Jueves 3 Octubre 2024

Sentencia: 12 años de prisión y seis meses de prisión para cada uno

En San José de Mayo los represores oyeron el fallo en sus domicilios; ahora deberían ir a la cárcel

Los llantos de angustia contenida durante cerca de 50 años, colmaron la sala, cuando las ocho víctimas presentes en la lectura de la sentencia escucharon a la jueza condenar a 12 años y seis meses de prisión a sus torturadores. Y es que esos hombres y mujeres, que en aquel entonces tenían entre 18 y 25 años, sufrieron casi toda su vida adulta dolencias físicas y traumas psíquicos, como consecuencia de los tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos por parte de militares que representaban el poder del Estado.

Los excapitanes Francisco Macalusso y Rubens Francia fueron encargados en distintos momentos de los detenidos en el Batallón de Infantería n°6 de San José, donde cumplían funciones como oficiales de S3 y S2 respectivamente.

Entre 1975 y 1978 fueron detenidos ilegalmente 21 jóvenes de entre 18 y 25 años, integrantes o simpatizantes con la Unión de Juventudes Comunistas, y trasladados a dicho lugar, donde fueron torturados con plantón, submarino, golpes, picana eléctrica, entre otros tipos de abusos, amenazas y vejaciones.

Por estas razones, un grupo de personas denunciaron a ambos represores el 8 de julio de 2021 ante la justicia, habiendo tomado el caso la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, cuyo titular es el abogado Ricardo Perciballe.

Eran las 12 del mediodía del 1° de junio de 2023 cuando siete denunciantes, y una testigo, fueron llamados a presenciar la sentencia -de carácter público- que leería la jueza María Elbia Merlo en el tribunal penal de 1° turno de San José, ciudad sureña de Uruguay, al oeste de la capital. Allí, el grupo de abogados de los denunciantes, junto a la defensa de los acusados Rubens Francia y Francisco Macalusso -que escuchaban desde sus hogares la transmisión vía Zoom- y el equipo de fiscales liderado por Ricardo Perciballe, colmaron una pequeña sala que aguardaba ansiosa la lectura del fallo por el que tantos años habían esperado.

El lugar apenas permitió el ingreso de cuatro periodistas, todos parados en un rincón tomando anotaciones y grabando el audio del momento, tan decisivo en la vida de esas personas. Una oficial de policía acompañó el proceso desde otro rincón, mientras una funcionaria cuidaba que la transmisión fuera debidamente realizada, para que los dos acusados en sus respectivos domicilios (por problemas de salud y en prisión preventiva) escucharan lo que la jueza había determinado.

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En la primera parte, la jueza Merlo se abocó a dar lectura a las acusaciones y los testimonios de los denunciantes. Uno de ellos, anciano, sin cabello en su cabeza, pálido, escuchaba aferrado a su bastón y sosteniendo con su otra mano la cabeza, con los ojos bien apretados y un gesto de introspección, como si estuviera reviviendo cada palabra que describía Merlo, algo doloroso, pero que tuvo que ser repasado para aclarar a todos los presentes el fallo al que llegó la magistrada. Los testimonios, cruentos, describían las torturas y apremios a los que fueron sometidos, recibiendo incluso amenazas. A uno de ellos, lo amenazaron con su pequeño hijo de tres años.

Frente a una justicia lenta, la jueza Merlo, en su larga explicación, dijo, que las víctimas tenían derecho y acceso a la justicia, esa justicia que durante tanto tiempo les fue negada, admitiendo que estas personas fueron sometidas a “apremios ilegales, crueles, inhumanos y degradantes”. Todo esto, con la finalidad de quebrarlos como individuos, como personas.

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Asimismo, y aun habiendo quedado en claro que los jóvenes fueron detenidos ilegalmente y que no utilizaron nunca armas, la magistrada recalcó que, aunque los detenidos hubieran integrado grupos armados igual hubieran sido reprochables penalmente los hechos de violencia ya explicados, contra estas personas.

Respecto a la obediencia debida, que mencionaron las defensas de los acusados, la justicia dejó en claro que no alcanza: “El subordinado puede y debe examinar la legalidad de la misma”, reza la sentencia.

Durante el cuarto intermedio, al atravesar la puerta del juzgado y salir a la calle, nos inundó una ola de ansiedad y expectativa. Decenas de personas con carteles, pancartas, mates, y años de esperas, aguardaban, reteniendo la promesa de un abrazo próximo, pero sin saber a ciencia cierta si sería uno de consuelo, o de triunfo.

El segundo tramo de la sentencia fue contundente. La descripción amplia y bien fundamentada de la magistrada respecto a cada una de las tipificaciones que daría, demostraron que a veces las expectativas pueden ser superadas. María Elbia Merlo entendió que los denunciantes fueron víctimas de torturas, algo más profundo que “lesiones graves” y “abuso de autoridad”, como había solicitado Fiscalía. También alegó que la privación de libertad, otro delito que tipificó el grupo de fiscales, fue determinado para cada una de las personas secuestradas por los exmilitares y fue continuada en el tiempo, por motivos ideológicos, lo que implica una clara persecución política, ya que los persiguieron por ser militantes o simples simpatizantes del Partido Comunista, según explicó la jueza.

Finalmente, y luego de argumentar con derecho comparado, jurisprudencia y amplia documentación, en la sentencia final admitió que lo que se cometieron fueron crímenes de lesa humanidad.

Y llegó el momento de la sentencia: 12 años y seis meses de penitenciaría para Rubens Francia y Francisco Macalusso, ambos en calidad de coautores, por reiterados delitos continuados de privación de libertad, y reiterados delitos de tortura.

Una emoción nos embargó a todos, profesionales y no profesionales. Los denunciantes lloraron y se abrazaron, los abogados sonrieron, los periodistas se emocionaron. Y la sorpresa fue más grande aún, al escuchar al fiscal Ricardo Perciballe, que agradeció la calidad del trabajo a Merlo y el fallo en su totalidad, lo que generó una gran satisfacción.

Mientras los denunciantes se iban levantando para abrazarse, uno de los periodistas se acerca a quien escribe y explica, con lágrimas en los ojos, que dos de las víctimas eran sus padres, y que el niño de tres años que habían nombrado, era él.

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A la salida, nos acercamos a las asesoras letradas de Francia, doctoras Estela Arab y Rosanna Gavazzo, que con una amplia sonrisa una, y evadiendo toda mirada la otra, se negaron a dar declaraciones. El abogado de Macalusso, por su parte, se retiró sin más del tribunal.

Afuera, un mar de aplausos recibió a esos hombres y mujeres que, habiendo luchado por justicia, finalmente la alcanzaron. El abogado Pablo Chargoña, representante de las víctimas y del Observatorio Luz Ibarburu, y antes el fiscal Perciballe, fueron ovacionados por familias, compañeros y expresos que se habían acercado a sostener y acompañar el momento.

La justicia tantas veces perseguida, tantas veces silenciada, actuó como debió hacerlo desde un principio. Como debe seguir, sin pausa.

Fotos: Antimafia Dos Mil