El pasado 9 de abril fue emitida por la Justicia argentina una orden de captura internacional para el teniente coronel retirado Carlos Ignacio Cialceta, por el secuestro, tortura y homicidio de Jorge Santillán, gremialista de trabajadores petroleros y militante peronista. El asesinato fue cometido en plena dictadura en Argentina, el 10 de agosto de 1976.
El fiscal general Carlos Amad, del área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Federal Salta, fue quien pidió la captura. "Existe un interés público nacional e internacional en impedir la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que, frente a la comisión de hechos considerados de lesa humanidad, como son los que se le imputan a Cialceta, se justifica la prisión preventiva en pos de arribar a una sentencia que ponga fin al proceso, máxime en un sistema procesal como el federal argentino que no contempla el juicio en ausencia o rebeldía”, explicó a los medios.
El fiscal Amad advirtió que “ante la magnitud de la posible condena a recaer, que como ya se adelantó será de ejecución efectiva, el procesado opte por evadir la acción de la justicia”. Además, alertó sobre la influencia que mantendría incluso hasta hoy sobre quienes fueran en su momento sus subordinados. En su calidad de militar de alto rango, Cialceta "puede ostentar” su influencia “en las estructuras de seguridad hoy vigentes, a las cuales perteneció y tuvo bajo su mando, teniendo particularmente en cuenta el grado militar”.
Luego de haber burlado a la justicia, que no hallaba mérito en la acusación a su persona por el asesinato del gremialista, finalmente la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó el fallo, y el fiscal Amad solicitó la prisión preventiva para el militar.
Carlos Ignacio Cialceta formaba parte de la cúpula del Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal, en Salta, Argentina. El 10 de agosto de 1976 cinco hombres encapuchados ingresaron a su casa, donde se encontraba junto a su esposa, Irma Yolanda Prado. Ambos se resistieron y lucharon durante dos horas, hasta que finalmente el hombre fue secuestrado y llevado hacia Tartagal. Horas después fueron hallados los restos irreconocibles de Santillán a 20 kilómetros de su hogar, en General Mosconi, al norte de la provincia. Su cuerpo fue hallado con signos de haber sido expuesto a explosivos –los mismos utilizados en los asesinatos de Menena Montilla y Pedro Urueña, dos militantes peronistas de la zona días antes-. Lo reconocieron porque en sus zapatos, retirados días antes de la zapatería, estaba pegado un papel con su nombre.
La acusación en contra de Cialceta surgió a partir de una denuncia anónima. Luego se supo que el denunciante sería un exsoldado que desempeñaba funciones en el Regimiento, quien aseguró que, en los años de la dictadura, los cargos máximos de allí fueron responsables de varios crímenes; "se secuestró a Bustos, Santillán y Costilla, poniéndoles trotiles en sus cuerpos, volando por los aires", indicó.
Gendarmería Nacional señaló en un informe que Carlos Cialceta abandonó su domicilio, y su pareja dijo que desconoce su ubicación.
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*Foto de portada: www.fmalba.com