Transcurrieron recientemente 12 años de aquel 31 de enero del 2009 en que el joven Luciano Arruga fue desaparecido por la policía en Lomas del Mirador. Su desaparición forzada y su muerte en manos de la gran criminal del país, la bonaerense, fueron posibles solo gracias al entramado político, judicial y policial que permitió desde el primer día la impunidad de los culpables.
La historia comienza desde antes, con el hostigamiento constante por negarse a robar para la policía. Luciano recibía amenazas de muerte, acoso, incluso fue detenido en septiembre del 2008 y llevado al destacamento de Lomas del Mirador (inaugurado el año anterior) donde fue torturado durante 12 horas. De esa tortura, por supuesto, solo un policía está detenido y condenado, Julio Diego Torales. Tres meses más tarde, cuando Luciano tenía solo 16 años, fue desaparecido, levantado por policías a la madrugada y visto según un testigo en el destacamento, golpeado y ensangrentado. Su familia lo buscó por hospitales y comisarías sin respuesta, durante años no obtuvo ninguna. Sí obtuvo indiferencia, desamparo, incluso sufrió escuchas telefónicas secretas por parte del juez Gustavo Blanco y de las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas. Hoy enfrentan un juicio, pero siguen libres y son parte de la cadena de impunidad.
Mientras este juez rechazaba el habeas corpus presentado por la familia, ella sufría de amenazas, peligros, también los testigos eran amenazados de muerte por la policía cuando iban a declarar, uno incluso fue baleado. Pese a todo esto, el intendente Fernando Espinoza se negaba a cerrar el destacamento, donde funcionaba la misma policía y la misma dinámica, y recién lo hizo años más tarde por la gran lucha de familiares, amigos y organizaciones. Tampoco hizo nada el entonces gobernador de la provincia, Daniel Scioli.
El excandidato a presidente no depositó ni un gramo de esfuerzo por encontrar a Luciano ni por ayudar a su familia. Se negó incluso a recibirla hasta recién tres años y medio luego de la desaparición, cuando tuvo una reunión por puro cuento, porque ni siquiera cumplió con lo solicitado por ella, como por ejemplo, que se aparte a los ocho policías que se desempeñaban en el destacamento donde fue visto Luciano por última vez.
Transcurrieron años de lucha y aguante en que la familia no tuvo a disposición las pruebas, ni la información de la investigación. Fue recién en el año 2014 cuando se pusieron en marcha los mecanismos del Estado para hallar a Luciano. Se pidió el segundo habeas corpus aceptado por la Cámara Federal de Casación Penal, que instó al poder judicial de la provincia de Buenos Aires a buscar a Luciano. Significa, cinco años después. ¿Cuántas pruebas pudieron destruirse en tanto tiempo? Cinco años para eliminar rastros y dibujar planes de encubrimiento mientras un adolescente estaba desaparecido, mientras una madre luchaba desesperada por recuperar a su hijo con vida. Pero la indiferencia (o acaso la complicidad) lo permitieron, y durante cinco años y ocho meses no se supo más nada de él, hasta que finalmente su cuerpo apareció enterrado en el cementerio de La Chacarita.
Se descubrió que fue atropellado a la madrugada cruzando una autopista de forma riesgosa, sin zapatillas, con ropa considerada femenina, los pantalones bajos, y demás detalles que no es necesario traer a luz, pero que detonan el tinte patriarcal de los agresores, que buscaron humillarlo. Pero la autopista, además, está en una zona a metros de altura, sin acceso peatonal, y la persona que lo chocó dijo que iba desesperado, escapando de algo y no cruzaba normalmente sino que corría en diagonal por la vía rápida. Otro testigo que iba en moto dijo que vio estacionado a un patrullero de la bonaerense con luces bajas.
¿Qué hacía un joven corriendo desesperado por una autopista riesgosa, vestido de esa forma y a la madrugada? ¿Cómo llegó a subir ahí y por qué lo haría por voluntad propia? ¿Por qué lo levantó la policía a la madrugada y por qué terminó en el destacamento golpeado y ensangrentado? ¿Cómo llegó de ese destacamento, último lugar en que fue visto, a la autopista? ¿Qué hacía el patrullero cerca y por qué no intento ayudar? ¿Acaso huía de él? ¿Será que fue obligado a correr por esa autopista? Un método muy utilizado para exculparse, el de exponer a la muerte a las víctimas para que sea un factor externo el causante.
Toda esta información del chico atropellado era conocida por las fiscales y el juez, quienes tenían la autopsia y las fotos de él en su despacho y no hicieron nada, lo dejaron cajonado. El hospital en el que lo recibieron luego del atropello fue visitado por su madre esa madrugada y sin embargo a ella le dijeron que no estaba ahí. Lo peor de todo, lo más espeluznante, es que su cuerpo había sido enterrado como NN, es decir sin identificación, como anónimo, y allí estaba todos los años de búsqueda. Tal macabra metodología de ocultar los cuerpos recuerda a la dictadura militar.
Hoy, en democracia, sigue pasando, y el de Luciano no es un caso aislado, es parte de la violencia institucional sistémica que nunca terminó. Bastan conocer las cifras, por ejemplo del CORREPI, que presentan un espantoso número de 4.644 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad desde el retorno de la (mal-llamada) democracia hasta 2015, mayormente jóvenes pobres. Ellos son uno de los principales grupos que sufren la criminalización y estigmatización. Estigmatizados por su origen social, por ser de clase trabajadora. Y es que la policía es el aparato represivo del sistema, necesaria para mantenerlo, para que los pibes como Luciano no se levanten frente a su lugar desigual, para que sigan siendo marginados y explotados. La policía apaga las rebeldías de los de abajo para mantener a los de arriba; es la condición social, en un régimen de clases, la que determina el rol a cumplir en la sociedad. Ser entonces pobre, ser de la clase que trabaja, significa romperse la espalda por un patrón, aguantar la miseria y la explotación, el hambre y la precariedad, la injusticia y la necesidad, y para que esto se mantenga y sea aceptado es necesario un aparato represivo que mantenga “el orden” (su orden).
Por eso se escucha que la plata no alcanza cuando se trata de educación, de viviendas dignas, de acabar con el hambre o de vivir con dignidad, mientras en paralelo se destinan millones en fuerzas de “seguridad”, como sucedió por ejemplo el año pasado con el “Programa Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires”, un plan millonario para la Bonaerense, para armas, equipamientos, etc.
Cuando se trata de reprimir y controlar, no hay excusa. Ese es el papel de la policía, reprimir y generar temor para mantener el orden establecido y atentar contra quienes interfieran en él. Esta institución de carácter represivo no puede reformarse, como ya lo demostraron todos los fallidos intentos, y por eso es necesario desmantelarla, para que no sigan desapareciendo y asesinando jóvenes como Luciano Arruga, como Facundo Castro, como Daniel Solano y tantos miles más.
Además, es necesario que avance la causa judicial contra el Juez Blanco y las fiscales, y que se impulse la causa federal que investiga la desaparición y asesinato de Luciano, que a 12 años aún está en etapa de instrucción. Se necesita que investigue una comisión independiente que garantice justicia y no más impunidad para encubrir a los culpables, y que esté integrada por familiares de Luciano, organismos de derechos humanos, organizaciones populares y demás, que son quienes se movilizaron y lucharon desde el principio por encontrar la verdad.
A 12 años de la desaparición de Luciano Arruga, seguimos luchando contra la impunidad, la corrupción y la injusticia. Contra los responsables materiales, intelectuales, contra los cómplices e indiferentes.
Y, sobre todo, seguimos luchando contra este sistema desigual y criminal.
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*Foto de portada: www.telam.com
*Foto 2: www.notasperiodismopopular.com