Los recuerdos de infancia fueron borrados de la memoria de Francesca. Seguramente porque el terror que vivió aquel 12 de noviembre de 1978, con apenas 3 años, en Porto Alegre, Brasil, bloqueó esos momentos de su mente de niña. La entrada intempestiva y brutal de un escuadrón de militares, los gritos de su madre, y el llanto de Camilo, su hermano de 8 años, permanecen en las paredes de aquella vivienda donde, hasta ese momento, los hermanos jugaban y tenían una vida como la de cualquier niña y niño de su edad. Pero para ella nunca existieron; su conciencia no los pudo asimilar. Francesca Casariego, junto a su hermano, fueron envueltos cada uno en una alfombra, y arrebatados de su vivienda junto a su madre, Lilián Celiberti y a Universindo Rodríguez, que se encontraba allí. Ella es una de las víctimas del terrorismo de Estado en Uruguay, y particularmente de las acciones nefastas del exmilitar Eduardo Ferro.
Precisamente el día en que el colectivo Memoria y Libertad, compuesto por niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado, se manifestaba frente a las puertas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la liberación de Ferro, el coronel fue citado a declarar, y finalmente llevado a prisión. Ese mismo día -y esta fue la razón principal para la movilización (la que en términos militantes se la califica como intervención)- y en ese mismo momento, la SCJ rechazaba el pedido de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del represor por la causa del secuestro y asesinato de Óscar Tassino. Y esa decisión generó consecuencias casi de inmediato, pero en otro escenario: la sede judicial de la esquina de Uruguay y Convención a no menos de 10 cuadras de la plaza Libertad, donde estaba declarando el exmilitar.
Antes de entrar en el terreno estricto de lo que venìa aconteciendo en el juzgado, subrayo que la intervención realizada por esta agrupación pretendía recordarle a la SCJ y a la ciudadanía, quién es Eduardo Ferro, y cuál es el legado de su carrera como represor, torturador y responsable de asesinatos y secuestros. Y agrego una descripción de ese momento, porque lo vale, y porque esa libre expresión de resistencia, en este 2021, no puede pasar inadvertida.
Dos alfombras en el piso, enrolladas y rodeadas de juguetes, hicieron parte de la puesta en escena. En el piso se podía leer “Cnel. Ferro culpable, asesino, torturador” y “Justicia”. Entre los asistentes, se encontraba justamente Francesca, quien contó a Antimafia Dos Mil parte de lo que sucedió aquel día, y las desavenencias que rodearon al caso.
“El 12 de noviembre del 78, me encontraba con mi hermano y Universindo Rodríguez. Mi madre fue a la Rodoviaria, y fue ahí detenida por militares uruguayos y brasileros. Entonces llegaron a nuestro apartamento (ubicando la dirección, ndr) por una boleta del jardín de infantes donde nos habíamos registrado”.
“Ella es detenida e inmediatamente torturada”, relató. “Cuando llegan al apartamento donde vivíamos somos detenidos todos y llevados a la Policía Federal de Porto Alegre. Al otro día, estuvimos toda la jornada detenidos”, y posteriormente “separados de nuestra madre; yo estaba con mi hermano Camilo Casariego y esa misma noche nos trajeron a Uruguay”. Su secuestro y traslado a Uruguay fueron ilegales, sin papeles ni permisos de ningún tipo.
“En ese momento le hacen un símil fusilamiento a mi madre. Y ahí ella se da cuenta de que la única manera de que viva ella, y de que vivamos nosotros, era decir que les iba a entregar un compañero en Porto Alegre”, por lo que resolvió hacer que los militares la llevaran al lugar donde se encontraba la red Rodoviaria. Y continuó: “Ella confiaba mucho en la red que tenían con sus compañeros (…). Estaban trabajando en ver, investigar y denunciar hacia Europa todas las desapariciones que estaba habiendo en Argentina y en Uruguay”. Ellos “se habían acercado a Brasil, porque era un lugar donde podían estar un poco más cerca (de Uruguay, y porque) Brasil en ese momento tenía una apertura democrática; había una dictadura, pero (todavía) había libertad de prensa”, contó, y prosiguió, explicando los pasos que siguieron los compañeros de su madre, Lilián, para salvarles la vida: “Llegaron a Porto Alegre, fueron a un medio de prensa, se presentaron con un periodista y le dijeron: ‘nosotros somos uruguayos’”.
“Mi madre presentó la denuncia enseguida de salir. Este hecho tuvo mucha repercusión mediática, porque salió en la prensa brasilera”, contó y explicó: “yo no fui una niña desaparecida y mi hermano tampoco, justamente por la prensa, por el movimiento social que se armó en torno a nuestra aparición”, indicó la mujer de ahora 45 años. Gracias a la ayuda externa, su desaparición duró solamente 15 días.
Sobre los lugares donde fueron retenidos ambos niños, relató: “Estuvimos en Santa Teresa, la primera parada. Después estuvimos en un departamento (…). Ese departamento es en Rio Negro y Canelones, en pleno centro. Nosotros estábamos mantenidos ahí, secuestrados, esperando ver qué pasaba con mi madre, còmo se desenlazaba todo, ver cuál era nuestro destino, si nos regalaban, si nos mataban. De hecho, mi hermano, que sì recuerda, después del secuestro hizo denuncias, reconoció lugares, reconoció gente. Dice que muchas veces decían ‘¿qué hacemos con estos pibes? ¿Los matamos?’. Éramos como un obstáculo de su plan”.
Sobre cómo se conocieron detalles respecto a dónde estuvieron retenidos, explicó que “hay un militar que delató y habló todo. Él da detalles de nuestro secuestro”.
Consultada sobre el caso frente a la justicia, señaló que la denuncia fue presentada por su madre en 1986, pero que “todavía sigue en nada”. Los militares denunciados “apelan y apelan”, y aunque la causa no está archivada, “pasaron 40 años de los hechos y siguen impunes”. “Por mucho tiempo la causa estuvo archivada. Cuando estuvo la jueza Mariana Motta la reactivó; después a Motta la sacaron, y ahora empezó de nuevo (con) el juez (Ricardo) Perciballe (que) está siguiendo las causas de Lesa Humanidad”.
Los denunciados “apelan, apelan constantemente, que es lo que justamente quiso hacer ahora Ferro. Así se va dilatando la justicia y así se van llevando una impunidad biológica. Vivieron todos estos 40 años libres, todavía cobrando su jubilación. Por ser asesinos y torturadores, nosotros les pagamos un sueldo”. Y agregó lo que para ella son los motivos por los que el torturador se entregó a la Justicia: “Ferro vuelve de España a cobrar su jubilación. Yo entiendo que vuelve amparado, arreglado con alguien para librarse y volver a cobrar su jubilación”.
“Queremos que se haga justicia, que se demuestre al joven que está ahora en el liceo militar, que, si mañana hay una dictadura, esas cosas que le pide su jefe no van a ser impunes. Como sociedad es fundamental que sembremos la justicia, y sea una imposición sobre el Estado. Es lo único que va a dar garantías de un nunca más”.
"No me acuerdo absolutamente nada. Y no me acuerdo de nada malo en mi vida, fue como que de alguna manera mi psiquis logro filtrar todas las malas experiencias”, concluyó.
Lapso después, entrando la noche, el exmilitar Eduardo Ferro, quien bastantes horas antes había entrado caminando libre (acompañado de sus abogados) a la sede judicial cercana a la Plaza, era procesado con prisión.
Su salida de la sede judicial fue una muy distinta. Fue retirado esposado, con fuerte custodia policial y literalmente abucheado por grupos de personas integrantes de colectivos defensores de DDHH y de expresos políticos.
El caso Eduardo Ferro, comenzaba así, la etapa del juicio; pero en el frente del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia se había vivido una instancia militante, convocada por Memoria y Libertad, propia de la lucha por la verdad y la memoria: para no olvidar.
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*Foto de portada y restantes: Antimafia Dos Mil-Our Voice / Leandro Gómez
*Foto 4: Leandro Gómez / entrevistada Francesca Casariego