Cuando pensamos en la dictadura de los 70´s en argentina y en sus crímenes, pensamos en uniformados militares entrando violentamente a las casas, secuestrando personas, llevándolas a salas de torturas y una vez exhaustas, arrojarlas semi dormidas en caída libre, desde un avión hacia el Rio de La Plata.
El estereotipo que construimos respecto a los responsables del genocidio es válido, pero solo parcialmente. El imaginario colectivo identifica inmediatamente a los autores materiales de los crímenes, cualquier uniformado ya sea perteneciente al cuerpo policial, naval o del ejército, es “el otro” que tuvo un “raptus psicótico” de violencia colectiva, en el cual es difícil o casi imposible identificarse y por lo tanto fácil de culpar. Pero el germen de la mentalidad genocida está mucho más cerca de nosotros de lo que nos gustaría, forma parte de nuestra normalidad cuando valorizamos como exitoso al empresario de prestigio social, filántropo y benefactor de su comunidad.
Los abogados Pablo Llonto y Elizabeth Alcorta elevaron recientemente un pedido de indagatoria por 31 gerentes de la empresa Dálmine, hoy conocida como Siderca, perteneciente al grupo Techint de la familia de origen italiano Rocca. Entre los imputados hay directivos de planta, del área de personal, de relaciones industriales, de relaciones laborales y de vigilancia de la empresa. Es ahora la jueza Alicia Vence quien tiene que resolver, si eleva a juicio o no, un nuevo tramo que se desprende de la megacausa Campo de Mayo, conocida como Área 400. Detrás de la montaña de testimonios recolectados a lo largo de tantos años en los juicios, hay suficiente información para poder establecer, en parte, a los autores intelectuales detrás de las desapariciones ocurridas en la ciudad de Campana, donde la empresa sigue estando operativa.
Se calcula que entre el 60% y el 70% de los desaparecidos en esa zona, eran empleados directos o tercerizados de Siderca. El aparato represivo montado en la ciudad de Campana durante los 70´s, tuvo a la empresa como centro neurálgico de operación. Las instalaciones de la fábrica fueron usadas puertas abiertas por el ejército como parte del ejercicio disciplinador hacia toda la comunidad. Los testimonios indican que muchos empleados desaparecidos fueron secuestrados en el camino de ida o de regreso a su turno de trabajo. Algunos de ellos, directamente, fueron llamados en horario de trabajo a la oficina de recursos humanos, para luego ser desaparecidos. Otros tantos en cambio, fueron secuestrados en alta horas de la noche desde sus domicilios, con los datos proporcionados por la propia empresa para poder ubicarlos.
La persecución ideológica hacia la clase obrera llevada adelante por la gerencia de Siderca, habilitó el uso de instalaciones como el Hotel Dálmine que fue entregado a los militares como punto de coordinación de la maquinaria represiva. Cabe mencionar además al Club deportivo y social Dálmine, donde fueron llevadas personas secuestradas para mantenerlas torturadas en cautiverio. La empresa Dálmine además financió parte de los operativos a través de donaciones o trabajos de beneficencias, por ejemplo los desarrollados en la comisaria de Campana y también sponsoreando publicaciones internas de la inteligencia del terrible batallón 601.
Debemos recordar que el sujeto político característico objeto de exterminio en el genocidio, fue la clase obrera organizada. Si incluimos a los desaparecidos y sobrevivientes, de los 102 trabajadores víctimas, al menos 22 habían sido delegados y 3 eran integrantes de las distintas comisiones internas. Este fue el foco de insurgencia que disputó poder al establishment, por el cual fueron desaparecidos. Cuando las fuerzas represivas violentaban las casas o secuestraban una persona en la vía pública, muchas veces esas personas estaban identificadas en las “listas negras” que habían sido confeccionadas por los altos mandos gerenciales de las empresas más importantes de la argentina. Eran ellos, quienes querían saber más información de sus empleados y escuchaban atentos entre gritos de terror, los balbuceos desesperados detrás de las salas de torturas.
Las grandes empresas no fueron solo cómplices de la dictadura genocida, fueron socias y mandantes para poder establecer en todo el país, una política económica de negocios que solo era viable mediante un sujeto social sumiso y disciplinado, que no se atreva a discutir el reparto de ganancias y para poder mostrar a nivel internacional, parámetros de gestión que les permitieron luego competir e ingresar a los nuevos mercados del mundo.
Hasta el momento son pocos los casos juzgados por la responsabilidad empresarial durante la dictadura genocida. El caso Ford es la primera sentencia condenatoria en Argentina a altos funcionarios de una firma multinacional, en términos de participación empresarial en delitos de lesa humanidad. Se esperaba para fin de este año la condena a los gerentes de la empresa Acindar de la ciudad de Villa Constitución, de la cual era titular Martínez de Hoz convertido luego en el ministro de economía de la dictadura. Por otro lado, se sigue demorando el inicio del juicio al ex gerente de planta Tasselkraut de Mercedes Benz, el cual debería haber comenzado ya a mitad de este año.
En resumen, son todavía relativamente pocos los avances para terminar de esclarecer y condenar a los responsables ideológicos civiles del genocidio. Esperemos que el caso de Dálmine - Siderca sea una muestra emblemática de virtud y coraje por parte del poder judicial, elevando la causa a juicio, para que honre con su aporte la dignidad de la lucha que se viene realizando desde hace más de 40 años, a partir del 83 con la reapertura del periodo democrático.
Por memoria, justicia y Verdad.
*Foto de Portada: Comité de lucha en solidaridad contra los despidos de Siderca