Mauricio Macri y su séquito, por estos días están contando las opciones para poder desligarse de esta situación por demás de comprometedora y que rompe fronteras, al extremo de que a estas alturas ya se habla de pedidos de extradición. Varias reparticiones argentinas se vieron comprometidas por su sospechosa transparencia. La exfuncionaria estrella Patricia Bullrich en una misiva, intentó desligarse de la debacle que promete cobrarse con varios sacos y corbatas, en fin, la tangente, una dirección no casual.
De los exfuncionarios signados como responsables, además de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, están el que era embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC), el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, el extitular de Cancillería, Jorge Faurié, Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina).
Sabrina Frederic por el Ministerio de Seguridad, Martin Soria, de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, formalizaron la denuncia ante la justicia de "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".
Según consta en dicha denuncia el fin era "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales". Según manifiestan los denunciantes los manejos inescrupulosos se evidencian en el "contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra"; además se habla de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación.
Según se detalla en la denuncia "el hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero".
El escrito además detalla el material bélico puesto a disposición del gobierno de facto.
La exministra de Seguridad Patricia Bullrich reiteró que el material bélico tenía como objetivo un operativo de seguridad del Grupo Alacrán, admitiendo así la participación de Gendarmería que “debía proteger la Embajada argentina en La Paz”.
La carta que hizo pública, consta de cuatro páginas, desligándose rotundamente de cualquier responsabilidad, en la que se defiende por el envío de material bélico a Bolivia en los días del golpe contra Evo Morales. Bullrich comienza reconociendo que existió un "golpe de Estado", algo que la gestión de Mauricio Macri negó durante su mandato, pero luego vuelve a poner la responsabilidad de lo ocurrido en Bolivia en el gobierno de Evo Morales.
En su defensa, Bullrich por otro lado insiste con el argumento de la falsedad de la carta de Terceros Lara y apunta contra el presidente Alberto Fernández al sostener que se "apresuró a pedir disculpas", al indicar que "está fechada el 13 de noviembre de 2019; es decir, cuando el excomandante de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, ya había renunciado y mal podía entonces enviar en carácter oficial una nota de agradecimiento". Y agrega que "la Fuerza Aérea no tiene relación alguna con actividades antidisturbios y resulta totalmente incoherente que la nota proceda de esa arma".
Sin embargo, el Ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, confirmó tener en su poder la carta original que el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara envió a la Embajada argentina en La Paz para agradecer la cooperación del Gobierno de Mauricio Macri, con el golpe que estaba en marcha contra Evo Morales.
Sin embargo, aunque la cúpula militar había puesto sus cargos a disposición del gobierno golpista de Jeanine Áñez el 12 de noviembre, no fue hasta el mismo 13 de noviembre cuando la presidenta de facto tomó juramento a los nuevos titulares de las fuerzas armadas. Mientras que el comandante de la Fuerza Aérea no solo cumplió las tareas que le correspondían a su fuerza si no que tuvo un rol central en la transición del gobierno constitucional de Evo Morales al gobierno de facto.
Irregularidades detectadas
Según los que denuncian exponen que el 11 de noviembre Gendarmería pide la autorización de exportación temporaria del armamento que iban a usar los Gendarmes. Allí mismo, se hizo una ampliación del cupo de municiones a llevar. Al día siguiente, el 11 de noviembre, la Gendarmería pidió otra ampliación del material a trasladar. Ahí figuran los 70.000 cartuchos anti-tumultos y 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de gas hostigamiento. Un listado que coincide con la nota de agradecimiento que el 13 de noviembre enviará el entonces jefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara.
Un hecho destacado es que en los archivos de la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados) no existe una autorización de salida de las granadas de gas pero que existen en los listados de la Gendarmería y en el agradecimiento de Terceros Lara. Sin embargo, cuando los gendarmes regresaron en junio de 2020, tuvieron que informar y justificar el reingreso del material sobrante, nada se dijo de la exclusión de las granadas, lo que para los demandantes implica un reconocimiento de la salida irregular. Es necesario destacar que el Hércules en el que se trasladaron los gendarmes incluyó el transporte de 177 bultos.
Hay otro dato a destacar. El 15 de noviembre la entonces ministra Bullrich firmó y emitió la resolución que autorizaba la salida de esos efectivos. Ese mismo día, a las 20.05, la Gendarmería envió un sobre al Ministerio con la nómina de los Gendarmes. Dos horas más tarde se publicó la resolución de Bullrich, pero los Gendarmes estaban en la Paz hacía ya dos días. Bullrich firmó la autorización sin esperar un dictamen del departamento jurídico de la Gendarmería y mucho menos el del ministerio que conducía.
Por otro lado, lo que ha detectado la Aduana son discrepancias entre el objetivo por el cual se sacaron los “materiales” del país y el uso que tuvieron después. Porque una exportación temporaria impide de manera taxativa la entrega de ese material bélico a fuerzas militares bolivianas tal como consta en la nota de agradecimiento de Terceros Lara y las autorizaciones del ingreso de esa materia, que hizo la Policía de Bolivia, y que consta en la investigación realizada por el ministerio que conduce Frederic.
Es más, en julio de 2020, cuando regresaron los Gendarmes, el entonces titular de la Dirección de Operación de Gendarmería, Carlos Recalde justificó el “consumo” total de los 70.000 cartuchos “anti tumulto” con el ejercicio de entrenamiento y práctica de los uniformados.
Esta discrepancia y las otras evidencias que incluye la denuncia, les permite a los demandantes sostener la hipótesis del contrabando y el desvío de armamento para un fin no declarado. En ese sentido, la demanda es contundente al sostener "que entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019, Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno de todos los niveles, tomaron la decisión de utilizar el traslado de personal de custodia para ni más ni menos, contrabandear material represivo para nutrir y mejorar las capacidades del gobierno de facto que ese día asumía el poder ilegítimamente en Bolivia".
Posible pedido de extradición
El gobierno boliviano por estas horas, está evaluando aplicar un pedido de extradición. La existencia de dicho tratado entre ambos países permitiría el juzgamiento e incluso la detención de los funcionarios que pudieron haber estado implicados. La extradición solo puede ser rechazada si se trata de delito político, lo que no se daría en el caso.
La ley argentina N°27.022 establece que pueden ser extraditados funcionarios implicados que aún estén en actividad y exfuncionarios.
Fuentes judiciales explicaron que para ello habría que disponer la prisión preventiva y en ciertos casos eso requiere el desafuero o el juicio político para los que actualmente siguen siendo funcionarios.
Para que proceda la extradición el delito tiene que estar contemplado como delito en ambos países (en ambos códigos penales).
Se puede rechazar si el imputado está siendo juzgado en Argentina por el mismo delito, es decir los mismos hechos.
Pruebas, dichos y desdichos, obviedades no tan obvias cuando se trata de juzgar a la casta política, las leyes se vuelven laxas, los plazos son estirados, hasta que la prensa se aburra; y hasta que el pueblo mire hacia al próximo acto de violencia, esperamos que esta sea la excepción a la regla. Que se cercenen vidas masivamente no debería ser un pan cotidiano, ya compramos esa realidad en el pasado. Nunca más es nunca más.
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*Foto de portada: expedientepolitico.com
*Foto 2: argentina.gob.ar