Parece que el dolor es clandestino. Parece que no es nada, la desesperación y angustia que quedan atrás del silencio de la desaparición, del grito que se corta en la detonación de una bala fulminante, del llanto que se ahoga en el agua estancada de un submarino de mugre, materia fecal y orina, de los golpes de electricidad que duelen desde los genitales hasta la médula, y de la muerte del alma, cuando los ojos ven perderse tras una puerta la criatura que acabaste de parir. No hay conciencia humana que pueda concebir, cómo es posible que todo esto haya pasado en Uruguay, durante años, en manos de varios puñados de militares, policías y políticos con cargo e integrantes de varios servicios –secretos y no tanto-, escuadrones de la muerte, coordinaciones estratégicas entre organizaciones criminales mal llamadas poderes de Estado, y de autoridades, entre comillas, que dirigían una nación entera a costa de persecuciones, terror y muerte.
En el ex Regimiento de Caballería n°6, el mismo lugar en el que algunos de estos hombres cometieron estos crímenes, ahora están cumpliendo condenas. Son 18 militares, responsables de múltiples torturas, secuestros, desapariciones y homicidios, que se encuentran en prisión en un cuartel militar adaptado a cárcel, en la calle Domingo Arena. Una cárcel creada en el 2006 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, especialmente para ellos, los represores. Un lugar privilegiado, en un barrio con muchas carencias. En el corazón de Piedras Blancas, el Instituto Nacional de Rehabilitación, dependiente del Ministerio del Interior, abrió la Unidad n°8 para que algunos viejitos represores que no pueden cumplir prisión domiciliaria, porque la gravedad de sus condenas no lo permite, y su salud no está lo suficientemente “deteriorada”, terminen sus días con toda una suerte de comodidades, que es como una burda burla a la inteligencia humana.
Este último domingo de mayo, en horas del mediodía, cerca de un centenar de personas (ciudadanos autoconvocados) se movilizaron frente a esta cárcel para denunciar el morboso silencio que protege a estos delincuentes. Con carteles señalando responsabilidades políticas e intereses por privilegiar a un cierto tipo de criminales –militares de alto rango, funcionarios de servicios de inteligencia, y policías que cumplieron funciones en el gobierno dictatorial que comandó Uruguay entre 1973 y 1985, y más- los convocados realizaron su protesta. En el lugar, también recordaron a los asesinados en ese establecimiento castrense: Iván Morales y Hugo de los Santos; y a Luis Eduardo González, que allí fue visto con vida por última vez.
“La última ocasión en que Elena –la esposa de Luis 'Chiqui' González- lo vio fue cuando la llevaron al vagón donde lo interrogaban. Allí le sacan la venda y vio que estaba sentado y tenía convulsiones. ‘La última vez que lo vi fue el 24 de diciembre de 1974 cuando nos hicieron un careo en el que a él le proponen mi libertad a cambio de su colaboración’. ‘Él estaba muy mal físicamente y tenía dificultades para respirar; además, sus pies estaban hinchados y su ropa desgarrada. Era imposible que pudiera fugarse en esas condiciones. Estaba lúcido y racionalmente bien, pero físicamente estaba muy mal”.
“Fue visto por última vez con vida el 25 de diciembre de 1974 en condiciones físicas muy deterioradas. Una compañera, que estaba detenida, lo vio cuando lo estaban torturando en el caballete. Ese fue el último día que lo vieron”.
En la jornada de movilización, de la cual participaron representantes del pueblo colombiano, la lectura de una proclama apuntó en contra de las comodidades que gozan los presos en esa cárcel de represores. Cárcel que estaba en esta oportunidad, vallada y protegida por una guardia policial.
“Domingo Arena es una cárcel VIP para terroristas de estado que le costó al país 400 mil dólares: 18 habitaciones privadas, amuebladas y con teléfono, computadora y conexión a internet, frigobar y un servicio de TV cable que paga el Comando del Ejército. Aparte de los espacios recreativos como la cancha de fútbol, salón comedor con estufa a leña y un minigimnasio con bicicleta ergométrica y caminador. También tienen allí una clínica propia”.
“Tras esos muros y con esas comodidades se encuentran terroristas de estado como Eduardo Ferro, militar de inteligencia secuestrador de niños, torturador; Gilberto Vázquez, asesino condenado por 28 homicidios; Miguel Sofía, integrante del Escuadrón de la Muerte; o Jorge Silveira, violador de adolescentes, entre otros”.
“Pero además de este lugar de privilegios -continúa el texto, leído en conjunto por varias personas- en un predio que no está claro si es de la Guardia Republicana o de Coraceros, con un desconocimiento de las condiciones de su encarcelamiento, se encuentran otros detenidos por torturas, secuestros y asesinatos. En ese lugar están entre otros de su especie Juan Carlos Larcebau, condenado por 37 homicidios y Rodolfo Gregorio Álvarez, condenado por tortura”.
En esa línea, continuó la denuncia: “Y otros tienen como privilegio prisiones domiciliarias: once, según información del ministerio del interior, de las cuáles solo dos se controlan con tobilleras electrónicas de forma permanente, mientras el resto se verifica con ‘control por planilla de forma presencial en domicilio’. Ernesto Rama, condenado por 28 homicidios, o Nelson Bardesio, integrante del Escuadrón de la Muerte y asesino del estudiante Héctor Castagnetto de 19 años, están en sus casas sin tobilleras y son vistos circular libremente por sus vecinos por las calles”.
“Todos ellos mantienen además otras prebendas como jubilaciones privilegiadas y de atención en el hospital militar, pagas por el estado. Mientras, cientos de denuncias de delitos de lesa humanidad duermen tras las chicanas jurídicas presentadas por los represores, chicanas que el poder judicial ha aceptado y aplicado amparando a los represores”.
Entre las personas que tomaron la palabra, se encontraba Fátima Amaral, representando la voz del movimiento cultural internacional Our Voice: “Estamos acá porque estamos hartos y hartas de la impunidad y la injusticia. En el camino que hacemos para llegar a este lugar, surgen preguntas. Preguntas que al formularse se convierten en denuncias, y que tienen respuestas que generan asco a cualquiera que pretenda mantener la dignidad: ¿Quiénes y porqué sostienen los privilegios de los criminales de lesa humanidad? ¿Son los mismos que vienen secuestrando la verdad y la justicia desde el pacto del Club Naval y la ley de impunidad? ¿Los mismos que aseguran privilegios a empresarios y ladrones de guante blanco vinculados a estafas al estado con otras cárceles VIP, como la de Campanero en Lavalleja, mientras las casi 13 mil personas presas consideradas 'comunes', personas pobres y marginadas, viven en condiciones infrahumanas? ¿Los mismos que operan para ayudar a evadir de la justicia a los implicados en casos de abuso infantil como en la Operación Océano? ¿Los que al mismo tiempo fomentan los discursos de odio, la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil? ¿Es este el sistema político que se dice democrático?¿Así funciona un poder que se llama judicial y que dice impartir justicia?”.
Las preguntas resuenan en el tiempo, en las calles y las instituciones de derechos humanos, en las oficinas del Estado, y en los asientos del Palacio Legislativo, donde políticos de todos los partidos se sientan a acordar leyes, mientras el pueblo sigue esperando, con las manos vacías.
“Los poderosos y los impunes construyen sus privilegios sobre la miseria y la violencia”.
También los autoconvocados recordaron a todos los caídos, que perdieron la vida por atreverse a intentar transformar un sistema excluyente y de clases, donde el pueblo solo servía para engrosar el caudal financiero de bancos, empresas y multinacionales
“Nuestros compañeros y nuestras compañeras lo comprendieron, y se rebelaron contra ello luchando por un mundo mejor. Esa fue su afrenta a los poderosos, y por esos los secuestraron y torturaron, los encarcelaron y desaparecieron. Por eso los siguen desapareciendo hoy. Por eso los poderosos secuestran la verdad, promueven el olvido y sostienen los privilegios de los represores. Nosotras, y nosotros queremos defender la memoria de los y las compañeras. De todas y de cada uno. Queremos reivindicar sus banderas y su lucha. Nos hermanamos con ellas y ellos, en el afán de construir un mundo mejor, donde la miseria, la violencia y los privilegios no tengan lugar. Sentimos el mismo asco frente a la injusticia. Y la necesidad y compromiso de convertir su memoria en lucha para derribar la impunidad”.
“¡Basta de privilegios para los represores terroristas de Estado! ¡Basta de prisiones domiciliarias y cárceles!”.
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*Foto de portada y restantes: Antimafia Dos Mil y Our Voice / Leandro Gómez
*Video convocatoria al "escrache" en la cárcel de Domingo Arena