Todos somos responsables
 
Por Alejandro Díaz-18 de junio de 2021

No hace muchos días, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), aplicó por primera vez el protocolo que lo habilita a recurrir a la asistencia de la Policía (bajo órbita del Ministerio del Interior), para resolver una situación de “riesgo de vida”, respecto a una persona en situación de calle.

El anuncio lo realizó Martín Lema, quien recientemente reemplazó a Pablo Bartol como titular del MIDES: “a través de un equipo del Mides, se constató a una mujer de 57 años a la que el ministerio le viene haciendo un seguimiento de forma permanente. Algunas veces la persona ingresa al refugio y otras no. Pero es una persona que estaba identificada y se le hacía un seguimiento, lo que claramente resulta más sencillo cuando están en refugios”.

Narrando los hechos, detalló el procedimiento: “se constató la apariencia y se pidió la concurrencia de un médico para tener con mayor precisión, si era una situación en riesgo de muerte. El médico, efectivamente, confirma que se trataba de una situación de ese tipo. Por tanto, entre el equipo del MIDES y con asistencia de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), se intenta convencer a la persona para que reciba el tratamiento correspondiente. Aparte, es diabética e insulinodependiente. Estaba sufriendo una descompensación. Ante una negativa permanente, se solicitó la intervención del ministerio del Interior”.

“Una vez coordinadas las tres partes, MIDES, ASSE y Ministerio del Interior, se incentivó que la mujer concurra a un centro de salud. Finalmente, el diálogo dio resultado, y accedió a internarse. Actualmente está en el Maciel”.

Este protocolo fue aprobado por el presidente Luis Lacalle Pou los últimos días del pasado mes de mayo. El mismo entra bajo la órbita de la Ley 18.787, “Personas en situación de calle”, aprobada en el año 2011, que dictamina en su artículo único: “Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad”.

El MIDES, desde su facultad tiene y dispone, de múltiples propuestas y programas de apoyo y de asistencia para las personas, no solo en situación de calle, sino en estado de vulnerabilidad. Refugios nocturnos, centros de acogida de 24 horas, centros para mujeres con niños y adolescentes, incluso hogares de vivienda. Y recientemente impulsaron los “paradores nocturnos”.

Comer basura y morir de frío 2

Sin lugar a dudas, al menos en los papeles, el Estado “cumple” con su responsabilidad que adquirió en el artículo 44 de la Constitución Nacional: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”.

Pero, en este caso, lo realiza violentando al sujeto, “aún sin que presten su consentimiento”, lo que implica, más allá de todo riesgo, que la persona goza de su facultad de conciencia y pretende gozar de su libertad. Asimismo, el Estado, sin abogado o representante legal de por medio, arrasa contra esa expresión de libertad en favor… ¿del bien común? ¿Del interés general?

Dicta la ley madre en el artículo 7°: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.

Días atrás, junto con algunos compañeros de trabajo, nos tocó personalmente asistir a un muchacho, con un historial de situación de calle, en condiciones de vulnerabilidad endémicas. Había sido agredido, golpeado, tenía varios machucones y una pequeña herida cortante en el cuero cabelludo. El muchacho ya había sido “revisado” por los agentes de policía. Ante nuestra pregunta, de acercarlo a un centro de salud, recibimos la negativa. Sencillamente no deseaba ingresar al sistema institucional. Lo acompañamos un rato hasta cerciorarnos de que estaba bien, y seguimos camino.

Por supuesto que cada persona es un mundo en sí misma, y que cada caso es distinto. Las historias, las edades, los tiempos son distintos. ¿Por qué una persona rechazaría ayuda del Estado? ¿Soberbia? ¿Desconfianza? ¿Miedo? ¿Cuántas veces el Estado es el rostro de la opresión y de la marginalidad, a la que son sometidos algunos jóvenes, y no tan jóvenes?

Y no me refiero a los abusos policiales que sufren sobre todo los jóvenes. Ni siquiera me refiero a las políticas públicas en materia social, donde generalmente, los y las trabajadoras del rubro, son de las personas más comprometidas con el prójimo.

Probablemente, del sufrimiento y de la sensación de impotencia que genera querer ayudar a quien que no se quiere dejar ayudar, es que haya nacido esta necesidad de violentar la voluntad ajena.

Hay cerca de 4 mil personas en situación de calle, de las cuales más de 3.400 están en Montevideo, según cifras que recientemente difundió Pablo Bartol, extitular del MIDES, durante su presentación ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, a principio de año. En ese presente, determinó que las principales causas para terminar en situación de calle eran los vínculos familiares y las adicciones, sumadas a la crisis económica.

Y es aquí, donde quizás el planteo de “riesgo de vida” se torna mezquino, o esquivo al menos de la realidad profunda. “Nuestro objetivo es no dar ninguna persona por perdida”, dijo Martín Lema. La marginalidad y la precariedad habitacional en la que viven, no solo la gente en situación de calle, sino cientos de uruguayos y migrantes, es estructural. Esta ley (18.787) data del 2011, cuando la región “gozaba” de la década ganada del progresismo. En diez años, no se realizaron actos consecuentes para erradicar las diferencias socio económicas que están inexorablemente detrás de toda grieta social, y de toda diferencia de clases. Por supuesto que hay casos de “chicos bien” que también se pierden en la droga y en calle.

Pero los muchos son los pobres, siempre los pobres. Que viven de salarios negros o de pensiones magras; de ayudas medidas; de presupuestos paliativos y de alquileres en dólares. De Estado de Emergencias a Estado de Emergencia. Viven siempre en riesgo de caerse de clase, y de perder la casa, y de irse a dormir a la calle. ¿Cuántos de traje y corbata perderían la dignidad y el honor constitucional por mucho menos que esto?

Violentar derechos por el interés general

Aproximadamente hay 100.000 (lo escribo por si no se lee, cien mil), propiedades ociosas en Uruguay (algunas estadísticas, tienen como base el censo de 2011, pero no ha variado sustancialmente), de estas unas 60.000 están en Montevideo. Casas y mausoleos vacíos, esperan el inevitable herrumbre, que permita rezonificar los barrios, y estimular la especulación inmobiliaria. La historia de las metrópolis es harto conocida. Montevideo quiere ser Metrópolis, y como toda Metrópolis necesita edificios altos y veredas limpias de basura desclasificada, de heces de perros y de gente “durmiendo” en la calle.

La ley 18.308, (Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible), promulgada en el año 2008, viene a plantear la necesidad de diagramar los espacios y los recursos, para que todos y todas, podamos vivir acorde con aquel idílico séptimo mandamiento constitucional.

Se detalla en el artículo 4 inciso a): “La definición de estrategias de desarrollo sostenible, uso y manejo, del territorio en función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos y ecológicos, a través de la planificación".

En su artículo 5 inciso e) dice: “la distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso urbanizador entre los actores públicos y privados”; se agrega en el inciso f): “la recuperación de los mayores valores inmobiliarios generados por el ordenamiento del territorio”; en el inciso g), “la conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social, con objetivos de desarrollo integral, sostenible y cohesionado del territorio, compatibilizando una equilibrada distribución espacial de los usos y actividades y el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios existentes”; uno más, inciso i) “la creación de condiciones para el acceso igualitario de todos los habitantes a una calidad de vida digna, garantizando la accesibilidad a equipamientos y a los servicios públicos necesarios, así como el acceso equitativo a un hábitat adecuado”.

Y solo dos artículos más: Artículo 27 inciso f): “la declaración de utilidad pública sobre los terrenos, instalaciones y construcciones correspondientes, cuando prevean obras públicas o delimiten ámbitos de actuación a ejecutar mediante expropiación”.

Comer basura y morir de frío 3

Pero expropiar la propiedad por intereses generales es más complejo que expropiar la voluntad. Salvo “expropiaciones previstas por tren de UPM superan cuatro veces las proyectadas”, titula el sitio lamañana.uy el 26 de febrero de este año. Agrega: “en el plan inicial anunciado por la administración del Frente Amplio se estipulaba que las expropiaciones no pasarían la barrera de las 300. Hasta el momento van realizadas 700 expropiaciones y desde el Ministerio de Transporte prevén llegar a más de 1035 con un costo superior a US$ 20 millones. Se estima que un centenar de propietarios están en litigio con el Estado porque no aceptan el pago que se les quiere dar por sus propiedades”.

¿Acaso todos los centenares de familias, donde no llegan los servicios, donde la garrafa se hace utópica, y donde bajarse del colectivo y caminar un par de cuadras, es poner la vida sobre la mesa, para llegar a casa y poner sobre la mesa la muerte, la desesperación, la desesperanza, y la tristeza? ¿Acaso estos no están en riesgo? ¿No están en riesgo las infancias, las adolescencias? ¿No están en riesgo los viejos y las viejas? Pero claro, no estamos hablando de un entramado social que se refleja en cientos que esperan en la calle “pasar el invierno”, como dijo en algún momento un ministro de economía argentino.

Nuevamente el ordenamiento jurídico nos da una perspectiva y quizás un alivio; en su artículo 65 dice: “aquellas personas cuyo núcleo familiar se encuentre en situación de precariedad habitacional, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no siendo propietarias de inmuebles, sean poseedoras de un predio, no público ni fiscal, con aptitud de ser urbanizado, destinado a su vivienda y la de su núcleo familiar durante un período de cinco años, podrán solicitar a la Sede Judicial competente se declare la adquisición del dominio sobre el mismo por el modo prescripción. La posesión deberá ser ininterrumpida y con ánimo de dueño, pública y no resistida por el propietario”.

Quizás, si los y las linyeras, y las y los “pastosos” sobrevivan cinco años el invierno, en el mismo pórtico de edificio, sin que ningún vecino molesto lo agreda,y sin que ningún “enturbado” lo venga a pelear por las migajas de la sombra de un árbol, o por la comodidad de unos “championes” apolillados, sin perder la salud ante el frio, ante el hambre o la pandemia para no ser avasallado.

“Sin prestar su consentimiento”, si logra sobrevivir todo esto, y si logra que la autoridad judicial competente baje de su estrado y abandone la cómoda ceguera para concederle una mirada, quizás así, pueda el “porfiado” cumplir con el Estado, para que este le reconozca sus derechos.

Esperamos a último minuto para violentar los derechos del individuo. Pero terminamos violentando al más frágil, al más vulnerable, y al que no puede anteponer ni abogado, ni recursos. Tan solo, la resistencia de su negación y de su firme rechazo a un sistema que lo enajena.

Como pregonaba un grupo de jóvenes en las plazas de Montevideo, se da una verdad, inamovible e inconfundible: de todo lo que les pasa a ellos y de todos ellos, en definitiva “todos somos responsables”.

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*Foto de portada y restantes: Romina Torres de Antimafia Dos Mil y Our Voice / Registros gráficos, en calles de Montevideo, Uruguay, junio de 2021

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