En uno de los barrios más pobres de la calurosa Corrientes, se encuentra el merendero “Abuela Rosario”, un espacio comunitario para ochenta familias, donde los chicos acuden para llevarse su ración de comida a sus casas. María Monzón, en conversaciones con el periódico Página/12, describió a esa comunidad con una impronta pacífica y solidaria.

Es ahí donde María conoció a Lautaro Rosé, un joven voluntario de tan solo 18 años, con toda una vida por delante, que murió víctima de la desidia y la brutalidad policial. En el merendero, ubicado frente a su casa: “Además de la merienda y la cena hacíamos higiene en la calle, tenemos una huerta comunitaria y de ahí sacamos las verduras, era un militante de barrio. Era muy humilde y responsable en su trabajo, le decíamos a tal hora se pela la papa y él estaba. Muchos hacen estereotipos por ser pobre, pero no ven la realidad de la persona, y todo lo que podemos hacer unos por otros”, contó María sobre el joven Lautaro, el menor de una familia de nueve hermanos, que soñaba con ser jugador de fútbol, pero una lesión le impidió poder cumplir con su sueño.

Hay tragedias evitables del destino, que siempre reinciden; en la casa donde hoy funciona el merendero también vivió Francisco Escobar, uno de los cartoneros asesinados en el puente Belgrano, durante la represión de Gendarmería en diciembre de 1999.

María, expresa además, que el barrio está partido de dolor: “Conmocionados de tristeza estamos, no estaríamos así si hubiese sido un chico malo, un chico trabajador tiene derecho a salir un domingo a tomar su aire fresco, a la cancha, a hablar de lo que ellos quieran, sus cosas de adolescente. Fue muy feo lo que pasó, yo como persona mayor estuve muchas veces sentada en la Costanera, y la policía me dijo ‘terminó el horario de estar acá’. Tuve que levantarme con mi marido y salir de ahí, y cuando me di vuelta vi que entraban otras personas. Pensé que tendrían permiso. Después me di cuenta que era sacar a los de baja sociedad para poner a los de alta, es pisotearnos, como si fuera que no somos personas. Están privatizando todo. Tengo furia, si la saco me voy a ir de boca”.

Y la tristeza del barrio no es para menos. Once policías del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), aquellos que supuestamente “resguardaban la seguridad”, que participaron de la persecución a un grupo de jóvenes en la costanera de Corrientes, fueron acusados por el fiscal Gustavo Robineau por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, apremios ilegales, amenazas y abandono de persona agravado seguido de muerte. En ese grupo se encuentran, quienes la madrugada del lunes 8 de noviembre, ignoraron el pedido de ayuda de Lautaro Rosé, que se había arrojado al río Paraná, para escapar de las balas que ellos dispararon. Así consta en el requerimiento de instrucción que el abogado de la familia de Lautaro presentó a la jueza Josefina González Cabaña. El fiscal reconstruyó los hechos que derivaron en la muerte de Rosé en base a los testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y la geolocalización de los patrulleros, entre otras evidencias.

La Costanera Sur de la ciudad de Corrientes, es un lugar elegido por sus habitantes para el esparcimiento. Pero se ha vuelto también zona de conflicto, porque un sector público fue cedido a manos privadas, cuyos custodios suelen realizar desalojos de manera violenta.

Lautaro y sus amigos habían ido el domingo 7 a la noche a pasar el rato. Luego de la medianoche varios móviles policiales acudieron a la zona por un supuesto llamado al 911 por incidentes a partir de una pelea en la zona, y más tarde por otro episodio, un presunto ataque a un patrullero que todavía no está corroborado. Las imágenes de las cámaras y los testimonios coinciden en que los policías hicieron un giro en “U”, y a partir de ese momento iniciaron la persecución al grupo en el que se encontraba Lautaro, que corrió en dirección a la orilla del río.

Cuando llegaron al club Boca Unidos, no tenían más alternativa que subir hacia el encuentro de los policías o intentar escapar hacia el agua. Según los investigadores, se habrían quitado las zapatillas, y esto concuerda con el hallazgo del calzado deportivo de color negro de Lautaro, por parte de su hermano sobre unas rocas. En el lugar fueron secuestrados cartuchos percutidos de escopeta, balas de goma, así como también un cartucho de calibre 38.

El joven menor de edad, que acompañaba a Lautaro, logró salir del agua, a pesar de que en ese momento le estaban disparando. Según su propio testimonio, comprobado por las pericias médicas, fue golpeado en las piernas y en el tórax, y luego fue esposado.

Sin embargo, el fiscal consideró probado que la detención del adolescente se hizo sin registro alguno, y peor aún, que los pedidos de auxilio de Lautaro desde el agua fueron desoídos por los policías, que en ese preciso momento estaban en ese lugar de la orilla. También está comprobado, que los uniformados amenazaron al joven menor de edad, para que no dijera nada de lo ocurrido. Por dicho motivo, están buscando a través de organismos nacionales, la posibilidad de que se convierta en un testigo protegido.

El abogado de la familia Rosé, Hermindo González, dio declaraciones sobre cómo continúa el caso y disparó contra las autoridades policiales. En conversación con FM La Patriada, el profesional dio detalles de lo que está ocurriendo en el caso: "La causa de la muerte es asfixia por sumersión y acredita lo que venimos manifestando. Provocado por la policía, Lautaro termina en el agua sin saber nadar y no lo ayudan".

González aseguró que en la persecución ocurrida esa madrugada de lunes fue elección de los policías no intervenir: "A través de un operativo clandestino fueron perseguidos tanto Lautaro como un amigo de él, hasta la vera del río Paraná. Lautaro cae y comienza el pedido de auxilio, porque no sabía nadar. La policía, que provocó esta situación, lo escucha, pero hizo caso omiso. No hay ningún acta del procedimiento ni del pedido de ayuda de Lautaro cuando comenzaba a ahogarse".

El abogado, se refirió también, a la situación actual del amigo de Rosé: "Se quedaron con el joven menor de edad que acompañaba a Lautaro, a quien esposaron y golpearon salvajemente. Se encuentra amenazado telefónicamente para que no preste declaración en la causa. A él lo habían llevado a la comisaría, pero ahí no lo recibieron porque no tenía ninguna causa u orden de autoridad competente para la detención, entonces lo terminaron sacando a la vereda".

Según González, fue el amigo de Lautaro el que se acercó a la familia del joven, para informar sobre lo que les había ocurrido la noche anterior, luego de la fiesta. Así fue que la familia llegó hasta la vera del río Paraná y comenzó a rastrear a Rosé. Luego de esto, la madre hizo la denuncia correspondiente, aunque al principio no se la querían tomar, pero la Fiscalía actuó 24 horas después: "Los familiares y amigos mantuvieron la búsqueda y su tío lo encontró ya sin vida".

"Se han ensañado contra esos dos pibes (...) no tenemos acreditado si lo empujaron o si lo tiraron, o si se cayó, pero es indiferente a los fines de lo que se considera abandono de persona seguido de muerte (...) el accionar de desinteresarse por la vida de Lautaro teniendo el deber de garante como policía para hacerlo ya constituye el delito de abandono de persona. Si eso sumamos que encontramos el cuerpo sin vida de Lautaro ya amplía la tipificación y más si tenemos en cuenta la autopsia, que probó que Lautaro murió por asfixia por sumersión", agregó González.

Las similitudes con el caso Maldonado

En declaraciones al programa “Alerta Spoiler”, el abogado también manifestó: “Hay similitudes con el caso de Santiago Maldonado. Se puso en práctica una política pública de privilegios a sectores acomodados en contra de los vulnerables. Santiago defendía tierras de un colectivo originario y lo persiguieron, al cual el Estado quiere eliminar para hacer pingues negocios inmobiliarios con esas tierras. Estas razias tienen que ver con lo mismo, explotar sectores públicos cedidos ilegalmente al sector privado. Un negocio millonario de paradores y comedores para sectores acomodados. Estas razias, al igual que con Maldonado, tienen que ver con garantizar el goce privilegiado e ilegal de sectores privados, apropiándose de espacios públicos cedidos de manera arbitraria”.

“Estas situaciones no se dan por tres o cuatro policías con una decisión equivocada. Es parte de una política de Estado. Hay exclusión y abandono. El Estado excluye a estos sectores. No les otorga ni salud, ni educación, ni justicia. Ponen la fuerza represiva a disposición de los empresarios. Y le garantizan la impunidad. Cada vez somos más los que quedamos fuera de este sistema capitalista cada vez más anti democrático. Tenemos que enfrentar a esto que nos dicen que es democracia”, completó González.

“Solidaridad” policial

Entre los que hicieron público, a través de redes sociales, la “solidaridad”, para con los oficiales imputados, se cuenta a: la División de Infantería, el GRIM 2, la Comisaría 7ª, el Grupo de Intervención Rápida, la Comisaría 22ª, la Dirección de Investigaciones Metropolitana, la División de Asuntos Juveniles, el Complejo Penitenciario Nº 1, la Comisaría 20ª, el Comando, el Centro de Entrenamiento Policial, la Comisaría 5ª, y Motoristas del Comando.

Durante el velatorio y el entierro de Lautaro Rosé, al que fueron el pasado jueves centenares de vecinos del barrio Trujillo, se respiraba la bronca contra la policía. Quizás sea el punto de quiebre para un conflicto que viene desde antaño, pero que se podría agravar dentro del contexto de una violencia institucional que se repite, y que se profundiza. El barrio, básicamente expresa, que los corren de la Costanera a pedido de “los ricos”.

Más acusados

La Fiscalía que instruye el caso, formalizó la instrucción de la causa, y tendría pruebas suficientes para imputar a 12 efectivos de la Policía de Corrientes.

Gustavo Robineau, titular de Fiscalía de Instrucción número 6, tras la imputación, remarcó que "hubo un procedimiento irregular" por parte de la policía "tras la desaparición de Lautaro Rosé".

Ahora, a esos policías y a otros, que también se involucraron en la “cacería”, están a un peldaño de ser señalados directamente en la causa penal, donde se investiga la muerte del joven. La decisión recae sobre la jueza González Cabañas.

Mientras tanto gran parte de la comunidad de Corrientes, pide la rendición de cuentas en un caso que tiene todos los complementos (por su accionar sistemático y represor) de un nuevo crimen a manos de la policía.

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*Foto de portada: minutouno.com

*Foto 2: diarioprimeralinea.com / Lautaro Rose

*Foto 3: diarioellitoral.com