La historia que dividió a la opinión pública argentina finalmente concluye, y de la peor manera, para sentar las bases de la mediática y ya cada vez más utilizada “mano dura”.
"El corazón se me quiere salir porque la verdad, es muy injusto. Estoy tranquilo porque la gente acá me apoya, la gente que me quiere y los que me conocen, saben, quien soy", dijo Luis Chocobar en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde recibió un abrazo por parte de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que llegó hasta allí para brindarle su "apoyo".
"Cumplí con mi deber", fueron las últimas palabras frente a los jueces del oficial de policía que le puso nombre a la “doctrina Chocobar”, avalada sin miramientos, por parte de la política de Mauricio Macri, quien lo había recibido en la Casa Rosada como si fuera un héroe.
En su alegato, la defensa del policía, a cargo de Fernando Soto, insistió en que el asesinado Juan Pablo Kukoc intentó agredir al policía y que éste actuó en "legítima defensa".
El Tribunal Oral de Menores 2 de la Capital Federal condenó a Chocobar a 2 años de prisión en suspenso, con el adicional de cinco años de inhabilitación para ejercer como policía. Acusado de matar por la espalda a Kukoc, un asaltante que en 2017 apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca.
Según expresó Chocobar, cuando Kukoc huía hizo un giro y se abalanzó sobre él. Fue en esos momentos, que duraron "una fracción de segundo", que se produjeron los disparos que causaron la muerte al asaltante. Según el abogado defensor, los disparos fueron "de frente", pese a lo cual el ingreso por la parte posterior del cuerpo se debió a que Kukoc giró sobre su eje para continuar la huida.
La fiscal Susana Pernas había pedido que se lo condenara a 3 años de prisión en suspenso por "homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber".
Por otro lado, el joven imputado que escapó después del delito, que tenía 17 años al momento del hecho, fue condenado a 9 años de prisión por tentativa de homicidio y tentativa de robo. La Fiscalía había pedido 18 años de cárcel y su abogado defensor, Albino Stefanolo, había solicitado la absolución.
En tanto que la querella representante del ladrón muerto había pedido prisión perpetua por haber sido una “ejecución extrajudicial” y por "homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones".
Pablo Rovatti, representante de la madre de Kukoc, afirmó que "la declaración indagatoria de Chocobar fue contradictoria con sus indagatorias prestadas en la instrucción" y consideró que el acusado mintió "para intentar mejorar su muy comprometida situación".
El asalto al turista estadounidense fue el 8 de diciembre de 2017 a pocos metros de Caminito, en barrio La Boca, por donde la víctima paseaba a pie con su cámara fotográfica y fue interceptada y apuñalada con fines de robo por dos delincuentes, el menor de edad y Kukoc. Tras el ataque, ambos asaltantes salieron corriendo, pero mientras uno logró escapar, Kukoc fue interceptado por dos transeúntes que habían visto el ataque.
Momentos después, desde la Policía local de Avellaneda, llegó al lugar Chocobar, quien se identificó y, según declaraciones, le pidió que se detenga, tras lo cual efectuó disparos, dos de los cuales alcanzaron a Kukoc en el muslo izquierdo y el mortal, en la zona de la baja espalda.
En su exposición, Chocobar insistió en que no tuvo “intención de matar” a Kukoc y que hizo “disparos disuasivos” hacia el piso, pero el “rebote” en la carpeta asfáltica le provocaron las heridas fatales, en la espalda, al joven que escapaba sin poner en peligro la vida del policía.
La mamá de Juan Pablo, Ivone Kukoc, manifestó que su hijo “no tuvo derecho a un juicio como Chocobar”, mientras que el menor se encuentra detenido. Eso prueba que “no era necesario matarlo a los tiros, porque el chico que está siendo juzgado seguramente va a recibir una condena severa”. Solo pidió “justicia y no venganza”.
En declaraciones a la prensa, Pablo Rovatti, uno de los abogados querellantes, entre las pruebas enumeradas, mencionó “incluso a las pericias psicológicas a Chocobar” como un elemento que lo incrimina. El abogado aseguró que el policía “pudo ver muy bien” como eran los hechos y “si bien insiste en que se sintió amenazado o que Juan Pablo se habría dado vuelta para agredirlo, esa versión no tiene ningún sentido y quedó desmentida por el hecho de que las dos lesiones mortales son por la espalda”.
Y además agregó que “el video muestra justamente a una persona corriendo de espaldas” al policía que lo perseguía y por eso “quedó probado que Chocobar le disparó unas seis veces directamente al cuerpo de quien corría de espaldas y no representaba ya un peligro para nadie”.
Por otro lado, consideró que “es falso que haya disparado para abajo, (porque) están las fotos de las marcas que dejaron en la pared algunos balazos”. Una de las balas pegó “a 2,4 metros de altura, otra a más de un metro, si eso es disparar para abajo, entonces yo tengo una comprensión inadecuada del idioma español”.
A los fines de recalcar la situación, puntualizó que “el tema del rebote o no rebote del segundo proyectil, el que mató a Juan Pablo, es anecdótico, no tiene ninguna relevancia jurídica, es pura y exclusivamente un intento de distraer a la opinión pública”, además expresó que Chocobar “disparó seis veces contra una persona que escapaba”, dándole la espalda. Recordó que en la audiencia “las propias compañeras de Chocobar reconocieron que tienen terminantemente prohibido por ley y la Constitución matar a tiros a alguien que escapa corriendo de espaldas”.
Aclaró que en el alegato “no dijimos que Chocobar fue a buscar a una persona para matarla a sangre fría, dijimos la verdad, que usó la fuerza letal en un supuesto donde esto está terminantemente prohibido”.
Por eso, afirmó que lo ocurrido “es una ejecución extrajudicial, un caso de gatillo fácil, que merece la pena más alta que prevé nuestro ordenamiento jurídico”.
Como reflexión medular remarcó que “no se puede ser indulgente con estos abusos policiales, porque como indica la Corte Interamericana de DDHH, la tolerancia o indulgencia con estas prácticas envían un mensaje muy peligroso a la sociedad, deja desprotegidas a las víctimas y fomenta la repetición de hechos similares”.
Esta exacerbación punitivista y su consecusión represiva, como eje de la política de seguridad en Argentina, se persiguen desde antaño. En 1999, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, hacía campaña con la llamada “mano dura”, bajo el lema “meta bala, mate un delincuente”. Ruckauf abandonó el gobierno bonaerense en plena crisis de 2001, un año record en muertes a mano de la policía desde el fin de la dictadura hasta la actualidad. Luego, la gestión del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, alias el “sheriff”, volvió a apostar a la mano dura como política de esa cartera en los últimos años de la gestión del gobernador Daniel Scioli. Sergio Berni a nivel nacional mantuvo la misma dirección.
A estas alturas quedo más que demostrado que ninguna de estas experiencias fueron exitosas en materia de seguridad pública, pero sí lo han sido como credencial autoritaria asumida por una parte importante de la sociedad.
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*Foto de portada: www.infonews.com / El agente de policía Luis Chocobar saluda a la gente que lo apoya