Octogenario -87 años, más exactamente-, preso en su domicilio de Montevideo, capital del Uruguay, por la autoría de delitos de lesa humanidad, y recientemente procesado en Italia, por la causa Plan Cóndor, falleció este domingo 22 de agosto, en horas de la noche, el excanciller de la dictadura cívico-militar uruguaya, Juan Carlos Blanco.

La muerte de todo aquel que hizo parte de una dictadura, cualquiera sea el lugar y el momento, y este personaje no es la excepción- no nos genera condolencias, ni muchos menos reconocimientos o pesares. Sencillamente damos la noticia, porque, de hecho, su desenlace tiene otro significado para quienes señalamos y denunciamos a los esbirros de las dictaduras en Latinoamérica, haciendo parte del Plan Cóndor.

Y Blanco, era un exponente de ese aparato de represión, made in Estados Unidos, que oportunamente se esparció por nuestra región, tejiendo telarañas de muerte y torturas, sobre miles y miles de personas, cuyo único crimen, además de alzarse en armas (porque fue así de inevitable) pensaron diferente a quienes interrumpieron a sangre y plomo procesos democráticos y gobiernos legítimos y constitucionales, en el Río de la Plata, y países vecinos.

Juan Carlos Blanco fue conocido, desde que se instaló el autoritarismo antidemocrático cívico-militar en el Uruguay, como el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura: el Canciller de los milicos; “el Canciller casado con los milicos”; "el ex Canciller que tuvo mucho que ver con muchas muertes, entre ellas la de la maestra Elena Quinteros, los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw".

Como se recordará, Blanco asumió como canciller del entonces presidente Juan María Bordaberry en 1972, continuando en el cargo luego del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 hasta el año 1976, momento en que fue designado embajador ante la ONU, entre 1982 y 1985.

Su historial procesal da pavor porque visibilizó el grado de compromiso que tuvo la clase política, de los años 70, con la casta militar a la hora de tomar el Parlamento nacional y de cercenar libertades y vidas.

En el 2002 Blanco fue procesado con prisión por la desaparición y posterior asesinato de la maestra Elena Quinteros, cumpliendo en consecuencia, prisión preventiva, hasta que finalmente -en el 2003- se le otorgó libertad provisional. Posteriormente, en noviembre de 2006 el juez penal Roberto Timbal lo sometió a proceso, disponiendo la prisión preventiva de Blanco, corriendo igual suerte nada menos que su principal mentor, Juan María Bordaberry, por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez, Barredo y Whitelaw, en Buenos Aires, en el mes de mayo 1976. Un Tribunal de Apelaciones de no hace mucho, en el 2017, confirmó la iniciación del proceso en su contra por esta causa. Y después, la justicia italiana lo condenó a cadena perpetua por la muerte de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor, junto a militares de otros países sudamericanos, participantes de ese proceso.

Junto con Blanco, fueron sentenciados a cadena perpetua los militares uruguayos Néstor Tróccoli, José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Abelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Y fue recién a mediados de este 2021, que el Tribunal Supremo, en Italia, que confirmó la sentencia. Cabe consignar que los exmilitares Luis Alfredo Maurente Mata y José Nino Gavazzo, que también habían sido condenados, murieron: uno en el 2020 y el otro, en el año en curso.

La figura de Juan Carlos Blanco estuvo estrechamente relacionada con la vida política uruguaya: nació en Montevideo, el 19 de junio de 1934 en el seno de una familia que desarrolló por años una intensa actividad política, al punto que su padre, sus tíos y un abuelo ocuparon relevantes cargos públicos, en gobiernos colorados desde fines del siglo XIX. Pero en este caso, Juan Carlos Blanco, se extralimitó al comprometerse con el quiebre institucional del año 1973, haciendo parte del pachequismo, dentro del Partido Colorado.

Entonces, su participación en la vida política nacional desde los comienzos del año 70 hasta el advenimiento de la democracia, fue el caldo de cultivo de una trayectoria de criminalidades y delitos contra la vida humana (y mismo contra la Constitución), al extremo que, a Blanco, hoy, no se le honra ni se lo valora, porque desafortunadamente, el paso que fue dado por su persona, como funcionario público, fue en servicio expreso de un autoritarismo teñido en sangre. La sangre de conciudadanos que pensaban de manera distinta a él, y que no defendió ni intercedió para proteger sus vidas. Juan Carlos Blanco, no fue autor material de ejecuciones o torturas, pero fue ideólogo y cómplice de esos barbarismos, porque con su indiferencia -y su silencio- en el puesto en el cual se encontraba, hizo su aporte a la desaparición de personas y a su respectiva muerte.

Sentando en el sillón del poder civil, expresamente, sus manos se vieron manchadas de sangre. Hoy, en consecuencia, su muerte no nos significa una pérdida; nos significa, una vez más, la detestable circunstancia de que los responsables de esos delitos al morir, aún procesados (y gozando de prisiones domiciliarias, por haber sido favorecidos por la cultura de la impunidad) se llevan a su tumba secretos (nombres y apellidos de otros involucrados) y verdades de aquellos días del terror.

Y también en esto Juan Carlos Blanco no ha sido la excepción. Porque en definitiva, por sus actos, también fue un represor más.

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*Foto de portada: Juan Carlos Blanco, ingresando a un juzgado (archivo, junio de 2010). Foto de La Diaria, de Victoria Rodríguez