Por Claudio Rojas desde Chile-30 de marzo de 2021

En marzo de 1985, tres profesionales comunistas fueron secuestrados en la calle, a plena luz del día. Aparecerían salvajemente degollados. Uno de ellos era el funcionario de la Vicaría de la Solidaridad José Manuel Parada, cuya muerte golpeó inusitadamente al organismo. El objetivo del crimen -que se fraguó en el alto mando de Carabineros y terminaría con la caída del general César Mendoza- era resguardar los secretos del Comando Conjunto, que dos de las víctimas habían comenzado a descifrar. La historia sirvió de base para el estremecedor capítulo de cierre de Los archivos del Cardenal.

La campana ya había sonado en el Colegio Latinoamericano de Integración, una vieja casona de la avenida Los Leones, en Providencia. Eran las 8.50 de la mañana y en la puerta del establecimiento conversaban el profesor Manuel Guerrero y el apoderado José Manuel Parada, quien había ido a dejar a su hija Javiera, de once años. Amigos y militantes comunistas desde su juventud, ambos estaban preocupados ese viernes 29 de marzo de 1985. La noche anterior, con el país en estado de sitio, civiles no identificados habían asaltado la sede de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), la entidad opositora de la que Guerrero era dirigente. Con el rostro cubierto y pistola en mano, los desconocidos secuestraron a cuatro profesores, cuyo paradero desde entonces se ignoraba.

Parada y Guerrero apenas pudieron reaccionar cuando un automóvil Station Wagon Opala sin patente frenó bruscamente frente a ellos. Tres sujetos se bajaron, los encañonaron y los subieron al auto a punta de garabatos y forcejeos. El profesor Leopoldo Muñoz salió a defenderlos, pero uno de los tipos lo derribó y le disparó a quemarropa en el abdomen. El Station arrancó a toda velocidad.

En los instantes en que el vehículo se acercaba, un helicóptero hizo un vuelo rasante sobre el colegio. Un par de cuadras más allá, el tránsito había sido desviado por una patrulla de Carabineros.

La operación aterrorizó a niños, profesores y transeúntes. Apenas escuchó los gritos y el disparo desde su sala, Manuel Guerrero hijo supo que se trataba de su papá. Guerrero padre, de treinta y seis años, casado y con tres hijos, era uno de los pocos sobrevivientes del Comando Conjunto, el aparato represivo que entre 1975 y principios de 1977 llegó a rivalizar en ferocidad con la DINA. Había sido detenido y torturado en 1976, y se salvó porque en su captura recibió un balazo, lo que obligó a sus torturadores a trasladarlo al Hospital de Carabineros y luego a entregarlo a la DINA. Cuando en 1982 volvió del exilio, Guerrero no dudó en reintegrarse a la lucha política contra la dictadura.

Con treinta y cuatro años, Parada era sociólogo, estaba casado y tenía cuatro hijos. Era jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, un puesto de máxima confianza. Lideraba un equipo a cargo de reunir y procesar la información sobre violaciones a los derechos humanos. La tarea era delicada, pues incluía desentrañar estructuras, nombres y responsabilidades en los aparatos represivos, para cuando llegara la hora de la justicia. "José era una persona pública. Los dos sabíamos que corríamos riesgos, pero pensábamos que trabajar para la Iglesia lo hacía a él menos vulnerable", recuerda su viuda, Estela Ortiz, por entonces también militante comunista.

En su tarea de desentrañar los secretos de la represión, hacía cinco meses que Parada y los funcionarios de la Vicaría se habían topado con una increíble ayuda: el testimonio del desertor de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea Andrés Valenzuela, alias “Papudo”. Luego de contactar a la periodista opositora Mónica González, a quien le dio una extensa entrevista, “Papudo” entregó su testimonio notarial a la Vicaría y fue sacado clandestinamente del país en algún momento antes de diciembre de 1984.

El secuestro de Parada y Guerrero dejó en shock a la comunidad del colegio. Minutos después de que se llevaran a su padre, Manuel Guerrero hijo llamó desde la inspectoría a Radio Cooperativa. El periodista Sergio Campos lo puso al aire de inmediato.

Mientras, ese mismo viernes 29 de marzo, en el patio del colegio, se realizó una asamblea urgente en la que participaron profesores, apoderados y alumnos. Manuel Guerrero hijo resumió así los escenarios más probables: “En el mejor de los casos, que los echen del país (…). Y si es que no, los van a matar, simplemente. Si esperamos hasta el miércoles, perfectamente hoy día mismo puede aparecer en el río Mapocho sin cabeza mi papá”.

En esos momentos, el país llevaba dos años de protestas callejeras que tenían por primera vez a la dictadura a la defensiva. Si bien en noviembre de 1984 Pinochet había decretado el estado de sitio, la operación en Providencia rompía todos los moldes: había sido en pleno día, frente a la puerta de un colegio y apoyada por cortes de tránsito y un helicóptero.

Recordando horrores de la dictadura de Pinochet 2

La misma consternación se apoderó de la Vicaría. Desde el colegio alertaron inmediatamente a la central telefónica del organismo. La mayoría de los funcionarios todavía no llegaba al trabajo. Varios se enteraron en el trayecto desde sus casas al centro de Santiago, al escuchar el extra noticioso de Cooperativa.

Si los agarraron con un operativo así -respondió Insunza- es porque ya tomaron la decisión: los van a matar.

Menos ostentoso había sido el despliegue, un día antes, para detener al también militante comunista Santiago Nattino, un publicista de sesenta años, enfermo del corazón, casado y con cuatro hijos. Lo habían apresado al mediodía del jueves en Apoquindo, cuando un individuo lo encañonó, lo esposó y lo obligó a subirse a un vehículo.

A pesar de la crispación general, esa mañana todos en la Vicaría trataron de seguir con sus labores, aunque sin despegarse de las noticias radiales, que seguían entregando antecedentes. “Estábamos bastante nerviosos, pero tratamos de mantener la calma porque teníamos que tranquilizar a las víctimas de otros casos de violaciones que nos siguieron llegando”, cuenta Victoria Baeza.

En algún momento llegó Estela Ortiz, acompañada de su hija mayor, Javiera. Se veían deshechas. Una ex funcionaria recuerda que la escena que más la marcó de esa jornada fue ver a la menor llorando y pidiendo ver a su papá.

Los funcionarios católicos eran los más reacios a creer que la inmunidad de facto de que gozaba la Vicaría estaba a punto de esfumarse. Pero entre algunos militantes de partidos de izquierda, varios de ellos sobrevivientes de la tortura, los presagios eran menos auspiciosos. Todos, sin embargo, tenían una misma convicción: había que actuar rápido, desplegando todos los recursos a la mano.

Los abogados Álvaro Varela y Roberto Garretón redactaron a la carrera un recurso de amparo que se presentó esa misma mañana ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En paralelo, Rosemarie Bornand estampó una denuncia por secuestro ante uno de los juzgados del crimen ubicados en avenida España. En vez de ingresar la denuncia a través del mesón, logró una audiencia con el juez del crimen, cuyo nombre no recuerda: “No hizo ni un gesto ni dijo una palabra que demostrara que estaba sopesando la gravedad del delito denunciado: fue un pusilánime y tenía miedo”, detalla.

Casi diez años después, la justicia establecería que la noche del jueves 28, antes del secuestro de Parada y Guerrero, Santiago Nattino fue trasladado por sus captores a ese inmueble de la calle Dieciocho, donde fue amarrado a un parrón y duramente golpeado. Al mismo recinto llegaron al día siguiente Parada y Guerrero. A los tres detenidos los esposaron, les vendaron los ojos y los torturaron.

Ningún familiar ni funcionario de la Vicaría sabía en ese momento que los autores del triple secuestro eran del mismo aparato de inteligencia que había capturado a “Vincenzo” en febrero e irrumpido en la AGECH dos noches antes. Se trataba de la Dirección de Comunicación de Carabineros (DICOMCAR), un organismo que respondía a las órdenes del comandante en jefe de la institución y miembro de la junta militar, César Mendoza, y que en sus filas había incorporado a varios exagentes del ya disuelto Comando Conjunto. Uno de ellos era Miguel Estay Reyno, “el Fanta”, un exmilitante comunista devenido en torturador.

“El Fanta” había sido conocido de Guerrero en el PC. Al ser detenido y torturado por el Comando Conjunto en 1976, el profesor lo reconoció como uno de sus interrogadores y, ya en libertad, lo denunció como un traidor.

La noche del viernes 29 de marzo, con Parada, Guerrero y Nattino desaparecidos, la comunidad del Colegio Latinoamericano realizó una velatón. En esos momentos de angustia, el único que podía ayudar en algo era “Vincenzo”, quien se encontraba refugiado en la Vicaría. El arquitecto había estado detenido en el mismo cuartel donde se encontraban en esos instantes los tres profesionales comunistas. Estela Ortiz -una de las pocas personas que sabía de su quiebre bajo tortura- pidió hablar con él. “Trató de ayudar”, recuerda.

El expediente judicial del caso establecería posteriormente que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo primero Alejandro Sáez y atrás el sargento segundo José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt. De copiloto iba “el Fanta”, mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora. Todos eran miembros de Carabineros y agentes de la DICOMCAR.

Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. “El Fanta”, Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

A Guerrero lo bajaron primero. Esposado, vendado y de rodillas en una especie de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos treinta metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros y entonces hicieron descender a Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le hizo un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo se trasladó hasta su cuartel, donde algunos se lavaron para limpiarse la sangre.

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*Foto de portada: www.radiouniversidaddechile.com

*Foto 2: Twitter

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