"Es preciso devolverle su credibilidad a la justicia. Hay una necesidad de garantismo, pero debe ser un garantismo que empiece desde abajo, que proteja a los más débiles, que no se preste a ser utilizado por los que mandan en la dimensión del crimen mafioso, de las grandes finanzas, o de las responsabilidades públicas e institucionales. Esa garantía pasa también por evitar picotas, pero nunca por el peligro de que se oculte la verdad. Que la búsqueda de la verdad esté disponible para todos, sin instrumentalización, pero también sin descuentos u oportunidades que no le sean reconocidas también al último de los ciudadanos". Con estas palabras cerró hoy el consejero togado del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), Sebastiano Ardita, la inauguración del año judicial en Reggio Calabria.

Una intervención en la que se abordaron varios temas, entre ellos la reforma del CSM, que lleva tiempo debatiéndose dentro y fuera del Parlamento.

"La ley de reforma del CSM es en realidad un desafío complejo y peligroso para el gobierno y el parlamento -dijo Ardita- la adopción de un sistema de mayoría uninominal o binominal con colegios pequeños y medianos conduciría al bipolarismo, al conflicto y a una gobernanza política de la justicia, con mayoría y oposición, en detrimento de la serena objetividad con que debe regirse la carrera de los magistrados".

Según Ardita se debería "evitar el riesgo de que este Parlamento, aún con la mejor de las intenciones, termine por aprobar una ley que entregue de pies y manos la vida profesional de los magistrados al sistema de poder de las corrientes, exasperada por una lógica de conflicto político bipolar".

De esta manera, según Ardita, se terminaría "lesionando la independencia de los magistrados que quisieran mantenerse alejados del control de la política, pero que de hecho serían subyugados por un sistema de poder interno aún menos transparente y claro en sus objetivos y en su dinámica".

Finalmente, Ardita también se centró en los objetivos del proyecto: "Son ambiciosos, pero en el juicio penal, pensar en alcanzarlos sin renunciar a recortar algún procedimiento terminará por abrumar la eficiencia del sistema. Como sucederá si se imponen tiempos reducidos de definición sin modificar los procedimientos, recurriendo a la disciplina de la 'improcedibilidad' de las sentencias de apelación que no se concluyan en un plazo determinado. Opción que se traduce rápidamente en la renuncia a la función de justicia. Es necesario intervenir sobre la demanda de justicia, que se desaliente el acceso temerario en lo civil y se despenalice en lo penal. Pero los presupuestos de esta solución, que sería la más inmediata y la más eficaz, no se ven en la perspectiva reformadora".

Otro punto crítico es la cuestión de las cárceles. "El estado de abandono en el que viven desde hace años los operadores civiles y de la policía penitenciaria ha aflorado abrumadoramente -recordó el magistrado- esta condición, unida a la situación de ingobernabilidad de las cárceles, ha producido consecuencias desastrosas como los hechos de Santa Maria Capua Vetere. Hay que castigar a los responsables, pero también renovar la confianza en los operadores".

"Ninguna redención de las condiciones de vida de los detenidos -añadió- puede lograrse sin una inversión de confianza y recursos en quienes trabajan en las cárceles. Cualquier conflicto entre operadores y detenidos debe ser rechazado y enviado de vuelta a esa página oscura de nuestro pasado que sólo produjo violencia y desencuentros. Es necesario evitar que una élite mafiosa criminal siga comandando dentro y fuera de la prisión, y evitar cualquier delegación hacia formas de autogestión de la vida penitenciaria. La prisión es y debe volver a ser el punto de partida del Estado social, debe defender a los débiles, redimirlos y cuidarlos según los principios del estado de bienestar más iluminado. El crimen mafioso es hoy el principal enemigo del bienestar en prisión, como lo fue ayer el terrorismo".

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*Foto de Portada: © Imagoeconomica