El pasado jueves Amnistía Internacional presentó un informe de situación ante la crítica situación en materia de derechos humanos que se vive en El Salvador. Según el informe, el gobierno de Nayib Bukele registra miles de detenciones arbitrarias y violaciones a los debidos procesos legales. Desde la organización destacaron también que desde que se impuso el régimen de excepción, iniciado el 27 de marzo, al menos 18 personas fueron asesinadas bajo tutela del Estado.

El Salvador está atravesado por uno de los fenómenos criminales y sociológicos más complejos del continente, las Maras. Esta organización criminal, nacida en los barrios latinos de la costa oeste de los Estados Unidos, y que luego se desarrolló con mayor fuerza en Centroamérica, especialmente, en El Salvador, pero no solo, se esparció con gran fuerza en un país cultural e institucionalmente devastado por las injerencias imperiales de la guerra fría. Estas bandas se construyeron y consolidaron a partir de huérfanos, hijos de huérfanos, que encontraron en las lógicas de las pandillas un ideario social. Hoy, este fenómeno social con miles de integrantes, y una gran diversificación de actividades económicas, legales e ilegales, convierten a las Mara en uno de los grupos criminales más prominentes del continente. 

Ante este escenario, Bukele, ni bien asumió la presidencia, en junio de 2019, le declaró la guerra a las Maras. Desde entonces se registraron más de 35 mil detenciones en todo el país. Las cárceles están atiborradas, mientras la violencia en las calles va en incremento. A principios de mayo de este año, una serie de atentados dejo 85 muertos en las calles, en hechos vinculados a las pandillas. Bukele, exacerbado, tomo una serie de medidas contra las personas detenidas en el sistema penitenciario, que se resumen bajo una publicación que realizó en sus redes sociales, Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir. Les racionamos la comida y ahora no verán el sol. Paren de matar ya o ellos van a pagar también".

En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia. Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva, dice el informe presentado por Amnistía.

 Y agrega: El régimen de excepción, las recientes reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal, y la práctica implementada en este contexto por los Juzgados Especializados, la Procuraduría General y la Fiscalía entre otros, han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. El derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para las autoridades salvadoreñas, no permite que se restrinjan estos derechos, ni siquiera en caso de estado de excepción.

Y remata: Tras ser detenidas, las personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de agrupaciones ilícitas, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión. Durante la detención, y antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial (que suele suceder al cumplirse 15 días de detención, tras haber suspendido, a través del régimen de excepción, el plazo constitucional de 72 horas máximas para la detención administrativa), la persona detenida no suele tener contacto con su representante legal, ni siquiera momentos previos a la audiencia, o es de apenas unos minutos. Además, una minoría de personas ha podido tener acceso a defensores privados, quienes no tienen acceso al expediente, desconociendo la información presentada por la Fiscalía. Estas audiencias pueden llegar a realizarse contra hasta 500 acusados a la vez y son resueltas de forma sumaria. Prácticamente todas las personas son sujetas a proceso por parte del Poder Judicial, aun cuando no exista ninguna evidencia.

Amnistía Internacional conversó con cinco personas salvadoreñas, de las cuales tres habían tenido que cambiar de domicilio o de país debido al hostigamiento estatal y de terceros. Dos señalaron tener información confiable sobre posibles investigaciones criminales en su contra como forma de represalia.

La situación es crítica. El daño cultural es irreparable. Contener a tiempo, estos procesos sociales en otras latitudes debe ser una prioridad. ¿Asumirán sus responsabilidades históricas los señores de la guerra que destruyen culturas?

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*Foto de portada: wradio.com.mx