Viernes 14 Febrero 2025

La ecuación sobre el delicado tema de los derechos humanos, termina siendo una sola; y una sola significa que por la naturaleza misma los hechos, los caminos involucrados, son diametralmente opuestos; y están confrontados éticamente. Y tan confrontados, que aunque técnicamente -democráticamente hablando- ambas partes (es decir, represores y víctimas de la represión) estén habilitadas a las movilizaciones, hay una marcada tendencia -al menos de mi parte- a reseñar, que el factor ético está muy en juego, por tratarse de represores, hoy condenados y presos en la cárcel de calle Domingo Arena, actualmente. Lo que quiero señalar es que la ética institucional -en los días de dictadura- estuvo ausente y sigue estando ausente, sobre todo a la hora de las movilizaciones, también con la ausencia de los arrepentimientos o si acaso de una autocrítica, por fugaz que fuera.

Y esto lo recalco -y me hago cargo- porque tengo que ser coherente con mis ideas, y con la percepción que yo tengo de lo que fue la dictadura, de lo que significó institucionalmente -la fractura de una legítima democracia, el avasallamiento de los derechos individuales, de la pérdida de todas las garantías, dejando expuestos a los ciudadanos a la actuación de las fuerzas de seguridad, bajo un contexto indiscutible de un terrorismo de Estado, cruel, perverso, y criminal, y lo digo sin exageraciones- y de lo que desató, entre quienes se le opusieron.

Entonces, que los militares represores presos en la cárcel de Piedras Blancas sean el mascarón de proa para una movilización de militares en retiro y familiares de quienes estan allí recluidos por orden judicial, en relación a un tema que institucionalmente sigue con puntos sucesivos, no hace parte de ninguna ética, por más que esa protesta sea legítima como libre expresión, y sea realizada en tono pacifico y sin alterar el orden, solo por el hecho de que estamos en una democracia donde rige el Estado de Derecho.

Entonces, estamos de acuerdo que es lícita, pero no estamos de acuerdo que sea ética, o que al menos (como mínimo) sea sensata, a menos que sea brutalmente tendenciosa; y tendenciosa o malintencionada, especialmente si partimos de la premisa de que quienes protestan cantando el himno nacional y portando una pancarta en la que se lee Foro Libertad y Concordia, y en clara disconformidad con el procesamiento de un ex militar de 87 años (sobre el caso del departamento de Treinta y Tres), parecerían estar negando que en el Uruguay hubo una dictadura, o lo que es más, que esa dictadura dejó un saldo de personas que fueron sistemáticamente torturadas, asesinadas en establecimientos castrenses, y más grave aún, enterradas para que formasen parte de la tenebrosa nómina de detenidos desaparecidos; negando también, que se llevaron a cabo procesos judiciales ajustados a Derecho.

Entonces, no me resulta nada, pero nada grato, que acorde a estos tiempos de espesas tinieblas en materia de detenidos desaparecidos (que siguen enterrados en tierras estatales como si nada hubiera ocurrido), un grupo de personas afines a los represores monten una movilización callejera para sembrar sensibilidades en torno a sus situaciones judiciales; una movilizacion, que, hablando bien y pronto, rompe a los ojos; y asumirla, como si se tratase de una movida inherente a una causa judicial, cuya magnitud no tuviese alcances con la vida misma , ni con un período nefasto y aterrador a la vida de los uruguayos, sigue rompiendo a los ojos; porque seamos claros, y convengamos, que los presos de Domingo Arena no cometieron delitos simples, sino que estamos hablando de qu comterieron delitos de lesa humanidad, entre otros de diferente tenor, pero siempre dentro de una linea de violación de los derechos humanos; y si nos referirnos al caso del Cuartel de Treinta y Tres, donde se torturaron a 39 adolescentes en abril de 1975 (caso que fue esecialmente aludido en la concentración de la calle Domingo Arena) vale recordar que los delitos que se le configuraron al ex militar de 87 años, José María Leté, quien fue ingresado al establecimiento procedente de un sanatorio privado, van desde el abuso de funciones, al atentado violento al pudor , lesiones graves, y privación de libertad.

Entonces, no se trata de prevalecer la venganza sobre la administración de justicia, cuando se condenan a militares a prisión, como andan voceando por ahí, desde filas fascistas ; no se trata de demoler gratuitamente una protesta a las puertas de la cárcel de Domingo Arena (en otrora un cuartel militar), porque aún siendo lícita, hiere públicamente la sensibilidad de una cifra nada menor de uruguayos y no uruguayos.

Entonces, no se trata de aceptar -según el pensamiento de los manifestantes- que tenemos que ignorar que hubo violaciones de derechos humanos y que a tales delitos corresponden determinados parámetros, en armonía con las normas legales vigentes, algo que no aconteció en todas y cada una de las privaciones de libertad cometidas por los militares (en sus diferentes rangos) antes, durante y en los tramos finales de la dictadura cívico militar uruguaya, como es el caso del médico Vladimir Roslik.

Entonces, no se trata de denostar sin fundamento o a ciegas el pedido de los familiares del militar Leté (“visibilizar la violación flagrante de los derechos de un anciano” “Yo no quiero que liberen a mi padre, yo lo que quiero es que actúen conforme a derecho según lo que establece la constitución y las leyes" según expresiones de su hija Claudia, a los medios de prensa ) de que se le otorgue la prisión domiciliaria por padecer diversas patologías; porque en realidad, lo que se trata es de subrayar, que los fundamentos existentes para la condena, sobraron y no solo eso, fueron harto elocuentes y muy bien definidos para arribarse a la ya conocida decisión judicial.

Entonces, seamos sinceros, son reclamos, sí , pero reclamos que antes de su materialización deberían haber sido evaluados y contextualizados a conciencia, y hasta quizás se hubiese llegado a la conclusión -desde las filas mismas de sus promotores- que hacerlos no sería un paso acertado, si no más bien, una provocación. Una burda provocación, hábida cuenta de todo lo que hay en juego, que es algo que va más allá del delito en sí mismo, porque lo que se concretizó a partir del 27de junio de 1973, no fue un hecho delictivo aislado, fue una acción inconstitucional, con mano de obra militar y policial, y de cuño cívico, porque fue un político -Juan María Bordaberry- y otros secuaces pares suyos (algunos pocos todavía hoy entre nosotros) quienes cerraron las puertas del Palacio Legislativo (y hoy todavía, siembran y desparraman negacionismos y teorías de los dos demonios, barajando descaradamente entre sus manos los naipes de la cultura de la impunidad, funcional a la casta militar) para inaugurar una dictadura que hizo parte de un plan regional, el Plan Cóndor, con un saldo estremecedor de detenidos, torturados, muertos, desaparecidos, incluyéndose además el robo de bebés, como delito conexo y aterrador, delito que fue cínicamente negado por el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti; dato a no olvidar, y mucho menos hoy.

Entonces, finalmente, resta poco por decir, porque ya las cartas están sobre la mesa; cartas de un juego aterrador, en el que todavía hay mucho por hacer, más aún cuando ahora -impulsados por vaya uno a saber que suerte de estímulos, o influencias de colaboradores quizás, hay personajes que se atreven, osan, desde filas de la casta militar, salir a la luz pública con protestas, y reclamos, que aunque legítimos, rechinan, horadan sensibilidades, son una afrenta y hasta resultan obscenos, y hasta si se quiere una burla a la inteligencia humana, a la vista pública.

Así están planteadas estas realidades nacionales, que obviamente no escapan a un contexto nacional, en cuyas entrañas el sistema político vendría incubando noxas de naturaleza adversa a la justicia; a la justicia en materia de DD HH, que ya está siendo cuestionada, confrontada, a juzgar por la movilización en cuestión.

Se avisoran tiempos difíciles, no hay duda; en los que solo la cordura y la honestidad militante logrará avances significativos, de lo contrario, una vez más, habremos de ser testigos, de cómo las intrigas del universo de la política harán estragos las esperanzas. Las esperanzas para preservar la memoria, para recuperar restos óseos de detenidos desaparecidos y para creer en la justicia, finalmente; y creer en la democracia, la que últimamente tiene más en el debe que el haber, y eso, ya no es una cuestión de partidarismos o banderas.

Es una cuestión de honestidad, y de valores, y de pura ética. Siempre la ética, la que no tuvieron los militares y los politicos afines, irrumpiendo armas en mano en la vida de los uruguayos; los militares, policías, y los políticos que -a diferencia de otros, que lo hubieron- fueron serviles a un Estado que eligió desbarrancarse por el precipio, con el plus de las inevitables prácticas terroristas; prácticas terroristas de Estado: todo ideado para dar cumplimento a más que siniestros modelos económicos monitoreados desde Washington, por un señor de nombre Kissinger, entre otros más.

Y así fue, y así es todo, gústele o no, a muchos de los que estuvieron manifestando recientemente a las puertas de la cárcel de la calle Domingo Arena, esperanzados (erróneamente) en que su reclamo hace parte de una coherencia. Quizás para su universo sea coherente, pero para el nuestro no lo es, porque la impunidad a la que se acogieron por años y años, es esencialmente lacerante, obscena y detestable.

En definitiva, insisto, esa movilización no fue ni más ni menos que una más que burda provocación.

*Foto de Portada: El Observador