la Justicia está trabajando bien y la investigación está avanzando”.

Dos días después, los familiares de Santiago Maldonado y su abogada, principal querella en la causa donde se investiga su desaparición forzada, presentan la recusación del Juez a cargo de la misma, ante el nulo avance en la investigación. La fiscal Ávila recibe el peritaje que la Policía Federal Argentina realizó a más de 70 celulares secuestrados en los allanamientos que hicieron en los escuadrones de Esquel, El Bolsón y en la localidad de San Martín. Se peritaron mensajes, fotos, videos y listados de llamadas entrantes y salientes. Seis teléfonos pertenecientes a efectivos que se tomaron licencia luego de participar en el operativo represivo en la Pu lof en resistencia Cushamen, no estuvieron disponibles para ser peritados.

El 16 de septiembre la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen que invalida la investigación que el Ministerio de Seguridad entregó a la Justicia Federal con las “actuaciones administrativas” a los efectivos de Gendarmería que participaron de la represión el 1ero de agosto. El dictamen denuncia el direccionamiento de las entrevistas, cuestiona que no hace foco sobre el rol de Pablo Noceti y describe que el Gobierno presentó esta investigación en los medios como si resolviera el caso, entre otras cosas.

Por otro lado, nuevas declaraciones de Gendarmería indican que los efectivos Emmanuel Echazú y Ernesto Yañez, no fueron heridos en la ruta, como dijeron, sino a la vera del río Chubut. La agresión en la tranquera era la que Gendarmería argumentaba como flagrancia, y por la cual justificaba el ingreso al territorio mapuche. Sin embargo, el ingreso se da por una orden del comandante Pablo Escola para “apresar manifestantes”. Escola recibe órdenes del comandante mayor de Gendarmería, Diego Balari, y éste de Pablo Noceti.

Al día siguiente, el juez Otranto indica en una entrevista para el diario La Nación, que la hipótesis principal que manejaba era la de que Santiago Maldonado se hubiera ahogado en el río Chubut. Esto implica adelantar su opinión sobre al caso a los medios de comunicación, y va en contra de lo que observaron los buzos en la inspección realizada el 5 de agosto. El río tiene poca profundidad y poca corriente. En consecuencia, ordena un rastrillaje con más de 300 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, y no permite el ingreso a los familiares, ni su abogada, ni organismos de derechos humanos. Por el contrario, el secretario de Coordinación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, funcionario que depende directamente de Patricia Bullrich, siguió de cerca el allanamiento, con la excusa de ser un “auxiliar de la Justicia”. Durante el operativo, Matías Santana, uno de los principales testigos de la comunidad en la causa e integrantes de la comunidad mapuche de Vuelta del Río, fueron maniatados con precintos y mantenidos doce horas en situación de hostigamiento permanente.

El 19 de septiembre, familiares de Santiago y su abogada concurren al Juzgado Federal de Esquel a pedir información del resultado del rastrillaje ordenado el día anterior, pero el juez no los atendió, ni brindó información. Sin embargo, recibió a los abogados de Gendarmería. Un policía de Río Negro realizó una declaración testimonial y dijo que durante el rastrillaje del 16 de agosto en busca de pistas sobre Santiago Maldonado encontró cartuchos de bala FAL y 9 mm, que no fueron utilizados como prueba porque la fiscal a cargo dijo que “no era lo que buscaban”.

El CELS también presenta la recusación del juez Otranto por las declaraciones que el magistrado hizo en los medios de comunicación, que afectan la garantía constitucional de imparcialidad respecto a la investigación.

Mientras tanto, el juez Otranto ordenó allanar una peluquería en Villa Mercedes, porque la dueña manifestó haber visto a Santiago en su local.

El 21 de septiembre se dio a conocer en los medios un audio, en el que un gendarme que participó del operativo represivo del 1ero de agosto, dijo: “Les dimos corchazos para que tengan“. Esta información surgió del peritaje hecho sobre los teléfonos celulares secuestrados de los efectivos de la Gendarmería.

Dos días después se revela a partir del peritaje hecho al teléfono de un “alto mando” de la Gendarmería, que esa fuerza pidió información sobre los movimientos y contactos de Santiago Maldonado sin tener una orden del juez. Y que desde el celular del Centro de Reunión de Información Neuquén de Gendarmería se envía información de la familia de Santiago, por afuera de la investigación judicial, es decir, de manera ilegal.

Al día siguiente un nuevo audio detectado en el teléfono celular del sargento Sergio Sartirana sugiere que el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, ordenó esconder los vehículos de la Gendarmería que participaron en el ataque contra la comunidad mapuche de Cushamen el 1º de agosto, para eludir las pericias: “Que saquen los vehículos de ahí, que escondan”. Además se conocieron otros audios enviados de un efectivo a otro, entre ellos uno que decía: “El que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana“.

El 4 de octubre se da a conocer que una escopeta Bataan 12/70 que empuñó el sub alférez Emanuel Echazú, uno de los gendarmes que integró la patrulla que avanzó hasta la vera del río en el operativo contra la Pu Lof, no fue enviada a peritar por la Gendarmería Nacional. En tanto, nuevos audios comprometen a los gendarmes. En un mensaje encontrado en el celular de Orlando Yucra se puede leer: “Vine trayendo a El Bolsón un detenido”.

A partir de una noticia falsa que fue impulsada por varios medios de comunicación, el 9 de octubre se trató de instalar la idea de que la mochila y el celular que buscaba la Justicia estaban en poder del hermano de Santiago, lo cual debió ser desmentido por la familia.

La Diputada Nacional Elisa Carrió, en una llamativa declaración el 15 de octubre en un programa de televisión dijo: “Hay un 20 por ciento de posibilidades de que esté en Chile”.

Después de ser apartado del caso el Juez Otranto, asumió como titular de la sede judicial para las investigaciones, su colega Gustavo Lleral. Durante un rastrillaje ordenado por él, el día 17 de octubre, y realizado por la Prefectura en presencia de la abogada Verónica Heredia y la familia Maldonado, se encuentra un cuerpo sin vida 300 metros aguas arriba del lugar por donde Santiago Maldonado había cruzado el río Chubut el 1ro de agosto. Días después se confirmaría que se trata del cuerpo de Santiago. El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Esquel. Sin respeto hacia la familia, personal con acceso a la morgue en un acto de irresponsabilidad absoluta y violando las normas de secreto, filtran 4 fotos del cuerpo sin vida de Santiago a grupos de whatsapp, viralizándose rápidamente en las redes sociales (oportunamente se supo que el responsable de la filtración del material gráfico, fue un médico forense, quien luego fue procesado por la justicia).

El 18 de octubre se conoció la última fotografía de Santiago Maldonado con vida, intentando escapar de la persecución de la Gendarmería. Las imágenes fueron tomadas por la propia Gendarmería en el momento de la irrupción en la comunidad mapuche de Cushamen, el primero de agosto. La Gendarmería contó con ese material desde el mismo día en que ocurrió la agresión cometida (por un centenar de uniformados con armas) contra ocho jóvenes desarmados que huyeron hacia el río. Pese a la insistencia del Gobierno nacional en desacreditar el testimonio del joven mapuche Matías Santana, a quien acusó, desde sus medios de propaganda, de sembrar pistas falsas, la fotografía comprueba que tal como él dijo, Santiago Maldonado vestía una campera celeste que Santana le prestó.

El cuerpo fue trasladado a Buenos Aries para realizarse una autopsia en la sede del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. La familia de Santiago expresó su convicción ante la posibilidad de que el cuerpo fue plantado en el lugar.

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Este domingo 25 de julio que pasó, Santiago Maldonado habría cumpliendo 32 años.

Stella, su mamá, publicó en Facebook una conmovedora carta donde remarca los cuatro años de su desaparición seguida de muerte:

“Estos últimos cuatro años sólo es tristeza, no sabemos qué te pasó ni tenemos justicia. Vos diste tu vida por los hermanos originarios y nadie hace justicia por vos. Siempre qué salías me decías, Yo siempre voy a estar cuándo me necesiten. Esa fue la última vez, porque nunca más volviste. Hay veces que siento que en algún momento vas a llegar. Te extrañamos tanto, eras un ser maravilloso con un gran corazón. Ya cumplirías 32 hermosos años”.

“Nunca te voy a olvidar”, “Te mandó un beso enorme al cielo”, ”Mamá”.

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*Foto de portada: kontrainfo.com

*Foto 2: eduvim.com.ar

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