No se trata de un paso antojadizo, traído de los pelos, o de un asunto que resulta banal (es decir trivial, insustancial, o de poco interés o trascendencia). Se trata, más bien, de la necesidad natural de que se haga justicia, respecto a uno de los crímenes más emblemáticos de la época de la dictadura uruguaya y argentina; uno de los crímenes más emblemáticos y más mediáticos, porque las víctimas fueron cuatro ciudadanos uruguayos, dos de ellos históricos legisladores que fueron inigualables figuras (caudillos) en el Palacio Legislativo, de Montevideo; el Senador Zelmar Michelini y el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, del Frente Amplio y del Partido Nacional respectivamente. La necesidad moral de que se haga justicia, a pesar del tiempo transcurrido, se visibilizó en el correr de los últimos días de este mes de mayo del presente año cuando el abogado Pablo Chargoñia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Lesa Humanidad por los asesinatos de ambos parlamentarios y de sus compatriotas Rosario Barredo y William Whitelaw, en mayo de l976, lo que es decir hace 45 años, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Según lo hecho público por el abogado, su accionar judicial es a pedido expreso de las respectivas familias de los exlegisladores, en el sentido de advertir a la Justicia, sobre recientes descubrimientos que pueden servir para abrir “nuevas líneas de investigación”.
En un reciente encuentro, entre Antimafia Dos Mil y el doctor Chargoñia, fue posible conocer de primera mano, no solo aspectos formales de la denuncia, sino además los aspectos humanos de la necesidad de que estos hechos sean aclarados, y que los responsables materiales e ideológicos comparezcan ante la Justicia. Pero ante la justicia uruguaya, porque las cuatro muertes formaron parte de un crimen de Estado, del Estado uruguayo.
Hay motivos más que suficientes para internarse en los senderos (que quizás podrán ser escabrosos) que nos puedan llevar, como sociedad, a conocer las respuestas. Respuestas verdaderas sobre cómo se movilizó el terrorismo de Estado en el Río de la Plata, en tiempos en que la gran mayoría de los jóvenes se comprometían con las luchas sociales, en una América Latina que se abrazaba a la lucha para liberarse de los opresores de turno. En ese contexto de luchas sociales, en calles y plazas, universidades y parlamentos, donde las represiones estaban presentes, la presencia combativa y valiente de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz, entre otros pares, dentro del recinto parlamentario y fuera de su país (denunciando los atentados a los derechos humanos y a la libertad) con intervenciones verbales cargadas de una contundencia y de una fuerza (en la denuncia) increíbles, fueron como saetas fulminantes, dirigidas a un nefasto y criminal aparato dictatorial.
-Doctor Chargoñia, hace algunos días presentaron a la Justicia una denuncia por los autores materiales de los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini…
“La primera presentación fue de Gabriela Schroeder, fue en el año pasado. Gabriela es hija de Rosario Barredo e hijastra de William Whitelaw. Barredo y Whitelaw fueron asesinados junto con Michelini y Gutiérrez Ruiz. Ella tenía cuatro años, y junto a sus dos hermanitos fueron secuestrados, de modo tal que el puntapié inicial para que la fiscalía especializada comience a investigar las responsabilidades en estos casos fue esa denuncia de Gabriela Schroeder. Hablamos de cuatro homicidios, o cuatro ejecuciones, tres niños secuestrados, y la desaparición de Manuel Liberoff. Todo eso se vio en el mismo período. Después de esa denuncia que presentó Gabriela Schroeder con mi patrocinio, las familias de Gutiérrez Ruiz y de Michelini consideraron que debían incorporarse a la investigación, porque además había habido algunas novedades en algunos de los juicios en Argentina, concretamente la identificación de un centro de represión cercano a Automotores Orletti, del que siempre se sospechaba pero que no se había identificado plenamente hasta el año pasado. Está sito en la calle Bacacay. Este conjunto de cosas más el hecho de que en Uruguay se haya condenado a Bordaberry y a Blanco como autores mediatos, a los autores inmediatos del secuestro y ejecución no se hubieran identificado y juzgado, habilitó a las familias a presentar esta denuncia (los hermanos Victoria y Máximo, hijos de Whitelaw, son los niños que secuestraron junto a Gabriela Schroeder, ndr).”
-¿Surgieron nuevas pistas o nuevas informaciones acerca de los autores materiales para que se pueda hacer esta nueva denuncia, además del descubrimiento de nuevo lugar clandestino? ¿Cómo se vincula ese lugar que se descubrió el año pasado con este caso?
“La vinculación tiene que ver con la memoria de la propia Gabriela Schroeder, que declara en el Juzgado del juez Rafecas, y logra asociar el lugar donde estuvo y estuvieron Rosario Barredo y William Whitelaw antes de ser ejecutados, y logra que su memoria le permita determinar que no fue en Automotores Orletti sino en Bacacay. ¿Qué importancia tiene esto? Estos son lugares de operación de la coordinación de uruguayos y argentinos, es decir que cada uno de estos edificios o de este itinerario de represión en Buenos Aires, aporta elementos muy importantes para desarrollarlos. Luego, más allá de una novedad concreta sobre los autores materiales, lo que no había habido hasta ahora, es una investigación que recién ahora se está desarrollando. ¿Qué es lo novedoso? Es la investigación en el sistema judicial uruguayo, trascendiendo entonces las investigaciones históricas, académicas y periodísticas, que hablaban de la participación de determinados militares vinculados particularmente al ejército que operaba en Buenos Aires. Lo nuevo, la novedad, es que finalmente, a pesar de tanto tiempo transcurrido, se está avanzando por parte de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en la identificación de los responsables directos. Estos crímenes son crímenes del Estado uruguayo, en coordinacíón con Argentina. Están ambos (Estados) involucrados, pero la participación del Estado uruguayo implica poner en foco en una de las reparticiones del Estado terrorista, que es el Servicio de Información y Defensa. A partir de la desclasificación de documentos de lo que se llama el Archivo de Azucena Berrutti, hubo un procesamiento de información a cargo de la Facultad de Información y Comunicación, que a mí me parece muy relevante, porque describe la operativa del Servicio de Información y Defensa; lo ubica en una posición muy jerárquica, muy importante, dependiente directamente de la Junta de Comandantes en Jefe, y era un grupo reducido de individuos especializados en el cernimiento a los opositores de la dictadura. La premisa mayor es: crimen del Estado uruguayo, la premisa menor es Servicio de Información y Defensa, de modo que el foco se vaya concentrando hacia los agentes de la dictadura, militares y policías, que cruzaban el Río de la Plata y realizaban operativos de represión contra los opositores a la dictadura”.
-¿Sobre los testimonios anteriores que vincularon a personas como Cordero hay alguna prueba, algún indicio? ¿Hay un juego cruzado para distraer la atención, o hay algo que se pueda tomar?
“Un dato importante es que Cordero fue condenado por la Justicia argentina por los crímenes del Plan Cóndor. Otro dato importante es que individuos como José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, fueron condenados más de una vez por la Justicia uruguaya por crímenes del Plan Cóndor, por ejemplo, por el caso de las desapariciones de las personas que estuvieron en Automotores Orletti, conocido periodísticamente como las personas del “Segundo vuelo”. Otro caso es el caso de María Claudia García de Gelman, trasladada desde Buenos Aires a Montevideo. Quiere decir que hay tanto en la Justicia argentina como en la uruguaya, avances sobre las actividades de estos individuos que mencioné, y otros, en uno y otro lado de la frontera, en un típico ejemplo de coordinación represiva internacional. Si a eso se le suma el vínculo fluido que tiene la Fiscalía uruguaya con la fiscalía argentina para intercambiar información, tenemos, me parece, o tiene el fiscal Perciballe en este caso, que es el encargado de la investigación, elementos como para elaborar el caso y finalmente presentarlo a la Justicia. Hay que recordar que esta es una denuncia nueva, regulada por el nuevo Código del Proceso Penal, que pone a cargo de la Fiscalía la indagatoria, y cuando el fiscal considera que tiene pruebas suficientes como para imputar a tales y cuales personas perfectamente identificables, presenta el pedido de formalización al juez. Lo que las familias pretenden es que se avance en esa investigación, en esa identificación y que por primera vez en la historia finalmente se impute a alguno de los autores materiales de estos crímenes”.
-¿En este caso está representando a las familias?
“Sí, tanto a Gabriela Schroeder, como a la familia de Gutiérrez Ruiz y de Michelini”.
-Sobre la documentación que se presentó estos días de Presidencia, Familiares como agrupación dijo que “era más de lo mismo”, que eran documentos repetidos muchas veces o que inclusive el tono de lo que tenían, o el contenido, era similar. ¿Tuvo alguna aproximación a esta información? ¿Cuál es su opinión?
“Yo no puedo tener una opinión así de concluyente ni para descartar en lo absoluto toda utilidad, ni para considerar que sean los documentos más relevantes que se hayan encontrado. Para eso hay que procesar la información, y procesar la información significa algo más que leerla; estudiarla con un objetivo, con una hipótesis, con un marco de investigación adecuado, con capacidades técnicas, incluso para decodificar términos propios de Inteligencia Militar. Yo tomo nota de lo que dice la Fiscalía especializada, que considera que algunos de estos documentos aportan información que él califica de tangencial o de secundario. Si es así, no es en lo absoluto irrelevante; no es fundamental para la imputación, pero tampoco es desechable. Por otro lado, la documentación que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y por la ley 19.822 compete a esta institución la investigación sobre las circunstancias de la desaparición y le da potestades para el acceso irrestricto a todos los archivos, incluidos los archivos de Inteligencia. De los que fueron presentados y de los que no fueron presentados. Pongo el foco en esto. La ley le dice a la INDDHH, usted puede acceder a todos los archivos. No dice que los espere, sino que los vaya a buscar. No se puede realizar una investigación si yo pretendo que las Fuerzas Armadas me den por goteo, cuando se les ocurra los documentos que se les ocurra. Así no se investiga. Repito, la ley dice que tiene acceso irrestricto a los archivos, incluidos los archivos de Inteligencia. Y dice además que puede citar a todas las personas, funcionarios públicos y no, que quiera citar en el marco de la investigación. Esto es importante, porque si no, queda la idea de que estamos en una actitud pasiva frente a la especulación política del gobierno de turno que quiera dar o no dar alguna información. La ley le atribuye a la INDDHH la investigación del paradero de los desaparecidos, y el análisis de los archivos. De hecho, es la oficina que actualmente debe recolectar toda esa información, incluida la que en su momento tenía el grupo de Verdad y Justicia, del gobierno anterior, que hoy está disuelto”.
-¿Cuál es la perspectiva para este caso, de los asesinatos de estas cuatro personas?
“La perspectiva es que haya en tiempos razonables –uno tiene la expectativa de que sea este año, de acuerdo a algunas informaciones que hizo públicas el propio fiscal- un pedido de formalización sobre algunos de los funcionarios vinculados al Servicio de Información y Defensa que operaban en Argentina. La expectativa es esa, a partir de la afirmación que hace la propia Fiscalía, de que tiene la investigación suficientemente avanzada. ¿Quiénes son y cuántos? no estoy en condiciones de decirlo. No lo sé, eso dependerá de la prueba que sostenga la imputación respecto a las personas que finalmente el fiscal va a considerar que deben ser procesadas o formalizadas".
-¿Tanto de Argentina como de Uruguay?
"Fundamentalmente personas de Uruguay porque el foco se relaciona con los funcionarios del Estado uruguayo que operaban en Argentina que se pueden juzgar en Uruguay".
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*Foto de portada: Antimafia Dos Mil
*Foto 2: www.radiouruguay.com.uy