"Los enemigos de la justicia"
"La Comisión Europea ha puesto atención, con preocupación, sobre las consecuencias de la reforma Cartabia en cuanto a la lucha contra la corrupción y el daño a la autonomía e independencia de los jueces". Estas fueron las palabras del magistrado y consejero del CSM (Consejo Superior de la Magistratura), Nino Di Matteo, que intervino el pasado viernes en Marsala durante la presentación de su último libro-entrevista "Los enemigos de la justicia", escrito junto al periodista y columnista Saverio Lodato. El evento, promovido por la administración local del alcalde Massimo Grillo y moderado por el periodista Renato Polizzi, se llevó a cabo en forma de diálogo junto con la Dra. Giulia d’Alessandro, fiscal adjunta de Nápoles. Esta última acompañó a Di Matteo en el análisis de los temas críticos de las reformas más recientes, comenzando por la de la ministra Cartabia, de los mecanismos degenerativos provocados por el sistema de las corrientes internar y por las graves formas de actuación colateral con la política, que determinan cada vez más la burocratización del papel del magistrado y la jerarquización las fiscalías. Un debate importante, especialmente para la sociedad civil y para los jóvenes. Porque hoy, según explicó el magistrado, "hay quienes quieren aprovechar la crisis de credibilidad del poder judicial para aprobar leyes y reformas que limiten la independencia y autonomía del poder judicial o que en el futuro dificulten cada vez más investigaciones que puedan simplemente tocar al poder político, económico, financiero, empresarial y masónico". Situación creada por quienes, al no soportar el control de legalidad, "quieren ajustar cuentas con el poder judicial, como una forma de venganza, pero también y sobre todo como una forma de prevención". El objetivo es grave y preocupante: "Evitar que en el futuro pueda haber un poder judicial libre y valiente, que se atreva a buscar la verdad sobre ciertos temas y que se atreva a ir más allá de la represión del crimen mafioso común".
La reforma Cartabia no agiliza los procesos y afecta derechos de imputados y ofendidos
El consejero togado del CSM se expresó en primer lugar sobre modificaciones a la ley que prevé la reforma Cartabia que "nos dijeron que se hacía porque 'Europa lo pedía' para agilizar los procesos, precisamente para tener el dinero del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia)". De hecho, "no existe norma que agilice las investigaciones judiciales o que sea capaz de agilizar las actuaciones sin perjuicio de los derechos y garantías de los imputados".
La reforma introduce "un mecanismo ajeno a cualquier cultura europea y occidental: el incumplimiento. Si un juicio en apelación dura más de dos años o más de un año en la Casación (es una eventualidad muy probable), se declara la improcedibilidad, es decir, el juicio se esfuma. El imputado nunca tendrá derecho a saber si la sentencia de mérito será de culpabilidad o de inocencia. El ofendido que se ha expuesto tal vez con una denuncia, verá al imputado que en cierto momento ya no lo es porque han pasado dos años. Los ciudadanos por hechos que han alarmado a la sociedad y a la opinión pública nunca tendrán derecho a saber si los imputados eran inocentes o culpables". Se trata de una justicia denegada que corre el riesgo no sólo de crear gravísimos espacios de impunidad, sino también de avivar las desigualdades sociales y económicas entre quienes pueden permitirse una defensa eficiente, capaz de prolongar los procesos hasta que se esfumen, y quienes no pueden hacerlo.
Un sistema que deniega justicia determina "el fracaso del Estado", aumenta el descrédito de su imagen y acredita el prestigio criminal de la mafia: "Porque la mafia resuelve los conflictos. Incluso años después, emite una decisión, que hasta puede ser de muerte. Un ciudadano que no tiene derecho a saber cómo se hubiera decidido un caso civil por el Estado, por los tribunales, por la justicia, en territorios como el nuestro puede ser empujado a que el conflicto se resuelva de otra manera".
Además, la reforma afecta el cumplimiento del principio de separación de poderes, la independencia del poder judicial y también los derechos humanos garantizados a todos los ciudadanos por nuestra Constitución. Esto sucede desde el momento en que "el Parlamento puede dar indicaciones sobre los criterios generales de prelación en el ejercicio de la acción penal". "Para mí esto es muy grave", comentó el consejero togado. "¿Qué pasaría si un gobierno no le diera prioridad para investigar y perseguir a los delitos cometidos con abuso de autoridad, por ejemplo, por parte de la policía penitenciaria contra un detenido o por parte de la policía contra los manifestantes?".
La lógica de pertenecer a una corriente interna: "Un método inaceptable"
El criterio de pertenencia a una corriente interna, como reiteró Nino Di Matteo durante la velada, es similar a la lógica que rige en los sistemas mafiosos. "Usé esa frase antes de ser elegido en el CMS y hoy la reiteraría con aún más fuerza". Es decir, "el criterio de pertenencia a un grupo de personas, familia o grupo de amigos, se convierte en un criterio de elección, de distinción entre personas, en el caso de la pertenencia actual, se convierte en un criterio para aspirar a determinados cargos". Analizando los mecanismos internos y externos del sistema de corrientes, el criterio de pertenencia hoy influye y condiciona las elecciones del sistema de autogobierno del poder judicial en muchos niveles: no sólo en la elección de los miembros del CSM o en la división de cargos ejecutivos y semi ejecutivos, sino también en la candidatura a cargos asociativos locales, en la selección de los miembros de la Escuela Superior de la Magistratura, y en la elección de magistrados formadores que tienen la tarea de organizar conferencias y mucho más.
Es un sistema que, por lo tanto, busca restringir la carrera y la trayectoria del magistrado desde el principio. El consejero explicó entonces que no sólo existen corrientes, sino también "consorcios de poder entre magistrados transversales a corrientes o incluso entre magistrados que no forman parte de corrientes": verdaderos grupos de poder, en los que participan magistrados, pero también altos representantes de la policía, quienes desde dentro y fuera de la magistratura tratan por todos los medios de influir en las decisiones de autogobierno. Ingresar bajo el ala protectora de este sistema es garantía de respaldo y apoyo en la carrera. El rechazo de ciertas lógicas presupone, por desgracia, un acto de valentía por parte del magistrado que decide emanciparse. Significa tener que superar muchos más obstáculos en el camino y, sobre todo, exponerse a ataques externos e internos. "Es un método inaceptable -dijo Di Matteo- porque significa la prevalencia de ese mismo criterio de pertenencia sobre el criterio del mérito, del reconocimiento al compromiso, la autonomía y la independencia del magistrado individual".
Como también afirmó la Dra. d'Alessandro, al comentar los efectos de este sistema, especialmente en los magistrados jóvenes, "se determinó una falta sustancial de interés en las asociaciones judiciales, que son muy importantes para la protección de nuestros derechos e intereses y ha frustrado en los magistrados jóvenes toda ambición de carrera". Además, por si fuera poco, "muchos magistrados han decidido directamente desistir, se han cerrado en su labor burocrática y han dejado de participar e incluso de ofrecer su experiencia al servicio de la comunidad".
Respecto a las novedades contenidas en la reforma de Cartabia, el consejero explicó cómo, en el sistema electoral del CSM, "realmente esta reforma no cambia nada. Pero no porque no hayan podido pensar en un cambio, sino porque este poder excesivo de las corrientes internas dentro de la magistratura es lo que les conviene a los políticos. Porque una política que teme a los magistrados verdaderamente libres, valientes e independientes es una política que quiere ejercer un control indirecto sobre el poder judicial, y muchas veces lo hace precisamente a través de las corrientes internas. Desde que estoy en el CSM me he dado cuenta aún más de una situación. Los jefes actuales de las corrientes, son muchas veces el vínculo con la política". Estas relaciones son explotadas, por ejemplo, cuando el ministro de Justicia elige a sus colaboradores o, en ocasiones, sirven para entorpecer y aislar a los "magistrados incontrolables y fuera de sistema", como dice el libro de Palamara. Un sistema útil y ventajoso que, por lo tanto y obviamente, no se tiene la voluntad de cambiar.
La introducción del criterio de resultado sobre la evaluación de la profesionalidad de los jueces agrava aún más la situación (se trata siempre de las disposiciones de la reforma Cartabia). Más concretamente, son criterios "que privilegian las estadísticas, las fichas pegadas más que el estudio en profundidad de los hechos, más que la disposición de afrontar incluso juicios arriesgados que no se está seguro de ganar, como ciertamente ganaría un fiscal un juicio contra un ladrón que fue arrestado en el acto del crimen. Hay fenómenos delictivos que sólo pueden ser identificados y sancionados a través de largas y complejas investigaciones, que también pueden llevar a la absolución. En el momento en que se introduce el criterio del resultado se acaba transformando a la magistratura en un orden judicial que será eficaz y a veces despiadado con el crimen débil y callejero y con armas en la mano, pero temeroso del crimen de los funcionarios de cuello blanco y de los poderosos. Un mecanismo, por tanto, que no termina de garantizar una justicia diferente para los ciudadanos de la Serie A y los ciudadanos de la Serie B. En los tribunales está escrito que 'administramos justicia en nombre del pueblo italiano' y, por lo tanto, debemos tener interés en aplicar la constitución que se basa en un principio de igualdad, no solo formal sino también material, de todos los ciudadanos ante la ley".
Reducción de plantillas y despenalización para agilizar procesos
Otro tema crucial, que debe colocarse en el centro de las reformas destinadas a agilizar el sistema de justicia, se refiere a la reorganización de las oficinas judiciales, así como a la reducción de personal y la despenalización de muchos delitos. La Dra. D'Alessandro explicó que el personal de la magistratura es "insuficiente en comparación con la cantidad de trabajo que debe realizar. Los fiscales son pocos frente a la delicada labor que están llamados a realizar". Una realidad documentada por varios estudios de organizaciones europeas, agregó Di Matteo. A través de datos, números y estadísticas se establece "que el número de fiscales y jueces en Italia es menor en proporción al de todos los demás países europeos". "El segundo hecho certificado -dijo el consejero- es que los magistrados italianos son los de mayor productividad, pero a pesar de ello, somos incapaces de satisfacer las justas demandas de celeridad y justicia por parte de los ciudadanos. Entonces el problema no está solo en el poder judicial, sino en un sistema procesal demasiado engorroso". Este último "establece que también se deben practicar procesos penales por conductas que podrían ser castigadas, quizás de manera más efectiva, con una sanción administrativa". De ahí la necesidad de una reforma seria de la despenalización de los delitos de contravención, muchas veces destinados a la prescripción, que permitiría quitar mucho trabajo a los fiscales. Se trata de sanciones que prevén una multa, como conducir bajo los efectos del alcohol.
Di Matteo: "La justicia eficiente sirve para garantizar los derechos humanos"
"Una justicia que funciona bien -dijo Di Matteo- garantiza los derechos de los más débiles. Cuando la justicia no funciona y no es eficiente ni eficaz, el equilibrio de poder regula las relaciones humanas". Porque "sin justicia las relaciones humanas se rigen por la fuerza, la prepotencia, la soberbia, la riqueza y la mafia". Esto sucede en las calles, en el lugar de trabajo, en todos los ámbitos de la sociedad, pero también dentro del sistema penitenciario italiano, donde en los últimos años "han aumentado las palizas y la violencia sexual contra otros presos. Los mafiosos, los que tienen más prepotencia, más carisma y calibre criminal, acosan continuamente a otros reclusos. Así que las situaciones son muy complejas. Debemos luchar a todos los niveles para garantizar que se respeten los derechos humanos. Y junto a los derechos también la dignidad de cada persona".
La protección de los derechos fundamentales, en efecto, debe ser la prioridad de toda fuerza política e institucional de nuestro país. La lucha contra las mafias y el sistema político e institucional de corrupción no puede quedar relegada, como siempre ha ocurrido en nuestro país, a la acción exclusiva del poder judicial o policial. Se requieren dos condiciones. "Una parte desde abajo -explicó Nino Di Matteo- y es interés y responsabilidad de los ciudadanos". La otra debe venir "desde la cúpula de la política, con una asunción de responsabilidad y con agendas políticas que pongan la lucha contra las mafias y la corrupción entre los primeros puntos. Y esto no ha sucedido nunca y no sucede tampoco en este momento".
Para ello es necesario que "la política recupere su primacía en la lucha contra la ilegalidad" sin esperar a que "se denuncien determinadas conductas o fenómenos de colusión mafiosa, investigaciones policiales o sentencias judiciales. La política sana e importante sería capaz de actuar contra estos fenómenos antes de que intervenga el poder judicial". Este es el ejemplo de política sana, valiente, apasionada, competente y desinteresada que nos dejó Pio La Torre y el magistrado Cesare Terranova. A menudo olvidamos o que este último, en enero de 1976, firmó un informe minoritario que indicaba "los nombres y apellidos, los hechos y las pruebas de todas las relaciones colusorias, conocidas hasta entonces, entre los corleoneses como Luciano Liggio y Totò Riina y sectores de la política, del mundo de los negocios y del mundo de las profesiones en Palermo. A menudo -concluyó Di Matteo- al hablar del legado dejado por nuestros mártires, en primer lugar, por Falcone y Borsellino, se dice que murieron en vano. Yo no lo creo. Y no porque el Estado siempre se haya mostrado a la altura de su ejemplo, sino porque muchos ciudadanos, muchos jóvenes de su ejemplo han tomado impulso, conciencia y sentido cívico. Y si todavía en parte esperamos cambiar, ese cambio es inducido precisamente por el anhelo de legalidad que, sobre todo los jóvenes, han sacado de esos ejemplos. Aquí es donde surge la asunción de la responsabilidad de cada uno de nosotros porque, como nos enseña la historia, los ataques ocurren cuando nos dejan solos, también por parte de los ciudadanos, cuyo apoyo e interés es importante y fundamental para que la acción de la magistratura sea verdaderamente eficaz".
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*Foto de portada: © Pietro Calligaris
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*Foto 3: El vicealcalde de Marsala, Paolo Ruggeri © Pietro Calligaris
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*Foto 5: El consejero togado del CSM, Nino Di Matteo © Deb Photo
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*Foto 9: La fiscal adjunta de Nápoles, Giulia d'Alessandro © Deb Photo
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