Con la lupa puesta en las irregularidades del operativo represivo de Gendarmería en Cushamen
 
Por Andrés Volpe, desde Argentina-24 de junio de 2021

El vago, el hippie, el croto, el mapuche blanco; ningún término despectivo, ninguna descalificación podrá aminorar la marcha hacia la verdad, en el caso Santiago Maldonado. Que su hermano Sergio y su esposa “lucran y viajan por el mundo a costa de su muerte”, que son mentirosos, políticos, zurdos, buscavidas; miles de razones viajan por el aire televisivo, pintando verdades sabe Dios para quién. Nadie habla de razones y tempestades de un joven encontrado en un pequeño curso de agua, todos conjeturan causas aparentes, de aparentes verdades a medias, de obscenas inconsistencias, de dudosos testimonios.

A pesar de que la principal causa por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado -en agosto de 2017- había quedado en un callejón sin salida, en el orden judicial, nunca fue cerrada, no obstante, las apariencias.

Luego de sucesivos fallos en instancias superiores, no le quedó otra al juez federal Gustavo Lleral que reactivar la causa, sumando otra investigación que evidencia las irregularidades que cometió la Gendarmería durante el operativo, donde se llevó a cabo una represión el 1 de agosto del 2017 en la comunidad mapuche de Cushame, en la zona de Esquel, provincia de Chubut.

La información fue tomada de los sumarios que fueron iniciados por el Ministerio de Seguridad, entre otras nuevas evidencias.

El abogado Mauricio Rojas, querellante en la causa por la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) en entrevista con el medio Página/12, expresó: "Si finalmente el juez avanza con todo lo que no hizo hasta ahora, se investigaría todo junto. Esto implica analizar la ilegalidad que venimos denunciando del operativo y la flagrancia trucha que invocó el gobierno de Cambiemos para avanzar sobre la Pu Lof sin orden judicial, y la muerte de Maldonado en la idea de que, por ejemplo, pudo haber habido torturas tales como haberlo dejado morir de frío, una audaz posibilidad que introdujo el fallo de Casación", dijo.

En ese marco, el fiscal federal Federico Baquioni solicitó la declaración indagatoria de los gendarmes Juan Pablo Escola, jefe del escuadrón 36 de Esquel; Marcelo Ferreyra y Víctor Vaquila Ocampo por posible comisión de "daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público". Lo hizo en el marco del pedido de reapertura de la investigación respecto a "posibles irregularidades desplegadas por agentes de Gendarmería Nacional y que precedieron el fatal desenlace investigado en la causa 8232/2017", es decir el expediente madre del caso Maldonado.

En septiembre de 2019 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia sobreseyó al Gendarme Emmanuel Echazú, pero determinó que la muerte de Santiago fue "traumática y dudosa por haber acontecido en un contexto de intervención estatal". El fiscal Baquioni reclamó que se hiciese la reconstrucción de los hechos, una medida que nunca se concretó.

Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, expresó sus reservas y manifestó su malestar al hablar del juez Lleral expresando que todavía pesan sus recusaciones, y agregando que todos los planteos en la Corte Suprema están sin resolver. Por lo tanto, cualquier iniciativa podría ser decretada luego como nula: "Lleral ya había dicho que eran asuntos separados, y además quedaron absueltos los mapuches Matías Santana y Nicolás Jones Huala en la causa 8144/2017 abierta por el corte de la ruta", recordó Heredia.

"Entre las medidas que le pedí en su momento a Lleral y no hizo lugar, fue levantar los restos de esa fogata que hicieron los gendarmes para analizar el material y descartar o no si estaba la mochila de Santiago que nunca se encontró. Hacer desaparecer la mochila puede ser la explicación de esa fogata. Se lo pedí por escrito y el 12 de diciembre de 2017 cuando fuimos al territorio", dijo.

Balas de goma y de plomo, piedrazos, filmaciones que se cortaron e insultos como “vamos a quemarles las casas a estos indios de mierda”, todo esto se encuentra en la denuncia inicial sobre el “operativo” de cuatro dotaciones de Gendarmería que supuestamente tenía como finalidad destrabar el corte de la ruta 40 donde participaban una decena de jóvenes mapuche. Sin embargo, la causa había sido archivada por inexistencia de delito en la Fiscalía de Silvina Ávila, que aplicó el manual completo dictado por el Gobierno, basado en la supuesta legalidad para actuar cuando el delito se está cometiendo en flagrancia.

Lo que pasó en realidad es que la interrupción del tránsito había cesado hacía horas, y fue más bien producto del operativo cerrojo desplegado para impedir que la comunidad recibiera ayuda o pudiera salir a informar lo que sucedía detrás de la tranquera. La incursión tenía como objetivo encarcelar a su Lonko, Facundo Jones Huala en Bariloche.

La Cámara de Casación expresó, en su momento, que la muerte de Maldonado no había sido una desaparición forzada pero señaló que había que investigar otras hipótesis, siguiendo el planteo de la APDH respecto del nexo de causalidad entre la irrupción armada de centenares de gendarmes y el asesinato de Santiago, en consonancia con la hipótesis del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) sobre un posible abandono de persona, pero en el caso del camarista Gustavo Hornos, hurgando más allá: que Maldonado haya sido obligado a permanecer en las aguas heladas del río Chubut hasta su muerte.

"Estuvo dormida, la cerraron en 2019 y ahora Lleral la suma a la causa madre porque se lo ordenó Casación", explicó el letrado Rojas sobre la denuncia que presentó ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que abrió una causa pero nunca lo informó en el expediente. En ese entonces fue cuando aparecieron las imágenes de aquella represión, que incluyó la quema y el secuestro de todas las pertenencias de los mapuche (ropa, frazadas, juguetes, libros) y donde también desapareció la mochila de Maldonado. Para el fiscal Baquioni, bajo este panorama, se trata de un caso de "violencia institucional".

Si la justicia puede retroceder y maquinar un nuevo rumbo, la opinión pública deberá hacerlo, porque autoriza como propia institución desde su seno, porque fue débil con Santiago en vida y lo sigue siendo con su desaparición física. Restarles cuentas a los operadores de lo ajeno será tarea corriente por estos días, esperemos que no sean demasiados como para olvidarnos de luchas sinceras, plurales y justas, y no se sancionen cargos leves para no llenar de líneas el historial de derechos humanos, ausentes de tutela.

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*Foto de portada: www.cels.org

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