Son cuatro, tres argentinos y un uruguayo

Entre ellos hay un sacerdote que sigue dando la comunión en la iglesia

Acusados de haber presenciado, realizado u ordenado decenas y decenas de secuestros, torturas y asesinatos, los hombres de las dictaduras cívicas, militares y eclesiásticas sudamericanas han cometido indecibles crímenes de lesa humanidad. Muchas de sus víctimas eran hechas desaparecer en fosas comunes o en las aguas de los ríos donde eran arrojadas por los famosos "vuelos de la muerte". En Sudamérica a estos muertos se los llama "desaparecidos". Solo en Argentina hay 30.400. Víctimas del terrorismo de Estado que masacró a toda una generación de jóvenes militantes de izquierda, académicos y políticos. Docentes, periodistas y empresarios también terminaron en la picadora de carne de estos jerarcas. En suma, miembros de la sociedad civil engullidos, bajo cualquier pretexto, en el agujero fascista de las juntas militares sudamericanas de los años 70 y 80. Articulaciones que conquistaron el poder a golpes gracias a la implementación del llamado Plan Cóndor, un proyecto subversivo nacido de la CIA para evitar que Sudamérica termine en manos de marxistas o socialistas. Con el retorno de la democracia en los países del Cono Sur de América Latina que han conocido la dictadura, la mayoría de los coroneles y demás grados militares de los distintos ejércitos responsables de crímenes de lesa humanidad han sido juzgados y condenados. 1124 represores argentinos terminaron en la cárcel. Pero algunos de sus antiguos compañeros soldados lograron escapar de los tribunales escondiéndose en el extranjero. A Italia, aprovechando sus orígenes italianos, han llegado cuatro. Hoy tienen setenta u ochenta años y disfrutan aquí de su retiro, lejos de los órganos de investigación de las patrias a las que pertenecen: Argentina y Uruguay. Son cuatro: Carlos Luis Malatto, Jorge Nestor Troccoli, Daniel Oscar Cherruti y Don Franco Reverberi.

Reverberi, el sacerdote que asistía a las torturas

De los cuatro, Don Reverberi es el único que nunca vistió (al menos oficialmente) uniforme militar. Pero esto, y sus 86 años de edad, no lo eximen de responder a las gravísimas acusaciones que penden de su cuello de sacerdote. Reverberi, de hecho, en la época de la dictadura de Videla fue capellán del centro clandestino de tortura y exterminio "Casa Departamental" de San Rafael (en el sur de Mendoza), uno de los más de 800 centros clandestinos donde se detenía a opositores políticos. Los que salieron vivos de allí, como Humberto Calivar, dicen que vieron a Reverberi presenciando las torturas con la Biblia en la mano y una pistola al cinto. "Nos golpeaban y torturaban a cualquier hora del día o de la noche, y siempre estaba presente Franco Reverberi -cuenta Roberto Flores, otro de los sobrevivientes-. Era un habitué de la tortura, cometió crímenes de lesa humanidad". Incluso el Ministerio Público de Mendoza cree que don Reverberi tiene responsabilidad: fue "parte activa del aparato represor". Cuando en junio del 2011 la fiscalía pidió que se lo investigara, el sacerdote ya llevaba un mes desaparecido, se había refugiado en Italia. Huyó a la Emilia Romaña, y se estableció en Sorbolo, el pueblo de origen de su abuelo.

En el 2013, los jueces argentinos pidieron a Italia su extradición por cargos de tortura, lesiones personales y secuestro, pero la Corte de Apelaciones de Bolonia rechazó la solicitud. Las investigaciones continuaron en Argentina, donde se presentaron nuevas denuncias contra el excapellán con cargos cada vez más graves: crímenes de lesa humanidad y participación en el asesinato de un joven peronista de San Rafael, José Guillermo Berón. Según las autoridades argentinas, Reverberi, "quien ya había prestado servicio en las fuerzas militares antisubversivas, formaba parte constante de los grupos militares dedicados a las torturas denunciadas por las víctimas sobrevivientes, asistiendo y presenciando incluso las más brutales y mortíferas, donde invitaba a las víctimas a 'colaborar' con los militares 'para el alivio espiritual'". En la práctica, habría ayudado a los torturadores en la tortura con fundamento en la fe cristiana.

En junio del 2022, la Casación ordenó que se volviera a examinar el pedido de extradición contra don Reverberi, pero el sacerdote se opuso diciendo que sus condiciones de salud no le permiten ser trasladado a Argentina. El 27 de abril, los peritos dirán si tiene razón, tras lo cual el Tribunal de Apelación de Bolonia deberá pronunciarse nuevamente sobre la extradición. Mientras tanto, sin embargo, en la iglesia de Sorbolo, todas las tardes a las 18 horas, don Reverberi se une al párroco en la misa. Da la comunión, casa a las parejas y bautiza a los recién nacidos.

El agente de la SIDE Cherruti

La segunda orden de detención internacional apunta también a la Emilia Romaña y siempre en la Bassa. Y es para Daniel Oscar Cherutti, agente operativo de la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que según las autoridades argentinas participó activamente en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina y en particular en la gestión de los centros de detención y tortura. Según los jueces argentinos, Cherutti habría manejado los de Bacacay y Garage Orletti en Buenos Aires. Él también se escondió en Italia. Las autoridades argentinas emitieron la orden de captura y el 4 de enero Interpol respondió diciendo que lo habían encontrado en nuestro país. Al igual que con los demás represores, Argentina ha pedido la extradición a Italia porque de lo contrario no pueden ser juzgados en su patria ya que no es posible realizar juicios en rebeldía en Argentina. El juez federal, Daniel Rafecas, inició el pedido de extradición, que fue presentado a la Farnesina a principios de marzo. Cherutti está acusado de haber detenido ilegalmente a 108 personas, de haber torturado a 104 de ellas, de ser el principal cómplice del homicidio agravado de 19 personas y de haber sustraído a dos niños de sus familias. Para enmarcarlo, como en todos los juicios sobre los desaparecidos, están los testimonios de exprisioneros. Elba Rama, uruguaya, recluida en el Garaje Orletti en 1976 relató aquella terrible detención describiendo todos los horrores que sufrió. "Nos arreaban allí y nos llevaban arriba para interrogarnos. Te esposaban por la espalda y te colgaban de los brazos, te colocaron cables para darte descargas eléctricas y luego te bajaban al piso, donde había agua y granos de sal para aumentar las descargas. Llegué a pensar que era mejor que me fusilaran para acabar con eso". Y sigue contando. "Una de mis compañeras fue violada". Elba también quiere saber qué pasó con sus compañeros desaparecidos, pero Cherutti ha desaparecido. Spotlight lo localizó en Emilia, en un restaurante argentino propiedad de familiares, pero no se lo puede rastrear. Zelmar Michelini Jr, hijo del político uruguayo Zelmar Michelini, le dijo a Spotlight que "sería muy importante que arrestaran a Cherruti". Zelmar Michelini, uno de los políticos más importantes de Uruguay, en 1974 denunció en Roma todas las torturas practicadas por oficiales uruguayos. Fue secuestrado, torturado y baleado en la cabeza el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, donde se refugió para escapar de la dictadura uruguaya. "Después del asesinato de mi padre sentí tristeza, no odio. Pero siempre quise saber quién fue su asesino".

El uruguayo Troccoli

Quedándose en Uruguay, país donde el número de presos políticos en relación al número de habitantes era el más alto de Sudamérica, el tercero de los oficiales impunes que viven en Italia es Jorge Troccoli, nacido en Montevideo. Escapó de Montevideo en el 2007 para escapar de los juicios en su país, Troccoli fue condenado en el "Juicio Cóndor" en Roma y ahora cumple cadena perpetua. Actualmente, aún en Roma, y aún en el bunker de Rebibbia, Troccoli está acusado en otro juicio por los años en que fue ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Fusileros Navales de la Armada de Uruguay. En concreto, se lo juzga por la muerte de una joven pareja de militantes, la italiana Raffaella Filippazzi, el argentino José Potenza y la profesora uruguaya Elena Quinteros. Todos se opusieron a la dictadura, y por ello fueron secuestrados, torturados y asesinados. El de Quinteros fue un caso de gran repercusión mediática en su momento. La maestra de primaria era miembro del partido marxista "Victoria del pueblo" y por ello fue detenida y torturada por la junta, luego liberada con la condición de que guiara a los militares para arrestar a sus compañeros marxistas. Sin embargo, a pesar de estar bajo vigilancia, el 28 de junio de 1976 Quinteros logró engañarlos al solicitar asilo en la embajada de Venezuela en Montevideo. Una vez que ingresó al jardín de la sede diplomática, los funcionarios intentaron protegerla, pero sus captores uruguayos, entre los cuales se cree que estaba Troccoli, logró llevársela, violando el territorio de la embajada, para volver a encerrarla en un centro de detención clandestino de donde nunca salió. El asunto desencadenó un caso diplomático. El exdiputado uruguayo, Luis Puig, dijo a Spotlight que había visto un documento de la Presidencia de la República de Uruguay sobre el asunto del secuestro. "Contiene la declaración de un marino uruguayo que asegura que Troccoli y otro oficial participaron en el secuestro de Elena Quinteros y que Elena fue llevada al cuartel de Fusileros de la Armada y luego trasladada a otro centro clandestino, donde durante meses la sometieron a impensables torturas". Según Puig, los juicios sobre los años de la dictadura son urgentes y necesarios: "Ninguna sociedad sana se puede gobernar con la mentira y la impunidad, la verdad y la justicia son fundamentales para construir la democracia".

El teniente del RIM 22

El último de los exoficiales argentinos escondidos en Italia es el teniente coronel Carlos Luis Malatto, exjefe operativo del Estado Mayor de Gendarmería (S1) del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña) de San Juan. Malatto está acusado de secuestro, tortura y asesinato.

Para el juzgado federal de San Juan, el exteniente dio su aporte al golpe militar del 24 de marzo de 1976, "al participar activamente en varios procedimientos de detención y ser uno de los más señalados por las víctimas por participar en los interrogatorios bajo tortura". Así está escrito en la sentencia del 3 de septiembre de 2013, llena de relatos de secuestros, encapuchamientos y torturas, desde fusilamientos fingidos hasta descargas en los testículos: esa sentencia condenó a los compañeros de Malatto, y no dio lugar a disposición alguna contra el mismo, por el simple hecho de que mientras tanto había huido a Italia y, como se mencionó, la ley argentina no prevé procesos en rebeldía. Pero en ese veredicto, confirmado tres años después en última instancia de sentencia, se menciona al ex teniente 283 veces. El hombre de 73 años está acusado de ser responsable de veintiséis asesinatos. Escapó de Argentina en el 2011 y logró obtener la ciudadanía italiana en pocos días. Tras las pruebas recabadas por la Fiscalía de San Juan, se destacó en su contra una orden de aprehensión de la Interpol en 2012, que sin embargo quedó en la nada tras el fallo de Casación que en 2014 rechazó el pedido de extradición. Sin embargo, otras dos órdenes de captura siguen pendientes. Una del 2016 por dieciocho asesinatos y otra del 2019 por otros cinco asesinatos. Para ambos se esperan respuestas del gobierno que fue cuestionado recientemente por los diputados del PD Fabio Porta y Lia Quartapelle.

Los magistrados están tratando de extraditarlo o al menos juzgarlo en Italia. De hecho, en Roma, la fiscalía abrió una investigación en su contra para esclarecer sus responsabilidades en los centros de detención de San Juan entre 1976 y 1977. También el año pasado, el secretario de Estado de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, presentó nuevos documentos a los fiscales capitolinos, además de la querella, sobre 30 nuevos casos de víctimas, fallecidas entre 1976 y 1977 en San Juan, que se suman a otros 8 sobre los que ya investigaban los magistrados de Piazzale Clodio. De las 30 víctimas, 7 fueron asesinadas y 23 permanecen "desaparecidas". Recientemente también se archivaron 10.000 páginas de documentos recaudados contra el exteniente coronel. Quien los presentó a los fiscales de Roma, Francesco Dall'Olio y Laura Condemi fue Federico Efron, director nacional de asuntos jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Según el diplomático argentino, entre esos papeles habría pruebas concretas contra el exteniente coronel, incluso con la apostilla de La Haya. Son documentos valiosísimos que esta vez podrían llevar a Malatto ante la justicia en Argentina, donde entretanto sobre los terribles sucesos de San Juan se han celebrado cinco juicios en los últimos diez años más un sexto en fase de conclusión. Y en ninguno de estos Malatto, aunque mencionado cientos y cientos de veces, fue condenado porque no pudo ser procesado como prófugo.

Mientras tanto, el militar argentino sigue viviendo tranquilo en el balneario privado de Portorosa, cerca de Furnari (en la provincia de Messina), famoso por albergar a los jefes mafiosos prófugos Nitto Santapaola y Bernardo Provenzano. Aquí el exteniente coronel disfruta de su retiro, entre villas y paseos en barco. Su propio barco.

Imagen de portada: Paolo Bassani