Humanizar, es el verbo que deberíamos conjugar, como sociedad; y más todavía -si se quiere ser exquisito- cuando se trata del delito, el que bajo todas su formas campea por calles y plazas, y costaneras, de barrios y localidades, especialmente en la Argentina de hoy; porque el delito, que es exclusivad de los adultos, y no es de ahora, sino más bien desde antaño (y en todo el mundo), también se hace extensible a los menores de edad; pero, hablando de menores hay que prestar atención, porque se trata de una franja de la sociedad que no tiene mayorías absolutas, a juzgar por las cifras estadísticas sobre menores delincuentes, por más que haya quienes pretendan instalar esa idea. Y ese detalle -nada menor por cierto, de que es siempre el adulto el que lleva la posta de las estadísticas y no los menores- es hora de tomarlo muy en cuenta a la hora de castigar. Pero está ocurriendo algo perverso: la tendenciosa e irreal idea alarmista, de que los menores acaparan el arco delictivo, se ha instalado en la Argentina, y en consecuencia, ha surgio un crucial debate parlamentario en torno a la propuesta del gobierno de Javier Milei, secundado, obviamente, por la maestra del terror, Patricia Bulrrich, la ya maldita propuesta de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años; una propuesta propia de una ideología fascista, que obviamente, hace parte del oficialismo vigente.

Precisamente por eso, nos resulta imperioso recalcar, la necesidad de practicar el verbo humanizar, como contrapunto indispensable para no abrazar cándidamente (y no cándidamente) esa iniciativa del mileismo; y es hora también, de encarar urgentemente, un camino de solución, respecto a los menores incursionando en el delito, obviando de raiz la baja de imputabilidad, obviamente, para no ceder espacio a una iniciativa fundada en la insensatez más descarada; tal como si bajar la imputabilidad fuera el mágico remedio mágico para un mal incurable, algo por demás disparatado y distante de la verdad.

De ser sancionado el proyecto de ley por todo el Congreso, sería la constatación más clara de que para ello primó la codicia y la más absoluta deshumanización al servicio del poder de turno; o lo que es decir al retrógrado, prejuicioso y criminal escudo capitalista, más empeñado en protegerse, que en buscar abrir caminos y puertas, a los jóvenes, para salir del delito, sin llegar al oprobioso extremo de su criminalización.

Desde filas gubernamentales, con esa iniciativa, se está dando un descomunal e inequívoco paso atrás, a la hora de tratar el complejo tema de los menores infractores; un tema de magnitud insospechada; un tema que ha sido instalado a través de la narrativa del miedo, claramente impuesta desde filas oficialistas como forma de desvirtuar la profundidad del tema; profundidad que revela que detrás de la iniciativa, hay más que nada intereses políticos; y hay poco, o más bien nada, de intereses humanistas o conciliadores, particularmente con un sector de la sociedad, que no hace parte del delito, sino que es preso del delito, lo que ya en esencia hace que el problema debería ser encarado bajo otros parámetros, y con los de la judicialización, tal como ahora se pretende.

Felizmente, hoy por hoy, desde ciertos ámbitos, se le ofrece, a esa tenebrosa iniciativa, una tenaz resistencia; una resistencia polifacética, que maneja sólidos argumentos, que están siendo expuestos valientemente en los medios, para hacer entender a la población argentina de los cuatro puntos cardinales que se trata de una iniciativa nefasta, por donde se la mire. Antimafia Dos Mil no está de acuerdo con esa baja de imputabilidad; y en consecuencia, no hace otra cosa que hacer su aporte para que pueda fortalecerse esa resistencia dirigida a los esbirros del terrorismo de Estado, que sutilmente también podría significar la sanción definitiva de la propuesta gubernamental.

Hoy, en la Argentina, están empecinados en que la idea del gobierno prospere no obstante pululan argumentos en contrario y hay uno en particular que se hizo visible recientemente, y que no podemos ignorar: el punto de vista de la familia de Sebastián Villarreal; Sebastián, fue un hombre que fue asesinado hace dos años por dos menores entre los 14 y 17 años; su familia hizo apreciaciones, que tienen un eslabón más que crítico a la idea mileista; y esas apreciaciones, muy valiosas a nuestro entender, ya salieron a la luz pública en Página 12; a los Villarreal se les consultó sobre la votación en el Congreso, donde ya la idea lleva ya media sanción; los Villarreal declararon lo siguiente: “No se está votando seguridad, se está votando un negocio”, y además pidieron “humanizar” y rechazar el proyecto oficialista porque “los que van a ir presos son todos los chicos pobres”. Fue esta una muy lapidaria precisión que no podemos dejar en el tintero, como tampoco dos más: primero, la de la Iglesia Católica, que a través de la Comisión Pastoral Social insistió su oposición a la propuesta aseverando que el problema no pasa por bajar la imputabilidad, sino más bien que “requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo”; y segundo la de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, a traves de una de sus profesionales, la doctora Laura Taffetani, quien profundizó con sobrada elocuencia sobre los alcances poííticos de la medida que esencialmente no busca otra cosa que literalmente criminalizar a los niños y a los jóvenes, y en particular a los niños y a los jóvenes de los sectores sociales empobrecidos, lo que no es poca cosa.

Y es por ese motivo y los precedentes , que no nos tiembla el pulso para escribir, que para allanar este más que árido tema de la baja de imputabilidad (que ya solo ponerlo sobre la mesa para el debate, es un paso atrás bochornoso y antiético, históricamente) nos obliga indefectiblemente, como decía al comienzo, a conjugar a voz en cuello el verbo humanizar, para poder, todos -gobernantes y legisladores, primero que nada- humanizarnos sin hipocresías; para así poder salir de las oscuras miasmas de una ideología oprobiosa y cercenadora de vidas, cuya primera piedra es siempre golpear al que está más vulnerable.

La familia Villarreal: “La aprobación de la Ley del Gobierno en la desgracia social”

Me llamó poderosamente la atención cómo una familia argentina destrozada literalmente por la acción de dos menores de edad (que en febrero de hace dos años dieron muerte a balazos, en un intento de robo, a uno de sus integrantes, Sebastián Villarreal, de 46 años, padre de dos hijos, en el barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba) una vez planteado el debate en torno a la baja de imputabilidad, en vez de orientar sus pasos apoyando esa iniciativa, su posición fue totalmente contraria. En Página 12, oportunamente, se explayaron: “La aprobación de la Ley del Gobierno es el camino a la desgracia social; en el Congreso no se está votando seguridad, se está votando un negocio para empresas constructoras que harán depósitos de futuros grandes delincuentes”

Jimena Villarreal, que es psicóloga y es hermana de Sebastián, de hecho, sustentada en sus estudios profesionales y una especialización, afirmó sin titubeos: “Quien labura en campo sabe el absurdo de la baja de la edad de punibilidad. Los que van a ir presos son todos pobres, expulsados de otras instituciones. Se los va a meter en una institución donde se los olvida hasta que vuelven a salir. ¿Y qué tipo de vida va a haber? Ese es el absurdo”

La tiene clara; en su contundente afirmación predominó el equilibrio y el discernimiento; no se polarizó como cualquier otra persona que en su situación lo habría hecho; al menos la mayoría, especialmente después de perder un ser querido en las circunstancias en las que perdió a su hermano; tal como ocurre con el común de las personas allegadas a víctimas de menores de dad en acción delictual, retroalimentando el odio y no la sensatés, es decir, el punto medio. Obviamente, en Jimena Villarreal le debe haber pesado,además de sus valores (que a juzgar por sus dichos los tiene en el alma) un sólido conocimiento del tema, debido a su profesión y cultivado seguramente en el seno familiar dado que su madre -y la de su hermano muerto- es asistente social, poseedora de una larga trayectoria, y eso indudablemente fue más que determinante.

“Hay que humanizar, algo que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, que es de una crueldad atroz; en casos como el de los asesinos de mi hermano sostengo que tiene que haber una intervención que pueda mirar a un ser humano y no a una cosa, porque así son tratados esos chicos en el sistema judicial”.

Las reflexiones de Jimena Villarreal apuntaron siempre a demostrar que la realidad contextual, en el seno familiar de uno de los jóvencitos menores de edad que dieron muerte a su hermano, por ejemplo, no fue en absoluto saludable, y que ello iría mucho más allá de cómo y de qué manera fue lo resuelto respecto a él, por la magistrada actuante, Nora Giraudo; fue así que Jimena opinó lo siguiente: “La madre lo sacó de la escuela a los nueve años para que fraccione droga; es despiadado. Todo el mundo sabía eso: Senaf, la policía, la escuela. Si todo el mundo sabía que esto pasaba, y nadie intervino, ninguna institución, ahora es fácil responsabilizar solamente al menor. ¿Por qué no se les pide que rindan cuentas a todas las intervenciones que hubo?”.

Jimena Villarreal sigue abordando el tema, para Página 12, y eso se puede ver en el artículo del colega de ese medio,Gregorio Tatián; su postura toma un sesgo contrario al clamor generalizado de pedido de venganza, que es el que predomina ante los casos de delitos de sangre cometidos por menores de edad; Villarreal va en otro rumbo: un rumbo preciso, para nada insulso, todo lo contrario, sino que más bien, es comprometido, concienzudo y sensato. Hizo afirmaciones sin remilgos ni hipocresías, diría más bien, con un grado de transparencia y honestidad, asombrosa, pero en particular, constructiva, hacedora de luz, y no de oscuridad; sus palabras fueron de una franqueza admirable: “Yo no digo que sean unas carmelitas descalzas los chicos. No estoy diciendo que sean buenitos y angelicales porque esa es una concepción infantil de las adolescencias. Pero nadie llega a ser un asesino porque le brotó de la piel. Hay todo un recorrido de desamparo y cosas horrendas que marcan los psiquismos”.

Pero además, Jimena, dobló la apuesta difundiendo un video en redes sociales con su testimonio. Más tarde, en diálogo con Página 12 subrayó : “Generar espacios de encierro es un muy buen negocio para muchos políticos. Se viene una construcción de cosas para meter pibes ahí como si fuese un depósito, no me parece casual. Es un momento donde se está buscando que esto suceda”

“Algunos diputados dicen que se invierte en centros para estos pibes. Qué hermoso sería que invirtieran esa plata en espacios donde encuentren humanidad y otra alternativa de vida y otro tipo de lenguaje. Todos los espacios que podrían ser los que potencien otra cosa son los que se desmantelan. Y se generan centros de detención donde depositar futuros grandes delincuentes, porque todo el mundo sabe que ahí se hace una escuela delictiva”, agregó Jimena.

Y concluyó, rotundamente: “Todas las instituciones están en el gatillo que disparó ese menor contra mi hermano. Cuando haya otro Sebastián, que todos los que firmaron la baja de edad de punibilidad se hagan cargo de que están en ese gatillo. Que no se hagan los que están haciendo lo mejor para el país, están buscando una salida simplista, reduccionista y violenta que solo va a generar eso: más violencia y crueldad. Y ellos van a ser cómplices”.

Los puntos sobre las íes, desde la mirada internacional y de la Iglesia Católica

En otros países la experiencia de baja de imputabilidad no tuvo su eco, en los hechos, vale decir en la cancha: fracasó literalmente en Dinamarca y en Georgia, donde se comprobó fehacientemente que la medida no reduce delitos, sino que en contrario, aumenta las reincidencias. Se supo que en esos dos países, fue necesario dar marcha atrás: en un primer momento en Dinamarca, en 2010, se redujo la edad penal de 15 a 14, y en 2012 fue necesario volver a subirla a 15; a todo esto en Georgia también bajó la edad a 12 años, y más adelante se la elevó a los 14 años.

Hay un dato no menor, que se visibilizó en 2024, cuando en Argentina el mileismo comenzó a poner el tema en el debate; ocurre que en un documento expreso de la Unicef se pusieron algunos puntos sobre las íes: “En Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Es necesario encontrar un abordaje para la justicia juvenil que no afecte los derechos consagrados en los tratados internacionales que son parte de la Constitución”.

Claudia Cesaroni, abogada, ensayista y magister en Criminología, autora del libro, de editorial Paidos “Morir un poco cada día.Adolescentes condenados a penas ilegales en Argentina”, para un informe de Página 12 puntualizó, en tono muy enfático: “La adolescencia, según nuestra legislación, es la franja etaria entre los 13 y los 18 no cumplidos. A los 18 es cuando se adquiere la mayoría de edad. La franja de los adolescentes entra dentro de una categoría más general, una condición jurídica, que es la de niño, según la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño. La propuesta de llevar la edad a 13 de este gobierno en algunos aspectos es aún peor que la de la dictadura. La ley vigente en 1980 fijaba la edad de punibilidad en 14 años, pero la propia dictadura en mayo de 1983, elevó esa edad a 16 años, es decir, la repuso en 16 años, que era la que había fijado el peronismo en el año 54. El proyecto de ley presentado en 2024 no hablaba de mandarlos a cárceles de adultos, sino a institutos o secciones diferenciadas, dentro de cárceles. Sin embargo se dice una cosa en el texto y después difícilmente haya recursos. Las provincias deberían crear esos institutos. Seguramente vayan a parar a estos sectores separados de las propias cárceles de adultos, un pabellón distinto. Si es una cárcel para adultos, la lógica de seguridad, de trato, de vida cotidiana, va a ser dado por su condición de institución carcelaria”

Siguiendo siempre la línea contraria a la baja de imputabilidad en Argentina, sobrevino, dentro del contexto mediático, la opinión de la Iglesia Católica; la Comisión de Pastoral Social, en su ya recurrente posición, sobre la reforma del Código Penal Juvenil apuntando a la baja de edad, en un comunicado primero que nada pidió considerar lo complejo del tema y por si fuera poco, exigió para ello grandeza política.

El documento que fue difundido oportúnamente llevaba como título, por cierto uno muy sugestivo : “Más oportunidades que penas”; un enunciado que ya resumía sin medias tintas la propuesta, que era en todo sentido contraria a la del gobierno.

Desade la Comisión de Pastoral Social sostienen además: “Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas; la solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad, requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo. Es necesaria la grandeza política”

“Los menores no son los que más delitos cometen. Los hechos de violencia extrema que generan situaciones dolorosas hacen que se fortalezcan las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”.

“La sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo lo que ha provocado innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”.

Dra Taffetani: “La baja de imputabilidad no es un tema jurídico, es político”

Pero hay más, y ese más lo aporta la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina a través de una de sus voceras, la doctora Laura Taffetani quien afirmó categóricamente:”Queríamos aportar al debate que existe sobre la ley de baja de imputabilidad que acaba de ser girado al Congreso en el cual al tipo mercader del Mercado Persa se está planteando de que si serán los 13 años en vez de los 14 y si son los 13 negociamos todo, para que sean los 14 años, como si fuera un tema de la edad y en esto queremos ser claros. El tema de la baja de imputabilidad es un tema político no jurídico, tampoco psicológico, es arbitrario; un Estado dice hasta que edad va a asumir la entera responsabilidad del cuidado de la protección y el desarrollo de sus niños y sus niñas; eso es lo que significa la punibilidad que va a dar otro tipo de respuesta cuando suceda un delito, porque justamente se hace responsable de lo que no hizo, de lo que debe hacer, y a partir de la edad que pone como edad punible, tiene que ver con la responsabilidad o compartir la responsabilidad, que debe tener con el individuo, en el sentido de que puede tambiér armar su propio proyecto de vida a pesar de todo”

“Esto es lo más simple, qué responsabilidad tiene el Estado y cuándo empíeza a ser la responsabilidad de cada pibe o cada piba, en los hechos que cometen. Ya han hecho un montón de estadísticas, ya demostraron que realmente el índice de delito es muy pequeño pero este ensañamiento, que además lo hemos vivido durante más de cuatro décadas de esta democracia, tiene que ver con otro fín que es el de justamente construir un enemigo, y esa construcción de este enemigo está sobre los niños y niñas pobres de los barrios empobrecidos, es ahí donde apunta ¿Por qué? Porque en realidad el proyecto político del capitalismo lo que hace es justamente excluir a gran parte de la población y encerrarlos en barrios donde se muere y se vive de cualquier modo, que es lo que la gente está muy cansada; pero esa inseguridad que se vive en los barrios no tiene que ver con los pibes o con las pibas, tiene que ver con las grandes bandas de delincuentes organizadas con el tráfico de drogas con las tratas, con todos estos grandes genocios que nadie toca y nadie va a tocar, porque justamente son los que controlan las poblaciones empobrecidas”

“Entonces que pase esto, una muerte en Villa Fiorito, que pase esto en Doc Sud, que pase esto en José C. Paz no importa, porque total, en estos barrios la gente no cotiza en el mercado. Ahora, el problema es que la gente que vive en esas poblaciones está harta y justamente, como ya nos viene pasando, la herramienta que se da para el hartazgo termina yendo en contra de la propia población empobrecida”

“Entonces, sepan, que la verdadera inseguridad es la soledad, la soledad a la que están sometidos nuestros pibes y nuestras pibas permanentemente, porque sus padres y sus madres están empobrecidos, porque la droga mata, porque justamente el sistema capitalista no está pensado para la promoción , para el desarrollo y para el verdadero futuro de nuestros jóvenes. Por eso es bajar la edad de imputabilidad, por eso se discute en el mismo momento que se está discutiendo justamente una reforma laboral esclavista, una reforma laboral de una ley de contrato de trabajo, que ya había sido modificado en un capítulo esencial que tenía que ver con la juventud, que tenía que ver con aquel país de trabajo, en el 74, cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo que hablaba y que armaba el aprendiz, que armaba todo el camino para que nuestros jóvenes puedan tener trabajo para ese país de producción , que no es el país del extractivismo y de la entrega que está actualmente; así que tratemos de desviar la discusión a donde corresponde. No es un tema jurídico, es un tema esencialmente político y que tiene que ver con el futuro de nuestra patria”

Una gran combustión social en marcha

El debate, !vaya qué debate! ya instalado en el seno de una sociedad argentina, fracturada por los avasallamientos, que no hacen más que -día a día- oradar los cimientos de una prosperidad conómica y laboral, nos obliga, diría más bien que nos pone a todos contra las cuerdas; nos resulta una suerte de desafío ético, un desafío ciudadano, porque bajar la edad de imputabiidad, solo por la naturaleza de la propuesta, nos comprende a todos, no únicamente a los políticos; y esa propuesta de baja de imputabilidad, es como pretender apagar un incendio con un nuevo empuje de combustión social, dentro de una inmensa -poderosírima, en realidad- hoguera en la que todo vestigio de grandeza política, ética gubernamental, principios básicos de convivencia democrática, y ante todo derechos humanos, se vienen incinerando a la vista de todos los argentinos con descomunal fuerza destructiva; casi como un gran incendio, que de no mediar una acción masiva, será más que difícil sofocar; porque literalmente, la Argentina de hoy se está consumiendo a merced de las llamas de un poder insensible, corrompido, y lo que es peor, que se cree competente e invencible, porque está cegado de ambición, de fascismo y de todo un espectro de autoritarismo tal, que ya raya con lo dictatorial, pero que se enmascara en una democracia, que tiene más de falsa que de verdadera; y no hay que olvidar ese detalle, nada insignificante.

Una sociedad, en la que ya el sistema penitenciario, hablando de adultos, aclaro, adolece de graves, pero de muy graves falencias y deterioros de muy difícil solución y que constituye un problema mayúsculo en demasía -como también ocurre en el Uruguay, por ejemplo, por aludir a un panorama cercano, rio platense- pretender poner en la agenda parlamentaria, social y mediática, el tema de una baja de imputabilidad en menores -o sea, de encerrar a más vidas entre rejas y a la buena de Dios- resulta ser un atentado flagrante a la inteligencia humana, porque como lo decía la doctora Taffetani, no es más que pretender criminalizar a los jóvenes pobres, a los adolescentes de sectores vulnerables con mayúsculas; pretendiendose así, además, enmascarar sórdidamente, un mezquino y canalla movimiento de neto corte político y corruptivo, bajo el planteo de un tema técnico juridico, sustentado por mentes gubernamentales, parlamentarias y ciudadanas, aferradas a las mieles de una vida burguesa top, distante años luz, de los contextos sociales sobrecargados de carencias, y donde las adolescencias, vunerables desde todo punto de vista, no son más que objeto de una burda criminalización de parte de los poderosos, sedientos de encerrar todo a su paso, sin ponerse a pensar -ni un minuto si acaso- que esas problemáticas necesitan proyectos saludables, y no viciados; proyectos de contención, con el marco de una humanización integral, con oportunidades laborales, sin diferencias sociales, en tono de desarrollo, de integración social y fundamentalmente de tolerancia, a sabiendas de que las mieles del confort económico, y socio-cultural no alcanzan a todos los sectores que componen la sociedad humana, en este caso argentina, porque todavía en ella, quienes hoy tienen las riendas del poder, sus prácticas de administración pública, adolecen de las terribles noxas de la desigualdad social, del avasallamiento de derechos, y libertades, y lo que es más grave aún, y que suma al deterioro institucional actual en el vecino país, de una total, pero total, falta de coherencia, de catadura moral y de sensibilidad.

De ahí que todo el elenco del gobierno actual, en Argentina, debería salir de la Casa Rosada, un par de horas al día, a la Plaza de Mayo -histórica por muchas razones- a conjugar a grito pelado, el verbo humanizar. Capaz, en una de esas, se humanizan. Capaz. Pero verdaderamente, lo dudo.

*Foto de Portada: Captura de pantalla/You Toube/América