Viernes 29 Marzo 2024
Por Fabio Marcelli (*)-26 de enero de 2021

Más de cincuenta años después de su concepción, en alguna oficina de la CIA o en la infame Escuela de las Américas donde policías y oficiales de las Fuerzas Armadas de varios países latinoamericanos eran entrenados por instructores estadounidenses para torturar y eliminar "subversivos", la Operación Cóndor de alguna manera sigue vigente para amenazar y tratar de condicionar a la democracia.

Este es particularmente el caso de un país como Uruguay, donde en ese tiempo fueron reprimidos muchos militantes políticos y sindicales. La ocasión para el regreso de los herederos de los verdugos la ofreció el suicidio de uno de ellos, el general Barneix. Este último fue condenado en 2015 como responsable del secuestro y homicidio de un simpatizante del Frente Amplio, Aldo "Chiquito" Perrini.

Con el nombre Barneix fue bautizado un comando que formuló oscuras amenazas contra el fiscal que se había ocupado del caso, Jorge Díaz, y otras doce personas activas en la protección de los derechos humanos mediante la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la Operación Condor. Entre ellas hubo autoridades políticas uruguayas como el exministro de Defensa, Jorge Menéndez (hoy fallecido); la exvicecanciller María Belela Herrera, directora del Instituto de Derechos Humanos Mirtha Guianze; los abogados Juan Errandonea, Juan Fagundez, Oscar Goldaracena, Pablo Chargoñía, Federico Alvarez Petraglia, así como Hebe Martinez Burlé, impulsora del juicio que culminó con la condena del dictador Juan María Bordaberry a 30 años de prisión. Pero también el jurista francés Louis Joinet y el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke.

El "comando Barneix", probablemente integrado por militares y policías, retirados y no, amenazó con eliminar a "tres personas al azar" de esa lista por cualquier nuevo y eventual suicidio de represores.

Italia está muy interesada en el caso, dado que en nuestro país se llevó a cabo un largo juicio contra los protagonistas latinoamericanos de la Operación Cóndor, que finalizó en apelación en julio de 2019 con una serie de condenas. Algunas de las personas que fueron víctimas de las amenazas jugaron un papel importante en ese proceso.

Las condenas con las que finalizó en apelación el juicio italiano relativo a la Operación Cóndor se referían no solo a los responsables políticos y militares ya condenados en primera instancia, sino también a una serie de militares de nivel "intermedio".

En detalle, hace dos años y medio fueron declarados culpables por diversos motivos: Luis García Meza Tejada, presidente de Bolívia entre 1980 y 1981; Luis Arce Gómez, uno de sus generales; Francisco Morales Bermúdez Cerruti, presidente de Perú de 1975 a 1980; Germán Ruiz Figueroa, ex jefe de los servicios secretos de Perú; Pedro Richter Prada, exmilitar y político peruano; Juan Carlos Blanco, excanciller de Uruguay; y los coroneles chilenos Rafael Ahumada Valderrama y Hernán Jerónimo Ramírez.

Además de los que acabamos de mencionar, en segunda instancia fueron condenados loschilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Germán Ruiz Figuero y Martín Martínez Garay y el boliviano Luis Arce Gómez (Operación Cóndor: cadena perpetua para 24 ex jefes de Estado y 007 para 23 italianos asesinados (osservatoriodiritti.it).

Pero Italia está directamente involucrada en las amenazas formuladas por el grupo criminal que lleva el nombre del general Barneix, también debido a la presencia de una investigadora, Francesca Lessa, que está realizando una investigación de sumo interés sobre las implicaciones internacionales de la Operación Cóndor en nombre de la Universidad de Oxford.

Las personas amenazadas han decidido apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar insuficientes los esfuerzos realizados hasta el momento por las autoridades uruguayas para identificar a los autores de las amenazas y desmantelar el "Comando Barneix".

Es de fundamental importancia que quienes han hecho un aporte esencial a la justicia y al conocimiento de las dinámicas represivas que han acabado con la vida de decenas de miles de vidas en América Latina en los años setenta, pero también después, estén protegidos y su compromiso sea reconocido universalmente.

También porque aún no aparecen del todo claras responsabilidades de alto nivel, como las del exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y otras figuras pertenecientes a la administración de Washington, y porque la cuestión de las dictaduras genocidas, como surge sobre todo de las actividades y las declaraciones de Bolsonaro, pero también de muchos otros episodios, como la represión sistemática de líderes sociales en Colombia y en varios otros países, no aparecen definitivamente aclarados.

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(*)Extraído de: www.patriagrande.it