Pasaron 48 años, de aquella madrugada en la que una patota miliquera asesinó a las pibas de abril a quemarropa. Vulnerables, desarmadas, pequeñas, menudas, jóvenes. Las ametrallaron, las deshicieron a balazos. Sin importar la vida que se gestaba en una de ellas, Silvia, que tenía apenas 19 años y un embarazo de tres meses. Laura y Diana, de 19 y 22 años, fueron sus compañeras esa noche de sangre. Juntas, hasta la muerte.

El caso, sin embargo, no tiene a ningún responsable tras las rejas. Y es que el Estado ha hecho todos los artilugios habidos y por haber, para birlar sus culpas, para no reconocer que fue un Estado asesino, y que no se arrepintió ni pagó por sus crímenes.

Más de un centenar de personas se dieron cita en la calle Mariano Soler, frente a la vivienda donde fueron acribilladas las tres jóvenes, el 21 de abril de 1974. Sobre las 18:30 horas, se realizó un homenaje organizado por las y los expresos políticos nucleados en la organización Crysol, y la Comisión Memoria Muchachas de Abril. Horas antes, un mural fue pintado a dos cuadras de la vivienda, con imágenes de las tres muchachas, y la reconocida frase de una canción del cantautor argentino León Gieco: "Todo está guardado en la memoria, alma de la vida y de la historia".

En el lugar, algunas mujeres con remeras de Crysol, recolectaban firmas para solicitar a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria que el lugar sea investido como un sitio de memoria, iniciativa que se repite luego de haber sido rechazada en 2020, por el impedimento en aquel entonces, de que la vivienda era una propiedad privada.

Sobre el escenario, se podía ver un cartel que reclamaba cumplir la sentencia Maidanik. Al respecto de esta denuncia, habló el abogado Jorge Pan, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Durante su oratoria, señaló que el próximo lunes, desde Ielsur presentarán un escrito ante Presidencia para reclamar el cumplimiento de la sentencia. Además, explicó de qué se trata esta sentencia, y las consecuencias que el Estado debe asumir.

Pan contó que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo se accede por dos vías: desde el Estado, o a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, la petición del caso Maidanik incluyó a cinco personas: Diana Maidanik, Laura Raggio, Silvia Reyes, Luis Eduardo González y Oscar Tassino, estos dos últimos aún desaparecidos.

El abogado comentó que Uruguay ratificó la convención sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, comprometiéndose a adecuar toda su legislación a los derechos internacionales propuestos en el documento. El Estado se obligó a aceptar la competencia de la CIDH, que es un tribunal jurisdiccional que juzga la responsabilidad de los Estados, analizando si es que todos los recursos internos del país fueron agotados previo a esta nueva instancia, y si hubo violación de derechos que sean comprobables.

El abogado de Ielsur contó que la denuncia fue presentada en 2007, y recién se obtuvo una respuesta en 2021. La comisión presentó finalmente una demanda, y los familiares por su parte presentaron otra de forma autónoma.

“El 15 de noviembre la CIDH dictó la sentencia, que es inédita porque ubica temporalmente las violaciones a los derechos humanos. El Estado fue omiso. La ley de caducidad de la pretensión punitiva fue el obstáculo insalvable, refirió. Se violaron los derechos de las víctimas y de los familiares: a la vida, a la libertad, el reconocimiento a la personalidad jurídica y a la integridad personal. Durante 48 años fueron totalmente victimizados. A los familiares se les violó el derecho a las garantías judiciales, la integridad de las familias por todos los padecimientos que han sufrido, y el derecho a la verdad.

Y destacó que hasta ahora no hay sanción para ninguno de los responsables.

También comentó que, como medidas, los jueces tienen que fallar ante esos recursos dilatorios, y tienen que incorporar la perspectiva de género. Como segunda cosa, el Estado tiene que continuar las investigaciones, y debe prestar colaboración para averiguar el paradero de los desaparecidos. 

Además, mencionó que debe otorgarle ayuda psicológica o psiquiátrica a cada familiar en particular, respetando las especificidades de cada uno de los casos.

Pan puntualizó en otras medidas que debe tomar el Estado: Dotar a la Fiscalía de Derechos Humanos de recursos, dotar en el currículum de las Fuerzas Armadas una materia específica en capacitación en derechos humanos, e insistió en que hasta ahora el Estado no ha hecho nada, y hay dos cosas que vencen en seis meses: publicación de la sentencia, y su resumen.

“Me mataron a la flaca y al pibe que venía en camino”

Entre adhesiones de varias agrupaciones, se acercó finalmente al escenario un grupo de familiares de las muchachas de abril. La prima de Diana Maidanik, el hermano de Oscar Tassino, el hermano de Laura Raggio, expresaron su sentir en esa noche, 48 años después de la matanza. Particularmente llamaron la atención sobre la supuesta búsqueda de Washington Barrios como excusa para atacar la vivienda de Mariano Soler, ya que Barrios no se encontraba en el lugar. Cuesta creer que no lo supieran, dijeron, y recordaron que cuando el joven se enteró, escribió en una carta: Me mataron a la flaca y al pibe que venía en camino.

Además, exigieron el cumplimiento de la sentencia de la CIDH, y llamaron la atención de la justicia que a 48 años no encarceló a una sola persona por este caso. Nos preocupa sobremanera que el Poder Judicial aplica el derecho al enemigo. La Fiscalía no tiene un funcionamiento correcto. Los jueces son genuflexos porque aplican el derecho internacional a los presos genocidas, por violar los derechos humanos. Están pidiendo que se les perdone, pero ellos nunca perdonaron a las víctimas.

El hermano de Laura Raggio, Horacio, recordó la instancia de juntada de firmas para liberar a los represores, presos en Domingo Arena, muchos de ellos responsables del asesinato de su hermana y de Diana y Silvia. Quedé indignado, eso me puso muy furioso pensando en las gurisas, manifestó, y recordó que la madre de Washington los marco en el juzgado, a todos los responsables de los asesinatos.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien estaba anunciado que concurriría, faltó al acto a último momento. En su lugar, acudió Silvia Nane, senadora por el Frente Amplio y presidenta de la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado. "Qué abril nos ha tocado", fueron sus palabras.

Un abril sin dudas cargado de memoria, pero también de una cultura institucional de la impunidad, que mantiene a los responsables en las calles, a la dictadura todavía instalada entre nosotros, y a las víctimas en su eterno dolor.

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*Foto de portada y restantes: José Guzmán / Antimafia Dos Mil

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