En los últimos meses, el caso de Alfredo Cospito abrió un debate político y mediático muy encendido sobre el tema penitenciario de nuestro país y, más específicamente, sobre el régimen del 41 bis.

Empecemos por decir que la prisión es uno de los lugares donde los principios de igualdad, solidaridad y reeducación previstos y sancionados en nuestra Constitución deben desarrollarse con mayor plenitud. Pero también es un lugar de equilibrios muy delicados, que exige siempre valoraciones serias, rigurosas, razonables, individualizadas y que, sobre todo, exige un continuo equilibrio entre derechos y libertades contrapuestas. Por ello no podemos permitirnos caer en generalizaciones o simplificaciones, uniendo bajo las mismas consideraciones a presos con pasados, antecedentes judiciales, niveles de peligrosidad y peculiaridades completamente diferentes. Tampoco podemos limitarnos a dividir el debate en el mero rótulo de derecho penal "justicialista" y "garantista". Estas son categorizaciones profundamente engañosas.

El tema penitenciario es mucho más complejo y debe ser tratado y discutido con cautela y precisión.

Frente a las consignas que incitan a la abolición de todo el 41 bis o que definen a este régimen como "tortura" o "venganza de Estado", es necesario recordar que se trata de una herramienta aplicada no con carácter aflictivo, sino exclusivamente preventivo. Significa que debe subsistir el riesgo de que el interno, normalmente al frente de organizaciones mafiosas o terroristas, pueda seguir comandando desde el interior del centro penitenciario, gestionando las actividades ilícitas externas y dando órdenes. Esto sucedió antes de la entrada en vigor del 41 bis, tanto es así que una de las principales cárceles de Palermo era llamada "Gran Hotel Ucciardone". Desmontemos entonces un mito importante: el criterio por el cual se aplica el 41 bis no es por haber causado la muerte de una o más personas.

Por otra parte, es un régimen especial, que no está previsto para todos los jefes mafiosos. Según el informe del Ministerio de Justicia, los detenidos bajo el régimen del 41 bis en el 2021 eran poco más de 700, la mayoría afiliados a Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Camorra y el crimen organizado de Puglia y Basilicata. Solo tres eran reclusos condenados por delitos no relacionados con la mafia. Números no muy alejados de los actuales. Hoy, bajo el 41 bis, encontramos jefes de las masacres despiadados como Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Leoluca Bagarella, Carlo Greco, Sandro Lo Piccolo, Pasquale Condello (llamado 'U Supremu), Nitto Santapaola, Francesco Schiavone y muchos otros. Personas que nunca han tenido reparos en ordenar asesinatos y masacres, independientemente de que se trate de hombres, mujeres o niños.

Evidentemente, hasta para el peor criminal puede existir un proceso de reeducación: éste generalmente no pasa por el número de títulos o diplomas obtenidos en la prisión, por meras declaraciones disociativas o por la buena conducta o del comportamiento de un "prisionero modelo". Lejos de eso. Pertenecer a una organización mafiosa es un asunto serio y la afiliación, si no se interrumpe, es de por vida. Por ello, la única vía de rehabilitación debe pasar necesariamente por la colaboración con el poder judicial, es decir, por un mensaje de falta de confianza que se envía a los afiliados externos.

Hoy, la batalla de Alfredo Cospito corre el riesgo de ser seriamente explotada por la mafia y por cierta parte del sistema que siempre ha querido abolir el 41 bis y la ley de los arrepentidos. Pero, ¿y si jefes de la talla de Graviano o Bagarella pudieran acceder (como ya está ocurriendo) a beneficios penitenciarios (permisos premio, régimen de semilibertad o libertad condicional) o si en todo caso, pudieran volver a dar órdenes desde prisión? Porque de eso estamos hablando.

Del otro lado de la balanza están las vidas, la seguridad y la libertad de miles de personas inocentes. Y no se trata sólo de los magistrados, contra los que aún se mantienen proyectos de atentados, sino también de los cientos de empresarios que son víctimas de extorsiones, de personas migrantes que son víctimas de contrataciones ilegales, de mujeres y niños que son víctimas de violencia, de asesinatos, de tráfico sexual o tráfico de órganos, de todos aquellos jóvenes que mueren cada mes a consecuencia de la sobredosis de crack y el consumo de drogas. Es una realidad y una responsabilidad que no podemos dejar de sentir sobre nuestros hombros cada vez que tocamos el tema del 41 bis, generalizando indistintamente sobre todos los presos.

Al mismo tiempo, el 41 bis debe aplicarse siempre con rigor, seriedad y razonabilidad, en los casos necesarios, por su finalidad preventiva, precisamente por ser una medida que limita gravemente la libertad (en las conversaciones, en los recreos al aire libre, etc.).

Pero más allá del 41 bis, hay muchas historias que permanecen ignoradas dentro de la prisión: son las vidas "descartables" de la mayoría de los presos que hoy pueblan las cárceles. Vidas de personas pobres o inmigrantes, que tal vez han cometido un hurto o un robo por razones de supervivencia.

Vidas reducidas a los márgenes por las políticas neoliberales: como si la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades o el ingreso al mercado laboral del crimen organizado fuera una elección o una culpa. Vidas que son el espejo de la injusticia social más profunda y extendida que jamás haya enfrentado la política y los gobiernos (de cualquier color). Estas son las historias de quienes, desde que nacen, tienen más posibilidades de entrar en prisión que otros.

Estos presos viven y sufren, por carencias muy graves, inercia y responsabilidades políticas, las dramáticas condiciones de las cárceles abandonadas por el Estado. Cárceles, por ejemplo, como la de Santa Maria Capua Vetere (Nápoles), creada para responder al hacinamiento de la prisión de Poggioreale y construida en medio de un vertedero cubierto con materiales suministrados por el clan Casalesi de la Camorra. Cárceles que no cuentan con agua potable ni sanitarios, saneamiento o alimentación mínima. Cárceles donde cada día aumentan los suicidios de quienes han perdido la esperanza, las autolesiones de quienes no tienen otra forma de llamar la atención, los abusos y la violencia de quienes sufren el acoso de la mafia y las jerarquías criminales recreadas en el interior de las celdas.

Un sufrimiento que permanece fuera de la atención mediática y que, si se aborda, se confunde en medio de la generalización o la multitud de información. Cuando, por el contrario, las inversiones por parte de la política deben ser fuertes y coincidentes: en la redefinición de espacios, en la ampliación de la fuerza de trabajo, en la motivación del personal penitenciario y en la preparación de oportunidades laborales y reeducativas más individualizadas y no temporales o confusas.

Pero la clase política siempre ha respondido al profundo malestar social de dos formas: por un lado, aumentando las penas y criminalizando el sufrimiento y la marginalidad, convirtiendo la prisión en un vertedero social, especialmente para los más desvalidos o para quienes cometen delitos de subsistencia. Y por otro, creando vías de clientelismo y garantías hacia políticos, funcionarios de cuello blanco, financieros o banqueros (por ejemplo, la reforma de justicia de Marta Cartabia que, al recortar juicios, ha favorecido la impunidad de estas categorías), cuya presencia dentro de la cárcel ronda un porcentaje de apenas el 0,3%.

A las profundas desigualdades sociales se responde con más desigualdades dentro de la cárcel: los que están bien integrados en una red social y política o los que tienen dinero para pagar buenos abogados pueden hacer apelaciones y tener un espacio en la televisión. Mientras que los "sin poder" quedan marginados por una sociedad y una política desinteresada, que explotan sus vidas, hundiéndose cada vez más en una respetabilidad hipócrita y un moralismo a años luz de la realidad de los hechos.

Solo en el país de las contradicciones puede darse el caso de que presos responsables de la muerte de decenas de inocentes salgan de prisión o puedan acceder a beneficios aún sin arrepentirse, volviendo a sus puestos de mando.

Ahora vemos como los financistas políticos de la mafia se sientan en el Parlamento sin siquiera un año de prisión a sus espaldas, que los mafiosos vuelven a gestionar los asuntos públicos o a influir en las elecciones políticas o que las acciones de los funcionarios estatales que trataron con Cosa Nostra se justifican por "razones de solidaridad". Ocurre que los "acusados ricos y poderosos" se transforman en los "débiles" a los que se debe brindar mayor protección, porque hay quien piensa como nuestro actual ministro de Justicia, que recientemente afirmó que los débiles no son sólo los desfavorecidos o los marginados, sino sobre todo "los poderosos" con grandes fortunas que perder, porque son "los más atemorizados frente al magistrado".

Sucede, finalmente, que mientras todos estamos demasiado ocupados con nuestros problemas cotidianos, el Estado-mafia nunca ha dejado de representar una emergencia democrática en nuestro país, en el que ha resistido durante más de 160 años. Dentro y fuera de prisión.

Fuente: ourvoice.it

Imagen: Our Voice

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