Fue una tragedia anunciada. Fue un descontrol más, de un sistema penitenciario erosionado desde sus entrañas, con el sello del mal endémico. Seis personas privadas de su libertad fueron sorprendidas por un incendio provocado que los llevó a la muerte. Hay una séptima persona que se encuentra en estado grave.

No hay más palabras. No hay más calificativos. Y no se nos hace necesario hablar de un responsable o de varios, porque ante tamaña tragedia, ocurrida en la celda 94 del sector 2B derecho del módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez, en otrora COMCAR, no hay mucho hacia donde mirar, porque el sistema penitenciario en sí mismo, dramáticamente, ha venido ganándose desde hace tiempo, la titularidad en materia de desastres causados por una deficiencia institucional, propiamente dicha. Por una suerte de abandono explícito del Estado a sus responsabilidades constitucionales respecto a los privados de libertad.

Un abandono tal, que transforma al Estado -en este tipo de hechos y en otros, como por ejemplo hace pocos años , la muerte de Marcelo Roldán Requeijo “El Pelado” a manos de otro privado de libertad, quien en la celda que compartían en el Penal de Libertad, tras asesinarlo lo descuartizó y comió partes de su anatomía) en un autor ideológico, o hasta si se quiere en eventual coautor de las recurrentes muertes de reclusos, en un contexto de peleas o de rudas diferencias entre ellos, en una más que notoria convivencia de hacinamiento y degradación, donde los enfrentamientos son moneda corriente. Confrontaciones que están dando mensajes claros para que se tomen medidas urgentes, que obviamente no fueron, ni visualizadas ni atendidas debidamente. Es ahí, entonces, cuando sobrevienen las consecuencias.

A nivel de la fiscalía, en particular dentro de la órbita de la fiscal de Homicidios Mirta Morales, este caso se investiga como un fuego provocado por otras personas privadas de libertad ,y se estima que el incendio sobrevino tras una pelea. Pero dadas las circunstancias y la naturaleza del hecho mismo, procurar saber la identidad de él o los causantes, ya no hace a la cosa, porque en definitiva, lo que si hace a la cosa es asumir que esas seis muertes no son ni más ni menos que el lado visible de una institución -que depende del Ejecutivo nacional- que se permitió un deterioro tal en su funcionalidad, que no le fue posible ni prevenir, ni evitar este cruento desenlace, de ahí que nos resulta inevitable señalarla como responsable genérica -ideológica- del múltiple asesinato.

Los fallecidos fueron Richard Javier Bermudez Piña, Flavio Marcel Bernochi Pelallo, Esteban Andrés Martínez Saravia, Facundo Gutierrez Arocena, Carlos Daniel Silveira Dos Santos, Paulo Miguel Méndez.

Imágenes estremecedoras en la Fiscalía

Al momento de redactarse estas líneas las investigaciones están en curso y de acuerdo a las primeras versiones las celdas del sector donde acontecieron los hechos estaban abiertas no así la que en su interior se hallaron los seis cuerpos calcinados, tal lo consignado en un comunicado oficial del Ministerio del Interior.

Estiman las autoridades que el contexto de los hechos se relaciona estrechamente con una pelea entre las personas que allí se encuentran privadas de su libertad y otras de otro sector del módulo 4. Al parecer, las personas que hallaron la muerte habrían sido trasladadas por otros privados de libertad a la celda que fue encontrada cerrada, precisamente luego del enfrentamiento que allí se produjo, entre ellos. Hay crudas y contundentes imágenes -logradas por otros privados de libertad con celulares- que fueron divulgadas por La Diaria y que ahora están en poder de la fiscal actuante.

Oportunamente, una dirigente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) identificada como Dahiana Pereira -quien estaba en ese momento en el establecimiento- declaró lo siguiente a los colegas de La Diaria.

“El incidente arrancó por un problema de ellos; nosotros estábamos recorriendo justo el módulo de al lado, a ese módulo ya habíamos ido. Empezaron una disputa entre ellos en la celda donde se encontraban estas siete personas, la celda es chica y están con cortes, entonces no los dejaban salir. Fueron los propios atacantes quienes cerraron las puertas de esa celda. Cuando hay estos incidentes son las mismas PPL, que andan en la vuelta, que te abren y te cierran las puertas. Estaba en el módulo 10 y sentimos el olor a quemado y salimos a brindar apoyo, con las compañeras que estaban en ese momento ahí. Ingresan con bomberitos, pero también hay que controlar la situación. Cada celda tiene su particularidad también; en ese módulo hay más de 700 personas y tiene capacidad para 378”

¿Por qué?

¿Fue necesaria otra tragedia -porque ya hubo una similar, también con seis fallecidos en un incendio, en diciembre de 2023, también en el ex COMCAR- para darnos cuenta extramuros que las condiciones de vida en ese establecimiento llegaron a su más excelso deterioro, debido a una institucionalidad inoperante y a un hacinamiento más que dramático, hacedor de violencias y tensiones de todo tenor? ¿Por qué esta historia de muerte bajo la acción de un fuego intencional se repite, con diferencia de tan solo nueve meses?¿Por qué las autoridades no calibraron todo este insano nivel de convivencia, especialmente después de la múltiple tragedia del año pasado, y de las recurrentes violencias -casi a diario- entre los internos, con resultado de muerte, que se vienen registrando a lo largo del año? ¿Por qué tanta desidia? ¿Por qué tanta parsimonia e irresponsabilidad, ante tanta evidencia de presagio de una hecatombe, que ya es crónica en ese histórico establecimiento? ¿Por qué? ¿Por qué olvidarnos de los privados de libertad, y solo acordarnos cuando corre su sangre y se hace presente la muerte por los pabellones y dentro de las celdas en las que están “sobreviviendo” prácticamente uno arriba del otro, alimentándose odios, rencores entre ellos; confrontándose en la rutina, bajo el manto de la corrupción de guardias venales que nunca faltan y un sistema permisivo de tanta decadencia? ¿Por qué? ¿Por qué la guardia penitenciaria honesta y no, debe igualmente sufrir los efectos cotidianos de todo ese desmadre que viene siendo tolerado demencialmente desde ámbitos del sistema de poder que tiene bajo su jurisdicción el sistema penitenciario, y en establecimientos que son históricamente conflictivos, como el ex COMCAR y el Penal de Libertad? ¿Por qué?.

Articulo 26 de la Constitución de la República

Las hipocresías en torno a los privados de libertad están a la vista de todos, porque la gran mayoría -aclaro, hay excepciones- de quienes hacen parte de los mandos operativos, políticos, y gubernamentales, argumentando falta de recursos y presupuestos, y otros motivos, hacen muy poco para el cumplimiento de un numeral constitucional visible al mundo: el artículo 26 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que dice así : “A nadie se le aplicará la pena de muerte . En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis de delito”

¿Hacen poco, por qué? ¿O lo que hacen, lo hacen mal, y por qué? Las autoridades de turno podrán hacerse los desentendidos a nuestras observaciones en tono de pregunta, pero las evidencias abrumadoras son ya una respuesta. Y las constantes advertencias y denuncias sobre el horrendo estado de situación de la cárceles uruguayas que ha hecho desde hace meses el Comisionado Parlamentario Penitenciario, abogado Juan Manuel Petit , públicamente y dentro del ámbito que le concierne, también hacen parte de esas evidencias, que nos sacuden la fibra humana más íntima. Y hay algo más, deja en evidencia a un Comisionando como hablando solo en el desierto. Pidiendo ayuda, y soluciones urgentes, sin lograrlo.

La señales de todo este caos, antes y después de las seis muertes de diciembre del año pasado, en el ex COMCAR, no fueron pocas. Y no fueron atendidas, ni mucho menos allanadas. Como tampoco no fueron ni atendidas, ni allanadas las señales que se visibilizaron antes de una tragedia ocurrida en julio del 2010, en el sistema penitenciario del departamento de Rocha, que hacía y hace parte del sistema penitenciario nacional, en el que murieron igualmente quemados en un incendio de proporciones, doce personas privadas de su libertad. Una tragedia que conmocionó a la opinión pública, y que por enésima vez visibilizó hacinamiento, graves deterioros funcionales y una convivencia tóxica, gestora de tensiones, y más tensiones entre privados de libertad o negligencias de funcionarios cooptados por la corrupción, que más tarde y más temprano (es previsible) desatan tempestades con el sello de la muerte, y del sufrimiento. En Rocha, hace 14 años, 12 fallecidos, y en el ex COMCAR entre diciembre del 2023 y setiembre de 2024, otros 12 muertes. Total, solo por incendios provocados, se contabilizaron 24 fallecimientos, sin contar constantes muertes por peleas cuerpo a cuerpo. Algo inaceptable. Algo horredo.

El Uruguay cuenta con una población carcelaria de alrededor de 16.000 personas, distribuídas en establecimientos en todo el territorio nacional. Una cifra espeluznante, pavorosa, para un país que tiene cerca de tres millones y medio de habitantes.

Entonces ya no hay calificativos para intentar describir el significado político-gubernamental de esta última tragedia; ni mucho menos para describir el dolor de las familias de los fallecidos y de la persona que está internada.

Piden se declare “emergencia carcelaria”

Consumados los hechos, por lo menos, y si acaso por convicción operativa y por conciencia, los funcionarios civiles penitenciarios nucleados en OFUCIPE han dado la cara, para aportar, no para encubrir. Y esa es una muy fuerte y muy buena señal que viene de intramuros. Comunicado mediante, los funcionarios reclaman que de declare la emergencia carcelaria y “actuar con responsabilidad y compromiso” (dentro del sistema penitenciario) remarcando que lo acontecido “es una nueva muestra de las gravísimas deficiencias que venimos denunciando desde hace tiempo”.

Ya es imposible negar que las aguas se desbordaron (y esto desde hace años) en todo a lo largo y ancho del sistema penitenciario. Me consta, como veterano cronista policial, que he sido testigo de todo este proceso, y salvando excepciones por cierto, que burdamente se siguen cometiendo estos desvaríos de gestión en algunos establecimientos; preferentemente en los más conflictivos, debido al hacinamiento entre otras razones.

Pero ahora, ya es insostenible todo soporte ante un hecho como el último, de gravedad extrema; de decadencia extrema; de irresponsabilidad extrema.

Y si los trabajadores de los establecimientos hablan en sus comunicados subrayando que las condiciones en las cárceles las condiciones de vida son insostenibles y deplorables, por algo será. Insostenibles y deplorables también para los trabajadores. Hay un párrafo contundente y lapidario de OFUCIPE :”Desde hace años, el sistema penitenciario se ha mantenido sin una verdadera política de Estado que trascienda los intereses partidarios y aborde de manera efectiva las situaciones extremas y las pésimas condiciones de reclusión”. Agregando: “la necesidad de tomar medidas para garantizar condiciones dignas de los trabajadores y de los privados de libertad”; “Es inaceptable seguir permitiendo que estas tragedias se repitan. ¿Cuántas vidas más tienen que perderse para que se tomen las decisiones que realmente importan? ¿Cómo podemos seguir ignorando una crisis que afecta tanto a quienes trabajan como a quienes viven en el sistema penitenciario? Las cárceles no pueden seguir siendo un espacio de abandono e indiferencia”

¿No hay voluntad política?

Entre el hacinamiento, la indiferencia de la institución penitenciaria, como institución en sí misma -porque han habido y hay funcionarios que son honestos con su función- y el más cínico olvido de las responsabilidades que han sido muy claras en la Constitución de la República, a propósito de los privados de libertad, es que se convive intramuros, como una maldición que por décadas sigue vigente,bajo el rótulo de mal endémico.

¿Pero mal endémico por qué?. Pues porque el sistema político , me remito a los hechos, no tiene el toro por las astas, es decir, no tiene, ni el sartén por el mango, para dar vuelta la taba, y patear el tablero, con criterios humanitarios, constitucionales. No hay voluntad política. Es más que evidente. No la ha habido desde hace años. Pero sí, hay voluntad política para pedir a viva voz que se criminalice a las personas en situación de calle (para así, si reinciden, sean hacinados en las mazmorras del sistema penitenciario); para endurecer las penas y así encerrar a más personas; para reprimir en los establecimientos a los privados de libertad, precisamente porque son privados de libertad, ergo: porque al parecer, para esas mentes edulcoradas de hipocresía, esos “presos” son la escoria de la sociedad. Y como tal, deben ser mortificados y violentados bajo diferentes formas.

Personalmente, por ser cronista policial por más de tres décadas, puedo dar contundente testimonio de todo este proceso de autodestrucción del sistema penitenciario, al menos a partir de los 80, aunque ya desde antes esa situación venía dándose en las cárceles de Punta Carretas y Miguelete, hoy ya desaparecidas.

He visto motines, desórdenes, reclamos, muertes , y sufrimientos de todo tenor en esos ámbitos, y por años, principalmente en el ex COMCAR y en el Penal de Libertad, aunque el capítulo de los menores privados de libertad, en los establecimientos del sistema que los “tutela” también constituyen un tema no menos importante y no menos dramático. Un tema de absoluta vigencia, desafortunadamente.

En la cárceles uruguayas, y lo digo porque lo he visto con mis propios ojos, y por doquier y me consta, no siempre las bondades han superado a las maldades del sistema, sino más bien , éstas han superado a las primeras, que las han habido, es cierto, pero en los hechos han predominado los desvaríos, las negligencias y los olvidos más descarnados y más dañinos. Los olvidos estatales en perjuicio de personas que ya sumergidas, por diferentes circunstancias, en la violencia misma del delito, luego, en los depositarios humanos, no han parado de conocer más que violencias y desconfianzas, y en consecuencia se han ido retroalimentando dentro del sistema penitenciario, y dentro esos parámetros, con las consecuencias ya imaginables.

¿Tal panorama es aterrador? Más que aterrador. Y hablando claro, más que vergonzoso y por demás inmoral para el Estado, que en definitiva se ha venido transformandoen el ideólogo-cómplice y hasta quizás en coautor de todo ese horror.

Y está claro, que en todo esto, y por si fuera poco, hasta seguramente quizás hayan responsabilidades penales por parte de Estado. Pero eso recién lo veremos después, siempre y cuando a nivel de la fiscalía se trabaje debidamente y hayan elementos sólidos que lo prueben. Todavía está en curso la investigación, y eso es un detalle no menor. Solo resta esperar como se laudarán esas investigaciones.

¿Será otro hecho para el olvido? ¿O en contrario, para que se pongan los puntos sobre las íes?.

Aclaro, no pasa por condenar a quienes participaron de la pelea, porque lo que ha ocurrido va mucho más allá. Mucho, pero mucho más allá.

*Foto de Portada: FM 106.5 Cadena del Mar