María tuvo a su bebé en su casa un día de 1999. Podía haber sido la jornada más feliz de su vida, pero su situación de extrema pobreza, le impidió atender correctamente a su hijo que salió de su útero sin señales de vida. A duras penas María logró cortar el cordón y se desmayó. Su mamá la encontró en estado deplorable, envolvió al niño, lo puso en una cama, e intentó ayudar a su hija. Juntas caminaron un kilómetro hasta el hospital de la zona, donde la atendieron y solo le dieron un analgésico. Cuando volvieron a su casa, decidieron enterrar a su bebé en una caja de zapatos, le hicieron un pequeño velorio y sepultaron a su pequeño angelito en un gallinero.

Este fue parte del testimonio de María, desoído por la justicia. Hoy María tiene 49 años. La violencia judicial en su contra caló profundo en su persona, fue detenida y condenada a prisión perpetua en tiempo récord, acusada de matar a su bebé recién nacido. La única prueba en su contra era la denuncia de un vecino y una pericia dudosa. Una historia que marca claramente la doble vara de la justicia en Argentina y, sobre todo, en aquellas provincias con impronta feudal.

María padece, por los largos años en prisión, secuelas físicas y emocionales. “La causa de María nos ha desvelado, y tratamos de optimizar todos los pasos para que ella no tuviera que padecer una espera interminable”, dice Nora Maciel, defensora oficial en lo civil que lleva adelante la demanda.

Tras la denuncia del vecino, que vio la escena del entierro, llegó la policía y automáticamente detuvieron a María. “Nunca más recuperó la libertad hasta que se revisó su caso”. En aproximadamente ocho meses de proceso, a María la condenaron a cadena perpetua. No había un estatus de peligrosidad procesal, pero todo ese tiempo la dejaron tras las rejas.

Cuando ya estaba condenada, la defensa decidió tomar su testimonio, tomó en sus manos el expediente y pidió la revisión de su condena que fue declarada sin efecto el 26 de abril de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes. Las pruebas claramente, estaban mal hechas.

En el caso presentado por la Defensoría, se había incorporado la perspectiva de género. “Es como si hubiera una categoría de delitos exclusivamente prejuiciosa para las mujeres, y perniciosa, con esa afirmación tan ligera de matar a un hijo, sin el análisis de contexto”, apunta Maciel.

La provincia de Corrientes decidió resarcir económicamente a María, por la desidia causada tras trece años de confinamiento. Todo ese tiempo, estuvo alejada de sus hijos, que vivían en otra ciudad. María salió en libertad en abril de 2013, y dos años después, inició un largo proceso judicial para obtener la ayuda que le correspondía, y que fue decretada en noviembre de 2019 por la jueza María Belén Güemes. En ese tiempo, el Estado le otorgó una pequeña vivienda y la incorporó a la administración pública, donde estuvo varios años contratada con un mínimo ingreso.

El fallo de la jueza Güemes fue ratificado en 2020, en el mes de septiembre, por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral.

Para la jueza, no hay dudas de que el Estado es responsable de la situación de María. Ella nunca pudo volver a construir totalmente la relación con sus cuatro hijos. Por eso, cuando decretaron su libertad, no quiso hablar a las cámaras pese a la repercusión que tomó su historia a nivel nacional.

Actualmente, la salud de María está delicada: hace pocos días sufrió un infarto y el año pasado cursó un tumor cerebral. Aunque intentan desde varias organizaciones poder ayudarla económica y psicológicamente, las secuelas de un Estado que abandonó a una mujer durante 13 años son bien profundas. Ahora, lo que esperan es que el pago del resarcimiento se haga efectivo pronto y María pueda vivir con “tranquilidad económica y disfrute”. Un “disfrute” incompleto, eternamente incompleto; la pérdida de un hijo no podrá ser reemplazada nunca, en un ámbito donde el dedo acusador de una sociedad hipócrita con una doble moral que cala profundo en los huesos de sus ciudadanos más indefensos y baja brutalmente su martillo de “justicia” con un parche en el ojo.

Antecedentes

Victoria Aguirre, estuvo tres años presa en Misiones. En diciembre de 2017, el Tribunal Penal de Oberá la absolvió y condenó a quien fuera su pareja, Rolando Lovera como autor del homicidio de Selene, la hija de Victoria, de dos años y medio, que falleció a fines de enero de 2015 por un golpe que le fracturó el cráneo.

Myriam Bogado, una adolescente guaraní de 19 años, también estuvo presa por 237 días en la Alcaldía de Mujeres de Posadas, por la muerte de su hija de solo cuatro meses. La detuvieron sin prueba alguna, y sin poner un intérprete de por medio para escuchar su testimonio.

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*Foto de portada: pagina12.com.ar