Por Agustín Saiz-15 de febrero de 2021
Tras la desaparición forzada por el Estado, de Luciano Arruga (desde el 31 enero de 2009) es imprescindible volver a repasar este caso emblemático, donde la impunidad de los organismos y las instituciones queda circunscripta dentro de un marco mayor. Los crímenes del terrorismo de estado de décadas pasadas y sus continuidades en el presente, se presentan ante el aparato judicial bajo las mismas irregularidades, teñidas del sesgo ideológico que justifica el genocidio de ayer y la mano dura contra los que menos tienen hoy.
Durante este mes de febrero el poder judicial deberá pronunciarse, a favor o en contra, del pedido de denuncia por parte de los familiares de Luciano Arruga sobre tres funcionarios de esta causa: los fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martínez y el juez Gustavo Banco. Se los acusa entre otras cosas de escuchas telefónicas ilegales sobre los familiares, poner a cargo de la investigación a la propia policía que estaba siendo denunciada y negar acceso a la información sobre el proceso a la familia.
El presidente del jurado Eduardo Néstor de Lazzari, en abril del 2020 estableció que los altos costos de este proceso caerán sobre la familia si se llegase a declarar inadmisible la denuncia. Pero, además, la familia llega sin el apoyo institucional del Estado ya que la procuración general y la cámara bilateral manifestaron, en el 2019, su postura que avala los hechos denunciados y naturaliza las irregularidades.
Son las organizaciones sociales de base y los organismos no gubernamentales de DDHH como el CELS y APDH, las que están dando apoyo a la familia en esta lucha, contra la que es una política de Estado pensada para avalar el establecimiento de un proyecto político, por medio de la violencia institucional.
No es la dictadura genocida, es el conurbano bonaerense de Berni y Kicillof.
Un puente para pensarnos como hijos de un genocidio
El 31 de enero se desarrolló una radio abierta en el espacio recuperado “Luciano Arruga” (exdestacamento de policía, hoy convertido en centro cultural y social). Vanesa Orieta (hermana de Luciano) explicó las responsabilidades del caso como continuidades de un proceso político, que vuelve a emerger después de la dictadura reconfigurándose así mismo, sin poder tomar el aprendizaje de lo que significó el terrorismo de Estado y sin poder señalar y condenar a quienes fueron responsables de un genocidio.
“Es un puente para pensarnos como hijos e hijas de un genocidio, que ha dejado fuertes marcas en la democracia y que claramente las encontramos en las lógicas represivas que imperan en los casos de gatillo fácil, de desaparición forzada y tortura. Hablamos de represión estatal y queremos que todos sean conscientes de esta problemática, del significado de estas palabras. Y que lleguen a todo el sector académico e intelectual que justifica la violencia institucional en cada una de sus aulas y en sus alumnos. Es hora de que empiecen a escuchar a nuestros familiares, de que nuestra voz sea escuchada, porque estamos hablando y describiendo al brazo armado del Estado a las órdenes de un poder político que sigue despareciendo, matando y torturando y encerrando a pobres”.
“Somos muchas las familias denunciándolo. Como dice Nora Cortiñas, la desaparición forzada es el crimen de los crímenes. No puede quedar esto en una bolsa de violencia. Se tiene que entender que cuando se trata de represión estatal estamos hablando de responsabilidades materiales políticas, y judiciales. Y por esos llegamos a una instancia de Jury de enjuiciamiento, buscando condenar a tres funcionarios del partido de la matanza, porque son los encargados de generar impunidad. No son cómplices. Son actores necesarios para desaparecer a una persona. Como lo son los funcionarios políticos. Y no es que los imaginamos que se junten en una mesa a orquestar la matanza y la desaparición sistemática de pibes de una barriada. Pero cuando piden la baja de edad de imputabilidad de niños y niñas, cuando omiten hablar de un caso de desaparición forzada, sea el de Luciano, de Santiago Maldonado o Facundo Castro, ¿qué rol cumplen? Cuando no garantizan los derechos de los hicos y chicas para que no haya violencia institucional, ¿qué rol cumplen? Cuando piden más policías o crean nuevas fuerzas, ¿qué rol cumplen? Cuando todos los medios de comunicación fomentan que los barrios son peligrosos y que los pibes son peligrosos y no generan un contra mensaje, ¿qué rol cumplen? ¿Qué rol cumplen como cuando reprimen a familias como a las del Guernica privándolas de la posibilidad de tener un hogar, una vivienda digna y lo hacen con la fuerza represiva del estado? ¿Qué rol cumplen? Ahí es donde quedan plasmadas sus responsabilidades".
“La bronca se agudiza porque no somos familiares que nos quedamos denunciando una sola causa, los amigos de Luciano nos cansamos de ir por las provincias, a hablar con las mamas, los papas, un hermano, una hermana. Tenemos todas esas historias grabadas en nuestras cabezas, tenemos una cantidad enorme de información de causas judiciales porque me senté a hablar con esas mamas. Nos hablamos de las mismas cosas, la lógica es la misma: dejar pasar el tiempo, perseguir a las familias, poner a la investigación a cargo a la policía que se denuncia, pinchar los teléfonos, son prácticas que están en todas las causas. La forma de que se entienda la lógica no es hablar de causas por separado, es mostrar cada una en un conjunto y que se vean claramente lo que hacen. Y el ejemplo más claro de que son perversos es que pueden hacer aparecer los restos en las mismas fechas, como pasó con los cuerpos de Santiago Maldonado y Luciano Arruga. ¿Qué cambio de conciencia puede tener esta gente?”.
“Yo quiero hacer ese puente, con esto que denominamos una memoria dinámica. El gobierno de Kirchner fue el que dio lugar a que se avancen con algunas políticas para condenar responsabilidades por el genocidio vivido en nuestro país. Pero fueron ellos también quienes dijeron vamos a tener que avanzar con la baja de imputabilidad de los menores. Ahí es cuando (el simulacro) se cae porque cuando hablamos de DDHH, hablamos de defender la vida de aquellos que todavía no lograron acceder a la justicia por un genocidio que los torturó y despareció, y de los que hoy están sufriendo esa misma lógica del pasado, que se ha convertido en un puente para continuar con las políticas represivas. Cuando nos toca analizar, nos toca analizar todo. Fue ese mismo gobierno que planteó una política de criminalización y discriminación muy fuerte, que se tradujo en un control y disciplinamiento en los cuerpos de las niñeces, adolescentes y jóvenes. Y eso son los responsables políticos de la desaparición de Luciano”.
La feroz dictadura genocida, fue avalada por muchos de quienes estaban a favor de imponer por medio de la violencia, un proyecto político para pocos. Que la hipocresía y la indiferencia de la gente, esta vez, no vuelva a ser cómplice de víctimas, que siguen desapareciendo por el mismo fin.
Nunca más es nunca más.
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*Foto de portada: Wikipedia