-Según Manini, estas acciones están movidas por un claro ánimo de "venganza" impulsado por unos pocos "setentistas". ¿Cuál es tu visión?
“A diferencia de lo ocurrido en los demás países de la región, en Uruguay solo un pequeño grupo de criminales ha sido juzgado y condenado. Muy pocos de ellos, además, cumplen prisión efectiva. Tanto en Chile como en Argentina, han habido centenares de procesados y condenados. El proceso judicial contra Lawrie Rodríguez, involucrado además en los asesinatos de Leonardo de los Santos en 1973 y de Cristina Saldaña en 1976 se demoró excesivamente debido a las maniobras dilatorias interpuestas por la defensa. Los crímenes de Lesa Humanidad son imprescriptibles y los delincuentes deben ser tratados como tales”
-También mencionó sobre una "tergiversación" de lo que verdaderamente ocurrió en aquella época. ¿Qué opinas al respecto?
“Las declaraciones de Manini Ríos deben ser interpretadas no solamente como un exabrupto discursivo para llamar la atención. Es parte de la estrategia desarrollada durante estos años. Hay un fuerte cuestionamiento, reiterado, al Poder Judicial y una amenaza velada a los operadores del sistema, para evitar que se sigan procesando las investigaciones. Hay pedidos de condena para algunos de los principales oficiales represivos que operaron en el Batallón Florida, epicentro de la represión contra las organizaciones de izquierda durante 1972, y también hay un pedido de desafuero que involucra al propio general Manini Ríos, para juzgarlo y condenarlo por ocultar información, por no informar a la justicia de las declaraciones de Gavazzo. Tres generales retirados han declarado durante las investigaciones judiciales, en un hecho insólito, contra Manini Ríos. Hay pruebas contundentes para que sea procesado, es un delincuente y está demostrado”
-Manini reivindica que en otros momentos de la historia se han tomado las "medidas prontas de seguridad" en gobiernos constitucionales. Pareciera que ahora estaría planteando lo mismo para este momento actual. ¿Cuál es tu opinión?
“El Terrorismo de Estado fue parte de una estrategia continental de readecuación de las economías regionales. Las medidas prontas de seguridad fueron una herramienta represiva que instaló en 1968 Jorge Pacheco Areco para reprimir, pero también para gobernar eludiendo la actuación del Poder Legislativo. Fueron instaladas para disolver los Consejos de Salarios y recortar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores populares. Cuando las mismas se aplicaron, las organizaciones armadas eran pequeñas y con poca influencia real en los sectores populares. Fue el programa socio económico de las clases dominantes y su política represiva la que generó el enorme descontento popular en una América Latina en rebelión”
----------------------*CRYSOL (Asociación de ex pres@s polític@s del Uruguay)
(*) Gentileza de Karina Rojas y La Izquierda Diario
*Foto de Portada: www.laizquierdadiario.com.uy