ENTRE LOS SEDIENTOS DE IMPUNIDAD Y LOS SEDIENTOS DE JUSTICIA
Por Jean Georges Almendras
Cuando se trata de poner peros a las investigaciones de los casos de violaciones a los derechos humanos, por parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales en los tiempos de la dictadura militar en el Uruguay, los partidos de oposición llevan la voz cantante. Se abundan en argumentaciones jurídicas, de corte filosófico y dejan muy en claro que su ideología es muy diferente a la del gobierno, o lo que es decir, muy diferente a todos aquellos –del gobierno o no- que entiendan que en tiempos de dictadura se ejerció el terrorismo de Estado y se violentaron derechos inalienables, y que en consecuencia, sus responsables –ahora que estamos en una democracia del 2013, deben ser castigados por la Ley. Hay dos corrientes perfectamente definidas: unos en favor de la impunidad, para los culpables de los atropellos, y los otros, en favor del castigo correspondiente, ajustado a un estado de derecho y en favor de hallar los restos de los desaparecidos, enterrados en predios militares o en otras partes.
Sobre esas dos avenidas de la vida democrática, la ciudadanía debe transitar. Atendiendo a su conciencia o atendiendo a sus intereses, aún a precio de adoptar la hipocresía como modalidad de existencia. Total, ahora que ya la represión no está sobre nuestras cabezas, siempre es válido decir que en aquellos días todos nos opusimos a ella. Yo personalmente, cuando es cucho a ciertos políticos blancos y colorados regodearse con esa chapa, me resulta que están cometiendo una verdadera falta de respeto hacia quienes lo hicieron plenos de convicción y de valor, mismo siendo hombres de filas de los partidos tradicionales.. Voy a nombrar solamente a dos personas: Wilson Ferreira Aldunate, que salvó su vida huyendo de la Argentina para colocarse en las filas de los luchadores en el exilio; y Héctor Gutierres Ruiz, que lisa y llanamente fue asesinado por las fuerzas represivas, junto a otros luchadores de alma: Zelmar Michelini y los tupamaros Willian Whitelaw y su compañera de vida, Rosario Barredo.
Entonces, las barajas deberían ser ubicadas como corresponde a la hora de rasgarse las vestiduras entre quienes no desean que los culpables de atentados a los derechos humanos reciban su castigo de acuerdo a las leyes en democracia. Todos esos señores de traje y corbata (y ciertos editorialistas de los diarios opositores) deberían al menos guardarse al silencio. 
Pero no, todo lo contrario, se van en palabras y en acciones –dentro del parlamento y fuera de él- para poner su granito de arena -sutil y no tan sutilmente- para que la impunidad gane el terreno necesario para poder dejar quietas las aguas de la familia militar. No vaya a ser cosa que los acuerdos de aquellos tiempos –y de estos tiempos, con todos sus involucrados 
incluidos- se vayan a quebrar y hasta algún renombrado personaje de la clase política opositora vaya a engrosar la nómina de uniformados de la cárcel de Domingo Arena. No vaya a ser cosa que a algunos personajes del Frente Amplio se les saquen los trapitos al sol respecto a los acuerdos con militares a espaldas del pueblo. No vaya a ser cosa que la omertá (el pacto de silencio) de la bota militar se pulverice de un plumazo y comiencen los días de los hallazgos de los cadáveres de los muertos de la dictadura. No vaya a ser cosa que hasta algún ex presidente de la República se sienta salpicado por las excavaciones de los antropólogos en su búsqueda de restos de las víctimas del terrorismo de Estado.
En nuestra sociedad se ha desatado la dura polémica por el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad, lo que ha generado un rotundo cuestionamiento desde filas de gobierno y de filas mismas del Poder Judicial, y del Ministerio Público, por entenderse que no se respeta la condena emitida en el año 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Claudia García de Gelman que estableció que en el Uruguay se debe eliminar todo obstáculo para investigar los crímenes de la dictadura. A esa polémica se sumó la situación de disconformidad generalizada por el vergonzoso (para nosotros irresponsable y tendencioso) traslado de la Jueza Penal Mariana Motta, del área Penal al área Civil, como una forma muy sutil de impedir que la magistrada llegue, sencillamente a la verdad, respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policiales, con la complicidad de civiles, algunos de ellos ocupando cargos gubernamentales de importancia y de relevancia, antes, durante y después de la dictadura.
Entonces, hay quienes abogando por la independencia del Poder Judicial no hacen otra cosa que abogar por la necesidad de que todos esos señores culpables de crímenes sigan transitando por nuestras calles, a espaldas de las madres, de las abuelas y de los nietos e hijos de los desaparecidos. Como si nada hubiera pasado. Entonces, hay que seguir con el juego hipócrita de jugar a la democracia bienintencionada y decir a los medios de comunicación que se trata de una presión del gobierno que una delegación del Poder Ejecutivo haya visitado a los ministros de la SCJ para transmitirles a sus Ministros –entre ellos al Presidente de la Corporación Dr. Jorge Ruibal Pino- su preocupación por los cuestionamientos surgidos a nivel de la ONU y la OEA, por el contenido de la sentencia referida a la inconstitucional de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad.
Pero hay más sobre este tema, o mejor dicho, sobre los dichos y pareceres de los opositores. Por ejemplo en el diario El País se consigna que para el senador José Amorín, del sector colorado Batllistas de Ley, la SCJ “debe seguir opinando tranquilamente lo que ellos piensen que esté bien para el país. Los ministros del máximo órgano del Poder Judicial tienen que opinar y fallar de acuerdo con la Constitución y no ser permeables a ningún tipo de presión, venga de donde venga"..
Por su parte, el senador nacionalista Sergio Abreu, líder de la agrupación Dignidad Nacional, dijo que respeta la decisión de Ruibal Pino, y remarcó que el Poder Judicial "debe manejarse con absoluta independencia, ya que es la garantía del sistema republicano" y por eso la Justicia "no puede recibir presiones de ninguna naturaleza".
En cambio el senador Ope Pasquet, del sector colorado Vamos Uruguay, cuestionó la visita a Uruguay del representante regional para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, quien de visita por Montevideo se entrevistó con Ruibal Pino, jueces y fiscales.
Ahora bien ¿y qué pudo haber dicho Amerigo Incalcaterra que haya molestado tanto a los sectores conservadores de nuestra sociedad? El Jefe Regional de Alto Comisionado de ONU dijo: 
"El fallo de la Suprema Corte afecta la imagen internacional de Uruguay, sin duda. Le pedimos a la Corte que levante los obstáculos para investigar las violaciones" tal lo consignado en el matutino El País, al ser entrevistado por el periodista Eduardo Barreneche.
Y cuando el colega le preguntó a Amerigo Incalcarreta si había inquietud de la comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, por el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la Ley interpretativa a la Caducidad?. El visitante fue categórico:”En febrero de este año ella se pronuncio diciendo que le llamaba la atención el pronunciamiento de la Suprema Corte de Uruguay, porque podía dar pie a impunidad. Ese es un tema muy delicado y muy grave para nosotros.”
Con muy buen criterio el periodista del diario El Pais profundizo en el tema y la respuesta de Amerigo Incalcarreta no se hizo esperar: “ La sentencia de la Suprema Corte de Uruguay genera la imposibilidad de que familiares o víctimas continúen las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en un período en la historia del país, en la cual hubo terrorismo de Estado y violaciones sistemáticas de esos derechos. Al imposibilitar que la víctima pueda perseguir una verdad judicial, en definitiva justicia, se estarían violando varios artículos de tratados internacionales, a los cuales el país ha suscrito en el pasado”.
Más adelante agregó: “Una decisión de la Suprema Corte evidencia de alguna manera una responsabilidad del Estado uruguayo. Al no cumplir convenios internacionales un poder del 
Estado -en este caso el Poder Judicial- deja en evidencia una responsabilidad a nivel internacional al cual el Poder Ejecutivo tendrá que dar explicaciones. Lo que vemos con preocupación es lo que ha sucedido y vendrá. Relatores de la ONU contra la Tortura, sobre violaciones de derechos humanos o sobre detenciones forzadas ya se han comunicado con el gobierno uruguayo para pedir informaciones adicionales sobre el fallo de la Suprema Corte. Tenemos entendido que esto seguirá creciendo porque la comunidad internacional quiere saber qué pasa en Uruguay”
Y no es únicamente a la comunidad internacional a la que le interesa saber qué pasa en Uruguay. A su pueblo también. Debo retornar, quizás como una letanía; quizás como una obsesión, al cartel que portaban los manifestantes de la Marcha del Silencio del día 20 de mayo de este 2013: “En mi patria no hay justicia ¿Quiénes son los responsables?” ¿Podrán responder esta pregunta, con la frente en alto y la mirada sincera, los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia que firmaron la sentencia de la inconstitucionalidad de la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad? Capaz tienen una o más respuestas encorsetadas en tecnicismos jurídicos pero éticamente, moralmente no creo que estos señores de la Suprema Corte la tengan. Ni para esta época, ni para el futuro. Triste, claro que sí. Muy triste, para la Justicia uruguaya .