Por Giorgio Bongiovanni-21 de diciembre de 2022

Todavía no han pasado los llamados "cien días", que generalmente marcan el tiempo para hacer un balance inicial de las actividades gubernamentales, pero estos dos meses alcanzan para explicar el abismo en que se hunde el país.

Porque desde que la centroderecha ganó las elecciones pasó de todo. Hemos visto el nombramiento como presidente del Senado de un matón fascista como Ignazio La Russa. Hemos visto el regreso al Parlamento de Silvio Berlusconi, un hombre que le pagaba a la mafia. La asignación del cargo de Gobierno a Giorgia Meloni, la primera mujer al frente del Palacio Chigi, pareció un regreso al pasado en el que ya fueron protagonistas nada menos que once de los veinticuatro ministros de su Gobierno (cuatro fueron ministros y los otros siete subsecretarios) del llamado "Berlusconi IV", el último ejecutivo totalmente de derecha que dimitió en el 2011.

Llegó el momento de los hechos y el primer "acto de fuerza" fue la conversión en ley del primer decreto, también conocido como "anti-rave", que contiene a la muy discutible ley contra las reuniones ilegales que plantea considerables problemas de interpretación.

En su interior hay modificaciones relativas a los delitos obstativos y una reforma también cuestionable a la cadena perpetua obstativa, con referencia a los delitos cometidos "por terrorismo" y a los "delitos por hechos mafiosos".

Basta pensar en las observaciones del senador del Movimiento Cinco Estrellas y exmagistrado, Roberto Scarpinato, quien destacó que "se le podría dar el nombre de ley para desalentar la colaboración con la Justicia".

Y gracias a la aprobación de la enmienda por parte del líder del grupo Forza Italia, Pierantonio Zanettin, los delitos contra la administración pública fueron excluidos de la lista de los obstativos, y pasaron a tener beneficios carcelarios para los condenados por delitos contra la administración pública, corrupción, extorsión o malversación.

En el ámbito internacional, el Gobierno ha mostrado en forma evidente su belicismo con la renovación del compromiso para el envío de armas a Ucrania, una prórroga que se extiende hasta finales del 2023. Una violación, como hemos recordado en reiteradas ocasiones, del artículo 11 de nuestra Constitución ("Italia repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de otros pueblos y como medio de solución de controversias internacionales").

Una decisión que no puede ser compartida y carente de toda justificación. Dado que Rusia, tras las continuas provocaciones sufridas, atacó a Ucrania, no podemos fomentar una guerra que lleve, en cualquier momento, al abismo de un conflicto nuclear.

Evidentemente, en este caos de locura, no podía faltar el enésimo ataque contra el poder judicial y la amenaza de una nueva reforma a la justicia.

Las recientes afirmaciones del ministro de Justicia, Carlo Nordio, en la fiesta de los Hermanos de Italia, son de una gravedad inaudita. "No hay nada de herético ni de blasfemo en querer cambiarla -subrayó el Guardasellos- como todas las cosas humanas, las constituciones nacen, viven y mueren. Se cambian y se pueden cambiar sin ser una blasfemia hacia nuestros padres constituyentes".

Palabras que, como subrayó Saverio Lodato en este diario, recuerdan de algún modo las palabras pronunciadas por Giovanni Falcone sobre la mafia ("La mafia no es en modo alguno invencible. Es un hecho humano y como todo hecho humano tuvo un principio y tendrá un final").

Para Nordio, sin embargo, el hecho humano que debe tener un fin es nuestra Constitución.

Una idea fija que en los últimos referéndums fue varias veces rechazada por el pueblo italiano.

Pero esta política no oye razones. Y así, a Nordio se le ocurren otras ideas locas como la "discrecionalidad de la acción penal", "la separación de las carreras de jueces y fiscales" y una nueva "definición de los poderes de los fiscales". Y luego, de nuevo, reformas al uso de las escuchas telefónicas, que según el ministro deberían reducirse, olvidando que sin ellas nunca hubiéramos descubierto hechos muy graves.

Recientemente el consejero togado del CSM (Consejo Superior de la Magistratura), Nino Di Matteo, se ocupó de destacar que restringir o eliminar las escuchas telefónicas podría "debilitar una herramienta de investigación que ha demostrado ser fundamental para la búsqueda de la verdad y la protección de la legalidad en nuestro país".

Basta con recordar que gracias a una escucha se pudo identificar a los responsables de la masacre de Capaci.

Fue el arrepentido Giuseppe Marchese (llamado "Pino") quien señaló la cueva de la calle Ughetti, donde se escondían los jefes Antonino Gioè y Gioacchino La Barbera. Y fue gracias a las intercepciones que se conocieron importantes detalles sobre el "atentado" del 23 de mayo de 1992.

Pero también en este Gobierno, la acción contra la mafia no solo es insatisfactoria, sino nefasta.

Al fin y al cabo, no podría ser de otra manera si pensamos que uno de sus principales sostenedores es el partido fundado por un hombre de la mafia como Marcello Dell'Utri (condenado en forma definitiva por concurso externo en asociación mafiosa).

En los últimos días otro máximo exponente de Forza Italia, el exsenador Antonio D'Alì, terminó tras las rejas por una condena definitiva a seis años, de nuevo por concurso externo en asociación mafiosa. Pero no hemos oído ninguna protesta.

Ni hemos oído gritos de escándalo.

Hoy nadie se indigna si Renato Schifani, en el pasado investigado por concurso externo (archivado en el 2014) y hoy acusado en Caltanissetta por violación del secreto en el proceso Montante, es elegido presidente de la Región de Sicilia.

Hoy nadie se indigna si las candidaturas y las opciones políticas las deciden condenados por delitos mafiosos, como el mismo Dell'Utri, Totò Cuffaro o sujetos cuestionables como Gianfranco Micciché, quien fue el delfín de Dell'Utri durante mucho tiempo.

Forza Italia, a la luz de ciertas colusiones escandalosas, debería cerrarse definitivamente.

Pero nadie dice nada. Ni siquiera en la oposición.

El Partido Democrático calla desde tiempos inmemoriales, mostrando un silencioso asentimiento en el frente mafioso y anti mafioso, que es peligroso a nivel ético y moral. Luego están los Cinco Estrellas que traicionaron su pacto con los italianos durante sus gobiernos y que hoy parecen haber olvidado el espíritu que los impulsaba a salir a las calles a protestar contra escándalos y atrocidades. Y si excluimos las intervenciones de unos pocos exponentes, aún hoy el compromiso es mínimo.

Para hacer frente a la loca deriva de este gobierno fascista, anticonstitucional, belicista y amigo de la mafia, se necesita mucho, mucho más.

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*Diseño gráfico de Paolo Bassani

*Foto 2: El presidente del Senado, Ignazio La Russa © Imagoeconomica

*Foto 3: El presidente de la Región de Sicilia, Renato Schifani © Deb Photo