La justicia uruguaya ordenó prisión preventiva este sábado para el coronel retirado Eduardo Ferro. Los abogados del represor interpusieron recursos que deberán ser evaluados en primera instancia por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Apelaciones. Ferro en esta primera instancia no hizo declaraciones, y se aguarda la respuesta de la Justicia para eventualmente comenzar el proceso por el que se lo extraditó desde España, donde se mantuvo prófugo desde 2017 cuando fue requerido por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino. Vinculado a este caso, fiscalía solicitó el procesamiento de Jorge Silveira, otro militar represor, responsable de torturas y asesinatos en el oscuro período de usurpación del Estado por las fuerzas militares.
El fiscal del caso, especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a Antimafia Dos Mil que “la audiencia de hoy era por la desaparición de Tassino y por las torturas a otros detenidos en ese momento. Son personas que estuvieron detenidas en La Tablada, concomitantemente a Tassino o en forma previa que también fueron sometidas a apremios físicos, y la Fiscalía ya ha solicitado el procesamiento de otro imputado, Jorge Silveira, que también está pendiente de resolución”.
Perciballe explicó que la defensa de Ferro presentó ante la jueza del caso, Silvia Urioste, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831, la que indica que se restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos bajo terrorismo de Estado. Aunque la jueza denegó este pedido, los abogados del caso Graciela Figueredo y Emilio Mikolic, que ya han representado a otros represores en el pasado, al comenzar la audiencia, ordenaron a su defendido que no hiciera declaraciones hasta que no se diera respuesta a los recursos presentados.
“No se llegó a tomarle declaración en ningún momento porque las defensas interpusieron distintos recursos y excepciones de inconstitucionalidad, por eso no se ahondó sobre los temas de fondo. Cuando se resuelvan los recursos y excepciones planteadas ahí va a haber una audiencia indagatoria. Una vez que se lo escuche, la Fiscalía estaría en condiciones de solicitar su procesamiento”.
Además, aclaró que “fecha no hay porque eso depende de los tribunales cuando resuelvan estos nuevos recursos”. “Lo que resta es resolverse por la Suprema Corte de Justicia la queja por denegación de inconstitucionalidad, y el recurso que presentaron a la no suspensión que entendió la jueza. Eso va al Tribunal de Apelaciones, va a intervenir más de un tribunal”. “Todavía no se ha iniciado el proceso”, concluyó.
La intensa jornada del sábado 27 de marzo, que se esperaba breve, se alargó hasta las 6 de la tarde. Sobre las 9 de la mañana arribó Ferro al aeropuerto de Carrasco, en Uruguay. A las 10:55 llegó al juzgado de Convención y Uruguay, donde lo esperaba una veintena de activistas que sostenían carteles con las fotos de varios muertos y desaparecidos de la dictadura militar. Una mañana de expectativa, en el centro de Montevideo, lo recibió con un solo grito, un coro de voces que habían quedado atragantadas por más de 30 años sin poder decirle desde cerca, sin poder expresarle el repudio, el dolor, la indignación que causa un torturador y secuestrador, responsable de muertes y sufrimiento de tantas personas. El reclamo de justicia del pueblo se transformó por escasos tres segundos en un grito único, mientras el anciano militar, uno de los responsables de la ejecución del Plan Cóndor en Uruguay, ingresaba al juzgado. “Asesino, asesino, asesino”, fue el recibimiento que tuvo de su pueblo al regresar a su país.
Pero Uruguay tiene más de tres millones de personas. Sin embargo, fueron veinte las que no olvidaron. Sin embargo, el movimiento social no se presentó en las puertas de ese juzgado para pedir justicia. Apenas unas pocas personas, que sostienen la memoria como un emblema de vida, representaron a todo un país, pasivo e indiferente, con miedo, sin justicia. Entre quienes estaban allí, Irma Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, tomó la palabra e hizo un recorrido a través de la actividad militar y represora del torturador.
“El coronel Eduardo Ferro es un peso pesado de la represión”, dijo Leites. Ferro “lideró el Plan Cóndor. Desde su puesto de comando de contrainteligencia participó en varios operativos, secuestros y torturas de militantes sociales y políticos (…). En el 75 con el grado de capitán pasa a la oficina coordinadora represiva OCOA, y comienza a operar en el centro de torturas 300 Carlos, conocido como ‘el infierno’”, entre otros lugares de detención y torturas.
La activista dijo que en 1985 el entonces senador Germán Araújo denunció a Ferro como integrante del grupo principal del Plan Cóndor. El mismo año -continuó el prontuario-, se le hizo la primera denuncia por el caso de desaparición de Óscar Tassino. Además, destacó Leites, fue promotor y redactor de la Ley de Impunidad.
“Nosotros entendemos que Ferro es uno de los primeros militares denunciados judicialmente por su participación y que hasta el día de hoy la complicidad y esta ingeniería de impunidad” lo ha mantenido “libre y cobrando (…) las onerosas jubilaciones que cobraba”, siendo un criminal y aún, estando prófugo de la Justicia.
Por su parte, Fernanda Aguirre, directora del Observatorio Luz Ibarburu, expresó a este medio que el caso de Ferro “merece todo el repudio de nuestro pueblo y toda la condena de la Justicia”. Respecto a los motivos por los que el militar se entregó a la Justicia, Aguirre valoró que sus razones son “espúreas”, entendiendo que hay motivos de interés personal para entregarse, “porque si no lo hubiera hecho antes”, dijo y manifestó que “hay mucha verdad oculta por parte de los represores, que nos daría con el paradero de los cuerpos de nuestros compañeros desaparecidos y que daría con los responsables materiales de los crímenes, y eso no ha pasado hasta ahora”.
Aguirre explicó la actividad de la institución a la que pertenece: “En el Observatorio Luz Ibarburu se hace un seguimiento de las causas penales de los crímenes de lesa humanidad que llevó adelante el Estado, y patrocinan más de 60 de todas esas causas”; “tenemos una base de datos que es la única que existe, con todas las causas penales que hay, de los crímenes de lesa humanidad. Hacemos un seguimiento de todas las causas”, explicó.
Y continuó: “Hay más de 50 pedidos de procesamiento de distintos crímenes, que todavía no tienen respuesta por parte de la Justicia. Esperamos que este año haya una serie de procesamientos importantes. El pedido de procesamiento por parte de Fiscalía especializada está hecho, un centenar de causas, y la respuesta está en manos de los jueces en este momento”, concluyó.
Óscar Tassino, militante del Partido Comunista y sindicalista, fue secuestrado el 19 de julio de 1977 por tres integrantes de las Fuerzas Conjuntas, y asesinado luego de recibir torturas, en el centro de detenciones de La Tablada. Su caso, como el de tantos otros uruguayos víctimas del sadismo y la persecución, de la tortura y de la muerte, todavía sigue sin tener una respuesta de la Justicia.
La lucha por los derechos humanos necesita del esclarecimiento de cada uno de estos casos de terrorismo de Estado que sufrieron tantas personas, y que al día de hoy siguen sin respuesta, siguen sangrando, siguen llorando a sus desaparecidos, siguen reviviendo el dolor, el daño físico, psicológico y emocional que quedaron sellados en cada una de las víctimas de un plan macabro, oscuro e internacional.
Hasta ahora, el terrorismo de Estado, sigue caminando entre nosotras y nosotros, como un gran monstruo. Como un enorme fantasma que no se irá, hasta que como pueblo no tomemos conciencia de que el crimen no puede ni debe quedar impune. Porque la democracia en la que vivimos está cimentada en la impunidad y el silencio. Porque para que no suceda, tenemos que pedir justicia.
Y gritar muy fuerte: ¡Nunca más, es nunca más!
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*Foto de portada, de galería y video: Romina Torres, Leandro Gómez y Alina Leal
*Edición de video: Nicolás Pereiro