Fueron presentados los fundamentos de la sentencia de apelación

que absolvió a las instituciones, pero no a Cosa Nostra

Por Aarón Pettinari*-7 de agosto de 2022

Que las almas de los detractores y comentaristas descansen por fin. No se trataba de teoremas y visiones de los fiscales. La tratativa existió.

Pero los oficiales de Carabineros, Antonio Subranni, Mario Mori y Giuseppe De Donno, fueron absueltos porque, al contactar al alcalde mafioso Vito Ciancimino, "no pretendían reforzar la amenaza mafiosa al Estado para arrebatarle al gobierno concesiones favorables a los intereses mafiosos, sino, en todo caso, habrían querido tales concesiones como un mal y como un medio necesario para frustrar una amenaza en curso". Es decir, para detener las masacres.

Este es uno de los párrafos con que los jueces de la Corte de Apelaciones de Palermo, el presidente Angelo Pellino y el juez a latere Vittorio Anania, ambos redactores, explican las razones por las que hace casi un año absolvieron a los oficiales del Arma "porque el hecho no constituye delito", como absolvieron al ex senador de Forza Italia, Marcello Dell'Utri, "por no haber cometido el hecho". Para este último, que fue condenado anteriormente en forma definitiva por concurso externo en asociación mafiosa, "no hay pruebas de que haya transmitido las amenazas de los jefes al gobierno de Berlusconi".

Los únicos culpables de la amenaza al cuerpo político del Estado, por tanto, son los jefes mafiosos Leoluca Bagarella y Antonino Cinà.

Operación de inteligencia

En los pliegues de esta "sentencia bipolar" por un lado está la justificación del trabajo de Carabineros y una lectura minimalista de ciertos hechos, que los habituales detractores del juicio utilizarán sin dudarlo, diciendo que no se ha cometido ningún delito y alabando a sus propios "héroes" y, por otro lado, hay una evaluación grave del trabajo que el ROS (Reagrupamiento Operativo Especial, Arma de Carabineros) ha desarrollado a lo largo del tiempo.

Porque contrariamente a lo que siempre nos han dicho los Carabineros, sus abogados y cierta prensa contratada, esa acción "no fue en modo alguno una mera iniciativa de la policía judicial, sino una operación mucho más compleja y ambiciosa, como lo demuestran los contactos mantenidos por Mori y De Donno con altos cargos de las instituciones en una fase aún embrionaria de esta iniciativa para asegurar la 'cobertura' política que podría haber sido necesaria en función de su evolución. Y en todo caso se trataba de una operación más de inteligencia que policial, y con el objetivo de desactivar la amenaza de masacre acuñándose con propuestas e iniciativas fuertemente divisorias dentro de las fisuras existentes en Cosa Nostra e incluso dentro del alineamiento hegemónico (el de los corleoneses)".

Al final hubo una tratativa

Esa actuación, sin embargo, contrariamente a lo sostenido por los jueces de primera instancia, no fue "por sugerencia de exponentes políticos".

Se "descarta de entrada la hipótesis de una connivencia de los carabineros con delincuentes mafiosos y se desmiente la hipótesis de que hayan actuado para preservar la seguridad de tal o cual político". Por ello se reitera "que al hacer todo lo posible por abrir un canal de comunicación con Cosa Nostra, que creara las condiciones para iniciar un posible diálogo encaminado a poner fin a las masacres, y al solicitar este diálogo, estaban motivados, más bien, por fines de solidaridad (la salvaguarda de la seguridad de la comunidad nacional) y la protección de un interés general -y fundamental- del Estado".

Pero si hubo un interés de Estado está claro que los carabineros no pudieron actuar por iniciativa propia y que, en todo caso, habrían recibido indicaciones o directivas a seguir. Por quién, no se sabe y la sentencia no lo explica.

Se dice directamente que la intención del ROS habría sido tejer "una alianza híbrida" con el llamado "componente moderado y cada vez más intolerante con la línea dura impuesta por Riina".

O sea, ese silencioso sector, más dedicado a los negocios, encabezado por Bernardo Provenzano.

Con respecto a las conversaciones entre el ROS y Ciancimino, continuadas a lo largo de 1992, se reitera el asombro por el hecho de que "no se hizo una sola pregunta, en todo el transcurso de la segunda fase de la colaboración que habían establecido, por cuenta de Bernardo Provenzano". "El desconcierto es mayor -se dice- si tenemos en cuenta que Ciancimino había dicho que estaba dispuesto a cooperar sin reticencias criminales, invitando (a De Donno, ndr) a decirle lo que querían de él". "No hay nada que objetar que la primera opción fuera la captura de Riina -se dice- pero no se entiende cómo esta elección impidió, al mismo tiempo, el trabajo de investigación en los mapas de la documentación solicitada por Ciancimino, de compulsar esta última con el fin de tener información útil para las investigaciones también con respecto al otro Corleonés. A menos que, y entonces todo tendría una explicación plausible, los dos objetivos no fueran incompatibles entre sí".

Los jueces también ofrecen una nueva interpretación del fallido registro en el escondite de Riina y de la redada en Mezzojuso, donde se escondía el propio Provenzano.

Y de nuevo se definen como "desconcertantes" las omisiones que siguieron a la captura del jefe Riina. El fracaso en registrar la guarida del corleonés puede ser reconducida a esta estrategia. Fue un acto "simbólico". Sirvió para enviar una "señal de buena voluntad y de disponibilidad para seguir por el camino del diálogo". Pero no consta "que se haya llegado a un acuerdo previo con Provenzano" para entregar a Riina a cambio de no registrar la guarida, "dando tiempo a los mafiosos para limpiarlo de todo rastro". Otra iniciativa del ROS que "suscita profundas perplejidades que nunca han sido esclarecidas".

En la misma medida, según los jueces, debe interpretarse la elección de "preservar la libertad de Provenzano", es decir, de no arrestarlo.

Todo sucedió no porque hubiera colusiones o "pactos" (promesas y beneficios) que cumplir, sino porque los carabineros del ROS creyeron que la conducción de Provenzano "garantizaría de hecho contra el riesgo de la prevalencia de impulsos de masacre o un retorno a la línea dura de oposición violenta al Estado".

La no captura en Mezzojuso (en 1995) habría sido dictada por "indecibles razones de interés nacional para no trastornar el equilibrio de poder interno de Cosa Nostra que sancionó la hegemonía de Provenzano y su estrategia de invisibilidad o 'sumersión', al menos hasta que esta fue la línea impuesta a toda la organización. Un interés superior empujaba a ser aliados del enemigo para contrarrestar a un enemigo aún más peligroso".

El interés del ROS por la fuga de Provenzano no estaba dirigido a su captura, pero, dicen los jueces, "conocer la red de cómplices era esencial para poder ejercer de todos modos una presión sobre el jefe corleonés, y alimentar en él la conciencia de que los Carabineros tenían la posibilidad y la capacidad de poner fin a su evasión y, sin embargo, no lo habrían hecho mientras hubiera una ventaja en ese sentido". La intención era simple: "Se quería 'proteger' a Provenzano, es decir, favorecer su fuga de una manera suave, es decir, limitándose a varias líneas de investigación que pudieran conducir a su captura, pero cuidando al mismo tiempo de no llevar hasta el fondo actividades investigativas cuando se estaba demasiado cerca de la meta''.

Una elección escandalosa si tenemos en cuenta lo que pasó en 1993 donde las vidas humanas fueron de todo menos salvadas, y que Cosa Nostra, bajo el régimen de Provenzano, siguió (como sigue hoy) haciendo negocios, exigiendo el pago por protección, intimidando, amenazando y así sucesivamente.

Pero todo esto, evidentemente, para los jueces no es un signo de debilidad del Estado.

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Con respecto a la detención del jefe de jefes, Totò Riina, es desconcertante la valoración que hace la Corte de la famosa conferencia de prensa sobre la detención de Riina el 15 de enero de 1993. En aquella ocasión, precisamente, el entonces comandante de la Región de Sicilia, Giorgio Cancellieri, por primera vez utilizó públicamente la palabra "tratativa", al comentar sobre la captura del jefe de jefes: "La personalidad de Totò Riina es conocida. Es parte, diría, de la literatura de la mafia, a él conducen toda una serie de gravísimos y reiterados episodios delictivos en la isla, en toda la nación y aun fuera del territorio del Estado. Fenómenos que han agredido, en los ganglios vitales, a la población, al ciudadano común, a cualquier actividad productiva, con repetidos ataques contra las instituciones del Estado. Esto en un plan estratégico, por darle un nombre en términos militares, que podría tener incluso el inaudito y absurdo propósito de cuestionar a las autoridades institucionales, a los fines de establecer una tratativa para terminar con toda una era de asesinatos, de lutos, de masacres en todos los sectores de la vida nacional".

Al declarar en la audiencia del 9 de febrero de 2017, Cancellieri dijo que en esa ocasión él era el portavoz, como funcionario de más alto rango de la Región de Sicilia, de un comunicado de prensa elaborado por el ROS, en las personas de Subranni y Mori, o en su defecto de indicaciones que éstos últimos le habían dado poco antes del inicio de la rueda de prensa.

-La Corte de Apelaciones en lo penal dice: "Lo de Mori -contrariamente a lo que supone el juez de primera instancia- debía leerse como un mensaje preciso enviado a quienes podían entenderlo: la captura de Riina fue también una advertencia para cualquiera de los líderes de Cosa Nostra (que todavía estaban casi todos prófugos y en condiciones de actuar) que pretendiera tratar con el Estado en la forma en que Riina quería hacerlo, es decir, dictando sus condiciones sin ninguna apertura real a una posible negociación. En resumen, una advertencia al ala de las masacres; pero, implícitamente, también una mano extendida al ala más moderada y sensible a un posible ofrecimiento de tratativa: es decir, a quienes, dentro de Cosa Nostra, estaban dispuestos a negociar ciertos favores, sin la pretensión de imponer unilateralmente, con violencia, su propia voluntad". Y siguen diciendo: "E incluso se da por sentado que ninguno de los presentes en la conferencia de prensa podría captar el significado oculto de esas declaraciones, incluso si fueran investigadores calificados y magistrados valientes, ya que ignoraban el trasfondo, es decir, no tenían conocimiento ni la más mínima idea del complejo diálogo que se había iniciado entre el ROS y Vito Ciancimino, y el tenor de la propuesta, de hecho, de las diversas propuestas que se le habían hecho a este último".

Por tanto, lo hecho por el ROS es definido como "un plan ciertamente ambicioso y que se situaba en una posición intermedia entre la 'tratativa política' y una mera 'negociación policial', porque requería, al menos en perspectiva, algo más que lo que hoy, y no solo hoy, podría llamarse complicidad".

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El papel de Riina

En los fundamentos de la sentencia, para reconstruir los diálogos entre el ROS y Vito Ciancimino, de hecho, también hay referencias a la declaración de Massimo Ciancimino (sin la cual, sin embargo, decenas de políticos habrían guardado silencio sobre estos hechos incluso hoy, ndr), compartiendo el criterio dado por los jueces de primera instancia sobre su falta de confiabilidad y por ende, de total inutilidad como fuente de prueba.

La tratativa se reconstruye a partir de una larga comparación entre las declaraciones de las partes involucradas, a saber, Mori, De Donno y el propio ex alcalde mafioso de Palermo, examinando también algunos documentos atribuibles, sin lugar a dudas, a este último (en cuanto fueron encontrados en su celular o surgieron de pericias). Y así es como se llega al "papello" de Riina.

La Corte, por tanto, habla del papel de Riina, confirmando que hay prueba de que Riina no sólo aceptó la "solicitud de diálogo", sino que concretó su respuesta con la formulación de solicitudes específicas.

"Lo que importa, a los efectos de esta sentencia -se afirma- es la prueba de que Riina aprovechó la oportunidad que se le ofreció para abrir un canal de comunicación con quienes creía que eran emisarios del Estado para dar a conocer -y dictar- las condiciones establecidas por Cosa Nostra para interrumpir la campaña de masacres, enviando sus solicitudes a Ciancimino en respuesta a la solicitud de diálogo de los Carabineros. Y poco importa que estuvieran condensados precisamente en el 'papel' entregado por Massimo Ciancimino o en otro documento (nunca encontrado) de similar tenor; o que simplemente fueran apuntados en una hoja o transmitidos oralmente a Ciancimino y luego anotados por él, por escrito, también como un memorando. Pues bien, esa prueba, a juicio de esta Corte, fue en realidad un agregado, a través de un abigarrado revoltijo de fuentes y elementos que corroboran la confiabilidad de las revelaciones de Brusca ("Riina me dijo que había hecho un montón de pedidos, pero que la respuesta fue negativa, eran demasiados", ndr)".

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La "pistola humeante"

La Corte de Apelaciones reconstruye varios pasajes, afirmando como conclusión que Ciancimino y los Carabineros coincidieron en la explicación que el ex político de la Democracia Cristiana les habría dado a los referentes de la mafia ("habría informado que la tratativa por el momento tenía que ser considerada congelada, porque las solicitudes fueron excesivas, y la contraparte institucional tenía que analizarlas").

"Pero si esta fue la explicación acordada con los Carabineros, estos últimos deben haber sido conscientes del hecho de que Cosa Nostra, en realidad, había enviado solicitudes específicas a Ciancimino. Se explica entonces por qué tanto Mori como De Donno se mostraron tan evasivos y elusivos al decir lo que Ciancimino había ido a contar a sus contactos mafiosos para justificar la interrupción repentina de la negociación, dejando sin embargo una ventana abierta a una posible reapertura de la tratativa. Ninguno de los dos quiso admitir haber tenido en la mano el 'cuerpo del delito', es decir, haber tenido conocimiento efectivo de los pedidos que hizo el jefe de Cosa Nostra".

Ante tal observación, "es difícil reprochar al juez de primera instancia, respecto del escaso crédito que merece la suposición del general Mori, según la cual no recibió nada de Ciancimino (excepto un ejemplar del libro "Le Mafie", que luego fue enviado a la A.G.), ni siquiera indicaciones informales sobre lo que pedía Cosa Nostra a cambio del cese de las masacres, y menos el infame 'papel' ('nunca pasó por mis manos, de otro modo habría constancia en alguna fiscalía')".

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La oscura historia de Bellini

La Corte destaca, por tanto, que el general Mori también guardó silencio sobre otros hechos, como el contacto con Cosa Nostra iniciado a través del ex extremista de derecha, Paolo Bellini, para la recuperación de algunas obras de arte. Una historia muy intrincada a la que se ha hecho referencia varias veces como un segundo "plan de tratativa". "Si hubiera sido por Mori -dicen los jueces de segunda instancia- nada se habría sabido del asunto Bellini y algunos antecedentes de ese asunto, incluido el detalle revelado por el Mariscal Tempesta de que él (personalmente) entregó al entonces coronel Mori un folleto -que el propio Tempesta había recibido de Bellini- en el que estaban escritos los nombres de cinco jefes de la mafia a los que se les concedería arresto domiciliario o al menos hospitalario; y esto para permitir que Bellini se acreditara dentro de Cosa Nostra y frente a los hombres de honor con los que efectivamente estableció contactos en aquel verano del '92 (a través de Nino Gioè, a quien Bellini conocía desde hacía tiempo y con quien también tenía negocios de drogas), para que pudiera llevar a cabo el plan de infiltrarse unos a otros como una especie de agente encubierto en nombre del Estado". "Una historia -siguen diciendo- que a pesar del esfuerzo del propio Mori y su defensa por banalizar su alcance -reduciéndolo al intento aventurero de un personaje poco fiable de presumir de una colaboración investigativa para obtener beneficios personales, procesales o monetarios- presenta aspectos oscuros, incluso porque en las conversaciones entre Gioè y Bellini habría germinado la idea de retomar e intensificar la campaña de ataques y crímenes sensacionalistas, pero con un cambio radical de objetivo; una idea que arraigaría hasta ser compartida y luego concretamente lanzada por la Gotha Cosa Nostra, durante las reuniones posteriores a la captura de Riina".

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Esa idea, reconstruyen los jueces, "tenía raíces muy profundas y se remonta a los círculos de la subversión neofascista". Sobre este punto recuerdan el testimonio del coronel Giraudo, quien realizó importantes investigaciones sobre las tramas negras y las masacres de matriz neofascista. Este último refirió en el tribunal las declaraciones del exintegrante de la organización subversiva de derecha "Nuevo Orden", Umberto Zamboni (fallecido) quien habría dicho que en el contexto de las actividades subversivas discutidas dentro de esa organización también había proyectos de ataques a obras de arte, patrimonio cultural e infraestructuras. Quien propuso estos planes habría sido uno de los cuadros de la célula veneciana de la organización, Massimiliano Fachini, ya acusado por la masacre de Bolonia y la masacre de Piazza Fontana, y que probaban (gracias a un documento encontrado durante la búsqueda de la casa del capitán La Bruna) contactos con el SID, Servicio de Información y Defensa (y da la casualidad que en los años setenta Mori trabajaba para el SID, ndr).

Los jueces de la Corte de Apelación prosiguen su análisis: "Mori no podía negar haber recibido (del mariscal Tempesta) ese folleto (que según Bellini había sido redactado por el mismo Gioè), pero no tuvo ningún reparo en deshacerse de él, sin siquiera molestarse en hacer un informe de servicio, para informar a la A.G. de las circunstancias y razones por las que estaba en su poder, y sin siquiera hacer una anotación para dejar constancia del hecho. De hecho, hizo más, disuadiendo al propio Tempesta de presentar un informe de servicio (como resolvió hacer el mariscal Tempesta 4 años después), y omitiendo realizar cualquier investigación encaminada a identificar al autor de ese escrito y a sus compañeros de trabajo que apoyaban la iniciativa destinada a favorecer a algunos de los mafiosos más importantes de la época recluidos en prisión en ese momento. Investigaciones que podrían haber apuntado al corazón de un territorio y de una familia mafiosa, la de Altofonte, que había sido protagonista de la temporada de matanzas y estaba 'trabajando' en otros proyectos criminales. Tal investigación habría interferido ciertamente (el contacto entre Mori y Tempesta sería de agosto de 1992, ndr) con la iniciativa que en aquel momento estaba en el corazón del mismo Mori, es decir, la tratativa emprendida con los vértices de Cosa Nostra a través de los contactos con Ciancimino, con el riesgo de poner en peligro su desarrollo ulterior".

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El diálogo que refuerza la amenaza

Es un hecho que los Carabineros no informaron a la autoridad judicial de ese contacto con Ciancimino (ni siquiera a Paolo Borsellino quien, según la Corte Penal de Apelación, fue mantenido en la oscuridad por los Carabineros incluso en la reunión que tuvieron el 25 de junio de 1992), ni escribieron ningún informe. Pero los jueces también destacan otro aspecto.

Aunque no hay constancia del papel propulsor de Calogero Mannino y "en la certeza de que los Carabineros no tenían ninguna autorización de funcionarios del gobierno para explorar la posibilidad de una negociación con Cosa Nostra", según los jueces queda establecido "sobre una base objetiva, la contribución que la súbita iniciativa de los Carabineros, a través de la solicitud de entendimiento, transmitida por Vito Ciancimino -a través de Cinà- a los líderes mafiosos y la consiguiente apertura, a los ojos de los mismos líderes, de un canal de comunicación con una 'autoridad de Gobierno, subordinada a los que consideraban sus emisarios, tuvo en asegurar que se concretó y luego fortaleció, con el avance de la interlocución entre los oficiales del ROS y Ciancimino, apenas el propósito de una genérica intimidación, cuál fue el que se pudo encontrar en los primeros crímenes sensacionalistas que marcaron el desarrollo de la estrategia de oposición frontal al Estado que comenzó con el asesinato de Lima, sino de un verdadero chantaje al Estado. Un reforzamiento que se habría nutrido aún más de la 'congelación' de la tratativa (y más precisamente de la primera fase de la misma que ciertamente tuvo lugar entre Ciancimino y los funcionarios del ROS), creando las condiciones para la continuación y renovación de la amenazante conducta, hasta su consumo efectivo (al menos en perjuicio del Gobierno de Ciampi en particular)".

Y en este punto el Tribunal "comparte las conclusiones a las que llegó el juez de primera instancia según las cuales puede decirse que el delito se cometió por la recepción de la amenaza por parte del entonces ministro de Justicia Giovanni Conso".

Para la Corte, incluso aquellas revocaciones de la "cárcel dura" decidida en 1993 por el entonces ministro de Justicia, Giovanni Conso, también tenían como objetivo dividir a Cosa Nostra (decisión tomada, según los jueces, acogiendo la sugerencia de alguien que conocía bien la dinámica y que podría identificarse en el ex subdirector del DAP, Francesco Di Maggio, ndr).

"No puede descartarse del todo -se lee en la sentencia- que las exorbitantes solicitudes de Cosa Nostra hayan llegado al Gobierno de turno, al destinatario natural, en la persona del ministro competente en la materia, por vía distinta e independiente respecto a la interlocución inicial, centrada en la intermediación de Ciancimino y Cinà. Y eso es con la intervención de un fantasmagórico apuntador de Di Maggio, diferente a Mori; o directamente a través del mensaje intimidatorio contenido en los atentados de Milán y Roma del 27 al 28 de julio, que se ligaban a la masacre de via dei Georgofili en un diseño unitario, condensado en la expresión connotada por Luciano Violante 'bombas de diálogo': que en las intenciones de los jefes mafiosos, querían ser una renovación de la amenaza que creían que ya había llegado al gobierno por el canal de comunicación deseado".

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La estocada

La Corte critica a los jueces de primera instancia por lo que dicen en la sentencia respecto al ex ministro Conso y en especial al expresidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro. Según la Corte de apelación, fue "poco generoso y engañoso", así como "el resultado de un error en la sintaxis legal", insinuar la rendición a la mafia por parte de ambos.

Sin embargo, es un hecho que Scalfaro en particular mintió cuando declaró a los fiscales que no sabía nada ni de la tratativa ni del cambio de Amato ("No tengo ningún recuerdo de Amato. Nadie me ha informado nunca sobre supuestas tratativas o ninguna prórroga del 41 bis'").

Cabe recordar que, en efecto, en el transcurso de la audiencia de primera instancia, en particular, surgió un documento que, como escribió el presidente Montalto, "desmiente de manera inequívoca e incuestionable la negación del presidente Scalfaro": la anotación del 6 de junio de 1993, encontrada en la agenda del entonces primer ministro, Carlo Azeglio Ciampi. En la misma está escrito: "representa preocupación por la continuación de la sucesión de N. Amato a la Dir. Cárceles; Conso también habría nombrado a un adjunto, demasiado duro (Giuseppe Falcone, ndr). Sugiere que se le añada Juez Di Maggio: da a entender que estuvo interesado por Parisi. Llamo a este último, que confirma lo anterior. Luego llamo a Conso que, por el contrario, me dice que todo va de la mejor manera, le sugiero que envíe un mensaje que la política de la cárcel no cambia. Está de acuerdo. Mañana vendrá a verme. Hablo con Scalfaro (todo entre las 22:00 y las 22:30)".

Es, a todos los efectos una "confirmación de que el presidente Scalfaro, contrariamente a lo que había declarado en la Fiscalía en el 2010, tuvo un papel activo en la sustitución del director del DAP".

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Masacre de Borsellino, no hubo aceleración. Asesinado por "licitaciones de la mafia"

Absolutamente cuestionable es el análisis que se hace en los motivos de la sentencia respecto a la ejecución de la masacre de vía D'Amelio, donde se habla de una aceleración inexistente del crimen. Para los jueces de primera instancia, esa aceleración, que también surgió en sentencias anteriores, es atribuible a la tratativa Estado-mafia.

Los jueces de primera instancia habían constatado que Riina, en julio de 1992, había cambiado de planes al decidir eliminar a Borsellino, aunque esa masacre no estuviera programada. Y así lo recuerdan los jueces de apelación: "La Corte (en la sentencia de primera instancia, ndr) ciertamente da por probado, en el resultado de la instrucción preliminar, que el proyecto genérico y general de matar a Borsellino… había sufrido una repentina aceleración y ejecución, una vez más a instancias de Salvatore Riina, justo en los días inmediatamente anteriores a aquel en el que luego tuvo lugar la masacre de vía D'Amelio". Una reconstrucción basada en las afirmaciones de Giovanni Brusca (a quien se le pidió que interrumpiera la preparación del asesinato del exministro Calogero Mannino) y Salvatore Cancemi quien contó lo que Riina le dijo a Raffaele Ganci ("La responsabilidad es mía. Hay que hacerlo ahora. Será bueno para Cosa Nostra").

Para la Corte de Apelación no hubo ninguna aceleración en la ejecución de la masacre del 19 de julio de 1992 ("La operación Borsellino ya estaba en marcha") y de hecho al argumentar que el intervalo de tiempo de sólo 57 días "es demasiado pequeño, por no pensar en la intervención de uno o más hechos nuevos que han obligado a acortar el tiempo" se corre el riesgo "de que anide una sugestión psicológica colectiva del todo legítima, por supuesto, pero que puede contaminar el razonamiento", "como si existiera un manual de las masacres (mafiosas) que enseñara cuál es el tiempo canónico que es oportuno dejar pasar entre una matanza y otra para la cual, aun disponiendo de los medios, de los hombres, de las capacidades organizativas y técnico-logísticas, y del potencial bélico necesario para la empresa, Cosa Nostra debería haber esperado más de dos meses (pero cuanto más, por supuesto, ninguno de los convencidos partidarios de la aceleración lo dice), antes de repetir un delito igualmente llamativo que el de la matanza de Capaci".

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Para la Corte, tanto Borsellino como Falcone, hacía tiempo que habían sido condenados a muerte. Pero el atentado del 19 de julio de 1992 "fue estudiado en el día", según confirmó el jefe de jefes en una escucha de la prisión de Ópera en agosto del 2013. Palabras que, para los jueces, representan "una respuesta excepcional".

No importa si esa masacre en realidad no era conveniente, ya que las medidas antimafia temidas por Cosa Nostra y fuertemente deseadas por Falcone estaban siendo discutidas en el Parlamento. Medidas que fueron aprobadas recién después de la muerte de Borsellino.

Entonces, ¿por qué ir en contra de sí mismo? Delirio de omnipotencia. Cosa Nostra o, mejor dicho, Riina, ya tenía planes para matar al juez. Sin sugerencias externas.

Para los jueces de apelación, eventualmente, "se puede conceder que el conocimiento de que los hombres del Estado se habían puesto a negociar no tuvo el efecto de dar prioridad al ataque a Borsellino, trastocando otra hipótesis de su programa criminal: más simplemente, no hizo que Riina cambiara sus planes ni un ápice", dice la Corte. En todo caso, uno puede creer que la orden de Riina para el ataque en vía D'Amelio "puede haberse originado en el interés de Borsellino en las licitaciones públicas que concernían a la mafia".

"Se obtuvieron pruebas -dicen los jueces en apoyo de la hipótesis– que acreditan la intención del Dr. Borsellino de estudiar el expediente relacionado con el informe de los 'contratos de la mafia' en el período comprendido entre la masacre de Capaci y la masacre de vía D'Amelio".

Y luego explican que "se comprenden bien las perplejidades de Paolo Borsellino ante la opción de cerrar con una solicitud de archivo de las investigaciones del procedimiento más importante instruido en aquel momento histórico por la Fiscalía de Palermo en el ámbito de aquella específica línea investigativa". Los jueces también recuerdan las "quejas que Borsellino había recogido personalmente en sus contactos con los carabineros del ROS". Y se refieren a lo ocurrido en la asamblea plenaria que se realizó en la fiscalía con los fiscales el 14 de julio de 1992, es decir, apenas cinco días antes de la masacre de vía D'Amelio. "El doctor Borsellino lo dijo expresamente en esa asamblea", dicen, como "bien lo recuerda Luigi Patronaggio". Los jueces luego, sin embargo, agregan en las motivaciones: "Borsellino mantuvo una actitud que, en absoluto, mostraba desconfianza y suspicacia hacia el trabajo de sus colegas, titulares del proceso, sino que, por el contrario, denotaba el deseo de abrir una discusión sincera sobre el tema en discusión, como abiertas y transparentes fueron las críticas, perplejidades y pedidos de aclaraciones expresadas en esa sede (en la asamblea en la Fiscalía del 14 de julio de 1992, ndr)".

En la sentencia hay una parte larga en la que se habla de todo el caso mafia y licitaciones públicas y también se niega el enfoque que se le dio al decreto de archivo de la jueza de Caltanissetta, Gilda Lo Forti, en particular cuando afirma que hubo una doble versión del informe.

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Dell'Utri "implicado" en el trasfondo, pero no hay pruebas

En cuanto al ex senador Marcello Dell'Utri (condenado en primera instancia a 12 años) los jueces reiteran que "no hay pruebas" de que él "pese a sus ramificadas implicaciones en el trasfondo de los hechos", "haya concluido ese proyecto de chantaje/amenaza del cual él también tuvo pleno conocimiento a instancias de los exponentes de Cosa Nostra y a raíz de sus repetidos diálogos, que tuvieron lugar hasta diciembre de 1994, en particular con Vittorio Mangano". "Moviendo desde la posición de Marcello Dell'Utri -escriben- fue posible observar que no hay prueba cierta de que actuó como intermediario para comunicar la renovada amenaza mafiosa de masacre a Berlusconi, cuando era presidente del Consejo de ministros, recorriendo así lo que, por simplificación, se podría identificar -continúa diciendo la Corte de Apelación- como la 'última milla' antes de que el crimen sea consumado... Y más allá de la plena implicación de Dell'Utri en el acuerdo preelectoral (o en la promesa electoral así definida), sobre el cual se han recogido múltiples y convergentes elementos de confirmación, incluso reforzados, en el presente proceso de apelación, no consta que -dicen los fundamentos- a esta etapa, calificada como fondo o antecedente no punible, siguió la fase ulterior de comunicación de la amenaza a Berlusconi como parte ofendida y como presidente del Consejo para obtener el cumplimiento, precisamente bajo la amenaza de la mafia, de los compromisos asumidos por el propio Dell'Utri en la anterior campaña electoral".

Y otra vez: "No está probado que además del diálogo de Mangano (Vittorio, ndr) Dell'Utri haya tenido otro con Silvio Berlusconi sobre este tema, mucho menos después de la instalación del gobierno de Berlusconi, teniendo que reiteramos en este sentido, como se ha hecho en los párrafos anteriores (y a los que se sigue haciendo referencia), la diferencia entre un acuerdo político-mafioso corto (aunque ilegal y moralmente impropio en sí mismo) y la transmisión de la amenaza al Gobierno de la República, teniendo sólo ésta la capacidad para integrar el tipo penal a que se refiere el artículo 338 del Código Penal, bajo el terrible chantaje de la reanudación (o continuación) de la temporada de masacres que había ensangrentado los años 1992 y 1993".

13 Al final hubo una tratativa vertical

Pero el intento de amenaza, en aquel 1994 marcado por el fallido atentado al estadio Olímpico y por la muerte de los carabineros en Calabria, estuvo ahí.

En particular, lo concibieron Leoluca Bagarella y Giovanni Brusca quienes, aprovechando las relaciones de amistad entre Vittorio Mangano y Marcello Dell'Utri, quisieron implementar una iniciativa que, para la Corte "no estaba destinada a poner en marcha de inmediato la enésima 'demostración de fuerza' que amenazaba al Gobierno de la República, una estructura de gobierno que, además, en ese momento ni siquiera estaba representada por Silvio Berlusconi, sino que tenía como objetivo encontrar un interlocutor complaciente para asegurar ciertos resultados largamente deseados por la asociación mafiosa en el tema de suavizar la legislación antimafia y obtener cambios en el sistema penal y penitenciario, teniendo, como fatal alternativa, la reanudación de las masacres".

Dell’Utri, por lo tanto, representó una especie de trampolín para asegurar, en un futuro cercano, la atención normativa en las cuestiones que interesaban a Cosa Nostra.

En conclusión, la Corte dice que "no cabe duda de que el proyecto de chantaje retomado en marzo de 1994 por estos sujetos (Bagarella y Brusca, ndr), luego de las detenciones ante Riina y posteriormente por los hermanos Graviano (quienes tenían su propio canal de comunicación con Dell'Utri), no se ha completado, contrariamente a la voluntad de los mismos Bagarella y Brusca, sólo porque Dell'Utri no ha transmitido (corrección: no hay prueba de que lo haya hecho) la amenaza al gobierno, en particular a Berlusconi como presidente del Consejo de ministros".

Los encuentros entre Dell'Utri y los mafiosos

En todo caso, la Corte constata que en el transcurso del juicio "surgieron elementos que nos llevarían a pensar que, en ese período, comprendido entre los años 1993 y 1994, Dell'Utri se reunió efectivamente con personajes de la mafia (no sólo sicilianos) para tejer un pacto político-mafioso en el que también, de hecho y, sobre todo, según se desprende de este proceso, se insertaron los encuentros de Mangano con Dell'Utri con el fin de transmitirle los deseos de Cosa Nostra".

Al final hubo una tratativa 12

Sin embargo, según la Corte, "no existe prueba igualmente sólida y completa de que este mecanismo de comunicación llegara a su fin, es decir, que Dell'Utri transmitiera a su vez este mensaje, con su terrible carga intimidatoria, a Berlusconi ni, mucho menos, se evidencian las modalidades de una posible interlocución entre Dell'Utri y Berlusconi luego de que este último asumiera el cargo de gobierno".

"Si, por lo tanto, la conducta, que tuvo lugar incluso después de la toma de posesión del gobierno de Berlusconi, se mantiene en la etapa de tentativa de delito, sin embargo, con respecto a la decisión irrevocable antes mencionada, ahora hay conciencia de un paso más, aunque no menos importante, en el sentido de que hay pruebas de los contactos entre Mangano y Dell'Utri mientras que los contactos entre Dell'Utri y Berlusconi siguen sin probarse".

El apoyo electoral de Cosa Nostra a Forza Italia

En la sentencia se expresa en términos de certeza que Cosa Nostra se había concentrado en la nueva fuerza política representada por el partido Forza Italia y que se había tomado la decisión de apoyarla en la creencia de que garantizaría la obtención de los beneficios deseados por la organización mafiosa ("Cosa Nostra estaba decidida en ese sentido porque había obtenido garantías, a través de Marcello Dell'Utri, que les permitían a los líderes de la organización dirigirse a los asociados para pedirles que apoyaran al nuevo partido apostando por su éxito").

Según los jueces, por lo tanto, "hubo una convergencia de intereses como para conducir a una votación de Forza Italia siempre en beneficio de la organización mafiosa según un deplorable acuerdo político-mafioso firmado con Dell'Utri, pero no por amenazas de masacres mafiosas".

"En esa vuelta electoral hubo quienes, como Marcello Dell’Utri, complotaron (también en la zona de Calabria como veremos más adelante) para asegurarse ciertos resultados dialogando directamente con los exponentes de la mafia". Y Dell'Utri "realizó, con el aporte, entre otros, de Bernardo Provenzano y Giuseppe Graviano, esta labor de mediación para canalizar el voto de la mafia en previsión de asegurar beneficios para la organización. Una iniciativa que, como se ha visto, guardaba relación con el fondo del delito a que se refiere el art. 338 del Código Penal y que fue, sobre todo, diferente a aquella acción, que incide en este proceso, asumida por iniciativa directa de Leoluca Bagarella y Giovanni Brusca, para trasladar la amenaza de masacre al Gobierno de la República que asumió después de 1994".

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El decreto Biondi

Uno de los puntos clave del fallo de primera instancia se basó en el decreto Biondi, también conocido como "salva ladrones", que el gobierno de Berlusconi quería aprobar en julio de 1994.

Con esa legislación se prohibió la custodia cautelar en prisión, o prisión preventiva (transformada como máximo en arresto domiciliario) por delitos contra la Administración Pública y contra la Hacienda Pública, incluidos los de corrupción y extorsión. Un decreto que los jueces de la Corte Penal de Palermo dijeron que colisionaba con el artículo 275 del Código Procesal Penal.

Los jueces de apelación dicen: "En realidad se encontró que entre los pliegues ocultos del decreto núm. 440, también hubo una pequeña modificación del art. 275 del Código Procesal Penal, en la parte en que estableció que por el delito a que se refiere el art. 416 bis del Código Penal, la medida de prisión preventiva en prisión debe aplicarse siempre, a menos que se adquieran elementos tales que excluyan la existencia de necesidades cautelares. En el fondo, se trataba de esa presunción legal que, de hecho, imponía prisión a los mafiosos detenidos". Incluso si se considera que Cucuzza se enteró por Mangano de esta pequeña modificación relativa al 416 bis, esto no puede llegar a "afirmar también el diálogo final de Dell'Utri con Berlusconi como presidente del Consejo de ministros y sobre todo como destinatario del delito agravado según el art. 338 del Código Penal".

Y luego otra vez: "El conocimiento temprano de Mangano de este cambio normativo a través de Dell'Utri no agota el tema de la consumación del delito en perjuicio del presidente Berlusconi", ya que es solo un antecedente causal.

En conclusión, "se cree que del resultado de la investigación han surgido elementos que pueden confirmar el relato de Cucuzza con referencia específica a este contacto que se puede situar en el verano de 1994 entre Mangano y Dell'Utri y en el que Mangano conoció, en absoluta anticipación, la modificación del régimen procesal de la detención por el delito a que se refiere el art. 416 bis".

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La búsqueda de la verdad

Una cosa es segura, esta sentencia de la 'tratativa' generará debate y también podría tener efectos en otras investigaciones. Hay muchos y demasiados temas sobre los que hay una gran aura de misterio. Y algunos de ellos son abordados en el prólogo por la misma Corte de Apelaciones en lo Penal, cuando afirma que "los hechos que son objeto de este juicio permiten entrever una dimensión que va mucho más allá de los límites accesibles a una modesta verdad como como la verdad procedimental, cuya investigación serpentea por un camino angosto".

Se hace referencia a las investigaciones sobre los contactos y vínculos entre organizaciones criminales mafiosas y exponentes de los servicios secretos y a las relaciones con personajes que a la vez pertenecen a la 'Ndrangheta o son cercanos a ella, o a miembros de organizaciones que gravitan en la zona de la subversión neofascista (en referencia al relato de los colaboradores de justicia en el juicio 'Ndrangheta Stragista).

Y luego está el tema de la Falange Armata, nombre con el que se han reivindicado numerosos episodios criminales (desde el asesinato de Lima hasta el gesto de demostración del obús de mortero hallado en los Jardines de Bóboli en Florencia; pasando por el atentado de Via Fauro en Roma, la masacre de via dei Georgofili en Florencia y los ataques posteriores en Roma y Milán en la noche del 27 al 28 de julio de 1993).

La Corte también habla de "las investigaciones sobre los llamados autores intelectuales ocultos de las masacres, tanto las sicilianas del '92 como las masacres en el continente del año siguiente, y la historia del fallido atentado al Estadio Olímpico de Roma, prevista para el 23 de enero de 1994, que, según lo afirmado por Giuseppe Graviano, debería haber coronado una estrategia desestabilizadora destinada a poner de rodillas al Estado y cambiarle la cara y el destino para siempre al país".

E igualmente alude a los "agujeros negros" de algunos casos específicos a partir del "suicidio" de Antonino Gioé (el primero de los autores de la matanza de Capaci en ser arrestado en esa "guarida" de vía Ughetti donde se escondía, aunque no se había basado en órdenes de custodia preventiva junto a su compañero, Gioacchino La Barbera, arrestado unos días después en el norte de Italia; en ese mismo edificio estaban ubicados los departamentos utilizados por los servicios), que fue encontrado muerto y colgado de los cordones de las zapatillas de deporte de una barra de la celda romana de Rebibbia donde estaba detenido.

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La Corte también se refiere al doble asesinato de Vincenzo Milazzo y su novia, Antonella Bonomo "que tuvo al propio Salvatore Riina y a algunos de los jefes corleoneses más cercanos a él movilizados en primera persona, tanto en la deliberación como en la ejecución del doble crimen, que se cometió en los días que los preparativos para la masacre en via D'Amelio estaban en pleno apogeo; el papel de Paolo Bellini, (procedente de las filas de la subversión negra, que se convirtió en un asesino de la 'Ndrangheta, sospechado por los mismos mafiosos con los que estuvo en contacto, y no solo por ellos, de negociar con los servicios y recientemente condenado en primera instancia como autor de la masacre de Bolonia), como sugerencia de la oportunidad, para Cosa Nostra, de cambiar la elección de los objetivos de los ataques a realizar, y que se destacaría ya a finales del verano-otoño del '92. Todos ellos serían temas dignos de mayor estudio -dicen- mientras que esta Corte no ha podido dedicarles más que unas breves indicaciones".

Obviamente, en particular teniendo en cuenta las nuevas consideraciones sobre Marcello Dell'Utri y Silvio Berlusconi, el juicio también podría influir en la investigación de la fiscalía de Florencia que considera al ex senador Marcello Dell'Utri y Silvio Berlusconi como instigadores externos de las masacres de 1993.

Dice la Corte que el político supuestamente mantuvo relaciones con miembros de la mafia hasta 1994 y no hasta 1992, tal y como establece la sentencia que condenó a Dell'Utri por concurso externo en asociación mafiosa. Una invasión de campo, cuando no fueron adquiridos en el proceso, parecería ser la consideración de las últimas declaraciones difundidas (entre memoriales y examen en la sala) del jefe de las masacres Giuseppe Graviano en el juicio 'Ndrangheta Stragista (donde fue acusado y condenado a cadena perpetua en primera instancia). Un torrente de palabras sobre supuestas relaciones con el exprimer ministro y fundador de Forza Italia, Berlusconi. Para los jueces serían "de dudoso valor", ya que fueron dictadas por un "sujeto enigmático" que "no emprendió ningún camino de colaboración ni dio señales correctas de disociación", pero es claro que la evaluación está en curso.

La fiscal general Lia Sava, al ser consultada sobre la sentencia, anunció: "Leeremos atentamente las tres mil páginas de la sentencia y evaluaremos los espacios para apelar a la Casación". La historia del proceso de la Tratativa Estado-Mafia, por lo tanto, podría no estar cerrada. Hay tiempo hasta el 15 de octubre para fundamentar el recurso ante la Corte Suprema.

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* Colaboraron Luca Grossi, Marta Capaccioni y Jamil El Sadi

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*Foto de portada: reelaboración gráfica de Paolo Bassani

*Foto 2: El exjefe del ROS de Carabineros, Mario Mori © Imagoeconomica

*Foto 3: El jefe de jefes, Totò Riina © Shobha

*Foto 4: El exalcalde de Palermo, Vito Ciancimino © Archivo Letizia Battaglia

*Foto 5: El oficial de Carabineros, Giuseppe De Donno © Imagoeconomica

*Foto 6: El hijo de Vito Ciancimino, Massimo © Giorgio Barbagallo

*Foto 7: El exextremista de derecha, Paolo Bellini

*Foto 8: El jefe Leoluca Bagarella © Archivo Letizia Battaglia

*Foto 9: El expresidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro con el entonces jefe de Policía, Vincenzo Parisi, en el funeral de las víctimas de la masacre de vía D'Amelio © Imagoeconomica

*Foto 10: Masacre de vía D'Amelio © Shobha

*Foto 11: El magistrado Paolo Borsellino © Shobha

*Foto 12: El exsenador Marcello Dell'Utri © Imagoeconomica

*Foto 13: El hombre de honor de Cosa Nostra, Vittorio Mangano

*Foto 14: El expresidente del Consejo, Silvio Berlusconi © Imagoeconomica

*Foto 15: El exministro de Justicia, Alfredo Biondi © Imagoeconomica

*Foto 16: La masacre de Georgofili en Florencia, en la noche del 26 al 27 de mayo de 1993

*Foto 17: Los tribunales de Palermo © Paolo Bassani

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