Primero uno y luego el otro, los motores del Twin Otter irrumpen la dinámica de sonidos de Campo de Mayo. Entreverados los conscriptos, los pilotos y los “civiles”, rodean la escena. Varios hombres, se disponen a bajar de un camión lo que innegablemente son cuerpos humanos. Algunos, ya muertos, van envueltos en bolsas, otros, aún agonizantes dan señales de vida. Todos notoriamente lastimados, producto de las brutales torturas. Mientras son arrastrados, a los tirones son despojados de sus ropas, ajadas y mal trechas, embadurnadas en una mezcla de sangre, barro, excremento y vaya a saber Dios cuanto más. Un “médico” eufórico de rabia, constata a aquellos que aún viven, y les inyecta uno por uno la dosis del sueño, una droga llamada Ketalar. Todo el trajín dura pocos minutos. Hay, pese al horror, un cierto orden y eficiencia. El avión acelera sus motores, y el ruido se alza al unísono con los últimos gritos. Carreteando, el avión se abre camino hasta levantar vuelo y se aleja hasta perderse en aquella larga noche. En tierra, apurados, los visitantes vuelven a su vehículo y despejan el área. Un joven soldado queda solo sobre la pista, perturbado volverá a ver aquellos rostros una y otra vez, cuando la saturación de ruidos lo trasporten de regreso en el tiempo, hacía aquellos profundos ojos negros que bien podrían ser los suyos.

El pasado día 4 de julio, fueron condenados a cadena perpetua cuatro represores del Ejército argentino por los crímenes de lesa humanidad vinculados a los “vuelos de la muerte”, que fueron efectuados desde el complejo militar Campo de Mayo, donde funcionó uno de los ejes centrales del circuito de secuestros, torturas, violaciones sistematizadas, asesinatos y desapariciones forzadas de la etapa militar de la dictadura cívica empresarial y eclesiástica en Argentina.

El aparato represivo intentó desde el primer momento ocultar las evidencias de los delitos aberrantes que cometía en los Centros Clandestinos de Detención (CCD), muchos de los cuales funcionaban en los destacamentos militares de las Fuerzas Armadas. Tal es el caso de ‘El Campito’, que funcionaba dentro de Campo de Mayo. La cremación de cuerpos, y las fosas comunes fueron solo el principio. Se desconoce aún como fue la sucesión de ideas y de órdenes que llegaron a formular como solución final, “los vuelos de la muerte”. Miles de jóvenes sobrevivieran o no a la tortura, eran arrastrados hasta los aviones para luego, en pleno vuelo, ser arrojados al mar. Según las investigaciones y las numerosas denuncias, también se utilizaron helicópteros en estas maniobras, que en algunos casos tiraban los cuerpos en los brazos del delta del río.

Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Egger y Matías Mancini, encontraron culpables al exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros y a su segundo el subcomandante Luis del Valle Arce, y también al exsubjefe, Delsis Ángel Malacalza y al exoficial de Operaciones Eduardo María Lance; todos acusados por delitos de lesa humanidad. Además, el fiscal Marcelo García Berro, pidió que los condenados cumplan su prisión en una cárcel común.

La causa se construyó a partir de los casos de Roberto Arancibia, Rosa Eugenia Novillo Corbalán, Juan Carlos Rosace y Adrián Accrescinbeni.

Roberto Arancibia tenía 37 años, era miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), trabajaba en Gas del Estado, donde ejercía un fuerte activismo sindical. Fue secuestrado el 11 de mayo de 1977, junto a su compañera María Eugenia Zago, quien era médica, y sus dos hijos Adriana y Martín de tres y seis años. Los padres fueron trasladados a uno de los CCD, los niños fueron entregados a los vecinos, pero luego fueron secuestrados por la policía y entregados a un orfanato. El fiscal sobre este punto, hizo un especial llamado de atención respecto a la noticia que publicara el diario Clarín el 24 de noviembre de 1977, bajo el título “Buscan a familiares de dos niños abandonados”, refiriéndose al caso, alegando explícitamente que los padres se habían ausentado, colaborando de esa forma, no solo a la desinformación, sino también a la construcción de una condición estigmatizante respecto de la dignidad de los niños y de la pareja secuestrada. En este sentido el tribunal ordenó que la sentencia sea comunicada directamente al Grupo Clarín.

El cuerpo de Roberto apareció en las playas de Las Toninas, en provincia de Buenos Aires, el 18 de febrero de 1978. Su cuerpo fue recapturado por el régimen represivo y enterrado en una fosa como NN en el cementerio de General Lavalle. Luego sería exhumado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el 2009. El cuerpo de María Eugenia nunca fue hallado.

Rosa Eugenia, también militaba en el PRT. Se desconoce con precisión la fecha de su secuestro puesto que para ese tiempo estaba clandestina. Se estima que fue entre octubre y noviembre de 1976, tenía 26 años, era docente y se sabe que en abril estaba cursando el segundo mes de embarazo. En mayo secuestran a su compañero Guillermo Abel Pucheta, quien hasta la fecha continúa desaparecido. Ella era una de las presas políticas que habían logrado escapar de la Cárcel del Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba, en mayo de 1975, cuando la dictadura aún no se había oficializado, pero las detenciones arbitrarias y la tortura ya eran una marca registrada. El mar devolvió el cuerpo de Rosa Eugenia el 6 de diciembre de 1976, para luego ser enterrado de manera clandestina en el cementerio de Magdalena, en provincia de Buenos Aires. Pese a que su identidad había sido constatada por la policía cuando hallaron su cuerpo, fue ocultada por el régimen, incluso se hizo una autopsia que identificaba los tres orificios de bala que tenía, uno en la cabeza, y los traumas consistentes con haber sido arrojada a gran velocidad contra el agua. Años más tarde, en 1998, el EAAF lograría devolver su identidad.

Juan Carlos Rosace tenía 18 años, y literalmente era un adolescente. Un “chico jovial, lindo pibe y muy extrovertido”, como lo definió su hermano Daniel durante las audiencias del juicio que fueron cubiertas por el diario La Retaguardia. Juan Carlos fue secuestrado el 5 de noviembre de 1976, en horas de la medianoche. Una patota entró en la vivienda y encapuchado lo arranco de su vida. Fue visto al otro día dentro de un Ford Falcon, durante el operativo en el que fue secuestrado Adrián Enrique Accrescinbeni. Adrián tenía 17 años, ambos iban a la misma escuela. Una semana después de su secuestro fueron vistos con vida en Campo de Mayo por un tercer compañero, Domingo Ferraro, quien también había sido secuestrado, pero fue liberado una semana más tarde.

Los cuerpos de Juan Carlos y de Adrián fueron identificados por EAAF en el año 2011. Habían sido enterrados en el cementerio municipal de Verónica -en Magdalena, provincia de Buenos Aires-, luego de que fueran hallados en las playas de Punta del Indio el 23 noviembre de 1976. Las pericias lograron constatar que la causa de muerte de ambos había sido asfixia por inmersión, y presentaban fracturas que confirmaban una caída a gran velocidad contra una superficie dura, como lo es el agua ante un impacto de este tipo. En aquella audiencia los familiares dejaron expresa constancia de que “la escuela se desentendió” de la ausencia de tres de sus estudiantes.

Es la primera vez que el Ejército queda judicialmente vinculado, con sentencia, a los vuelos de la muerte. Hasta el momento solo había podido constatarse las causas vinculadas a la Marina, por los vuelos de la exESMA, en el año 2017, referidos al secuestro, tortura, asesinato y desaparición de los 12 de la Santa Cruz, entre los que se encontraban Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

Un dato que fue fuertemente celebrado por el abogado de la querella, en representación del CELS, Pablo Llonto, es el hecho de la gran cantidad de testimonios que presentaron numerosos ex conscriptos. Jóvenes que en aquel tiempo se unían a las Fuerzas Armadas para cumplir con el alistamiento obligatorio, “la colimba” como generalmente se la conoce. Sin que esto desmerezca las responsabilidades que implican haber estado allí esos días, frente a aquellos sucesos. Estos testimonios permitirán profundizar las investigaciones sobre los aviadores que pilotaron los vuelos.

Los vuelos de la muerte, fueron denunciados públicamente por primera vez, por el escritor y periodista Rodolfo Walsh, en lo que fue y es el testimonio en primera persona más revelador de la época, la “Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar”. Escribía Walsh: “Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea 7, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti”.

Hoy, casi 50 años después, todavía como sociedad nos debemos la verdad sobre aquellos años. Solo así, viendo al horror de frente, reconociendo sus perfiles y sus aristas podremos realmente mirarnos unos a otros a la cara sin sentir vergüenza.

La justicia, más allá de encarcelar culpables -cuando la impunidad y la biología lo permiten-, debe continuar avanzando en la reconstrucción de la memoria. Una tarea que debe emprender junto a las organizaciones sociales, los equipos técnicos interdisciplinarios y la prensa viva.

Un deber al que estamos sometidos usted que lee y yo. Juntos, como pueblo, seremos parte del “Nunca más”.

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*Foto de portada: anred.org / Gustavo Molfino

*Foto 2: Telam / Santiago Omar Riveros