Por Andrés Volpe desde Argentina-6 de abril de 2021
Por fin, se retira un poco más el polvo del baúl donde están almacenados personajes siniestros del proceso de reorganización nacional. El procesamiento contra el ex magistrado Salteño, de 85 años, que venía dando vueltas hace demasiado tiempo ya es un hecho. Estamos hablando de Ricardo Lona, quien asumió en la judicatura el 13 de noviembre de 1975, en plena intervención federal al gobierno de Miguel Ragone, desaparecido el 11 de marzo de 1976.
El juez federal Esteban Hansen le atribuyó dicha participación en crímenes cometidos durante la última dictadura por miembros de las fuerzas de seguridad, cuya impunidad facilitó.
Es por los delitos de haber dictado "resolución contraria a la ley expresamente invocada, en concurso ideal con el delito haber omitido promover las investigaciones, la persecución y represión de los delincuentes, faltando a la obligación de su cargo de Juez Federal en 78 hechos", otra imputación es la de "haber omitido, retardado o rehusado hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta de la misma" en 23 hechos.
Además de ser partícipe secundario de 23 hechos de homicidio agravado, el ex magistrado fue procesado por colaborar en "delitos cometidos por personal de las fuerzas armadas y de seguridad": allanamiento Ilegal (32 hechos), tormentos agravados (25), privación abusiva de la libertad agravada (64 hechos), lesiones (2) y amenazas y coacción agravada (13 hechos).
"Se le atribuye al causante haber participado en los hechos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad afectados a la lucha contra la subversión entre los años 1976 y 1983", declaró Hansen en una resolución de 491 páginas, y añadió que: "Habría facilitado la impunidad de los autores en los delitos analizados, dando con ello continuidad al plan represivo instaurado por el gobierno de facto". En dicha resolución menciona que los hechos fueron cometidos en perjuicio de 78 personas, y le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Estos hechos fueron enumerados por el Ministerio Público Fiscal Federal de Salta, salvo delitos de abuso sexual denunciados por tres detenidas políticas, sobre los que le dictó la falta de mérito.
Lona, que en ese entonces era el único juez federal en Salta, ya había sido condenado por no haber investigado la desaparición del exgobernador Miguel Ragone, y tiene otra acusación por la matanza de 11 detenidos políticos en la Causa Palomitas.
Uno de los basamentos del juez para el procesamiento fue la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario, "el cumplimiento de los deberes que en cabeza de los funcionarios judiciales recaía, a través del mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos le era exigible a Ricardo Lona, aún frente a la ocupación del poder por parte de las fuerzas armadas. En tanto las normas penales que sancionaban los hechos que tuvieron ante sus ojos los operadores judiciales no fueron derogadas". Recordó además que la Constitución seguía vigente y que los jueces tenían el deber de denunciar e investigar los actos delictivos. Atribuyendo a Lona "la omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos de los que tomó conocimiento durante su desempeño como único juez federal de Salta. La omisión reiterada o negativa de hacer cesar detenciones ilegales, el dictado de resoluciones contrarias a las leyes o fundadas en hechos o resoluciones falsas, todo ello abusando de su autoridad e incumpliendo los deberes de funcionario público, lo que era su obligación como juez".
Un caso, mencionado por Hansen, fue el del militante de la JP Víctor Hugo Elías (ya fallecido), que siempre aseguró que fue torturado "con la anuencia" del juez. Elías fue detenido en 1975, lo llevaron a la Central de la Policía de la provincia, luego a la Delegación de la Federal, y finalmente al penal de Villa Las Rosas, donde estuvo hasta febrero de 1976. Elías contó que fue torturado en la Central de Policía, que lo ataron a una columna, le aplicaron electricidad y lo golpearon. Cuando tuvo oportunidad, los denunció en el Juzgado Federal, pero nunca hubo una investigación. Es más, contó que mientras lo torturaban, uno de los represores le dijo que "si quería hacer una exposición el juez estaba afuera", y recordó que en la Federal a Lona le decían “el sheriff”.
Entre los casos sobre los que Lona omitió tomar medidas en su calidad de juez, Hansen enumeró las matanzas de militantes políticos, en abril de 1975, en Rosario de Lerma, y San Lorenzo, y el asesinato mediante explosivos del periodista Luciano Jaime.
Como ya se ha hecho costumbre en este tipo de casos, el proceso se ha vuelto tedioso (8 años) debido a las presentaciones y estrategias del acusado, "podría inferirse que Ricardo Lona ha desplegado una estrategia defensiva orientada sustancialmente a obstruir el progreso del proceso", declaró el juez Hansen. Por tal motivo el procesamiento marca un hito, en ese periodo la Fiscalía aprovecho para sumar acusaciones, acumulando un total de 22 expedientes.
Como vemos, Lona fue realmente un verdadero acólito de la doctrina represiva, funcional y obediente, que sustento la estructura militar salteña y garantizó la impunidad, impunidad ya caduca y que lo enfrentará hasta el final de sus días.
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*Foto de portada: www.fm899.com.ar
*Foto 2: www.pagina12.com