Nunca más.

“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”. Estas fueron las palabras con las que terminó su alegato de cierre, Julio César Strassera, el fiscal que, en 1985, llevó adelante la investigación contra las juntas militares que usurparon el Estado argentino, durante el periodo militar de la dictadura.

La transición a la democracia, implica mucho más que una fórmula presidencial o la apertura de un recinto parlamentario. La transición a la democracia marca el fin de una era, que obliga necesariamente a realizar una revisión sobre los acontecimientos. Acontecimientos que están atravesados por complejos intereses políticos, sociales y económicos. Acontecimientos atravesados por complejos parámetros culturales. Acontecimientos que están atravesados por una humanidad sobreviviente. Una humanidad que encontrará nuevos valores de dignidad, y nuevos valores de vergüenza. Lo certero es que habrá situaciones que afirmar y situaciones que extinguir. El cambio es inevitable, el aprendizaje es inevitable, el futuro también es inevitable. Y ese futuro, solo puede ser sin impunidad.

Ese futuro, estuvo más cerca que nunca aquel 9 de diciembre de 1985, cuando los principales responsables del terrorismo de Estado, los hasta el momento conocidos, eran condenados. Jorge Rafael Videla, fue condenado a reclusión perpetua por los homicidios agravados de 66 personas, con distintos agravantes, y la privación ilegítima de la libertad de 306 personas, entre otros delitos de lesa humanidad. En tanto, Emilio Eduardo Massera, recibió la pena a cadena perpetua, por ser considerado responsable del homicidio agravado de 72 personas, entre otros delitos de lesa humanidad. Ambos fueron condenados también por robo. En el caso de Orlando Ramón Agosti, fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de tormentos a ocho personas. Estos fueron los tres integrantes originales de la Junta Militar, durante el periodo más agresivo de la dictadura. Y a medida que avanzaba el llamado ‘Proceso de Reorganización Nacional’, la Junta Militar fue cambiando nombres y apellidos de cada una de las tres armas, los que también fueron acusados.

Roberto Eduardo Viola, fue condenado a 17 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad contra 86 personas, entre otros delitos de lesa humanidad. Armando Lambrushini, fue condenado a 8 años, por el delito de privación ilegal de la libertad de 35 personas.

Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo fueron absueltos por los cargos que le fueron imputados.

Estas condenas, pasada la euforia de escuchar la palabra ‘culpable’, fueron desdibujándose, al ir tomando dimensión sobre los crímenes imputados y los delitos condenados. En primer lugar, el tribunal negó la existencia de algún tipo de coordinación entre las tres armas, motivo por el cual, los responsables de la primera Junta Militar, fueron condenados con distintas sentencias. En segundo lugar, el juicio, se limitó a los comandantes en jefe, dejando de lado toda la línea de comando, relegándola al fuero militar, con todo lo que eso implica. En tercer lugar, no porque fuera uno más importante que otro, el juicio solo evaluó unos 400 casos, sobre los aproximadamente 9 mil casos que incluía el informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Este informe había sido redactado por un grupo especialmente formado por el presidente Alfonsín, el segundo día de su mandato. Allí, se detallan los primeros testimonios que dan cuenta de la sistematización de los secuestros, de la tortura, de los asesinatos y de las desapariciones.

Esta cota durante el proceso judicial, se justificó en una estrategia, que se centrará en los casos más evidenciados, para de esa manera tener una condena pronta e inapelable. Y el resultado, efectivamente fue así. Pero, mientras esto pasaba sobre el tapete, por debajo, distintos sectores de poder negociaron la transición hacia la, de ahora en más, “democracia”.

Esta nueva etapa tendría sus puntos de clímax con las leyes de ‘Obediencia debida’ y ‘Punto Final’, que lisa y llanamente confirmaban la decisión del Estado, de los usurpadores democráticos del Estado, de anular todo intento de persecución y juzgamiento por parte de la justicia civil. Luego, algunos años más tarde, llegaría Menem que, como en muchos otros aspectos, borraría con el codo, los pequeños avances civilizatorios de Alfonsín. El 7 de octubre de 1989 y el 29 de diciembre de 1990, el presidente favorito del neoliberalismo, firmó una serie de decretos que indultaron a más de 1.200 personas, entre militares y civiles, entre los que se encontraban los jefes de la Junta Militar que habían sido condenados, y empresarios como José Alfredo Martínez de Hoz.

El caso argentino fue paradigmático, en aquel presente fue el único caso en el mundo donde un país llegó a juzgar con su propio sistema judicial a los criminales de lesa humanidad del propio país.

Numerosos fueron los avances en materia de juicios de lesa humanidad; a nivel regional solo la Argentina ha tenido significativos avances. Esto es en gran medida gracias a una expresión constante propia del pueblo argentino, que no olvida. No olvida a sus 30 mil desaparecidos. Pero, la dirigencia política, y en especial la justicia dependiente y condicionante, indistintamente de sus posturas políticas, han sostenido el secretismo, el silencio y la omertà, respecto a las complicidades civiles y empresariales de la dictadura. Y pese a que estos crímenes son imprescriptibles, los responsables son perecederos, no así sus fortunas, que encuentran albergue en los mismos nombres que se repiten en los árboles genealógicos, sobre todo, de las familias patricias.

Mientras el Estado frenó su intención punitivita, numerosos activistas y organizaciones de derechos humanos, crearon una constelación de cambios culturales, que a fuerza de tomar la calle fueron transformando el Estado.

Pero aún resta lo más importante, lograr que la justicia funcione, porque no podremos hablar de democracia mientras los responsables de crímenes atroces continúen, no solamente libres, sino ocupando cargos públicos y privados estratégicos en el orden constitucional y social.

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*Foto de portada: Telam